Los incendios forestales ¿de quién es la culpa?

El verano de 2012 pasará a la historia como uno de los más trágicos de los últimos años en materia de incendios forestales. Como puede comprobarse en www.españaenllamas.es, en la década 2001-2010 ardieron en España 1.137.566 hectáreas, una superficie equivalente a la Región de Murcia. A 5 de agosto de este año 2012, la superficie quemada en España sumaba ya 132.299 hectáreas (ver aquí), no computándose por tanto en esa cifra la mayor parte de los incendios que tuvieron lugar durante el mes de agosto, lo que va a situar a 2012 muy por encima de la media de la década anterior. La mayor parte de la superficie quemada se origina en los llamados grandes incendios forestales, que son los que afectan a más de 500 hectáreas. A esta misma fecha 5 de agosto, los 31 grandes incendios forestales registrados eran responsables de la pérdida de 104.968 hectáreas.

 

Los grandes incendios que han asolado parajes de elevado valor ecológico y paisajístico han elevado también la temperatura política, provocado cruces de declaraciones entre responsables gubernamentales e incluso noticias verdaderamente sorprendentes. Así, mientras el Presidente del Gobierno Canario acusaba al Gobierno Central de abandono (ver aquí); desde éste último se le replicaba señalando que la prevención y extinción de incendios son competencias autonómicas, pero que el Gobierno Canario prefiere dedicar sus recursos a otros fines, como contar con una policía autonómica o con una televisión autonómica (ver aquí). Entre las noticias sorprendentes cabe citar la exigencia, formulada por trabajadores del servicio de extinción de incendios de la Xunta de Galicia, de que los pilotos de los medios aéreos se expresen en gallego para coordinarse con los medios terrestres durante las tareas de extinción (ver aquí).

 

Ante este desolador panorama, y la triste perspectiva de que la situación se repita el año próximo, interesa preguntarse cómo está organizada la prevención y extinción de incendios en España.

 

El Tribunal Constitucional, en sus sentencias 123/1984, de 18 de diciembre y 133/1990, de 19 de julio, estableció que la protección civil es una materia en la que se dan competencias concurrentes entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En el caso concreto de prevención y extinción de incendios, ésta es una de las competencias que los Estatutos de Autonomía recogen como exclusivas de las CCAA. Dicha competencia fue desarrollada por las Comunidades mediante leyes como la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamentos de Cataluña. Otras Comunidades, en cambio, han tardado más en elaborar normas específicas en materia de incendios; así, al inicio de este verano el Gobierno de Aragón presentaba el anteproyecto de ley de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, en el que se contempla la creación de una organización autonómica dedicada a la prestación de estos servicios para los municipios de menos de veinte mil habitantes, mientras que los de mayor tamaño deberán dotarse de medios propios. No obstante, el propio Gobierno de Aragón reconocía que las estrecheces presupuestarias dificultaban la creación del citado organismo autonómico (ver aquí). La Ley catalana, citada más arriba, también atribuye a los municipios de más de 20.000 habitantes la prestación del servicio de prevención y extinción.

 

A las competencias de las CCAA y de los municipios, se añaden las del propio Estado en materia de protección civil, establecidas en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil; así como en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que en su artículo 15.3 y mediante una interpretación extensiva del artículo 8 de la Constitución, estableció como una de las misiones de la Fuerzas Armadas la actuación en situaciones que típicamente se engloban en el ámbito de la protección civil, dando así pie a la creación, por acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La participación de la UME en la extición de incendios forestales ha venido siendo una de sus actividades más conocidas hasta la fecha.

 

Desde algunos ámbitos se ha achacado la mayor incidencia de incencios registrada este año a los recortes presupuestarios sufridos por las Administraciones Públicas responsables (ver aquí). Ya al inicio de verano los Ingenieros de Montes y los Ingenieros Técnicos Forestales vaticinaban, lamentablemente con acertado criterio, un verano dramático en materia de incendios forestales, debido tanto a las condiciones meteorológicas y de sequía como a los recortes presupuestarios en materia de prevención (ver aquí).

 

Ante un escenario de crecientes restricciones presupuestarias, cabe preguntarse si las Administraciones Públicas están organizadas de forma eficiente en materia de prevención y extinción de incendios, o si los menguantes medios humanos y materiales podrían asignarse de forma más racional y con mejores resultados mediante una adecuada reordenación competencial realizada con criterios técnicos y no políticos o identitarios. Los datos invitan a dudar de que la actual atribución de competencias sea la mejor forma de combatir los incendios, al menos los grandes incendios, y por otro lado los rifirrafes entre responsables políticos tampoco llevan a pensar que la coordinación entre tantas Administraciones con competencias en la materia sea lo eficaz que debe ser. Cuando se trata de hacer más con menos, la racionalidad técnica debe imponerse, o de lo contrario el año 2013 nos deparará otro verano en llamas.

5 comentarios
  1. Galeno
    Galeno Dice:

    Lo dicho:
     Buscando al pirómano: misión cumplida !!!??
    Me parece una excelente iniciativa, yo ya he colaborado con el proyecto, lo acabo de hacer y animo a más blogueros a que lo hagan
    Es muy común si no constante, que ante un incendio importante siempre salga el político de turno, cerca del incendio y muy cerca de la cámara de televisión, con cara de rabia asegurando que “es intencionado” y que “hay que aumentar las penas para los pirómanos”, sin embargo casi nunca se detiene al pirómano de turno. El político descarga inmediatamente su responsabilidad, misión cumplida, cuando todos estamos seguros que los recortes económicos en las partidas para prevención y cuidado de los bosques en España han tenido mucho que ver, seguramente mucho más que los pirómanos. Eso si, después los gastos en extinción deben superar en  cientos de miles de euros a lo recortado en prevención. La rabia y tristeza de los ciudadanos recae así, casi siempre, en un supuesto incendiario de bosques  y el político sin ofrecer información seria ni trasparente, queda exonerado de su responsabilidad en gestión de prevención de incendios: misión cumplida.Ayudando a este proyecto podremos obtener muchas respuestas del todo necesarias. Esto lo escribo mientras  helicópteros e hidroaviones llenan de ruido e inquietud lo que debería de ser una plácida mañana de vacaciones en Calvia, Mallorca, alterada por un gran incendio que rodea nuestra urbanización. Mientras tanto, los numerosos políticos que tenemos en el Govern Balear, en los cuatro Consells Insulares,  en Ayuntamientos (algunos de menos de 200 habitantes) y en labores de “gestión” de numerosas empresas públicas, siguen recortando y despidiendo efectivos de prevención de incendios, pero  eso si: buscando al pirómano !! 

  2. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Es realmente acertado que “¿Hay Derecho?” se ocupe directamente de este asunto por segunda vez en pocos días, y los vínculos y referencias y el “post” de hoy y del anterior son especialmente útiles y agutinan iniciativas de la Sociedad Civil a la par que denuncian uno de los aspectos fundamentales de este atávico y gigantesco problema: la dispersión y descoordinación de competencias de nuestro modelo de Estado. Al final uno de los puntos “positivos” que se difunden es la “excelente coordinación” entre Administraciones Públicas, como también tanto se cacareo en el terremoto de Lorca, como si pudiera “venderse” al contribuyente que la coordinación correcta es un plus y no un prius, es decir, que la ausencia de coordinación es admisible, cuando no lo es, porque el contribuyente paga sus impuestos para que los servicios públicos funcionen. En los comentarios a los “posts” sobre “España en Llamas” se han destacado algunos puntos cruciales. La climatología y pluviometría de este sequísimo año no debe dejar de subrayarse, pero sería conveniente realizar un catálogo de medios de todas las administraciones públicas y de fondos destinados a luchar contra los incendios así como de medios para PREVENIR los incendios y limpiar los montes. Los Ingenieros competentes destacan la ausencia de una auténtica Poilítica Forestal en España (incluyo a todas las administraciones públicas, claro, pues todas son Estado). En las provincias con montes “en mano común” donde los vecinos perciben ingresos del bosque, no hay incendios, el monte se cuida en invierno (lo que no cuesta mucho, pues, como alguien ha escrito, unas cuantas cabras hacen buen servicio sin necesidad de pagar sumas astronómicas a TRAGSA y compañía), y no se quema (o se quema menos) en verano, en la larga “seca” de esta península. Una política forestal a largo plazo podría generar algunos puntos de PIB: biomasa, turismo ecológico, resinas, subproductos, maderas de crecimiento rápido (pastas de papel) y lento (maderas nobles), y retorno a los inversores. ENCE y Foresta (que comanda la familia Arregui, si no me equivoco), son pruebas de que la protección y explotación racional del bosque, puede crear riqueza. En cuanto a la base jurídica, me remito al opúsculo de García de Enterría publicado por la editorial Estudio en el que comenta cómo las desamortizaciones afectan negativamente a la propiedad vecinal de los montes en España. Devuélvanse los montes a sus dueños (los vecinos) y dénseles los medios para explotarlos, sanearlos y protegerlos y las conductas atávicas, en un tiempo, se extinguirán y con ellas estos tristísimos y enormes incendios.

  3. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Gracias al autor por el post, documentado y riguroso como acostumbra. Yo particularmente estoy muy preocupada por este tema, y coincido con Jesús en que además es un tema en el que la sociedad civil tiene mucho que decir. Mi convicción es que en esta materia, como en muchas otras, más descentralización no es mejor, sino peor, por obvias razones -descontando las tontadas de en qué idioma se comunican los bomberos o quien se pone las medallas, que conviene no desdeñar de todas formas- de asignación eficiente de recursos, dado que es complicado que todos los pueblos tengan unos cuantos hidroaviones justo al lado del foco del incendio, y de una política forestal común a nivel nacional. Y es que cuando los bosques no son de nadie, como el dinero,  pasa lo que pasa. 

  4. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Por cierto, descansen en paz los muertos de nuestros incendios y esperemso que los heridos se recuperen pronto y gracias a quienes trabajan sobre el terreno para prevenirlos y extinguirlos.

  5. DANIEL
    DANIEL Dice:

    Tened en cuenta que antes cuando habia un incendio los habitantes del pueblo acudíamos desinteresadamente, ahora no somos profesionales y no nos dejan ir (pero conocemos los caminos y los peligros) y cuanto cuesta alquilar un hidroavión??? (600.000€) por los meses de la temporada más unos 6.000€ por hora de trabajo. Los helicopteros cuestan unos 1.800€ por hora. Empezad a tirad del hilo y vereis como son cuatro los que estan detras…… cuando hay un fuego hay que hacer un contrafuego, escuchad al abuelo sobre el incendio de la Comunidad Valencia que salio creo que en Informe Semanal. Cuanto más invertimos más incendios, es el pez que se muerde la cola……….

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