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Una interesante web: www.sueldospublicoscom y una petición de ayuda

8 septiembre, 2012 | Por Autor: Los editores en Administraciones Públicas | Editores

Creo que en algún comentario a algún post se ha hablado de una web relativamente nueva (lleva unos meses) pero que está haciendo una labor realmente muy importante. Se llama “sueldos públicos” Transparencia y libertad en la red, y, como su nombre indica, se están picando organismo a organismo los sueldos públicos, empezando, como debe de ser, por los de nuestra clase política y empezando por organismos estrella –por los niveles que alcanzan, el grado de nepotismo y las funciones para las que se contrata-  como las Diputaciones. Diputaciones provinciales, que por cierto se pretenden reforzar y no suprimir, cuando hay algunas como la Diputación de Orense (la que ha heredado el hijo de Jose luis Baltar) lo la de Castellón, ya saben, la que era propiedad de los Fabra desde el siglo XIX, hasta llegar hoy a Carlos Fabra, el cacique intocable padre de una diputada muy mal educada que podrían figurar sin desdoro en una crónica del caciquismo en el siglo XIX.  Pero vamos, en diputaciones hay donde elegir, esta ha sido  una de las últimas en salir antes del verano

Y para sueldos, nada como la Diputación de Barcelona. Visiten la web “sueldos públicos” y verán el nivel, vamos, quien va a querer ser Presidente del Gobierno, ni siquiera del futuro Estado catalán,  pudiendo ser Presidente de la Diputación de Barcelona. Total, que tenemos unos quistes anómalos en mitad de nuestra organización territorial local, que no es precisamente un modelo de transparencia y buen gobierno.

Pero lo más interesante es que “sueldos públicos” no solo informa, sino que con buen criterio pretende también llevar a los Tribunales de Justicia aquellos casos que claman al cielo. En este caso los Tribunales competentes serían los Tribunales contencioso-administrativos. El problema es que los plazos para interponer un recurso contencioso-administrativo son cortos,  dos meses a contar desde la publicación o notificación del acto impugnado. Por tanto, si se quiere impugnar un Acuerdo de uno de estos organismos en el que, por ejemplo, se suben los sueldos, o se están saltando los recortes del Gobierno mediante trucos más o menos ingeniosos (y ejemplos hay muchísimos)  hay que estar muy atentos a la fecha en que se produce el acuerdo y a su publicación, y si no la hay, a cuando se toma conocimiento de su existencia. Lo decimos por si  los lectores pueden ayudar a esta web identificando estos casos.

En cuanto a la vulneración de la legalidad, a nuestro juicio podría invocarse en estos casos de claro abuso la desviación de poder, que haría anulable el acto recurrido al amparo de lo dispuesto en el art.63 Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las AAPP y Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que se están adoptando acuerdos en el ejercicio de potestades públicas que aún siendo formalmente correctos persiguen fines muy distintos de aquellos para los que fueron otorgadas estas competencias o potestades. Los órganos competentes serán los órganos jurisdiccionales del lugar donde se dicte el acto.

Cierto es que la jurisprudencia es un poco cicatera con la interpretación de la desviación de poder, pero quizá el panorama nacional la acabe convenciendo de que lo que se puede llevar por esta vía no debe ir a la vía penal, prácticamente la que se utiliza e forma habitual alegando la famosa prevaricación. Al presentar el recurso se puede pedir la suspensión del acto recurrido, por lo que si el Tribunal concede la suspensión, el acuerdo –por ejemplo la subida de sueldos- no se llegaría a ejecutar hasta que se dicte la sentencia.

Y ya hay precedentes: el TSJ de Baleares ha suspendido la subida de sueldos del equipo de confianza de Bauzá.  ¿Legitimados para recurrir? Pues basta con tener un interés directo. Así que, en principio, todos los ciudadanos que pagan esta fiesta.

Sueldos públicos necesita ayuda de juristas. Así que si alguien tiene interés tanto en denunciar casos como en ayudar con la interposición de los recursos, bienvenidos. Pueden ponerse en contacto con ellos directamente a través de su web o a través nuestro. Ah, y también necesitan procuradores. Eso sí, por ahora, todo es ONG…pero al fin y al cabo, esto también es sociedad civil.

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3 Respuestas

  • jorgescc says:

    Modestamente creo que el problema esencial de los sueldos de la función pública no es que sean altos o bajos.  
    El problema es que el resultado neto de su contribución fiscal es negativa porque su balance prueba que no pagan impuestos sino que los consumen.
    http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2012/07/de-que-se-quejan-los-funcionarios-si.html 

    Teniendo en cuenta lo anterior, entiendo que la forma de controlar sus emolumentos no es por la vía judicial, sino introduciendo competencia en el sector público.
    Si una vez introducida esa competencia los funcionarios de un  departamento concreto ganan mucho dinero será porque su trabajo es muy apreciado.  

    En fin, creo que con los recursos contenciosos lo único que se va a provocar es una guerra civil entre funcionarios públicos y el resto de la ciudadanía, sin que el problema quede resuelto en absoluto.  

  • Jesús Casas says:

    Coincido con los editores en que esta es una iniciativa necesaria, aunque encontrar la información es un poco complejo por el diseño de esta Web. Es probable que las iniciativas judiciales, como decís, no funcionen o lo hagan mal. La jurisdicción contencioso-administrativa está absolutamente bloqueada y, sin medidas cautelares usuales (me extrañan bastante las del TSJ de Baleares, algo político habrá detrás) debido a la doctrina de que los daños económicos son reparables, además de las limitaciones sobre legitimación activa e interés directo, parece una lucha desigual, pero precisamente por eso es meritorio que se intente, caso a caso. Hay que reconocer el esfuerzo de quienes mantenéis de algún modo viva a nuestra dormida sociedad civil gracias a las posibilidades únicas que ofrece Internet. Por lo demás, no lo veo una lucha entre ciudadanos y funcionarios, imagino que los funcionarios públicos con oposición ganada son los primeros interesados en denunciar los abusos de los contratados a dedo por los políticos de cualquier signo. Al final va a haber que hacer una Web de Webs de todas las iniciativas a las que un ciudadano puede acudir para luchar contra la partitocracia imperante, porque las de los múltiples Defensores del Pueblo no son en absoluto sociedad civil.

  • Luisa says:

    Leo, con cierto retraso, el impresionante artículo publicado en El País del domingo pasado (9-9-2012) por César Molinas, y no me resisto a reproducir este párrafo, que habla de que finalmente los políticos, con tal de mantener sus prebendas y privilegios (que la permanencia en Europa amenaza con arrebatarles), terminarán defendiendo la salida del euro y revestirán esta idea con una pátina de patrioterismo español. Bien, ahí va el pasaje en cuestión:

    “La infinita desgana con la que nuestra clase política está abordando el proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barrunta las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés particular. La única reforma llevada a término por iniciativa propia, la del mercado de trabajo, no afecta directamente a los mecanismos de captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por ejemplo, la consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente, el Gobierno confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos en vez de las primeras, con la esperanza de que la tempestad amaine por sí misma y, al final, no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento la clase política española se tendrá que plantear el dilema de aplicar las reformas en serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto que tarde.
    La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular tenderá a prevalecer sobre el interés general. Yo veo probable que en los dos partidos mayoritarios españoles crezca muy deprisa el sentimiento “pro peseta”. De hecho, ya hay en ambos partidos cabezas de fila visibles de esta corriente. La confusión inducida entre recortes y reformas tiene la consecuencia perversa de que la población no percibe las ventajas a largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto plazo de los recortes que, invariablemente, se presentan como una imposición extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo necesario para, cuando las circunstancias sean propicias, presentar una salida del euro como una defensa de la soberanía nacional ante la agresión exterior que impone recortes insufribles al Estado de bienestar. 
    Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia como si es porque los países del norte se hartan de convivir con los del sur, sería desastrosa para España. Implicaría no sólo una vuelta a la España de los 50 en lo económico, sino un retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y en lo social que llevaría a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a la situación actual, que ya es muy mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra clase política lo ve como un mal menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas”.