Frente al asalto político al poder judicial, una propuesta de elección del CGPJ

Es curioso que ya no asombre a nadie leer titulares con enunciados como el siguiente: «el TC legaliza Bildu con el voto a favor de los magistrados progresistas y el voto en contra de los magistrados conservadores». Pero bueno: ¿cómo que magistrados progresistas y conservadores? ¿Qué son, jueces o diputados? ¿Cuál es su función, aplicar la ley o aplicar el programa de un partido político?

 

Lo cierto es que órganos esenciales del Estado de Derecho (el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, etc.) se han convertido en una especie de hemiciclos que reproducen el arco parlamentario y el equilibrio de fuerzas del Congreso de los Diputados: el poder judicial ya no es independiente del poder político.

 

Nuestra Constitución, tras proclamar la independencia del poder judicial, quiso garantizar esa independencia mediante la creación de un órgano de autogobierno interno, llamado Consejo General del Poder Judicial, integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales (doce jueces y ocho juristas). En concreto, el artículo 122 CE, que prevé que de los ocho juristas, cuatro serían elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, nada dice sobre el mecanismo de elección de los doce jueces vocales.

 

Pero es fácil deducir que el legislador constituyente, al establecer el nombramiento por Congreso y Senado de los ocho vocales juristas, pero callar sobre los doce vocales jueces, estaba pensando en una elección de esos doce vocales ajena a cualquier interferencia política, precisamente, para salvaguardar la independencia del poder judicial en su autogobierno. Nada mejor que la elección independiente de la mayoría de los  vocales del Consejo para garantizar la independencia del poder judicial.

 

Así se interpretó desde el principio. La primera Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en 1980, establecía que «los Vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo (…) mediante voto personal, igual, directo y secreto». Quedaba así asegurada, mediante ley orgánica, la independencia de la mayoría de los vocales del CGPJ, cuyo nombramiento tendría lugar sin la intervención de ningún político. Y esa independencia del CGPJ se transmitiría en cascada a todos los órganos judiciales, desde el Tribunal Supremo hasta el último Juzgado de Instrucción del último rincón de España, pues todos sus jueces serían nombrados por unos vocales del CGPJ independientes de cualquier partido. Primarían los criterios técnicos y profesionales a la hora de nombrar a los jueces: un auténtico Estado de Derecho.

 

Pero ese Estado de Derecho no duró más de cinco años. El afán totalitario de nuestros políticos les hacía insoportable la existencia de un poder judicial independiente. Y los partidos comenzaron su asalto al poder judicial.

 

El golpe al Estado de Derecho lo dieron los políticos en 1985, mediante la primera reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estableció un nuevo sistema para la elección de los doce vocales jueces: seis serían nombrados por el Congreso y seis por el Senado. Desde su entrada en vigor, todo vocal del CGPJ le debe su sillón a un partido político. Desde entonces –a la hemeroteca me remito- los partidos se han repartido impúdicamente el pastel del poder judicial. Y los vocales del Consejo se limitan a actuar como meros ejecutores de la política del partido que los nombró: ¿A nadie le llamó la atención, por ejemplo, que el anterior Presidente del Gobierno anunciase el nombre de un nuevo Presidente del Tribunal Supremo antes de que el CGPJ, que es a quien corresponde esa elección, lo eligiese? ¿Estaba reconociendo aquel político que ya había dado la consigna de voto a “sus” vocales en el Consejo?).

 

Es cierto que en 2003 los políticos hicieron una especie de paripé para disimular su asalto al poder judicial de 1985, y en una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial concedieron que las asociaciones profesionales de jueces pudieran presentar a un máximo de 36 candidatos, de entre los cuales los políticos elegirían a los 12 vocales jueces. Pero esa puntual intervención de las ya de por sí politizadas asociaciones de jueces –repito: de las asociaciones de jueces, no de los jueces- no curaba la enfermedad: a los vocales les seguía –les sigue- nombrando un partido.

 

Los defensores del actual sistema de elección de los jueces suelen utilizar tres argumentos: el peligro que supone el corporativismo de los jueces, la politización de las asociaciones de jueces, y la legitimación democrática de los partidos políticos que hasta ahora imponen vocales de su cuerda en el Consejo.

 

En cuanto a la primera cuestión, el corporativismo judicial es, efectivamente, un peligro real, aunque yo personalmente veo más inofensivo el corporativismo de los jueces al de los políticos. Se trata de elegir entre el corporativismo de los unos o el de los otros.

 

También es patente la actual politización de las asociaciones de jueces. Una politización de la que, por cierto, tiene parte de culpa el actual modelo de elección de vocales, en el que las asociaciones se han convertido en instrumentos de ciertos partidos en la elección de vocales. Pero no olvidemos que no todos los jueces están asociados, y que lo que aquí propongo no es una elección entre asociaciones, sino entre jueces candidatos, con el sufragio de todos los jueces, incluidos los que no pertenecen a ninguna asociación y que, precisamente por su no adscripción a ninguna asociación, carecen de cualquier participación en la elección de vocales con el sistema actual.

 

Otro de los argumentos a favor del actual modelo es la legitimidad democrática del legislativo. El hecho de que nuestros representantes políticos hayan sido elegidos por sufragio universal les otorgaría la legitimidad para reproducir el arco parlamentario surgido de unas elecciones generales también en el CGPJ. Al fin y al cabo, el poder (también el judicial) emana del pueblo. Pero esta tesis tiene un problema: choca frontalmente con el principio de separación de poderes. Si queremos que el judicial dependa del poder legislativo, aunque solo sea por su legitimidad democrática, habría que eliminar de la Constitución el principio de independencia del poder judicial. Es más, si lo que se quiere es dotar de la legitimidad del sufragio popular universal al poder judicial, lo coherente sería acudir al sistema norteamericano de elección de los jueces por sufragio universal y directo de todos los ciudadanos, un sistema con un grave pero: es fuente de sentencias populistas, en las que se busca antes el aplauso del elector que la aplicación de la ley.

 

El nuevo Ministro de Justicia prometió devolver a los jueces el sufragio de sus vocales en el CGPJ, compromiso que se encontraba plasmado en el programa del Partido Popular para las últimas elecciones generales. Si se llevara a cabo sería un gran paso, pero no podemos ser muy optimistas: ante la presión de la oposición, parece que el Ministro se ha echado atrás.

 

Sería una pena dejar pasar esta oportunidad de devolver al poder judicial la independencia de la que disfrutó en los primeros años de la democracia. Pero incluso la reforma que en un principio planteaba el Ministro me parece corta: ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no dejar que los ocho juristas que ahora eligen Congreso y Senado pasen, por ejemplo, a ser cuatro fiscales elegidos por sufragio de todos los fiscales, y cuatro abogados elegidos por sufragio de todos los abogados? ¿Por qué no un CGPJ en el que ningún vocal le deba el puesto a ningún partido?

 

Se trataría de un Consejo General del Poder Judicial exento en su composición de cualquier interferencia de los partidos políticos. Un órgano de gobierno donde los criterios técnico-jurídicos tendrían más peso que la ideología política del profesional en cuestión. Además, se dotaría de representación a los dos operadores jurídicos que en el día a día asisten a los jueces en la tarea principal del poder judicial, que es impartir justicia: los fiscales, en su papel de garantes de la legalidad, y los abogados, en su función de defensores de los derechos fundamentales de los justiciables. Nadie mejor que éstos conoce las carencias y necesidades del poder judicial, y cómo afectan a los ciudadanos que defienden. La inclusión de abogados y fiscales en el Consejo, además, sería un buen antídoto contra ese corporativismo de los jueces que tanto asusta a algunos.

 

Por supuesto, también sería planteable la posible representación en el Consejo de otros profesionales del ámbito jurídico, como secretarios judiciales, notarios, registradores, etc., si bien su papel en la tarea de impartir justicia es más accesoria que la de fiscales y abogados. En cualquier caso, se opte por la composición que se opte, lo más urgente y decisivo es eliminar cualquier intervención de los partidos políticos en la configuración del Consejo.

 

16 comentarios
  1. Fernando Gomá Lanzón
    Fernando Gomá Lanzón Dice:

    Bienvenido al blog, José María, con una cuestión, la falta de independencia del poder judicial que es un permanente “tema de nuestro tiempo”, aunque a veces esté en primera plana y otras en segunda. El resumen que haces denota que en esta materia desde el inicio del periodo democrático hemos ido perdiendo en la calidad del sistema de administración de justicia, y no solamente por un factor, sino por varios, como señalas, pero yo creo que podría resumirlo en uno: el factor humano.

     

    Y es que, como alguna vez ya he dicho, con cualquiera de las normativas que ha habido, el mecanismo podría haber funcionado perfectamente, no es esencialmente injusto, absurdo o mal hecho; lo que hacía falta es que las personas implicadas, políticos, jueces, asociaciomes, etc, hubieran tenido un comportamiento ético adecuado, en la elección y en el desempeño de las funciones, en vez de uno más mediocre, politizadísimo y con las miras puestas en sí mismos.

     

  2. Eduardo Vírgala
    Eduardo Vírgala Dice:

    Comparto la opinión de que la elección de los 12 vocales judiciales se produzca mediante sufragio de los jueces (siempre que se respete la proporcionalidad entre jueces, magistrados y magistrados TS y no se prime a estos últimos), ya que, además, esa parecía ser la intención del constituyente y así se interpretó en los primeros años. A pesar de lo que dice el artículo, el primer CGPJ fue poco independiente, no por estar sometido a los partidos sino a un entendimiento muy conservador de la justicia, resultado de cómo se hizo la elección. Hoy, creo que funcionaría mucho mejor y podría recoger las distintas sensibilidades judiciales.
    Discrepo en parte de la propuesta de que en los 8 vocales no judiciales la propuesta venga sólo de fiscales y abogados. El CGPJ no imparte justicia por lo que no se ve la necesidad de que se dote “de representación a los dos operadores jurídicos que en el día a día asisten a los jueces en la tarea principal del poder judicial, que es impartir justicia”. La propuesta tendría que proceder de todos los colectivos jurídicos: notarios, procuradores, profesores de Derecho, etc., ya que podrían aportar, precisamente, una visión “externa” de la justicia a la de jueces, fiscales y abogados. 
    Teniendo en cuenta las SSTC de 2008 sobre la participación de los Parlamentos autonómicos en la elección de los magistrados del TC, aunque esa participación no venga en la CE, podría intentarse mediante reforma de la LOPJ sin reformar la Constitución.

  3. sent3ncia
    sent3ncia Dice:

    Un libro que me acabo de leer y que trata sobre esta materia es: “El asalto a la justicia: La última barrera frente al totalitarismo” de Jose Luis Requero. Recomendable.
     

  4. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    Los partidos políticos siempre han elegido vocales mediocres, dispuestos a ser “la voz de su amo”, y eso se ha visto siempre en la elección del presidente del CGPJ, la cual en teoría compete a los vocales, pero en la práctica la elección siempre la ha hecho el Gobierno. Todo el mundo sabe que a Hernández Gil lo nombró Alfonso Guerra y seguidamente los vocales del PSOE, actuando como peleles o marionetas, votaron al elegido por Guerra. Y lo mismo pasó con los presidentes siguientes. A Dívar lo designaron Zapatero y Rajoy, y los vocales (actuando nuevamente como títeres o guiñoles) actuaron en consecuencia.

    Así que todos los vocales del CGPJ han sido personas mediocres, y eso explica que entre ellos haya habido varios jueces condenados penalmente por prevaricación o cohecho, como Liaño o Estivill.

    Ser vocal del CGPJ es, actualmente, un síntoma de desprestigio y mediocridad profesional. En consecuencia y visto lo visto, cualquier sistema de elección que mejore el actual será un avance. 

    • ENNECERUS
      ENNECERUS Dice:

      Lucía, hay que distinguir entre magistrados mediocres y delincuentes. Por otra parte el caso Estivill y el Liaño nada tienen que ver. Por cierto que la sentencia condenatoria contra este último fue anulada (de esas maneras) por Estrasburgo.

  5. Javier Aparicio
    Javier Aparicio Dice:

    Un post muy acertado. El CGPJ se ha convertido en un juguete político más que permite vestir el muñeco y dotar a España de esta apariencia democrática que nos ha sumido a todos en un letargo interminable.
     
    Toda la vida política está hoy contaminada, me temo que no hay ni una sola institución que hoy en día refleje de verdad el sentimiento, el criterio, ni la voluntad de la sociedad (si es que todavía siente, piensa o quiere). El sistema ha conseguido que todos pensemos que lo que pasa es lo que nos toca, que el sistema no nos pertenece y que algo habremos hecho para merecer esto, que la culpa la tiene la casta social (y en esto quizá sí haya hoy día alguna razón) y que, por ello, no somos capaces de construir algo limpio y útil. Miramos el resto de sociedades con cierta envidia y hablamos de ellas con la misma admiración con que contemplábamos a los países europeos durante la dictadura, ¡eso sí que es libertad y ellos sí que saben lo que les interesa!
     
    La depresión a que nos han condenado es de libro, y no hay solución porque no queremos verla o no nos atrevemos a exigirla. Ese es el problema de la casta.
     
    Hace unas semanas se discutía aquí acerca de qué es ser español, citando a los grandes filósofos sociales de la época moderna, pero me temo que olvidábamos que esos filósofos contemplaban una sociedad española muy distinta a la actual. Quizá haya algunos elementos que coincidan, pero, básicamente, el temperamento español y la gallardía que mencionan esos filósofos han desaparecido hoy en día. Nos hemos convertido en unos seres obesos y apoltronados incapaces de asumir nuestra responsabilidad.
     
    Es frecuente oír eso de que tenemos los políticos que merecemos, pero yo me niego a aceptarlo. Creo que nadie ha pecado tanto en su vida para merecer esto, salvo de la pereza de no reaccionar contra ello.
     
    Estoy convencido de que mientras no haya una reacción social exigiendo el cambio, los que han conseguido colarse en el club de los elegidos seguirán haciendo manga por hombro y, sobre todo, enriqueciéndose a costa de nosotros.
     
    La única solución no está en buscar otros partidos políticos diferentes, que es simplemente una consecuencia, sino en dejar claro que por ahí no van los tiros. Esto se parece cada vez más al maltrato sexista. O dejamos de callarnos o nos seguirán dando.

    La fuente del problema me temo que no está en el parlamento, sino en los partidos políticos mayoritarios, que se han corrompido, en el sistema D’Hont, que estabiliza la corrupción y que impide que el parlamento refleje la realidad social y en las listas cerradas, que cierran la oportunidad a las iniciativas limpias.
     
    Todo esto ha permitido que el parlamento se convierta en el brazo ejecutor de los partidos políticos, que el interés público quede eclipsado por el partidario y que los partidos, como es humanamente comprensible, hagan todo lo posible para no perder este juego que han aprendido a jugar tan bien. Les va de cine y ya ni prestan atención a que han perdido hasta las formas.
     
    No podemos confiar en que los parlamentarios ni ministros, ni Consejeros del PJ, ni Magistrados del TC, ni Consejeros del TCu, Defensor del pueblo, ni Comisionados de las Cortes en las diferentes materias puedan hacerse el harakiri y permitir que vuelva (o nazca) la democracia, porque, si fuera planteable no habrían llegado hasta ahí.
     
    No tenemos lo que merecemos, pero, mientras no exijamos claramente el cambio, las cosas no van a cambiar.

  6. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    La situación judicial en general, y no sólo la del CGPJ, escandaliza cotidianamente a muchos, pero los políticos no tienen interés en deshacerse de un control tan directo del nombramiento de jueces como es el CGPJ (además del control vía presupuestos de las Comunidades Autónomas y Ministerio de Justicia, en el que el actual Ministro nada hace contra las tropelías perpetradas previamente mediante, por ejemplo, el control político de la Fiscalía y de los Secretarios Judiciales en el marco de la NOJ (nueva oficina judicial). Pregunten Uds. a cualquier procurador o abogado que ejerza en ciudades donde se ha implantado como proyecto “piloto” y verán. Tenemos una Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (http://pcij.es/) y el Colegio Notarial e iClaves convocaron una Jornada que ha sido difundida en este “Blog”. Los Jueces Decanos, reunidos en Pamplona en noviembre de 2011 también hicieron sus propias reivindicaciones y, además, un grupo de unos 1.400 jueces suscribió un Manifiesto por la Despolitización y la Independencia de la Justicia (http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Festaticos.elmundo.es%2Fdocumentos%2F2010%2F03%2F06%2Fmanifiestojueces.pdf&ei=sOlWUPfRFc6HhQfVr4H4Dg&usg=AFQjCNFvMmLlOhA-NTDfLMu3-i67kGEVaw&sig2=ZdwcDF-oIJLDcwFs7zldSw ). El problema es que seguimos hablando pero no hacemos nada específico. Siento repetirme, pero son palabras de Melquiades Álvarez del 26 de abril del 32, citadas por Fairén en los Anales de la Real Academia de Jurisprudencia (2009, pag 619): ” Si la Justicia es un Poder ante el cual se posternan los gobernantes y los ciudadanos, aquél es un país libre. Si la Justicia no es semejante Poder y la ley se estira y se afloja y es una especie de lazo en el que pueden caer prisioneros los ciudadanos, huid de ese país aunque se llame un país libre; la libertad es una vana palabra; es una pantalla con la cual se oculta la abominación; huid de ese país porque en él, no siendo independiente la Justicia, ni hay respeto a la Ley ni tienen garantías los ciudadanos”. Melquiades Álvarez, como es sabido, era republicano y fundó el Partido Reformista. Fue asesinado en 1936, pero no hay estatua suya alguna, que yo sepa, en la Plaza de la Villa de París…

  7. simiente
    simiente Dice:

    Hay grandes diferencias entre los corporativismos de que se habla en el artículo, y además sustanciacles. No sólo porque se acabaría con el principio democrático de que la justicia emana del pueblo, también porque se consolidaría una casta, una costra que nos llevaría de guatemala a guatapeor.

    De acuerdo con que hay que cambiar el sistema de leección, y que participen fiscales y abogados, pero hecho en falta aire fresco, hecho en falta al mundo académico, esos catedráticos y profesores universitarios. También creo que junto a todos los agentes del mundo estrictamente jurídico, debe tener cabida la sociedad. No se cómo, pero no podemos volver al medievo ni a privilegios o mundos estancos. Están las asociaciones de consumidores que tienen mucho trajin con la Justicia, están asociaciones como Justicia y Paz,.. En fin, todas esas asociaciones sociales que están al loro de lo judicial. Abrir puertas a la sociedad y no escudarse en resabidos en blanco que ya llenará el listo, como eso de los criterios técnicos-jurídicos. Prefiero que la justicia emane del pueblo, o por lo menos, que esté cerca de él, no como ahora. Y se fomentamos castas, se alejaran más.

  8. JJGF
    JJGF Dice:

    Hola José María,

    Me alegro mucho de verte por aquí, después de aquella charla que nos diste en el IESE hace unos meses.

    Para mí el debate ya no está en si reformar así o asó la composión del CGPJ.

    El debate está en disolverlo.  En eliminarlo. Ya no tiene remedio. Y esto lo dice gente tan mesurada como Landelino Lavilla!! O como TRFdez. 

    El CGPJ fue una mala importación del sistema italiana de la que muchos constituyentes están arrepentidos.

    Cuando se abra el melón de la reforma constitucional, además del titulo VIII, habrá que tocar este tema, y algunos más.

    Mientras no lo hagamos, andaremos a la deriva, una veces algo mejor, otras menos, pero no saldremos de esta dinámica deletérea en la que nos hallamos sumidos.                 

  9. robespierre
    robespierre Dice:

    Yo creo que si podemos hablar del derecho de secesión, de la reforma del Título VIII y de abrir el melón de una vez antes de que se pudra del todo, bien podemos hablar de la supresión del CGPJ y dejarnos de reformas. No ha funcionado, pues fuera, lo mismo que el Senado. Conservarlo creo que tiene muchos más inconvenientes que ventajas.  Por lo demás, totalmente de acuerdo en que el asalto político al Poder Judicial, que está en marcha (ya tienen al TC y casi al TS secuestrados y convertidos en cámaras políticas) acaba con una democracia al suprimir lo único que todavía controla minímamente el poder político.

  10. Luisa
    Luisa Dice:

    En mi opinión el problema no es tanto de mal diseño de la institución como de indigno ejercicio o desempeño de la misma por quienes han sido sus titulares. El comportamiento de los vocales del CGPJ es bochornoso, siempre sumisos a los dictados de los partidos que los han propuesto y nombrado, hasta el punto de que la dicotomía progresistas/conservadores permite saber de antemano cuál va a ser el resultado de cada votación. Los vocales de la Asociación Profesional de la Magistratura se dedican sólo a promover ascensos para sus afiliados. Los vocales de Jueces para la Democracia hacen lo mismo. Son tan sectarios como los primeros.  A veces, unos y otros llegan a compadreos para nombrar personas mediocres, de uno y otro sector, en detrimento de jueces mucho más capacitados y prestigiosos (que sin embargo nunca llegan a la cúpula judicial). Y esto, al ser un problema de dignidad personal, no sé bien cómo podría solucionarse.

  11. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    Estoy sustancialmente de acuerdo con el último comentario (Luisa). Los aspectos más criticables del CGPJ (turismo judicial “gratis total”, semana caribeña, etc) no son achacables al diseño constitucional de la institución, sino al comportamiento de las personas concretas que la han encarnado. Lo mismo cabe decir de la política de nombramientos, en que la pertenencia a una asociación judicial prima sobre los méritos profesionales, y ahí está el caso de una conocida vocal que dirigió una carta a su asociación ufanándose del gran número de colegas a los que había conseguido “colocar” en altas instancias. Es claro que (como ocurre, por otro lado, en otras instituciones) si los vocales hubieran estado a la altura de lo exigible, la imagen del CGPJ no estaría tan degradada.  

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