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El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen Gobierno ¿Una ley gatopardesca?

24 septiembre, 2012 | Por Autor: Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado en Administraciones Públicas | Transparencia

Ha entrado por fin en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Transparencia, derecho de acceso a la información pública y Buen Gobierno, una de las promesas electorales del PP  lo que es, sin duda, una buena noticia. Pero lo que no es tan buena noticia es su contenido. De ahí la licencia que me he permitido en el título, en alusión a la famosa novela de Lampedusa y a su no menos famosa cita relativa a la necesidad de cambiar todo para que nada cambie. Es verdad es que se ha abusado mucho de esta cita, pero también lo es que en este caso me parece especialmente adecuada. Porque se trata aquí de analizar si, más allá de los aspectos técnicos, estamos ante la Ley de transparencia que la sociedad española necesita aquí y ahora, como herramienta esencial de regeneración de la democracia española y de cambio cultural de los gestores públicos. Como ya he hecho en otras ocasiones en este blog muchas consideraciones sobre la trascendencia política que tiene la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, tanto desde el punto de vista de la regeneración democrática (mecanismos de checks and balances, accountability) como de la participación ciudadana (posibilidad de exigencia efectiva de responsabilidades públicas, evolución de la democracia representativa liberal hacia fórmulas que favorezcan la participación de los ciudadanos y su acercamiento a sus representantes políticos, instrumentos de codecisión, crowsourcing, etc, etc) no las voy a repetir aquí, básicamente por razones de espacio y porque además estos argumentos se encuentran  muy bien recogidos en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley. Otra cosa es lo que dice su articulado, que es a lo que hay que atenerse y que se mueve por derroteros bien distintos.

 

Pues en mi opinión, la respuesta ha de ser un rotundo no. Lo primero sobre lo que quiero llamar la atención es sobre la pobreza técnica del Proyecto de la Ley  Sobre este punto ya se pronunció el Consejo de Estado en un dictamen que puede consultarse aquí, Conviene. no obstante, insistir en que resulta preocupante el decreciente nivel técnico de los textos legislativos españoles, incluso antes de entrar en el Congreso de los Diputados, de donde suelen salir hechos unos auténticos Frankestein normativos. En nuestro caso se trata de la utilización de conceptos demasiado abiertos e indeterminados, de la mezcla de preceptos imperativos con otros de carácter más bien programático, pasando por todos los matices intermedios, y de la confusión –hasta cierto punto justificable, dada la hiperinflación de nuestro ordenamiento jurídico- que genera el encaje de la nueva norma en la ya espesa fronda del Derecho Público estatal y autonómico, tanto general como sectorial, que regula aspectos relativos a la transparencia y al derecho a la información pública. Para rizar el rizo,  se integran con calzador en el texto una serie de normas referidas al buen gobierno, que además de reiterar o reproducir obligaciones jurídicas ya recogidas en otras Leyes (algunas tan importantes como la Ley General Presupuestaria) no por olvidadas o incumplidas menos en vigor, intentan juridificar “principios éticos y de actuación” (art.23) tomados de códigos de conducta o autorregulaciones estatutarias clamorosa y sistemáticamente incumplidas por los partidos políticos, como también hemos denunciado muchas veces en este blog. A ver si ahora hay más suerte. En cualquier caso, el conjunto da una cierta impresión de batiburrillo, particularmente en el Título II relativo al “Buen Gobierno”.

 

Pero lo más importante, a mi juicio, es que, pese a lo que proclama la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, ésta nace prisionera de una concepción que no es precisamente la del Gobierno abierto sino la de la Administración napoleónica . No es de extrañar entonces que la Ley parezca tan antigua. Es que parte de un “paradigma” (si se me permite la expresión de moda) que sigue siendo el del Derecho Administrativo tradicional, en el que la Administración es concebida como  una “potentior persona”  frente al ciudadano de a pie, revestida de sus privilegios y de sus prerrogativas (presunción de legalidad de sus actos, silencio negativo, revisión por la jurisdicción contencioso-administrativa de sus actuaciones, etc, etc) Y este es un paradigma que, como tantos otros, está en vías de extinción.

 

Efectivamente, en el siglo XXI el ciudadano ya no se considera un súbdito, ni tampoco se conforma con ser un cliente más o menos satisfecho con los servicios públicos que se le prestan. El ciudadano del siglo XXI aspira a ser  el que mande y, en particular, a ser el  “dueño” de la toda la información pública en manos de los Organismos Públicos,  dado que  ha sido pagada con el dinero de sus impuestos. Aspira al derecho a “saberlo todo” -salvo contadas excepciones que pueden y deben ser perfectamente delimitadas-  es decir, a saber todo lo que pasa en el sector público. Este debería haber sido, en mi opinión, el punto de partida del Proyecto, como lo es de las normas más avanzadas en esta materia, que consideran al ciudadano copartícipe de pleno derecho en la toma de decisiones públicas, teniendo muy presente tanto su condición de contribuyente como de “mandante” de los representantes elegidos en una democracia de calidad, y que, como tales, están obligados a rendirle cuentas. En esto consiste el “Gobierno abierto”  como nuevo concepto que pretende ser un hito en la evolución de la democracia representativa de corte liberal hacia una democracia más participativa, que se fundamenta en la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana (sus tres “patas” o fundamentos) permitiendo la efectiva rendición de cuentas de los gestores públicos y devolviendo a los ciudadanos la hoy muy dañada confianza en sus representantes políticos.

 

Este Proyecto, pese a sus buenas intenciones, se queda muy lejos de esta concepción. Su pecado original es el que he dicho: estamos ante un Proyecto de Ley que ha sido concebido desde el punto de vista del Derecho Administrativo, y cuyo “paraguas” es nada menos que el art.105, b) de la Constitución, que regula el derecho de acceso a archivos y registros públicos y no, como sería lo deseable, otros derechos de mayor “intensidad democrática”, valga la expresión, como el derecho a la participación política (art.23) o a la libertad de información (art.20).

 

Y es que creo que este Proyecto de Ley podría usar otros “paraguas” y podría  encuadrarse en el marco de otros derechos reconocidos en la Constitución, y  en concreto en su art.20 relativo a la libertad de expresión y de información. Así lo consideran numerosos expertos a la vista de la doctrina del TEDH (máxime teniendo en cuenta el precedente de la Ley Orgánica 15/1999, que regula el derecho a la Protección de Datos Personales a partir de lo dispuesto en el art.18.4 de la Constitución sobre el derecho a la intimidad donde no se encuentra expresamente mencionado). Como esta posibilidad, que ha sido además la utilizada por otros ordenamientos de nuestro entorno, no se contempla ni siquiera por el Gobierno con el argumento de que “no encaja en la Constitución” o que “habría que modificarla” –vamos, que “no toca”- creo que  hay que concluir que estamos ante una decisión política que refleja una visión de la transparencia y el derecho al acceso a la información pública muy limitada. Por eso me temo que, salvo un gran cambio en la tramitación parlamentaria,tendremos otra Ley administrativa más que no cambiará mucho las cosas, y que puede generar bastante frustración, dada la creciente demanda de transparencia. En fín, otra ley “gatopardesca” dado que la transparencia es hoy bandera en la que nuestros políticos necesitan envolverse. Creo que no va a cambiar la “cultura de la opacidad” que reina con carácter general en los organismos públicos españoles como sabe cualquiera que haya trabajado o que tenga relación con ellos.  Que la transparencia no es precisamente el fuerte de nuestras instituciones es fácil de demostrar, si no es así no estaríamos donde estamos.

 

Porque,  y esto es muy importante, el Proyecto de Ley no viene a colmar un enorme vacío. Ni mucho menos. De hecho el art. 105,b) de la Constitución ya ha sido objeto de desarrollo con anterioridad, como un derecho de acceso a los registros y documentos recogidos en los archivos administrativos por  el art. 37 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común aunque el reconocimiento de este derecho (como el del resto de los derechos de los ciudadanos recogidos en dicha Ley, dicho sea de paso, salvo quizá el relativo a las lenguas oficiales distintas del castellano)  ha tenido una aplicación muy limitada en la práctica. Hay mucha normativa preexistente que incide en el derecho a la información pública y que no ha tenido gran fortuna en su aplicación, pudiendo mencionarse la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley General Presupuestaria, la ley General de Subvenciones, la ley 37/2007 de reutilización de información del sector público, etc, etc. Normas que ciertamente no han servido para cambiar la “cultura de la opacidad” en nuestro sector público. Puede mencionarse también la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.Y, como no, van apareciendo también las primeras leyes autonómicas reguladoras de la transparencia como la reciente Ley Foral navarra de Transparencia y Gobierno abierto (cuyo contenido, por cierto, tiene muy poco que ver con el Proyecto que aquí nos ocupa). También tenemos ya un Anteproyecto de Ley vasca y me imagino que habrá más en cartera, por lo lucido del tema.

 

Pero, insistiendo en lo que decía más arriba, el principal fallo del Proyecto  es que es una Ley que obliga a “todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas” desde la doble perspectiva de la publicidad activa (es decir, lo que los sujetos sujetos a la Ley están obligados a publicar sin solicitud previa) y del derecho de acceso a la información pública, regulado como una solicitud que da lugar a un procedimiento administrativo normal y corriente, iniciado a instancia de parte y con silencio administrativo incluido (negativo, por cierto, frente a la regla general del silencio positivo del art.43 de la Ley 30/1992 para este tipo de procedimientos). Y aunque  la extensión del ámbito de aplicación del Proyecto a sujetos distintos de las Administraciones Públicas y sus entes instrumentales iconstituye un indudable avance con respecto a los borradores iniciales -mucho más restrictivos- se queda muy corto, no solo por dejar fuera partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, o la Casa del Rey, como ha sido denunciado, sino sobre todo porque hasta para los sujetos obligados las excepciones son muy importantes.  Las limitaciones son especialmente llamativas en relación con determinados sujetos (Organos constitucionales, por ejemplo) al reducirse sus obligaciones de transparencia  a los supuestos en que  se ejerzan potestades administrativas o realicen  actividades sujetas a Derecho Administrativo.  Por ejemplo, asuntos como el de los gastos de viaje que han hecho famoso al ex Presidente del CGPJ, y van camino de hacer famoso a unos cuantos diputados y hasta al TC quedarían así fuera de la transparencia regulada en el Proyecto.

 

Para terminar, y sin perjuicio de volver sobre este tema en ulteriores posts, creo que de este problema básico de concepción (el derecho de información pública como una  ”extensión” del derecho de acceso a registros y archivos administrativos)  nacen todos los demás problemas que arrastra el Proyecto de Ley, que no son pocos. En este punto, resulta muy interesante traer a colación el magnífico estudio de Gaspar Ariño “Ciudadanos y reforma administrativa”  publicado hace ya unos cuantos años (no lo encuentro en Internet, por eso no pongo el link) del que he tomado varias ideas para escribir este post. Creo que la concepción de este Proyecto de Ley como una ley administrativa ordinaria  supone que seguimos en la órbita de un modelo periclitado donde los Organismos Públicos, ya sean Administraciones Públicas, Organos constitucionales u otro tipo de entidades de carácter público siguen funcionando como “potentior persona” frente a los ciudadanos también en el ámbito de la transparencia y la información pública. De esta forma son ellos y no los ciudadanos los “dueños” de la información pública, lo que les permite tomar decisiones y manejar cuantiosos fondos públicos sin muchas garantías formales previas (por no hablar de las garantías reales) desde el punto de vista de la transparencia, la información pública y la participación ciudadana. En un modelo donde el derecho del ciudadano a saber, o para ser más exactos, a saber qué hacen los gestores con los fondos públicos está limitado por las decisiones administrativas de los propios gestores sobre las solicitudes de información que aquellos les presenten, decisiones que no admiten más control que el posterior por la vía jurisdiccional (y con carácter previo por un organismo administrativo que no es independiente, en el Proyecto la recauchutada AEVAL, transformada ahora en Agencia de Transparencia, Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, ahí queda eso) en aras de una supuesta eficacia y protección de los intereses generales, que se presume  conocen mejor que los propios  ciudadanos y sociedad  a la que afectan.

 

Pero ¿es esto así en España en la segunda década del siglo XXI? Yo tengo serias dudas…así que seguiremos hablando del tema.

 

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11 Respuestas

  • Manu Oquendo says:

    Buenos días.

    Hay muchos niveles desde los cuales tratar de adecentar nuestra vida pública para que las vidas privadas tengan posibilidad de ser ejercidas de forma positiva y coherente con la naturaleza de cada persona. 

    El artículo de Elisa lo hace a través de la mejoría de los instrumentos de información, es decir, una crítica constructiva y desde dentro.

    Me gustaría hacer un pequeño apunte de contexto.

    Hay un gran espacio en el que se puede mejorar. Cierto. Y vivimos en sociedades que pueden empeorar y de hecho empeoran pero podemos aspirar a lo contrario.

    Hay sin embargo aspectos en los cuales la ocultación y la mentira son parte de la arquitectura esencial de esta forma de estado.

    Uno de los índices más usados y relevantes es el IPC.
    Es falso por diseño.
    Excluye multitud de factores de coste de vida y afecta, entre otras cosas, a la recuperación de parte de la inflación con la cual el estado sistemática y deliberadamente reduce el bienestar y el patrimonio de cada persona. 
    No contentos con ello ahora tratan de convencernos de que necesitan prescindir del ajuste inflacionario causado por el mismo estado. Es decir, ni la mentira les vale.

    Otro dato cotidiano: El Paro.
    La propia OCDE define al parado de forma que su número se reduzca. Da la cobertura psara institucionalizar la mentira. 
    Impone dos condiciones (estar disponible y buscando activamente) que combinadas excluyen muchísimos parados reales (larga duración, por ejemplo).

    La propia Contabilidad Nacional. El PIB. Sólo mide actividad, consumo o producción. No ganancia o pérdida.

    El PIB es la base de lo que llamamos Renta Per Cápita. Nada dividido por Cápita (que ya ni se cuentan, se estiman) es….nada.

    Francamente, casi nos da igual que con estos indicadores y esa forma de medir sean transparentes.

    Hay un tema de base. ¿Puede esta forma de estado evitar el colapso si sus propios indicadores dicen que nos hacemos trampas al solitario y hemos renunciado públicamente a saber?

    Buenos días.

  • Rafa Sanz says:

    Enhorabuena por el artículo, Elisa. Me parece muy claro y creo que va al punto esencial del problema: es una Ley para el siglo XXI pensada desde paradigmas (no creo que haya que pedir ni perdón ni permiso para usar la expresión) del siglo XIX.
    La información es un elemento esencial en la vida pública. Si no se garantiza un acceso más o menos simétrico a la misma, por parte de gobernantes y gobernados, tendremos una democracia de muy baja calidad: el secretismo crea el doble riesgo de hacer que la acción de los poderes públicos sea injusta e ineficiente.
    Tenemos que dejar atrás los sistemas de organización centralizados y verticales: están pasados de moda y no se adaptan a la realidad de nuestro mundo, que tiende a organizarse en red. Tenemos que adaptar nuestras normas a la nueva realidad. Pero aquí se está perdiendo una gran oportunidad.
    No sé si conoces, o los lectores conocéis, los dos informes de la OSCE sobre nuestro anteproyecto, y luego proyecto, de Ley de transparencia.  Son bastante duros con la norma, y con razón:
    http://www.osce.org/fom/89577
    http://www.osce.org/fom/91311

  • Alfonso Peralta says:

    Muy interesante el artículo Elisa, un análisis muy riguroso y profundo en un tema de imprescindible solución para nuestro país y más en la situación actual.

    Es muy preocupante ese descenso en la calidad legislativa que comenta. No sólo por el problema en sí mismo considerado, sino porque al ritmo de superproducción legislativa que tenemos unido a unas reformas importantes que se han hecho y las que quedan anunciadas (CP, LECrim, CCom, LOPJ, LOREG, Planta y demarcación, Jurisdicción Voluntaria, …) Dada su entidad y número, en poco tiempo podría haber descendido la calidad de medio ordenamiento jurídico español. Lo que está claro es que las normas cada vez duran menos y son más parcheadas. 

    Pero es que además, esa sensación de vacío que comenta Elisa que deja esta ley, de insuficiencia antes de aprobarse, también comienza a ser común en el legislador. Bastante leyes son ya en los últimos tiempos las que son criticadas por “quedarse cortas”. No hay una calidad técnica ni una altura de miras en su redacción, eso produce que haya leyes que hayan sido reformadas incluso varias veces en un año, y que su vigencia sea muy corta. Si llega a reformarse en profundidad el CCom o la LECrim, dudo mucho que lleguen a durar más de 120 años. 

    También es muy interesante el concepto de Administración que menciona, considero que es el germen de muchos problemas, corrupción y nepotismo actual. El estado ha de estar para el ciudadano, y no el ciudadano para el Estado. El Gobierno abierto es imprescindible. 

    En el aspecto técnico, como habéis demandado, sería adecuado que su tramitación fuera del todo transparente, y reflejara las modificaciones realizadas respecto al Anteproyecto y las aportaciones ciudadanas. Creo que los que hicimos aportaciones pusimos nuestro email, no sería complicado recabar las autorizaciones. 

    Sí que a priori de forma somera he encontrado varias variaciones importantes. Se ha aumentado la información a publicar económico-presupuestaria y estadística y en mayor nivel de detalle, y si bien han aumentado los límites del Art. 11 también deberán atender al caso concreto, aunque quizás sería necesaria una motivación suficiente. Se han eliminado las excepciones del Art. 13. Y sobretodo, es inadmisible en una ley de transparencia y buen gobierno un silencio administrativo negativo, como tantas veces habéis denunciado. 

    Siga aportando Elisa tanto a esta materia tan necesaria y tan poco conocida en España y enhorabuena por el artículo. 

    Pd. El enlace al Dictamen del Consejo de Estado, parece no funcionar. 

  • Juan Luis Redondo says:

    El tema de la transparencia sigue despertando en España menos atención de la que merecería. Si como muy bien indica Elisa, esta ley parte de una concepción errónea (o anticuada) de la relación entre administración y ciudadano, no parece un buen comienzo.
    En cualquier caso, creo que muchos nos conformaríamos con que el alcance más amplio, o más limitado de la ley, simplemente se aplicara. Pero una ley cuyo incumplimiento (grave o leve) parece que debe denunciarse por via jurisdiccional, y que no prevé sanciones rápidas (cese e inhabilitación de cargos públicos / responsables políticos) que la incumplan, no ofrece mucho espacio para el optimismo.

  • Penny says:

    Muy interesante y oportuno, Elisa
     
    James Madison ya nos advirtió en los Federalist Papers
     
    If angels were to govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary. In framing a government which is to be administered by men over men, the great difficulty lies in this: you must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to control itself. A dependence on the people is, no doubt, the primary control on the government; but experience has taught mankind the necessity of auxiliary precautions.
     
    Pero todavía estamos muy lejos de lograrlo
     
    PD ¿Se conoce si hay algún grupo parlamentario preparando enmiendas para arreglar el desaguisado?

  • Jesús Casas says:

    Tanto el “post” como los “links” y los “links” de Rafa Sanz son sumamente ilustrativos. Es decir, que se trata de una nueva ley cosmética o publicitaria para que parezca lo que no es, que es lo que, a la postre, nos viene pasando, en general. Es de esperar que algún Padre de la Patria, en el Congreso o Senado, se moleste en tratar de mejorar el texto, incluyendo las recomendaciones de la OSCE.  Por lo demás, ¿otra Agencia? Pero si tenemos una flamante Defensora de Pueblo, del partido (como la nueva Presidenta de la CNMV, por cierto) y otros tantos Ombudsman autonómicos. ¿No están para vigilar a la Administración a favor de los ciudadanos? Va a pasar como con el silencio admninisrativo: que decimos que nos adaptamos a las Directivas en la materia y a los Tratados de la UE, precisamente para convertir en excepciones la regla general (el silencio positivo). Dentro de unos meses, cuando la norma esté en el BOE pues ya nos creeremos que tenemos una administración transparente y así nos olvidamos de que las normas no pueden ir por delante de las realidades. ¿Cómo van a querer una administración transparente nuestros políticos? Lo que quieren es poder decir que tienen el techo de cristal, eso sí, con persianas, contraventanas interiores, cortinas y visillos, no sea que se vaya a ver algo a través del cristal. En esto son más sinceros los alcaldes de pueblo. Si preguntas algo en el bar, tal vez te lo digan, si les interesa. Si preguntas algo por instancia, “silencio administrativo”…y a recurrir.

  • robespierre says:

    Lo que está bastante claro es que con esta Ley de Transparencia va a haber la misma opacidad pero va al ciudadano le va a costar mucho más que le digan “esto no le importa a usted nada”. En fín… 

  • manuels says:

    Brillante la exposición de Elisa y los comentarios.
    Un simple apunte. Defendemos que sea una Autoridad independiente la encargada de promover el derecho de acceso a la información púlblica y de vigilar su cumplimineto. Ante la falta de fondos, quizás la solución sería reformular la Agencia Española de Protección de Datos -que tiene mucho dinero- atribuyéndole competencias de acceso -en un proceso similar pero inverso al realizado en México don el IFAI.  Desde luego, nunca atribuir las competencias a un órgano de Hacienda.
     
     
     

  • simiente says:

    Que síntesis más esclarecedora Ahí les dejo un copia y pega para que conozcan lo que publica una economista y corresponsal alemana en Madrid. Por otra parte, creo que, conforme a su “verdadera” finalidad, mejor que transparencia debería llamarse “Ley del Velo”, y para qué se utilizan los velos? ¿Para cubrir ….. el expediente? ¿Para impedir el conocimiento de las cosas? ¿Como excusa? ¿Como cortina de …? No se cómo acabará el texto, pero es un gran golazo del Poder. Y un nido para  que la corrupción siga medrando. El “informe” que sigue lo contextualiza deslumbrantemente.

    Luisamar – Martes, 25 de septiembre de 2012 a las 23:11
    Qué gran verdad este artículo: http://www.elmanifiesto.com/articul….iculo=4107

    Voces alemanas contra la Casta y la Oligarquía españolas 

    La importancia, la claridad de su análisis y la denuncia sin paliativos de nuestra Casta, de nuestra Oligarquía y de nuestras Autonomías, todo ello son motivos más que suficientes para ofrecer a nuestros lectores este artículo de la economista alemana Stefanie Claudia Müller. La misma es corresponsal en España de varios y destacados periódicos en los cuales se publicó dicho artículo el pasado 6 de septiembre.

    STEFANIE CLAUDIA MÜLLER
    Este 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.
    En Alemania crece la critica contra la supuesta “mentalidad de fiesta” de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.
    España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.
    Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público (234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011), excluyendo la Seguridad Social (23.000 millones), y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos –un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes–, pensiones demasiado altas –la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE– o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.
    La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.
    Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.
    Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa . Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente venales.
    La pasada semana el ministro de Industria Soria –imputado también por corrupción urbanística en Canarias– acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.
    No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.
    Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado al mes de julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto al mes de julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.
    El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual…: el déficit era ya del 8,7%.
    Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se está gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.
    Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.
    Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.
    Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.
    ………………

    Artículo que también lo tienen aquí http://www.fundacioncivil.org/2012/09/articulo-sobre-espana-de-stefanie-claudia-muller-es-corresponsal-alemana-en-madrid-y-economista/

  • Dornagumer says:

    Me ha sorprendido en una lectura rápida del anteproyecto que no contiene siquiera mención a las donaciones que reciben las fundaciones vinculadas a organismos públicos. Trabajo en el sector farmaceútico y en él está a la orden del día las donaciones a fundaciones vinculadas a hospitales públicos para cubrir proyectos variopintos que van desde más o menos prometedores programas de investigación científica a la compra de un televisor para la sala de espera o a la contratación de profesionales sanitarios para los que no hay presupuesto en la partida de recursos humanos del propio hospital. Sin olvidar que descuentos en la compra de medicamentos se camuflan bajo estas donaciones al amparo de la Ley de Mecenazgo. Wert ha anunciado una pronta reforma de esta última ley, pero sería bastante deseable que se obligara tanto al donante como al receptor a hacer públicos en una memoria anual el destino de estos fondos.



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