Demasiadas transferencias no mueven molino…La transferencia de las políticas activas de empleo.

 

Desde estas lineas quisiera referirme con un ejemplo, al asunto de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, como posible epicentro de la situación actual tanto en lo que atañe al excesivo déficit acumulado por las Comunidades Autónomas (CCAA), como en las opciones secesionistas por parte de algunos grupos políticos de los mal llamados “territorios históricos” y que, por extensión, nos han traido al conjunto del Estado hasta este aparente“non-returning point”.

En este sentido, además de las consabidas desigualdades provocadas por la distinta aplicación de las transferencias de las competencias de Sanidad y Educación, y que hemos leído en otros posts de este blog,  hay otras generadas también por la no coordinación entre CCAA en la administración de una competencia que, dadas nuestras galopantes cifras de desempleo, es al menos igual de preocupante: la transferencia de las políticas activas de empleo (intermediación y formación).

Desde 1997 se viene realizado una política de transferencias de las competencias en materia de empleo a las Comunidades Autónomas (excepto al País Vasco, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla) tanto en cuanto a la gestión de las políticas activas de empleo, Escuelas Taller y Casas de Oficios, y formación de los trabajadores (a partir del año 1991) que ha culminado con la redacción de la Ley 53/2003 de Empleo, por la que las antiguas competencias del INEM han ido pasando a los Servicios de Empleo de dichas Comunidades.

Así que para la consecución del “pleno empleo” (como objetivo potencial) se ha optado por un sistema descentralizado, en el que se coordinan tanto los medios y acciones, estatales como autonómicas. El Sistema Nacional de Empleo está compuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de las Comunidades Autónomas. Los principales órganos son la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo con El Plan de acción para el empleo, el Programa anual de trabajo y el Sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo (en todos ellos participan las Comunidades Autónomas).

Durante el pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprueba la cantidad de 1390 millones de euros para las Comunidades Autónomas de acuerdo con los criterios aprobados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales (cuyas funciones están descritas en el artículo 6 Real Decreto 1722/07 de 21 de diciembre), como órgano coordinador entre las Administraciones central y autonómicas para mejorar las acciones y promover medidas de políticas activas de empleo. Ante la actual situación de crisis económico-financiera parece esencial mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones que llevan a cabo acciones y medidas de políticas activas de empleo, con el fin de lograr una mayor eficacia en la utilización de los recursos destinados a facilitar la inserción laboral de los trabajadores desempleados en el mercado laboral.

Para poder ilustrarles lo que a mi juicio supone otro ejemplo más de ineficiencia y de falta de equidad en la provisión de servicios relativos a estas políticas, voy a detallarles la siguiente situación: imaginen una empresa española que quiebra, se declara en concurso de acreedores y atendiendo a la ley concursal inicia el proceso correspondiente en el juzgado de lo mercantil según domicilio social,  previo ERE de extinción de 2600 trabajadores, es decir, la totalidad de la plantilla y que tiene centros de trabajo fundamentalmente en Madrid y Barcelona. Dicha empresa tiene su sede o matriz en Barcelona. Los 2600 trabajadores de la misma pasan a ser desempleados, pero se crea a instancias de la propia Administración catalana una Mesa Social de recolocación, dado el volumen de empleo de la empresa extinta. Dicha Mesa está incluida dentro de las condiciones fijadas en el ERE de extinción como parte del acuerdo definitivo del ERE.  Evidentemente, si se incluye como parte “social” de un acuerdo de extinción de empleos que afecta a la totalidad de la plantilla, este “beneficio social” que supone crear una Mesa orientada hacia la recolocación del personal “descontratado” también afectaría a toda la plantilla que extingue su relación contractual, independientemente de su centro de trabajo adscrito.

Durante este proceso el Servei de Ocupacio catalán apenas entra en contacto directo con la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, ni tampoco el Ministerio de Empleo, actúa como órgano coordinador entre las dos Administraciones. Es decir, no se produce el cruce de datos de los desempleados totales, ni participan conjuntamente en las reuniones de la propia Mesa Social para recolocar a los parados de la extinta empresa. De hecho, el Servicio catalán sólo tiene datos de los parados que se han inscrito en Cataluña. Tampoco se ofrecen las mismas posibilidades de cursos de formación a los parados que no están inscritos en Cataluña aludiendo que son dos Comunidades distintas.

Por tanto y por lo que parece, ni las autoridades autonómicas de  Barcelona traslada a las de Madrid ofertas de empleo para procurar la recolocación de los parados, ni las de Madrid a las de Barcelona, de manera que los trabajadores de Madrid no obtienen la información correspondiente, ni siquiera la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid tiene los datos del perfil demandante de los 1000 desempleados del antiguo centro de trabajo de su Comunidad.

El resultado final es que una segunda empresa catalana, beneficiada por el cierre de la primera, consigue recolocar a unos 200 trabajadores de la extinta, pero que tenían centro de trabajo en Barcelona y apenas a ningún trabajador de Madrid, a los que ni siquiera puede contactar para poder entrevistarles. Además de una diferente gestión propiciada por que son dos Comunidades distintas.

El caso descrito es un hecho real y ha sucedido a comienzos de este mismo año. Lamentablemente no parece que sea un hecho aislado.

Lo expuesto anteriormente podría servir como ejemplo o modelo sobre lo que puede suceder a escala nacional con la gestión de una misma competencia por parte de distintas Administraciones autonómicas, que al final parece que necesitan de una coordinación estatal para poder llevar a cabo eficientemente sus políticas de empleo, donde debería existir una auténtica movilidad geográfica de parados entre Comunidades y que se presten los mismos servicios en igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos-contribuyentes. Pero da la impresión que en lugar de que se trabaje para reducir una cifra global de desempleo que camina hacia los 6 millones de parados, cada Comunidad parece funcionar como un mini Estado preocupado por sus ciudadanos, sin atender a que abriendo esta preocupación de manera estatal, se contribuiría de una manera más eficiente a facilitar que esa cifra fuera sensiblemente inferior.

La pregunta parece obvia: si ambas Administraciones necesitan de una coordinación estatal, ¿para qué administrar la competencia por separado? Y también: ¿si existe un órgano de coordinación entre ambas administraciones, por qué en el ejemplo descrito no ha actuado?

El gran Estado elefantiásico del que disponemos no se da cuenta que pisa a sus hormigas, que somos los ciudadanos, sólo por su tamaño, por su organización “en las alturas”, por su “modo de andar o funcionamiento”, no creando las mismas oportunidades para todos los españoles independientemente del padrón de cada ciudadano. Cuando se consigue  un Leviathán de 17 cabezas, resulta muy difícil hablar con todas a la vez para que miren a un mismo punto.

Todo lo anterior me lleva a concluir, desde mi humilde opinión, que el resultado del desarrollo competencial en las CCAA no era el modelo previsto en la Constitución, porque no se muestra como garante de los principios de igualdad y de eficiencia en los servicios públicos y además no contribuye a relanzar el crecimiento del empleo, mas bien crea barreras y cortafuegos donde debería promover un mercado laboral mucho más abierto, con la misma información para todos los agentes y con formación para la ocupación en su anterior puesto o el reciclaje del desempleado hacia otros sectores, desde el minuto cero en que cualquiera  pase a ese nuevo estadio laboral.

Insisto, me temo que lo descrito anteriormente es sólo un ejemplo…

11 comentarios
  1. Fernando Gomá Lanzón
    Fernando Gomá Lanzón Dice:

    No soy un experto, por lo que no podría decir si el traspasar competencias a las CCAA en materia de políticas activas de empleo es algo equivocado per se, o bien es una decisión que podría tener lados positivos, si se diseña bien. Lo que está claro es que cualquier descentralización de poder, o de estructura, en un asunto que afecta a todo el territorio español requiere, como mínimo, una acción coordinada tanto en la planificación como en la ejecución de políticas, lo que incluye una comunicación muy fluida entre ellas; y en segundo lugar, una autoridad central con autoridad, valga la redundancia, que imponga soluciones cuando sea necesario para el interés público.

     

    En su momento escribí de los problemas que había provocado la descentralización de funciones en materia de administración de justicia, con multitud de programas informáticos caros e incompatibles, resultado absurdo de una política completamente fallida: http://hayderecho.com/2011/01/31/por-que-no-hay-en-espana-una-justicia-eficaz/

     

  2. Lucas
    Lucas Dice:

    Y así seguimos Fernando, con sistemas informáticos incompatibles, una organización judicial en permanente revisión y cuerpos diseminados en una proyectada oficina judicial que no ha funcionado ni se espera que funcione. Y las autonomías quieren sus consejitos del poder judicial, cuando el estatal es un compendio del disparate español. La coordinacion mal ejercitada es un mal endémico.

    y el despliegue de nuestra distribución constitucional de competencias no hace sino empeorar las cosas, también en lo laboral. Así, por ejemplo, como la última oleada de estatutos han ampliado, con el beneplácito del TC, sus competencias laborales hasta llegar a la primera autorización para trabajar en España de los extranjeros, ahora hay un complejo. Procedimiento en el que participan estado y CCAA para expedir un solo acto con doble contenido, uno sobre autorización de trabajo y otro sobre autorización de residencia.

    así vamos. 

  3. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    No creo que al final sea independiente Cataluña; pero si lo llegara a ser, ¿no podríamos el resto de España quedarnos sin CCAA? Salíamos de la crisis económica en poquísimo tiempo.

    • Deus ex Machina
      Deus ex Machina Dice:

      En poquísimo tiempo? Pues me podría explicar por qué Francia, país centralista por antonomasia, está también en crisis y no lo ha solucionado en “poquísimo tiempo”.

    • Curro Arriola
      Curro Arriola Dice:

      Deus, de Francia no te puedo explicar mucho porque apenas conozco su situación.
      Aunque creo que si te miras las estadísticas, pej la de paro, y esas que tanto gustan a los economistas (suelen ponerles nombre en inglés, pero se refieren a la cantidad de deudores morosos que tiene la Banca, o a la deuda pública, o a la célebre prima de riesgo, o a las viviendas sin vender…) están bastante mejor que nosotros.  De calle.
      Én España el orígen de la crisis tiene un nombre: picaresca. Hemos sido un país de pícaros, a muchos niveles; y las CCAA básicamente han sido canchas de juego para que los pícaros pudieran robar más y mejor. Encima blindados contra la crítica porque el sentimiento ancionalista suele nublar la inteligencia.
      Me aburre poner ejemplos, hay tantísimos…

  4. Judith
    Judith Dice:

    Muchas gracias por el artículo. Es muy clarificador. En mi opinión, el actual estado de las Autonomías está siendo claramente perjudicial para la existencia de un mercado único interior. ¿Cómo vamos a integrarnos de forma competitiva en el mercado único europeo y a mantener nuestra cuota en los mercados internacionales si ni siquiera contamos con una buena unidad de mercado interior?

  5. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Por mi experiencia en la Administración, lo normal es que a las descentralizaciones motivadas por razones políticas sigan las coordinaciones realizadas de cualquier manera y basadas sobre todo en la creación de complejos organismos y procedimientos que no suelen funcionar. Donde hay coordinación es porque la gente (quiero decir los funcionarios estatales y los autonómicos) se ponen de acuerdo voluntariamente. A nivel institucional, más allá de unas cuantas reuniones, poca cosa más, por lo menos en las áreas que yo conozco mejor. Es decir, no se suele pènsar en la descentralización en términos de racionalidad (qué es lo que sería conveniente y qué es lo que no) sino en términos políticos y luego “a posteriori” se monta un sistema bastante complejo y poco operativo para coordinarse. En mi opinión, un auténtico disparate, como bien pone de relieve el post de hoy.

  6. Sitogr
    Sitogr Dice:

    Dicen que hubo una persona que hace mucho, mucho tiempo encontró empleo gracias al Inem…yo me lo creo, pero la mayoría de gente piensa que es una leyenda urbana. 

    Ahora en serio, es un drama lo que cuenta este post. Que la primera prioridad de este país que debería ser empleo, la mayor preocupación de millones de personas, y que también sea objeto de conflicto, deficiencias, ineficacia,  nacionalismos… Un auténtico drama que refleja que la incompetencia no tiene límite. 

    La verdad es que el modelo de atribución de competencias fue lamentable y si uno se pone a estudiarlo fríamente cualquiera se da cuenta. Competencias autonómicas, ampliación al cabo de los años, leyes de transferencia para delegar competencias según su “naturaleza”(averigua cuáles son naturalmente autonómicas y estatales), cooperación estatal-aut para legislación-ejecución, o legislación básica-desarrollo y ejecución, y las no reflejadas se pueden asumir por los estatutos, pero si no asumen y entran en conflicto, prevalencia estatal. También supletoriedad estatal pero sin que suponga una cláusula universal atributiva de competencias. Y para rematar leyes de armonización estatales aún en materia de su competencia exclusiva autonómica cuando así lo exija el interés general. Un caos. Es un laberinto de remisiones legales, atribuciones al libre albedrío y medios para suplir vacíos y armonizar problemas. Al final, a mí parecer no se creó un sistema de reparto competencial sino simplemente algunas soluciones (creo que insatisfactorias) para resolver los problemas que se preveía se iban a ocasionar. 

    Por cierto, hablando de competencias, resultar que el mar territorial aFhora no es territorial, es más o menos regional. 

     http://www.otrosi.net/article/el-tc-anula-un-art%C3%ADculo-de-la-ley-de-acompañamiento-referido-competencias-sobre-el-litoral

    • Sitogr
      Sitogr Dice:

      Un proceso que por cierto, lleva in fieri 35 años … Ya es hora de ir cerrándolo creo yo. 

  7. Federico Cárdenas
    Federico Cárdenas Dice:

    Gracias a todos por vuestros comentarios.

    Sitogr comparto tu reflexión totalmente. La mejor celebración de los 35 años de Constitución bien podría ser reformando todo aquello que nos impide tener un sistema útil democráticamente para la sociedad: una reforma en la ley electoral, una auténtica separación de poderes, una organiación territorial al servicio de los ciudadanos y no a la inversa, un funcionamiento transparente y democrático de los partidos del bipartidismo, …….., porque ésas si que son las vallas que separan a los ciudadanos de la democracia. Para mí esas son las bases de verdad para utilizar los recursos eficientemente y de manera igualitaria, pero para éso los dos partidos “alternantes” deben cambiar de arriba a abajo y creo que sólo las urnas les harán cambiar.

    Judtih, gracias a ti por tus palabras, coincido en que si hay una fuerza integradora europea superior a la fuerza centrípeta que pretende aplicar algunos en sus territorios, no tiene sentido crear barreras dentro de ningún mercado ya sea laboral o de bienes y servicios que dificulten el movimiento de bienes y trabajadores, pero la realidad demuestra que el poder territorial no ha tenido ningún freno y ha sido alentado desde el Gobierno de turno para llegar hasta donde estamos hoy.

    También coincido con la pregunta retórica de Curro, parece que en su día nos colgaron una losa de esas de profundidades abisales, y hoy recogemos lo sembrado, a ver quién aprieta al RESET.

    Lo que sospecho Fernando es que primero se transfiere  la competencia, al menos en este caso, y después sobre la marcha se intenta implementar el sistema, y como es empezar la casa por el tejado, el resultado es el descrito. Lo que da pruebas de que se prefiere contentar al que pedía más transferencias sin calcular el efecto global sobre el Estado. Al menos eso parece, que es un poco también lo que creo que decía Lucas.

    Coincido con lo que explica Elisa por su experiencia, porque es lo que experimentamos con el ejemplo descrito y ahora que han recortado un 6,3 de los PGE en el capítulo precisamente de políticas activas de empleo, aún será peor. Para mí la reforma laboral no mejora la información de los agentes en el mercado laboral, no conecta mejor a demandante con oferente, no incentiva la contratación, no busca canales de conexión Universidad Empresa o FP_Empresa, no tiene en cuenta a mayores de 65 años como maestros en escuelas taller para que aprendan los oficios como en Alemania, no favorece movilidad geográfica ni siquiera cuando estás cobrando el paro para poder estar meses fuera buscando trabajo en otros paises y no aborda el reciclaje a otros sectores que sí es una lacra de nuestro mercado laboral y por eso muchos parados están bloqueados en lo que fue su antigua profesión. Para mí esa es la auténtica reforma pendiente, pero eso es otro cantar. Gracias Elisa por vuestro apoyo y por este blog ABIERTO.

    Perdonad si no he contestado por separado, pero no me lo permitía el  sistema….

    Saludos y gracias nuevamente     

             
          

Los comentarios están desactivados.