Qué hacer para superar la crisis institucional si no podemos confiar en Europa ni en el 25S

El 4 de Agosto de 1789 la Asamblea Constituyente francesa aprobó suprimir por ley las servidumbres personales, los diezmos y las justicias señoriales. Se había instaurando la igualdad ante los impuestos, las penas y en el acceso a los cargos públicos. En esa noche del 4 de Agosto se habían abolido los privilegios de los nobles y el clero. Habían bastado unas horas para abolir el modelo feudal, pero había sido necesario más de un siglo para que los principios de la Ilustración se difundiesen en todos los estratos de la sociedad, y pudiese cuestionarse abiertamente el poder absoluto de monarquía, nobleza e iglesia.

Todo proceso de cambio de un sistema político en el que unos pocos se benefician de privilegios a costa del interés general guarda cierto paralelismo. Sin ánimo de comparar el período anterior a la revolución francesa con la actual situación en España, sí parece interesante incidir en la dificultad que afrontan los españoles en su intento de superar el modelo político e institucional instaurado con la aprobación de la constitución de 1978. Siguiendo con el paralelismo, la multitud que se congregó alrededor del Palacio de Versalles el 13 de julio de 1789 en un ambiente de revolución previo a la toma de la Bastilla, bien podría compararse con la que los pasados 25 y 30 de Septiembre se dieron cita alrededor del Congreso en Madrid.

A lo largo de los últimos dos años, la opinión sobre la profunda crisis institucional que asola España se ha ido extendiendo, y de los tímidos artículos iniciales que cuestionaban el excesivo poder de los partidos políticos, o el fracasado modelo autonómico, hemos pasado a un panorama en que todos los días se suceden las opiniones, cada vez más explícitas, que piden una  profunda reforma de las instituciones y del modelo de partidos políticos.

Como expusimos en este post, publicado el pasado mes de Julio, el mayor desafío al que nos enfrentamos se centra en como superar la ocupación por parte de los partidos políticos de todos los espacios de poder en todas las instituciones españolas. Hoy los partidos políticos se han convertido en la “nobleza” del siglo XXI en España, acaparando privilegios y prebendas.

No negaré que “algo” hemos avanzado desde la situación política en el siglo XVIII, pero las expectativas creadas con la llegada de la democracia a España no merecían este desenlace tan burdo. Esta nueva “nobleza”, acapara cargos públicos, distribuye favores, alienta el despilfarro y consiente, “cuando menos”, la corrupción. Esta nueva nobleza intenta blindarse con un creciente control de la Justicia, y un siempre interesado control de los medios públicos. Cuando creíamos que habíamos superado la España de los caciques del siglo XIX y  principios del siglo XX, el modelo autonómico ha recuperado no pocos de esos antiguos vicios.

En el diagnóstico de las causas de esta situación hemos logrado alcanzar un amplio acuerdo: un sistema electoral que otorga un excesivo poder a los partidos políticos, un modelo de organización territorial fracasado y una administración hipertrofiada. El proceso de análisis y difusión de estos problemas continúan en periódicos, blogs y medios de difusión, pero muchos querríamos que esta reflexión se concretase en alguna acción. Pasar de las musas al teatro no es sencillo.

La reacción de los partidos políticos mayoritarios no parece muy esperanzadora. En gran media, muchas de las medidas adoptadas y etiquetadas como reformas de la administración, parecen poco más que parches dirigidos a aplacar con cambios cosméticos las crecientes demandas de los ciudadanos. La reforma electoral no ha entrado en el debate político de los partidos mayoritarios, y la reforma de la organización territorial solo se ha asomado tras el estallido del problema catalán. Los privilegios de los políticos prevalecen, y los problemas de base nunca encuentran el momento de abordarse.

No seré yo quien abogue por una solución “revolucionaria” de incierto final y de la que suelen sacar partido los oportunistas. Los movimientos sociales en la calle se vuelven fácilmente manipulables, y los que intentan mantenerse alejados de los partidos políticos, con el 15M como principal exponente, ofrecen soluciones que no superan el nivel de realismo de las escuchadas en las asambleas universitarias.

Parece claro que la mayoría buscamos una solución desde el propio sistema democrático del que hoy disfrutamos. Cualquier solución debería abordar tres ejes básicos:

(1)    La reforma de la ley electoral para buscar una mayor dependencia de los políticos de aquellos ciudadanos que los eligen, y una menor dependencia de los partidos políticos por cuyas listas se presentan. La combinación de un sistema mayoritario en circunscripciones uninominales, que acerquen los diputados a los electores, y un sistema proporcional con una única circunscripción nacional, permitiría limitar el poder de los partidos políticos, y reducir la tendencia al bipartidismo. Es interesante recordar que el sistema mayoritario, bien a vuelta simple, o a doble vuelta, es el utilizado en la mayoría de los países anglosajones, y en Francia.

(2)    Una profunda revisión de la administración con una importante reducción de su tamaño a todos los niveles, el reconocimiento de la transparencia en su funcionamiento como un derecho básico de los ciudadanos, y el restablecimiento de controles en su funcionamiento que destierren la pesadilla de la corrupción.

(3)    Una reforma constitucional para revisar el Título VIII de la organización territorial del estado, abordando una clarificación de las competencias y el modelo de financiación, avanzando hacia el único modelo que parece realista hoy en día, un modelo federal.

Si esta reforma tiene que abordarse desde el propio sistema, el único camino parece convencer a los partidos políticos de que solo obtendrán el respaldo de los ciudadanos si incorporan este tipo de reformas en sus programas. No parece una tarea sencilla, si pensamos que la base de la reforma es la reducción del poder de los partidos políticos, y que una reforma constitucional requiere del apoyo de dos tercios de la cámara.

Muchos parecen esperar que esta reforma, en su totalidad, o al menos en lo que se refiere a la profunda reducción del tamaño de nuestras Administraciones Públicas, se imponga como parte de la condicionalidad del rescate económico a España. Yo en este punto no soy optimista. Se podrán imponer condiciones económicas, pero parece poco probable que Europa nos imponga condiciones políticas. Es posible que condicionalidad lleve a forzar una reducción del coste de la administración, pero probablemente el modelo elegido por nuestros políticos no sea el que aconseja la racionalización del sistema, sino aquel que permita mantener una mayor estructura de poder.

Las esperanzas de muchos de nosotros están depositadas en el convencimiento de que será imposible superar la actual crisis económica sin antes haber superado también la crisis institucional. Somos muchos los que creemos que difícilmente España podrá superar la actual crisis económica si se mantiene el lastre de una administración hipertrofiada y una organización territorial fracasada. Pero esta opinión, o este deseo, podría no tener fundamento. España podría superar la crisis con un déficit controlado sobre la base de la subida de los impuestos y el recorte de los servicios públicos, siempre que se den condiciones favorables en un entorno internacional que vuelva a recuperar la senda del crecimiento. A estas horas me debato entre clasificar a este escenario como positivo o negativo para España. Probablemente si ello sucediera, sería difícil que volvieran a darse en un futuro próximo la oportunidad que proporciona la actual crisis para abordar la profunda reforma de la administración y del modelo institucional que España precisa. España podría volver a crecer económicamente, pero sus instituciones volverían a estar ancladas en los vicios más oscuros de nuestra historia reciente.

Nos queda seguir denunciando los excesos del poder político en blogs como éste, proponiendo soluciones, y apoyando todas aquellas iniciativas que puedan forzar a los partidos políticos a la profunda revisión de nuestras instituciones, que puedan volver a poner a España en la senda de la modernidad, y abandonar definitivamente los fantasmas de caciquismo y corrupción que han asolado nuestra historia. Preferimos las soluciones democráticas a la revolución, pero debemos convencernos que nadie de fuera podrá ayudarnos a regenerar nuestro país, si no lo hacemos nosotros mismos.

Juan Luis Redondo

Licenciado en Informática