El poder de resistencia de los funcionarios.

Recuerdan aquella pregunta del entonces Presidente del Gobierno, Felipe González, a su amigo Clemente Auger en el entierro de Tomás y Valiente? : ”¿ Es que no hay nadie que le diga a los jueces lo que tienen que hacer?”.

 

Años después, vimos que sí. La todopoderosa Vicepresidente del Gobierno, Sra. Fernández de la Vega, echaba un broncazo en público  nada menos que a la Presidente del Tribunal Constitucional en lo que casi toda la prensa convino en calificar de presiones a la misma en relación con la sentencia –entonces pendiente- sobre el Estatuto de Cataluña.

 

Dudo que hoy la Sra. De la Vega, Consejera Permanente de Estado, se permitiera dirigirse con esos modales a cualquiera de los letrados que dependen de su Sección. Pero aunque lo hiciera, las hipotéticas presiones que éstos pudieran recibir no surtirían –previsiblemente- ningún efecto. Y ello porque no le deben el nombramiento. Y porque el no ceder a esa presión no les iba a hacer perder ningún complemento, ni ninguna plaza golosa. En el Consejo, los ascensos entre letrados se hacen por riguroso orden de antigüedad, de modo que los políticos no pueden meter baza, ni a favor ni en contra.

 

Existe, además, otra razón (como explica el profesor J.A. Gª-Trevijano Fos, en su Tratado de Derecho Administrativo, 1971). Cuando un letrado hace un informe  (técnicamente un “proyecto de dictamen”) que no es del gusto del Consejero de su Sección, puede mantenerse en sus trece y no rectificarlo si no está convencido de la procedencia de la rectificación. A esa facultad para mantenerse en el criterio inicial, Trevijano la denomina “PODER DE RESISTENCIA”. Y es una garantía de la autonomía de los letrados, de su independencia intelectual. Estas garantías no son una concesión derivada de la bondad o de la prudencia del Consejero, sino que tienen su fundamento en la normativa reguladora del Consejo de Estado, tanto en su ley como en su reglamento.

 

El polo opuesto de esa autonomía es el escándalo “Invercaria”, de este mismo año, en la Junta de Andalucía. Su responsable, la Sra. Gómiz, obligaba a realizar informes falsos a un empleado que, tras resistirse en alguna ocasión, fue despedido.

 

Entre esos dos polos, hay muchos grises. Para empezar los jueces. Sí, sí, según la Constitución son independientes, pero eso es en el Juzgado en el que sirven. Si quieren promocionar e ir al Supremo o al TC, como eso no se decide por “riguroso orden de antigüedad”, sino por el politizado Consejo General del Poder Judicial, pues ya la tenemos liada: el poder de resistencia de algunos jueces se debilita e incluso desaparece. Afortunadamente, no de la mayoría.

 

Veamos otro caso que, hace meses, en este mismo blog, el Sr. Arriola comentó en primera persona. Nada más ingresar en el cuerpo de Abogados del Estado, un subsecretario le pidió que modificara un informe, y le presionó en tal sentido; él resistió y no se doblegó. Tenía una baza a su favor: el Sr. Arriola nos contó que, afortunadamente, no dependía de ese Subsecretario, ni de ese Ministro, sino de la entonces Dirección General de lo Contencioso, con peso específico propio e incardinada en otro ministerio.

 

Pero dejemos constancia de que ha habido presiones a Abogados del Estado por parte del poder político que sí han surtido efecto. Se ve, por tanto, que la cuestión no estriba solo en la categoría intelectual de los letrados del Consejo o de los Abogados del Estado o de los jueces (similar para todos ellos), sino en los mecanismos que el Derecho Positivo articula para garantizar que ese poder de resistencia, esa independencia de criterio, no acarree consecuencias negativas a quien lo ejerce.

 

A los funcionarios y empleados públicos que pueden perder su puesto y hasta su trabajo por resistir, la regulación actual se lo pone bastante más difícil que a los letrados del Consejo de Estado. Nadie está llamado a ser un héroe y a resistir  más allá de ciertos límites si, por ejemplo, de eso depende el que puedan alimentar a su familia.

 

Lo que debe haber es un conjunto de normas nuevas que garanticen a los funcionarios el ejercicio normal y sin represalias de su poder de resistencia. Y eso, hoy por hoy, no pasa ni en un ministerio, ni en las CCAA ni en el Ayuntamientos. Si eres bizcochable, cobrarás más y trabajarás menos. Si resistes, no te echarán (porque no pueden, salvo que seas funcionario interino o laboral), pero te cesarán de tu puesto y te mandarán a otro con menos complementos (específico, de productividad, etc.) y más incomodidades. Y eso puede suponer más de 20.000 euros anuales.

 

Yo no creo en la responsabilidad genérica de los políticos para respetar a jueces y funcionarios y abstenerse de presionar a quien puedan. Es la Ley la que debe garantizar que las presiones no funcionarán. Por eso, si los políticos miraran de verdad por una democracia sólida, legislarían en ese sentido y no en el opuesto, como vienen haciendo.

 

Y ello pasa por suprimir los puestos de libre designación de manera casi absoluta. Dicen que Churchill heredó al “secretario personal del Primer Ministro” que tenía su antecesor. Es decir, que no era un puesto de libre designación.

 

En España, pasa lo contrario. Todo son puestos de libre designación, y más aún en CCAA y Ayuntamientos (por eso hay funcionarios que en vez de hacer el master o el doctorado o aprender idiomas, se van el día de las elecciones a contar votos con el concejal en la seguridad de que si éste sale elegido, aquel será promocionado). Y conste que las “libres designaciones” no funcionan solo en la cúspide (niveles 29 y 30), sino en los 24, 26, 28, y hasta en las secretarias, nivel 18, que cogen el teléfono y cuadran los informes a limpio.

 

Como se ve, lo que se prima hoy no es el poder de resistencia sino el deber de sumisión de los funcionarios. Por eso no funcionan muchos controles internos en la Administración. ¡ Así nos va!

 

20 comentarios
  1. Glorfindel_III
    Glorfindel_III Dice:

    Efectivamente, el modelo funcionarial español protege al funcionario frente al palo, pero no frente a la zanahoria.

    Por otra parte, se supone a todo funcionario la vocación al servicio público y a servir con objetividad los intereses generales. Debería, por tanto, ser capaz de oponerse a las indicaciones que considere indebidas dado que siempre tendrá la tutela de los Tribunales, ¿no? 

  2. Arcimboldo
    Arcimboldo Dice:

    Como miembro de un Cuerpo A1 de la AGE, soy de la misma opinión. La mejor definición de nuestras funciones la oí en boca de un miembro del Cuerpo que nos dio una charla durante el curso previo a nuestra toma de posesión, y en la que afirmó que los miembros de Cuerpos Superiores de Funcionarios no tenían otro destino para progresar que el de ser “pelotas profesionales”. Así de claro…

  3. Moonligh
    Moonligh Dice:

    Muy buen artículo!
    Al hilo del comentario sobre Churchill, que heredó al asistente personal, recuerdo una excelente serie británica de los 80 (“Yes, Minister” y su secuela “Yes, Prime Minister”) , serie favorita de Margaret Thatcher, que viene muy a cuento a este tema.

  4. Quasimontoro
    Quasimontoro Dice:

    Una nota muy interesante y además termina con una referencia a resistencia y sumisión que me causo una gran carcajada. Aclaro primero lo último. Estos días parece que en todas partes (y me refiero a España y fuera de España). la resistencia y la sumisión se han vuelto un tema común de debate y supongo que todo se debe a la exitosa trilogía 50 Shades (Sombras) –esa que todos hemos leído no para satisfacer nuestra curiosidad por el erotismo sádico sino para saber por qué los demás son tan estúpidos de leer algo tan mal escrito (yo confieso que la leí de corrido primero en inglés y luego en castellano para estar seguro que era mala! y quizás la lea una tercera vez porque todavía no estoy convencido que sea mala).

    La nota me ha parecido interesante porque no conocía la existencia de ese poder de resistencia y no me imagino cómo la facultad de decir no puede hacerse efectiva en una relación formal de dependencia sin romper esta relación. Semejante facultad es difícil que sea efectiva en otras relaciones porque en la gran mayoría de las “conductas en interferencia intersubjetiva“ (el objeto del derecho como dijo Carlos Cossio hace 70 años) parte de una relación periódica (por oposición a ocasional o accidental) pronto se observa una situación desigual entre las partes respecto a la influencia que unos tienen sobre otros y esto simplemente porque las personas no son ni nunca serán iguales. Y me atrevería a decir que precisamente porque en las relaciones informales toma tiempo (a veces mucho tiempo) definir los papeles de controladores y controlados y por tanto los beneficios de la relación quedan en duda y se vive bajo la amenaza de una ruptura inminente, la formalización pretende dejar en claro desde el inicio quién tiene el control –su extensión con límites claramente definidos. Pero como bien sabemos, cualquiera sea el mecanismo de formalización, no hay garantía de que el (la) controlador(a) no abuse de su poder. Mucho tomó a los ejércitos de soldados conseguir la disciplina que implica una estructura jerárquica basada en la “obediencia debida“, pero en otras estructuras jerárquicas ha sido y seguirá siendo más difícil evitar tanto el abuso del poder como la denuncia anónima (justificada o no) del subordinado.

    Habiendo sido asesor en asuntos de economía por décadas, tanto en ejercicio libre de la profesión como en relación de dependencia en grandes estructuras jerárquicas, siempre he mantenido que un asesor debe aceptar (a) que la decisión la tiene el asesorado que debe asumir las consecuencias de su decisión (y si el asesorado pretende que el asesor asuma estas consecuencias, entonces debe renunciar), y (b) que cuando decide renunciar sólo si está seguro que el asesorado ha cometido un delito debe hacer pública las causas de su renuncia y denunciar al asesorado. Si un asesor quiere tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus decisiones, entonces que cambie de papel y se dedique a la política o a los negocios o a cualquier actividad donde considera que puede ser un buen controlador de sus sumisos (no cuento el final de 50 Shades para mantener el suspenso a quienes no llegaron hasta la página 1800 y no olviden de comprar y escuchar el álbum con la música clásica que sirve de fondo al libro porque es sencillamente buenísima).

      

    • Manu Oquendo
      Manu Oquendo Dice:

      Interesante comentario, Quasimontoro.

      Hay formas de decir “no” que son actos de amor leal y generoso.

      Hay formas de obedecer que son actos de sadismo del subordinado para con el jefe.

      ¿Cuántas veces se castiga al jefe con la sumisión literal? 

      Que Alá y el  Altísimo nos libren de los segundos y nos permitan fajarnos lealmente con los primeros.

      Un saludo cordial

  5. carmen sanchez
    carmen sanchez Dice:

    El asunto de la independencia de los funcionarios frente a las arbitrariedades del poder político es solo una parte del problema. Estoy totalmente de acuerdo que hay que proteger al funcionario en este sentido, pero eso sería poco creíble si no planteásemos al mismo tiempo qué se puede hacer cuando un funcionario no da ni golpe. Lo cierto es que en la Administración no se penaliza a nadie por no trabajar. En el fondo, todo ello no son más que piezas de un único puzzle: qué hay que hacer para optimizar la eficiencia de la Administración Pública. Cerca del 45% del PIB depende de nuestro sector público; por tanto, para que nuestra economía sea mucho más competitiva es necesario que nuestra Administración sea mucho más eficiente: ¿Cómo conseguirlo? Yo creo que éste debe de ser el corazón del debate.
    Recomiendo la lectura de este artículo:  http://www.otraspoliticas.com/politica/la-reforma-del-sector-publico-que-yo-haria

  6. JJGF
    JJGF Dice:

    Quasimontoro,

    Por resumir, yo diría lo siguiente:

    El poder de decisión es, lógicamente, del órgano decisor, no del funcionario. Por eso los informes suelen ser preceptivos, pero no vinculantes. Porque si fueran vinculantes convertirían al funcionario (mero asesor) en decisor. Y eso no parece lógico. Por eso los informes vinculantes son una excepción, y no la regla general.

    El problema está cuando se dificulta (por diversas vías) que el funcionario  informe lo que él, en rigor, considera procedente.  O dicho de otro modo, cuando el contenido del informe lo decide el político, anulando la tarea del funcionario. Hacer eso merma la objetividad y rigor del funcionamiento de la Administración, que en vez de servir los interese generales, acaba sirviendo los del político de turno o a los de su partido.

    El sentido de los informes, rigurosamente hechos, es advertir al políitico (que no tiene por qué saber Derecho, o cuestiones técnicas) los límites en los que debe moverse su decisión. Y no, al revés, que el político fije esos límites y el funcionario los avale técnicamente.

    Cuando el político entienda que su decisión debe adoptarse en el marco de unos límites que, según sus asesores, no son correctos, puede adoptar la decisión, motivándola y asumiendo sus responsabilidad. Muchos informes acaban con la siguiente coletilla: “Éste el mi informe/dictamen…. No obstante, Su Excelencia resolverá”. Bien, pues lo que quiere Su Excelencia es cubrirse la espaldas y no asumir en solitario esa resolución, sino tener algún funcionario cómplice con el que diluir la responsabilidad de la decisión que se tome.

    Y ahí es donde están los funcionarios bizcochables y el mal uso de las libres designaciones o del asesor asesorado sobre lo que tiene que decir.

    O del juez adoctrinado por el político sobre la sentencia que tiene que poner.

    Y claro, los jueces y funcionarios que se prestan a eso lo que hacen es dejar por los suelos la dignidad de las funciones que tienen encomendadas y de la institución que representan. Y de paso, hacer que no funcione en Estado de Derecho al tolerar que no funcionen los controles internos/externos de los organos ejecutivos del Estado/CCAA/Ayuntamientos y el juego de checks and balances.      

    Por eso cuando el Presidente del TS, de la A.Ncional o del TC aguanta una bronca de la Vpte del Gobierno, con cara de sumisión, lo que está haciendo es degradar la insititción que representa, que de ese modo permanecerá cautiva del poder político.

    Y lo mismo vale con los funcionarios que hacen los informes “deseados” por sus jefes, leyéndoles el pensamiento.     

    Tan malo es el pasteleo como el convertirse en un crítico exacerbado, pero a mayor poder de resistencia, mayor rigor, control y objetividad en el funcionamiento de las instituciones.   

          

    • Quasimontoro
      Quasimontoro Dice:

      JJGF.

      Muy de acuerdo con su descripción de la triste realidad de las relaciones entre jefes y funcionarios públicos. La solución, sin embargo, es reducir a un mínimo el número de funcionarios que los jefes tienen a su disposición para “cubrirlos“ y estimular la discusión pública antes y después de que los jefes decidan qué hacer. 

      Por mucho tiempo, la discusión pública de las políticas en las democracias constitucionales estuvo limitada a medios masivos de comunicación controlados por unos pocos que tomaban posición en relación al gobierno de turno y que pronto se convirtieron en parte del problema. En los últimos 20 años, se ha estado produciendo un cambio radical en esa discusión pública gracias principalmente a nuevas tecnologías. Por supuesto, la velocidad de ese cambio varía mucho de país a país, pero ya vivimos una realidad distinta (este mismo blog es prueba de ello). Ese cambio ha mostrado en todas partes la corrupción de los medios masivos tradicionales cuyo poder sigue cayendo y pronto desaparecerá.

  7. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    ¿Esto lo estudian los funcionarios en sus oposiciones?¿Se explica en sus cursos de actualización? O se omite, por si acaso. Lo digo porque mi ilustre colega pone el dedo en la llaga de una realidad que trasciende la administración pública y puede aplicarse a nuestra conducta de todos los días en todos los ámbitos (por ejemplo, en una sucursal bancaria en la que el Director, digamos, se niega a comercializar “preferentes” a pensionistas, en la empresa, hasta en la familia, si apuramos). Ya sé que a los seguidores de este blog no les gustan mucho los latinajos, pero es que los conceptos de libertas, fortitudo animi y dignitas, que forman parte (sólo una parte) de la virtus del vir bonus están cristalizados desde Grecia y ampliados desde Roma y nosotros, tan modernos, hemos perdido estas nociones, o tal vez ni siquiera las hemos adquirido. A ver, no digamos ya un Abogado del Estado o Técnico de la Administración, ¿un funcionario puede arriesgarse a perder sus complementos y no llegar a fin de mes? Me temo que va a ser que los pelotas y los que no ponen pegas y los ineficientes salen ganando, tomando además en consideración que la “ley de los grandes números” supone que el funcionario que se complica la vida ejerciendo su “pouvoire de resistance” en cumplimiento de la Constitución y las leyes sufre los mismos recortes que los demás, en esta tremenda injusticia de que paguen justos por pecadores y de medir a todos por el mismo rasero. Excelente post, aunque lo firma un colega y no un funcionario y excelente e vínculo de Dña. Carmen Sánchez y los comentarios.

  8. F. Javier Oñate Cuadros
    F. Javier Oñate Cuadros Dice:

    Desde otra perspectiva analicé este problema en un artículo en este blog. Para que el funcionario pueda decir que no al político es necesario que la Administración sea un contrapeso del poder discrecional de los políticos y no un ente que aplica ciegamente las decisiones arbitrarias de aquéllos, comandada por funcionarios o asesores nombrados a dedo para los puestos mejor remunerados y de mayor responsabilidad.

    Probablemente un modelo de funcionarios realmente independientes del poder político y bastantes independientes del económico es el de los notarios y los registradores, con todos los peros que se le pueda poner, teniendo en cuenta que no existe la organización perfecta. 
      

    • JJGF
      JJGF Dice:

      Javier,

      Estoy contigo. Los notarios y registradores tienen un status de independencia estupendo. Pero como explicó Fernando R Prieto hace unos años eso da lugar a veces a abusos y extralimitaciones como que un registrador calificase un documento de una manera en su registro y de la manera opuesta cuando hacía la calificación sustitutoria de un documento idéntico en el registro de un compañero. Se saltaba la ley a sabiendas en uno de los dos casos. Más bien en el segundo, y solo para no desautorizar al compañero. Eso no es serio, sino un mal uso de su independencia.

  9. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Buena denuncia del autor del post, que coincide desde luego con lo que estoy viendo estos últimos años (desde fuera, eso sí) de la Administración, la extensión de la “patrimonialización” de la AAPP por parte de los partidos políticos que ganan las elecciones, y la ampliación de los puestos de libre designación que, aunque están reservados para funcionarios, suelen ser en muchos casos para los funcionarios más dóciles o directamente para los afines. Es verdad que hay pequeños reductos de resistencia, pero como bien dice el autor, o están garantizados legalmente o quedan en manos de la discrecionalidad del directivo de turno que reparte los cargos más interesantes como tiene a bien. A veces se prima la competencia y la profesionalidad, y a veces la proximidad y la confianza. Y a veces se juega con las dos cosas a dos bandas.

  10. Lucas
    Lucas Dice:

    Como bien describe JJ los reductos en los que existe el poder de resistencia cuentan de ordinario con un claro respaldo normativo y además con una especifica organización administrativa. El caso del Consejo de Estado es quizás el más claro, regulado en el reglamento orgánico y auxiliado por una carrera administrtativa ligada a la antigüedad en el cuerpo, sin posibilidad de desplazamiento del letrado fuera del Consejo, ni afectar a su carrera ni a sus emolumentos. Por eso, la discrepancia entre letrado ponente y la sección de la que forma parte puede derivar en el ejercicio de ese derecho, pudiendo quedar liberado el letrado de hacer el asunto asumiendolo otro compañero.

    Pero como decía el SR. Arriola ese misma posibilidad de resisexistir tiene manifestaciones en otros cuerpos.

    Creo sinceramente que la posibilidad de integrar esta facultad en el estatuto funcionarial requeriría una plasmacion normativa expresa unida a una modificación de las estructuras organizativas públicas. Las libres designaciones deberían limitarse para evitar que coparan puestos de funcionarios y estos deberían quedar alejados del poder de disposición del político de turno. Quizás si la regla de la LOFAGE sobre nombramiento de directores generales entre funcionarios se extendiera a los subsecretarios y SGT y se hiciera mas dura la letra de la ley para evitar la colocación de amiguetes estaríamos en la buena dirección.

  11. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Lucas, creo que los subsecretarios ya tienen que ser funcionarios y los SGTS también, pero visto lo visto, al final tampoco ha servido para nada, porque se buscan los funcionarios afines o mejor predispuestos al partido de turno, con honrosas excepciones, o los represaliados por el partido anterior, que entonces vuelven precisamente porque eso les da “caché”. Es verdad que entre los cuerpos superiores todavía esto no pasa todo el rato todo el tiempo con todo el mundo, pero empieza a pasar bastante. Lo que pasa es que el modelo del CE no es fácilmente replicable en el resto de las AAPP. En cualquier caso, habría que darle una pensada, pero yo estoy por limitar los puestos de libre designación y que la mayoría se ocupen o por antiguedad o por lo menos por concurso entre los funcionarios, con total transparencia  Y probablemente aún así intentarían hacer trampas…:-(

  12. Lucas
    Lucas Dice:

    Tienes toda la razón Elisa, el pesimismo me nubló las reglas de la ley 6/1997. Como bien dices, la libre designación es demencial y su indiacriminado uso socava el normal funcionamiento de la Administración y el normal desenvolvimiento de las carreras funcionariales. Además, falta control judicial porque ese tipo de nombramientos no se recurren jamás.
    aún alucino cuando recuerdo que, según me contaron, la ministra Chacón tenía dos gabinetes, dos, uno ordinario y otro para su política de comunicación y de relación con los medios.
    que nadie le controlará el desvarío es para llorar  
    comparto lo que dices e, incluso, puede que pudiera blindarse el nombramiento. Sé que a los políticos les encanta el sistema de botín, pero a lo mejor deberia evitarse, de manera que hubiera en ciertos puestos dosis de inamovilidad De los funcionarios nombrados. De hecho lo que debería importar es su competencia, no su lealtad al jefe y sí al servicio o funcion o a un órgano determinado. Especialistas de lo público, sí; amigos del dinero público, no.

  13. JJGF
    JJGF Dice:

    Yo soy partidario del sistema de antigüedad. Los concursos se suelen apañar y son LD encubiertas. El sistema de antigüedad tiene sus pegas pero me parece el más objetivo. Da lugar a casos injustos como que Rajoy u otros que llevan excedentes 30 años y no están al día sobre la profesión tengan prioridad sobre otros funcionarios más jóvenes pero en activo. Y el sistema de antiguedad pese a ser tan objetivo es cuestionado. Recientemente un letrado del Consejo pleiteó contra otro compañero disgustado porque tuviera preferencia en el ascenso a Mayor. Perdió porque la ley es clara. Pero si siendo tan clara pleiteó, imaginemos los líos a los que darán lugar otros sistemas mas subjetivos.

    Gracias a todos por los comentarios.

  14. Iñaki
    Iñaki Dice:

    La IGAE -Intervención General de la Administración del Estado –  hace controles financieros .Los Informes de control financiero tienen dos firmas ,la del Interventor que ha dirigido materialmente el trabajo del Informe, y la de su superior jerárquico -Interventor regional, en los ámbitos territoriales -.Pues bien : la Circular de la IGAE que regula estas actuaciones, señala que si el superior jerárquico discrepa del criterio expuesto en el Informe, este último criterio sigue vivo, pues el autor del Informe puede mantenerlo, exponiendo razonadamente los motivos de su posición. Desde luego, este es un buen ejemplo…

    Aunque mejor sería que el órgano que controla las finanzas públicas no dependiera del Poder ejecutivo, sino directamente del Poder legislativo.Esto es lo que sucede en Estados Unidos,Gran Bretaña…Así se logra una verdadera independencia de los funcionarios que critican al Poder ejecutivo. Esto ya lo vivimos en España de 1923 a 1930, cuando se suprimieron la IGAE y el Tribunal de Cuentas, refundiéndolos en el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, que no dependía del Gobierno, sino sólo de las Cortes. ¿Por qué no seguir los buenos ejemplos, propios y ajenos?¿Por qué nos empeñamos en seguir un modelo de control de nuestras Administraciones públicas, que no ofrece garantías de verdadera independencia? Ah, la fuerza de algún Cuerpo de funcionarios, …

  15. Fernando Gomá Lanzón
    Fernando Gomá Lanzón Dice:

    Este post trata de uno de estos temas que nadie habla. Una política decía que en justicia no merece la pena invertir, porque la gente va muy pocas veces al y eso no da votos, en cambio hacer una autovía sí los da, y muchos.

     

    Este tema no daría votos tampoco. Por tanto, no podemos esperar de la actual generación política que lo lleve a cabo. Lo que la sociedad puede hacer es en primer lugar, controlar hasta dónde llegan las libres designaciones, denunciarlo y exigir cambios. El funcionariado, yo pertenezco a él, no es una panacea, pero frente al poder político arbitrario, expansionista, y muchas veces muy cutre, supone un freno muy útil.

  16. Penny
    Penny Dice:

    Un post muy interesante, pero, si sirve de consuelo, en todas partes cuecen habas. Por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional.
    El FMI tiene un organismo externo de evaluación que elaboró un documento sobre la actuación del FMI en el período justo anterior a la crisis http://www.ieo-imf.org/ieo/pages/CompletedEvaluation107.aspx En el apartado IV del informe titulado Why Did the IMF Fail to Give Clear Warning? se pueden leer cosas como:
    Many area department economists felt that there were strong disincentives to“speak truth to power,” particularly in large countries, as there was a perception that staff might not be supported by Management if they disagreed with these authorities
    o
    Staff reported that incentives were geared toward conforming with prevailing IMF views
    o
    many staff reported concerns about the consequences of expressing views contrary to those of supervisors, Management, and country authorities
    Este es un problema serio, que se agudiza conforme aumenta el número de puestos de libre designación. Pienso que en España el número es claramente excesivo y ganaríamos mucho limitándolos al mínimo imprescindible
    PD Siento discrepar, pero ligar la carrera profesional a la antigüedad en el puesto me parece un auténtico disparate, ya que destroza todos los incentivos al esfuerzo

  17. JJGF
    JJGF Dice:

    No existe la carrera administrativa, salvo en contadisimos cuerpos. En el resto, una quimera. Si te pueden designar libremente, te pueden cesar libremente. Seas un patán o un gran trabajador. Eso es el pasto de las filias y las fobias, no de una carrera admtiva progresiva. Caes en gracia o en desgracia, al margen de que te esfuerces o que sepas o no sepas. Esto da casi igual.

    La antigüedad se puede matizar con oposiciones internas, como pasa con los notarios, o con los magistrados especialistas de lo contencioso, y eso, si se hace bien, estimula el esfuerzo y el mérito mil veces mas que las libres designaciones o los concursos apañado (LD encubiertas).

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