Tribalismo posmoderno II: Derecho de la Unión Europea y Derecho español.

2.- En breve: Derecho de la Unión Europea y otras organizaciones multilaterales.

La versión consolidada del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea están publicadas en el número C83 del DOUE, de fecha 30 de marzo de 2010. La palabra “autodeterminación” no aparece en el texto oficial en español de los Tratados. Al contrario, el art.4.2 establece que la Unión respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional.

 

En el mismo sentido, el art.4 del Tratado del Atlántico Norte, establece que las partes se consultarán cuando la integridad territorial de alguna de ellas fuese amenazada.

 

3.- Constitución española y Estatuto de Autonomía de Cataluña.

 

Sabido es, aunque cada vez lo parezca menos, en todos los niveles de la actividad jurisdiccional y administrativa, que España tiene vigente una Constitución válidamente refrendada por sus Cámaras democráticamente elegidas y votada por amplia mayoría por el pueblo español. La legitimidad democrática de la Constitución y de las Instituciones nacidas de ella no puede ser puesta en duda,y no es puesta de hecho en duda en ningún organismo internacional.

 

La Nación española, única existente bajo esta Constitución (preámbulo, párrafo primero) proclama, en ella, que la soberanía nacional reside en el pueblo español (art.1.2) y que la Constitución se fundamente en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía (no autodeterminación) de las nacionalidades y regiones que la integran. El art.30 establece que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. El art.137 recoge el modo de organización territorial del Estado  en municipios, provincias y comunidades autónomas. La autonomía permite la gestión no discriminatoria ni privilegiante (art.138) de los propios intereses, pero ello supone la autodeterminación por ninguna vía, por lo que, si una de ellas no cumple las obligaciones establecidas en la Constitución u otras leyes de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de tal comunidad autónoma de que se tratare y, si no lo atiende, por mayoría absoluta del Senado, podrá obligar al cumplimiento forzoso de tales obligaciones, tomando las medidas necesarias, dando para ello instrucciones directas a todas las autoridades de la comunidad autónoma en cuestión.

 

Además, también es de general y público conocimiento, el Gobierno puede también impugnar ante el Tribunal Constitucional o lo que sus magistrados han dejado de él (Sí, Señor Presidente del TC, por mucho que Ud. se queje de ello, Uds. son los responsables del desprestigio por la politización de su conducta y su falta reiterada de independencia y rectitud de criterio, no los ciudadanos de bien a los que Ud. acusa por quejarse de que Uds. no están a la altura de su cargo), por la vía del art.161.2 de la Constitución lo que produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida, ex ipsaConstitutione, con lo que el TC no tendría que pronunciarse sobre la suspensión, sólo sobre su ratificación o levantamiento en un plazo de cinco meses. Al Tribunal Constitucional los plazos, por lo demás, como a casi todos los tribunales españoles, les parecen algo que deben respetar las partes, pero no ellos mismos y así lo declaran en su propia jurisprudencia contra-legem.

 

El Estatuto de Autonomía de Cataluña fue ampliamente reformado por la Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio. En este marco, sus artículos 1 a 5 establecen los principios fundamentales de la autonomía de la nacionalidad catalana basándose en esta declaración del Preámbulo:

 

El autogobierno de Cataluña se fundamenta en la Constitución, así como en los derechos históricos del pueblo catalán que, en el marco de aquélla, dan origen en este Estatuto al reconocimiento de una posición singular de la Generalitat. Cataluña quiere desarrollar su personalidad política en el marco de un Estado que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de España.” (el énfasis vuelve a ser nuestro).

 

Como es sabido, se trata de una norma aprobada por el Parlamento de la autonomía catalana, por el Parlamento español, en referéndum del electorado catalán (con una exigua participación del 48,85% tras toda la parafernalia mediática),e interpretada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia núm. 31/2010 de 28 junio, de la que deben leerse ahora los votos discrepantes con singular cuidado.

 

Suponiendo que esta norma del Estado, con rango del Ley Orgánica haya periclitado en tan solo seis años, y que, además, los representantes legítimos de los Catalanes, por mayoría democrática, quieran de nuevo proponer su modificación, como el Presidente de la Generalitat está anunciando tras la Diada del 11 de septiembre de 2012, procede que se promueva la reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña por la vía del art.222 de su propio texto, obteniendo el voto del 2/3 de los parlamentarios catalanes, remisión a las Cortes Generales y, en caso de ratificación de la reforma por éstas (“si se declaran afectadas por la reforma”, vaya texto), debe entonces seguirse el procedimiento del art.223. Si las Cortes aprueban la reforma, todavía tiene que ser sometida a referéndum positivo de los electores de Cataluña. La autorización “del Estado” para que la Generalidad convoque dicho referéndum, no se comprende si “debe incluir” o se entiende tácitamente concedida con la aprobación de la reforma por las Cortes.

 

El art.168 de la Constitución exige que toda reforma constitucional de calado (Título Preliminar), y ya vemos que la autodeterminación o independencia de Cataluña o sería en todo caso, se produzca por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras, disolución inmediata de las mismas, elecciones, nueva aprobación de la reforma por las nuevas cámaras por mayoría de 2/3 y referéndum de todos los electores españoles, claro. Tal modificación constitucional no procede en ninguno de los casos del art. 116 CE (alarma, excepción y sitio), que han sido decretados una sola vez en democracia, en el caso de los controladores aéreos.

 

La declaración de estos “estados” se regula en una norma del mismo rango que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley Orgánica a 4/1981, de 1 de junio. El art.32 prevé que el más grave de los tres, es decir, el estado de sitio, es el que corresponde para insurrecciones o actos de fuerza que afecten o amenacen afectar la integridad territorial, con intervención, si el Congreso así lo decide, de la Autoridad Militar bajo las órdenes del Gobierno.

 

4.- Código penal.

Es, finalmente, sabido que lo que las Novelas han dejado del Código penal contiene la regulación del delito de rebelión en el Capítulo I del Título XXI del Libro II, de tal manera que quienes se alzan violenta y públicamente con el fin de declarar la independencia de una parte del territorio nacional son reos del mismo. Los actos preparatorios del delito de rebelión son punibles, incluso sin violencia, conforme al art.477 CP y cuando el que comente tales delitos “se hallase constituido en autoridad pública” quedará absolutamente inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público por un periodo de quince a vente años, es decir, el tiempo mínimo que una Nación necesita para restituir las heridas causadas por quienes, regando con impuestos durante casi cuatro décadas a sus amigos secesionistas, han ido meticulosa y pacientemente preparando el escenario de esta tragedia en varios actos.

 

No existe jurisprudencia post-constitucional sobre este precepto.

 

Este es un resumen, lo más escueto posible, el Derecho aplicable. Ese que determinados próceres envueltos en “esteladas” (¡qué horrible símbolo cubanizado y totalitario junto a una bandera histórica tan nuestra, de todos los españoles, como la señera!) han dicho que les trae al fresco, al pairo o sin cuidado

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Es sumamente cierto que la situación histórica de España requiere paciencia, inteligencia, manejo de los tiempos, diplomacia, experiencia, sagacidad y liderazgo. Personalmente (ojalá me equivoque) no veo nada ni nadie por debajo de Su Majestad, salvo, de vez en cuando, el Príncipe de Asturias, que pueda echarnos una mano. Antes bien, veo ya a nuestros politicastros de todo signo tratando de que el azud lleve al agua a sus molinos. Su Majestad se disculpó con nosotros, aunque en abstracto (“me he equivocado y pido perdón” no “os pido perdón a vosotros, los ciudadanos españoles”) por nimiedades que los medios echaron al populacho como carnaza en el circo mediático. Está por tanto, el más alto Magistrado de esta Nación, en deuda con su pueblo.Me parece, desde el más profundo respeto, que tiene por delante un reto para estar a la altura de la Historia y ser recordado para siempre como el mejor Rey de España, que ayudó a sus buenos ciudadanos a salvar dos veces la Democracia. Mientras él hace su trabajo callado y el menos callado conforme al art.56.1 y 62.c) de nuestra norma normarum, el Gobierno y las Cortes Generales tienen cosas que hacer, no sea que todo lo hagan los que quieren quebrar las leyes vigentes.

 

Una de las músicas históricas catalanas y españolas es el “Cant de la Sibil-la”. Hermosísima. De cantos sibilinos llevamos ya décadas, y como las lealtades quebradas pueden llevar a exacerbaciones indeseables, de la parte traicionada, es la hora de la claridad. Es muy destacable que una de las primeras regiones de España contribuya a aumentar el caos existente en tiempos de tanta tribulación como los que vivimos, lanzando al pueblo contra el pueblo, estilo caudillo latinoamericano. Hagan lo que hagan los políticos y el Jefe del Estado, cada uno de nosotros tiene que hacer lo que crea debe en su conducta diaria, siempre en el marco del Derecho aplicable, no llevados por este subvencionado “tribalismo posmoderno”.

 

El Gobierno, por boca de su Vicepresidenta, ha dicho que tiene instrumentos jurídicos para actuar contra esta irresponsable vía que el egoísmo, la deslealtad y la falta de visión histórica de muy pocos abren ahora contra muchos, y que los usará llegado el caso. Aquí queda brevemente dicho con qué base jurídica puede y debe hacerse, sin necesidad de reformar (otra vez) el Código penal.

 

7 comentarios
  1. Quasimontoro
    Quasimontoro Dice:

    En 1958, luego de una larga conversación con el profesor César Díaz Cisneros (titular de la cátedra de Derecho Internacional) y en el contexto de lo que estaba aprendiendo con los discípulos de Carlos Cossio, decidí abandonar mis estudios de derecho y luego de un tiempo de evaluar alternativas me decidí por economía. Siempre recuerdo esa conversación porque me enseñó dos maneras de aproximarse al estudio de la realidad social –esa que puede resumirse en conducta normada. Mientras unos se concentran en las normas que califican la conducta, otros se concentran en la conducta que pudiendo ser libre de normas ha terminado sujeta a normas. Ya en ese entonces concluí que si me dedicaba a estudiar las normas, me perdería en la selva de cómo las normas se generan, manipulan, cambian, etc., o peor todavía en ejercicios estériles de lingüística aplicada, y me olvidaría de entender la conducta que era lo que realmente me interesaba. Ha sido y sigue siendo un largo viaje, pero siempre me alegra el recuerdo de aquella decisión juvenil. 

    Cuando leo apreciaciones sobre la realidad a partir de lo que dicen las normas, en particular las normas jurídicas y especialmente cuando son normas de derecho internacional, me quedo con la sensación que el autor se perdió en aquella selva que temí cuando joven. Como gustaban decir mis maestros en clase de matemáticas, a veces el orden de los factores altera el producto. Supongo que muchos españoles han leído el pequeño libro de Manuel Atienza, Tras la Justicia, versión moderna y mucho más simple que el pesado tomo de Carlos Cossio donde expuso su tesis de que la sentencia era el hecho jurídico fundamental –primero los hechos, luego la valoración judicial. Pero si primero nos centramos en la evidencia, pronto se nos van aclarando los márgenes de duda sobre lo que podemos inferir de su acumulación –duda muy grande al principio, menos grande luego de un esfuerzo costoso, y por último una quizás todavía grande pero que ya no podemos seguir reduciendo, sea por la urgencia de una conclusión, o por el altísimo costo de otro paso adelante.

    Cuando la evidencia que buscamos se refiere a la política –conductas de gente que siempre ha intentado estar por sobre cualquier norma, sea por su supuesta proximidad a algún dios, o por narcisismo, o por las armas a su disposición– la tarea se nos complica mucho. No importa qué acto específico de políticos nos interese –sea la decisión de Nixon de ir a China, o la de Deng Xiao Ping de resucitar a China, o la del bufón Biden de impedir que Ryan marque un gol– siempre nos quedamos preocupados por lo poco o nada que entendemos sus conductas. Por esto me cuesta mucho hablar sobre las decisiones de los políticos (y las opiniones de la corte de burócratas, asesores y publicistas que les besan las manos y otras partes) y sospecho que sus conductas escapan a las normas que necesariamente condicionan el orden social (según la definición de Hayek). Varios economistas –entre los que incluyo a Gordon Tullock, abogado por título pero economista de oficio, y que espero la semana próxima gane el Premio Nobel como ya lo hizo Ronald Coase– han intentado avanzar en nuestro conocimiento de la conducta “no-normada“, pero esos pasos hoy están en duda por las investigaciones recientes de biólogos y psicólogos (aunque mi impresión es que las especulaciones de J. Haidt y otros dicen mucho menos que lo que ellos concluyen). En esta perspectiva, hablar de derecho internacional público para apreciar lo que los políticos enfrentados en “guerras de secesión“ hayan hecho o puedan hacer me parece una distracción (por comparación, cuando una pareja ha llegado a su “guerra de separación“, el recurso al derecho de familia puede ser útil para que las partes entiendan las consecuencias de sus acciones y las tomen en cuenta en sus decisiones).    

  2. Adolfo
    Adolfo Dice:

    No hay que alarmarse tanto. Cataluña está en campaña electoral y a Artur Mas le interesa crear “ambiente” para que no se hable de los recortes. Hay que reconocer que como estrategia electoral le está saliendo perfecto. CIU sube, el PSC baja, y supongo que el PP se mantendrá, pues su electorado, como en el País Vasco es fiel.

    Ni los catalanes quieren la independencia, pero sí ir de víctimas; ni los españoles, ni los europeos estamos para aventuras.

    Sosiego. No face falta hablar de F18 en vuelo rasante, ni de la legión en Cataluña, ni exagerar las cosas, porque en la mentalidad nacionalista eso da muchos votos a CIU. No entremos al trapo electoral.

    Buen fin de semana.

  3. Luisa
    Luisa Dice:

    Está por ver la actitud de la U.E. ante las tendencias centrífugas, pero lo que está claro es que, como la U. E. aliente estas disgregaciones, le quedará muy poco tiempo de vida.

    Creíamos que el movimiento europeísta era integrador, llamado a disolver fronteras, aduanas, monedas, legislaciones… y ahora de pronto surgen tendencias centrífugas encaminadas a crear barreras interiores entre los propios Estados de la U.E. Y así no se puede, claro.

    Al señor Mas le cabrá el deshonor de haber contribuido como nadie a desvanecer el sueño europeo. Puede que en las Ramblas le hagan una estatua a la mamoria del gran libertador de Cataluña (una estatua en la que se mearán las palomas), pero a la historia pasará como el hombre que acabó con la construcción europea.

    Y si volvemos a la situación anterior a la U.E. (otra vez guerras intraeuropeas como la francoprusiana, la del 14, la del 39 -de tan grato recuerdo-), se lo deberemos al indiscutible genio político del señor Mas. 

  4. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Han sido muy interesantes los comentarios a las dos partes de este “post”. Tengo que decir a EstudianteUA que es muy probable que tenga razón y a Quasimontoro que tal vez él se pierda en las normas, pero analizar normas no es analizar conductas, son cosas diversas, partiendo del hecho de que las normas (todas, no sólo las jurídicas) no están para analizar conductas, sino para indicar cuáles de ellas son válidas en una convivencia pacífica y leal. Tal vez deba volver a los estudios de Jurisprudencia. He tratado de exponer las normas vigentes en las distintas esferas del Derecho aplicable al caso que se ha planteado, fruto de décadas de incuria y apaciguamiento. Tengo mi opinión sobre las conductas y las soluciones, pero mi opinión es intrascendente, aunque veo ahora reflejado en la realidad lo que llevo décadas pensando que sucedería si no se ponía remedio. Y el problema no es ni siquiera la “Cuestión Catalana”, el problema de fondo es la honestidad, la lealtad, la libertad individual frente a la masa informe. Manipular las conductas, las normas y las realidades no es complejo, aunque requiere cierto grado de “furbizia” (no encuentro palabra en español que lo diga como la italiana). En fin, he echado en falta a LILI y estuve mentalmente en la Plaza de Cataluña. A la Unión Europea, la misma que creó el problema Croata y no hizo nada en las dos Guerras Yugueslavas, la misma que está detrás del irresuelto problema de Kosovo, la han dado el Nobel de la Paz, algo así como el de Kissinger o Arafat. Luisa ha visto bien que tampoco sabemos si es fiable. Feliz Día de la Hispanidad (Fiesta Nacional) a todos y gracias por participar.

  5. Luisa
    Luisa Dice:

    Por su interés, y por venir al caso (en mi opinión), reproduzco este texto de Félix Ovejero:

    “La idea, era, poco más o menos:
    exactamente esto…
    Ciudadanos, mestizos de pura cepa.
    Dejemos las cosas claras y empecemos por lo básico. Yo no me siento
    orgulloso de ser catalán o de ser español. Tampoco me avergüenzo ni creo que
    tenga que pedir perdón. Simplemente sucede, que diría Neruda. ¿Cómo me puedo
    envanecer de lo que no depende de mí?
    Solo me puedo sentir orgulloso o avergonzado de mis obras, de lo que está en
    mi mano hacer. Y no ya como catalán o español, sino con simple ser humano,
    hay una cosa que me avergüenza superlativamente: levantar una frontera.
    Levantar una frontera es reducir el perímetro de mi humanidad, decirle a
    otro que no es mi igual.
    Una frontera es una resignación. Poner límites a la razón, a los ideales de
    libertad, igualdad y fraternidad. Hay unos, los nuestros, para con los que
    importan la moral y la justicia, y otros a los que no alcanzan los mismos
    derechos simplemente por el azar de nacer del lado malo.
    Sin embargo, hay fronteras. A qué negarlo. Una circunstancia que cualquier
    persona decente lamenta. Y una persona seriamente decente se alegra el día
    que una frontera se emborrona en nombre de los buenos principios, cuando
    aumenta el número de sus conciudadanos. Ese es el mejor latido de Europa, la
    democracia más amplia, la única, por lo demás, que nos permitirá encarar los
    problemas verdaderamente importantes.
    Por eso mismo, levantar una frontera es una indignidad, es cercenar la
    universalidad de la razón. Ninguna persona limpia de mente y corazón se
    puede alegrar de una frontera nueva. 
    Y sin embargo, hay una ideología que hace de la creación de fronteras una
    voluntad, de la desigualdad una meta. El nacionalismo, bien resumido en el
    repugnante lema: My Country Right Or Wrong. Mi país, para bien o para mal.
    La prioridad de la tribu sobre la razón, de la sangre sobre la justicia. La
    tiranía del origen. Reacción en estado puro. La miseria como vocación”.                                                    

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