Deformación profesional: Posibles soluciones al problema de nuestro modelo de Estado desde la óptica de un asesor financiero

Asumiendo como punto de partida que a corto y medio plazo los Estados seguirán siendo los agentes básicos de la organización política europea y mundial, este artículo pretende aportar conceptos ajenos al derecho político para intentar contribuir al diseño de la solución venidera, una vez constatado el irreversible agotamiento del marco constitucional español actual.

El concepto del modelo federal está siendo desempolvado recientemente por quienes ayer no veían ningún problema con nuestro modelo constitucional en vigor. En su absoluta indeterminación, y tal y como han denunciado reiteradamente autores como Francisco Sosa Wagner, estos paladines no aciertan a esbozar las características básicas que, a su juicio, deberían definir su ahora ansiada federación.

Intentemos ayudarles partiendo de cero. ¿Qué es lo verdaderamente interesante de una comunidad política para sus protagonistas, los ciudadanos? Asegurar amplios niveles de libertades individuales, la corrección de las desigualdades en el acceso a los recursos primarios, el establecimiento de las condiciones necesarias para poder prosperar social y económicamente, entre otras virtudes.

Pero yendo un paso más allá, en lo relativo al establecimiento de un perímetro y una estructura del Estado entre varias alternativas, un profesional de las operaciones de fusión y adquisición, como es mi caso, bien puede señalar algunas fundamentales:

1. Encaje estratégico de las partes.

1. Generación de economías de escala.

1. Obtención de sinergias de coste.

1. Sostenibilidad en el tiempo.

Encaje estratégico de las partes.  Los ciudadanos de ese Estado deberían compartir un sustrato cultural razonablemente común –al menos en términos relativos–, que permita alcanzar niveles de cohesión suficientes para poder asegurar el buen funcionamiento de los mecanismos redistributivos de la riqueza.

Generación de economías de escala.  El tamaño del Estado debería ser suficiente para asegurar un mercado doméstico de ciertas garantías, que permita un desarrollo inicial de nuevos proyectos empresariales, así como un peso específico en pie de igualdad con el de otros Estados de su entorno.

Obtención de sinergias de coste. Unido al punto anterior, el Estado debería racionalizar estructuras para optimizar el coste de absorción por contribuyente del soporte de la administración de ese Estado, especialmente en lo tocante a bienes públicos puros, como es el caso de la diplomacia o las fuerzas de seguridad.

Sostenibilidad en el tiempo. El Estado debería dotarse de mecanismos tendentes al equilibrio entre sus distintas subestructuras, huyendo en lo posible de potenciales conflictos larvados que, como hemos visto con el caso de la Constitución de 1978 y su ‘café para todos’, a lo largo de su desarrollo derivan en conflictos progresivamente más difíciles de resolver.

Todo ello estaría alineado con sumar España y Portugal, antes que con desgajar una parte de la actual España para crear dos Estados independientes. Y es que construir una verdadera estructura política federal implicaría –debería implicar– redefinir el mapa político-administrativo en base a tres criterios primordiales: escala, equilibrio y racionalidad.

Por escala entendemos tamaño, medido por población. El principio de equilibrio apunta la necesidad de que los tamaños relativos de las distintas entidades incorporadas a la federación sean equiparables. La racionalidad impone partir, en la medida de lo posible, de estructuras ya existentes, como Estados, comunidades autónomas o provincias.

De la conjunción de estos principios surge el evitar criterios esencialistas (p.e. reclamaciones históricas o criterios lingüísticos), como sustituto de otros más estrechamente ligados a la visión ‘ciudadanista’ de la política a la hora de definir la nueva organización territorial.

En este contexto, recuperar el mensaje de integración federal peninsular tendría al menos cuatro beneficios incontestables:

1)     Establecer al Estado resultante de la fusión en el mismo plano que el resto de Estados más influyentes en la Unión Europea;

2)     Abrir la posibilidad de crear un nuevo equilibrio interno entre las distintas subestructuras integradas en la federación;

3)     Neutralizar el discurso de permanente victimismo nacionalista periférico al atraer a millones de nuevos conciudadanos; y,

4)     Incrementar el atractivo de la oferta lingüística educativa para los escolares nacionales del nuevo Estado.

Una nueva Federación Ibérica podría estar constituida por siete subdivisiones político-administrativas: Insular, Atlántica, Norte, Centro, Sur, Europea y Mediterránea, con cada una albergando una población en torno al 15% del total (excepto la Insular, por motivos obvios).

Profundizando en estos aspectos, resulta evidente que un impulso integrador es mucho más fácilmente oponible a uno desintegrador que la mera defensa enrocada del status quo político-territorial actual. El terreno ganado por la marea negra nacionalista a lo largo de los últimos años se explica en gran parte por el indiscutible atractivo de ensalzar–con mayor o menor desfachatez y grado de manipulación sectaria– el sentimiento de pertenencia a un renovado proyecto alternativo.

Por el lado geoestratégico, una Iberia integrada se aproximaría lo suficiente a las magnitudes macro de una Italia, un Reino Unido o una Francia –p.e. con más de 57 millones de habitantes, frente a 58, 60 y 62 millones respectivamente–, como para ganar un importante peso relativo en las relaciones intra-comunitarias –p.e. asignación de votos–, por no hablar de su interlocución reforzada frente a iberoamérica.

El último aspecto tratado es probablemente el más heterodoxo. En el fondo se trata de plantear una serie de ‘sacrificios aceptables’ a la ciudadanía monolingüe. Y es que, más allá de iniciativas que hoy parecen quiméricas como un resurgir o una reformulación del esperanto, asegurar una convivencia reforzada, un proyecto de futuro en común entre todos los ciudadanos de la comunidad política plurilingüística que puebla la península ibérica, requiere de ciertas concesiones por parte de todos.

Imaginemos un único modelo educativo nacional que, en lo concerniente al aspecto idiomático, fuese necesariamente bilingüe –trilingüe si incluimos el inglés– en todo el territorio. Con el español como lengua franca, resulta obvio que añadir al menú un idioma como el portugués, con 240 millones de hablantes en el mundo –siendo la quinta lengua materna más hablada–, supone un importante salto de nivel –no tanto en términos culturales, sino de fría competitividad internacional– frente al abanico lingüístico nacional ofertable en los distintos puntos de la España monolingüe de hoy.

A través de estas nociones tomadas prestadas del M&A el ‘ciudadanismo’ se hermanaría con un pan-Iberismo correctamente federal, a través de un nuevo diseño de Estados federados –menos y más equilibrados en sus variables macro– y una nueva arquitectura competencial –delimitación entre dirección política y administración de proximidad–. Esto permitiría dibujar un nuevo horizonte de convivencia. Un horizonte hacia el que caminar porque en él se consignaría por fin al maldito sentimiento identitario –como paradigma de todos los atributos definidos por exclusión– al permanente destierro político que se merece.

Jacobo Elosua

Jacobo es el fundador de Ezaro Media, una boutique integrada con base en Madrid que asesora, emprende e invierte en los espacios de la comunicación y la tecnología. En su faceta cívica Jacobo ha cofundado y preside la Fundación Ciudadana Civio, una entidad sin ánimo de lucro que busca fomentar un concepto de ciudadanía activa e involucrada mediante el uso de la tecnología, la transparencia informativa y la apertura de datos. Civio desarrolla aplicaciones web de contexto y genera contenidos periodísticos innovadores a través de proyectos como Dónde Van Mis Impuestos, Tu Derecho A Saber o España En Llamas. Jacobo ha participado en los equipos de Ciudadanos, Pro Bono Publico, Cambiemos La Ley Electoral y Voota, y en la actualidad colabora con Ashoka España. Es Licenciado en Ciencias Empresariales Internacionales por ICADE (E-4), y Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas por la UNED. Trabajó desde 1998 a 2007 en UBS Investment Bank, donde fue Director Ejecutivo. Además de en España, ha residido en Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido y Alemania