3.000 euros contra la transparencia

La Organización Access Info Europe ha sido condenada a pagar 3000 euros en costas por haber perdido ante el Tribunal Supremo un caso que comenzó en 2007. Access Info envió el 1 de marzo de 2007 una solicitud de información a la Presidencia del Gobierno relacionada con el Convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción de Agentes Públicos  Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales y del Convenio  de Naciones Unidas contra la Corrupción. Al no recibirse respuesta se volvió a reiterar el 30 de marzo de 2007. Con fecha 27 de abril de 2007 se recibió  comunicación del Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, contestando a una de las preguntas efectuadas y remitiendo a Acces Info al Ministerio de Justicia a los efectos de que se plantearan allí las consultas. Ello se hizo mediante escrito presentado el 14 de junio de 2007 dirigido al Ministro de Justicia, y sobre la no contestación a las preguntas formuladas se interpuso recurso contenciosos-administrativo.

 

El principal argumento del Tribunal Supremo en la sentencia que cierra el caso es que la información solicitada por Access Info Europe sobre el cumplimiento de España de las obligaciones impuestas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, constituye en realidad una forma de pedir explicaciones al Gobierno y no representa una solicitud de información. El Tribunal no se pronuncia sobre la alegación principal, esto es la violación del derecho de acceso a la información, reconocido internacionalmente como un derecho fundamental.

 

Pues bien, la falta de contestación del Ministerio de Justicia y el razonamiento del Tribunal Supremo revelan un desconocimiento absoluto de la normativa y de los estándares internacionales en materia de acceso a la información.

 

En primer lugar, la solicitud inicial de información nunca fue contestada por el Ministerio de Justicia, por lo que se produjo un  silencio administrativo negativo, que implica una denegación del acceso a la información. Es interesante porque los estándares internacionales exigen que todas la solicitudes de acceso a la información sean contestadas y que en caso de denegación, se expliquen las causas por las que no se da ese acceso.

 

Por otro lado,los estándares internacionales también reconocen que no hay que dar explicaciones de porqué o para qué se quiere la información que se solicita y, por lo tanto, el argumento principal del Tribunal Supremo para desestimar la solicitud de Access Info Europe tampoco sería muy relevante desde ese punto de vista.

 

En definitiva, los Tribunales en esta ocasión no han revocado la “decisión” del Ministerio de Justicia y,en consecuencia, no han reconocido el derecho de acceso a la información. Esta decisión sumada a la actitud del Gobierno que, al igual que su predecesor, ha elaborado  un Proyecto de Ley de Transparencia muy débil, muestra que las instituciones públicas españolas no entienden el concepto de transparencia que rige en las democracias modernas. Efectivamente, el derecho de acceso a la información, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es un derecho de todos de acceder a toda la información en manos de todas las instituciones públicas, sin más excepciones que las establecidas en los estándares internacionales.

 

En estos momentos se está tramitando en el Parlamento un Proyecto de ley de acceso a la información, y en estas circunstancias, el Poder Legislativo está a tiempo de cambiar el texto que propuso el Gobierno y mejorarlo. Cómo decíamos, este proyecto de ley es muy débil y ha sido muy criticado por expertos nacionales e internacionales. Por esa razón  tengo serias dudas de que la información que Access Info solicitaba vaya a ser accesible. Con esta Ley en la mano se podría alegar varios motivos para no dar la información.

 

Otro concepto que parece no estar claro en España es el papel que juegan las ONGs en este ámbito. A nivel internacional,son cada vez  más frecuentes las declaraciones y tratados que reconocen que el tándem ONG-Instituciones Públicas mejora las decisiones de éstas últimas y les da legitimidad frente a la sociedad. Esto en España de momento no se ve, a pesar de que el Gobierno se acabe de adherir al Open Government Partnership, una iniciativa que entre otras cosas exige a los gobiernos colaboración con la sociedad civil.

 

El trabajo de Access Info Europe en España consiste en luchar por conseguir la mejor Ley de Transparencia posible, hasta la fecha y desde su creación en 2006 no ha sido fácil. En una de las primeras reuniones que tuvimos con una institución pública nos reconocieron que se reunían con nosotros porque sabían que éramos “algo así como expertos en la materia” pero que no era algo común reunirse con ONGs, hablamos del año 2010.

 

El Tribunal Supremo en el caso que nos ocupa argumenta que las preguntas de Access Info Europe no eran realmente solicitudes de acceso a una documentación sino un intento de “control político”,y que ese es el trabajo del Parlamento. Este argumento, como comentábamos, va en contra de los estándares internacionales en materia de derecho de acceso a la información pero además supone no entender que la razón de ser de las ONGs es profundizar en las estructuras democráticas tradicionales y en los procesos de participación de la sociedad civil. Esta labor ha hecho y hace posible mejorar y avanzar en calidad democrática, exigiendo siempre “más y mejor”a las instituciones públicas.

 

De la crisis política, de la crisis de valores y de la falta de confianza en las instituciones sólo se sale con transparencia, participación y colaboración. Este caso nos recuerda que en España, para poder salir de ella, tenemos todo el camino por delante.

 

 

Toda la información sobre el caso puede consultarse en este enlace:

http://www.access-info.org/es/litigios/297-caso-ministerio-justicia

 

3 comentarios
  1. Quasimontoro
    Quasimontoro Dice:

    Victoria,

    Aprecio su trabajo por mayor transparencia, pero yo le sugiero que piense el problema en la perspectiva más amplia de cómo controlar el poder. Para ilustrar lo que quiero decirle, me refiero a lo ocurrido ayer con el general Petraeus, ahora en desgracia por faltar a las obligaciones de su posición como militar y como encargado de la CIA. Ayer Petraeus tuvo una reunión no-pública con miembros del Congreso para testificar sobre lo que ocurrió en Libia el 11 de septiembre pasado. Uno podría poner énfasis en la falta de transparencia asociada a que su testimonio no fue público (antes de caer en desgracia, Petraeus había sido llamado por el Congrego para testificar públicamente). Pero el fondo del asunto reclama el testimonio de Obama, sea público o no, en reunión con miembros del Congreso, responsable de controlar al Ejecutivo. El Congreso, sin embargo, ha perdido este control del Ejecutivo tiempo atrás y ha quedado limitado a situaciones graves que justifiquen el juicio político al Presidente. En otras situaciones, el Presidente delega en sus ministros y otros altos funcionarios la responsabilidad de testificar ante el Congreso. Por supuesto, estos testimonios no tienen mayores consecuencias para el Presidente. 

    Por si lo anterior fuera poco, el testimonio no-público de Petraeus se ha prestado para todo tipo de manipulaciones, primero por los miembros del Congreso que asistieron a la reunión y luego por los periodistas. La farsa de que el periodismo es el cuarto poder hace mucho quedó probada, pero sigue habiendo ingenuos que creen que los periodistas son capaces de “investigar“ y por tanto exponer los crímenes y los errores de los políticos y funcionarios (además de las indiscreciones de Lady Gaga). La impunidad de los abusos de poder en EEUU y todas las democracias constitucionales es, en parte, consecuencia de que políticos y funcionarios fácilmente consiguen la complicidad de periodistas que viven del acceso privilegiado a la información. Algunos dirán que la caída de Nixon probó el poder del periodismo, pero le recuerdo que todo eso fue un golpe interno de funcionarios de inteligencia que usaron a los periodistas para conseguir su propósito. 

    Por último, le recuerdo que la simple disponibilidad de información poco aporta  a entender lo que ha sucedido (todos los abogados deberían saber eso muy bien). Sacar conclusiones no es tarea fácil, que cualquiera puede hacer. Usted habrá escuchado a muchos economistas decir que la información es un bien público, pero yo –50 años de economista– afirmo que no es un bien público porque para que lo sea todos deberíamos sacar la misma conclusión de la información disponible, lo que es totalmente imposible. Por algo siempre se insiste en que la información sea fiable y verificable además de adecuada para lo que se quiere probar como hecho (esto es, prueba “relevant“), lo que es costoso y entonces surge el problema de quién asume ese costo.  

  2. Isaac Ibáñez
    Isaac Ibáñez Dice:

    El problema en España, hasta la fecha, es la ausencia de una ley de transparencia homologable a la que existe en los países de nuestro entorno. Ello se agrava con la escasa cultura de transparencia y participación que tienen los políticos españoles, de ambos partidos mayoritarios.
    Lo solicitado por ACCESS INFO corrobora lo anterior, pues no existía ningún impedimento para no acceder a suministrar la información solicitada, exclusivamente hay comportamiento autoritario y antidemocrático. Veremos cómo sale finalmente la ley de transparencia que se está tramitando en las Cortes Generales. El proyecto era francamente mejorable y se puso en escena una verdadera pantomima de participación pública respecto del anteproyecto. Pero, aunque la ley salga algo decente –veremos-, falta por ver la actitud de los que la tienen que aplicar, si respetarán o no el principio esencial de todo esto: que debe darse acceso a los documentos oficiales.
    Por otra parte, ya desde un punto de vista jurídico, considero que, cuando lo que se solicita es una información sobre una política determinada y no estrictamente un documento que ya existe, debe alegarse también como fundamento de la solicitud, el Derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de petición. Así hubiera sido más difícil que los tribunales fallaran en contra.
    Insisto, este no es un problema de litigios y de tribunales, sino de actitud democrática, que es lo que diferencia a los políticos de los politicuchos.

  3. robespierre
    robespierre Dice:

    Yo encuentro los razonamientos del TS de lo más inocentes…pobre, dice que es que el Gobierno a quien le tiene que dar esos datos sobre corrupción no es a una ONG, sino al Parlamento que es a quien le corresponde el control del Gobierno. Muy simpático.

Los comentarios están desactivados.