Todo lo que usted siempre siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar sobre…la financiación de los partidos políticos (I)

 

Lo primero que hay que señalar es que en España los partidos políticos se nutren, fundamentalmente, de subvenciones. Es verdad que la Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de los Partidos Políticos  (modificada por L.O. 5/2012, de 22 de octubre) consagra un sistema teóricamente mixto de aportación privada y pública, de forma que los partidos se financian con recursos públicos y privados. Este sistema mixto permite recoger «por una parte, las aportaciones de la ciudadanía y, de otra, los recursos procedentes de los Poderes Públicos en proporción a su representatividad como medio de garantía de la independencia del sistema, pero también de su suficiencia”. En cuanto a las subvenciones percibidas por los partidos políticos, sus importes están determinados por los resultados electorales alcanzados y se otorgan anualmente.

 

De esta forma, y como ya señaló el Informe Greco 2009 (Group of States against Corruption del Consejo de Europa)  de Evaluación sobre Transparencia en la Financiación de Partidos Políticos en España «el actual sistema de financiación beneficia principalmente a los partidos grandes y consolidados, ya que la asignación de los fondos públicos está ligada a una participación ganadora en las elecciones. A este respecto, el EEG desea dirigir la atención de las autoridades españolas hacia la Recomendación 1516 (2001) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre Financiación de Partidos Políticos de acuerdo con la cual las aportaciones financieras del Estado deberían, por una parte, calcularse en proporción al apoyo político que los partidos disfruten, valorado sobre criterios objetivos, tales como el número de votos emitidos y el número de escaños parlamentarios obtenidos, y, por otra parte, permitir la entrada de nuevos partidos en el ruedo político y competir en condiciones razonables con los partidos más consolidados». Dicho informe, del que imaginamos pocos han oído hablar suspende a España en lo  que se refiere a falta de transparencia en la financiación de los partidos políticos, cosa que no sorprenderá a nadie a estas alturas.

 

Pues bien, volviendo a nuestra regulación, el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2007 delimita  los recursos económicos de los partidos políticos.

«Los recursos económicos de los partidos políticos estarán constituidos por:

Uno. Recursos procedentes de la financiación pública:

a) Las subvenciones públicas para gastos electorales, en los términos previstos en la  Ley Orgánica 5/1985 , de Régimen Electoral General y en la legislación reguladora de los procesos electorales de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos.

b) Las subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento, reguladas en la presente Ley.

c) Las subvenciones anuales que las Comunidades Autónomas establezcan para gastos de funcionamiento en el ámbito autonómico correspondiente, así como las otorgadas por los Territorios Históricos vascos y, en su caso, por las Corporaciones Locales.

d) Las subvenciones extraordinarias para realizar campañas de propaganda que puedan establecerse en la Ley Orgánica Reguladora de las Distintas Modalidades de Referéndum.

e) Las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones Locales.

Dos. Recursos procedentes de la financiación privada.

a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados, adheridos y simpatizantes.

b) Los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio, los beneficios procedentes de sus actividades promocionales, y los que puedan obtenerse de los servicios que puedan prestar en relación con sus fines específicos.

c) Las donaciones en dinero o en especie, que perciban en los términos y condiciones previstos en la presente Ley.

d) Los fondos procedentes de los préstamos o créditos que concierten.

e) Las herencias o legados que reciban».

 

Esto es la teoría. Veamos ahora como son las cosas en realidad, que estamos en España a finales del 2012 y ya nos hemos caído del guindo.

 

Pues bien, en la realidad este sistema de financiación mixta está claramente descompensado, pues en el ejercicio 2007 (último del que se dispone de Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas y ya hablaremos también de estos retrasos “inexplicables”) los recursos procedentes de financiación pública supusieron más del 80 % de la financiación de los partidos políticos (281,1 millones de euros de subvenciones frente a 64,8 millones de euros de financiación privada). Ello afecta de forma desigual a los partidos, pues son precisamente el PP (cerca de 95 millones percibidos en subvenciones) y el PSOE (más de 91 millones en subvenciones) quienes acaparan la mayoría de los recursos públicos (el 66 %[1]) por lo que para cada uno de estos partidos la financiación pública supone más de un 80 %.

 

Recordemos que básicamente las subvenciones son para gastos ordinarios de funcionamiento (art. 3 de la L.O 8/2007) y para gastos electorales, reguladas en la Ley Orgánica 5/185 de Régimen Electoral General y en la legislación autonómica sobre la materia

 

Pues bien, las subvenciones para gastos ordinarios de funcionamiento en 2007 (209,4 millones de euros) procedieron:

 

a)  del Estado (68,4 millones de euros en los que se incluyen las subvenciones para gastos de  seguridad). Se otorgan en función del número de escaños y votos obtenidos en las elecciones generales.

b)  de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Con respecto a las autonómicas en 2007 sólo se otorgaron por el Gobierno Vasco en función del número de escaños y votos obtenidos en las elecciones autonómicas. Su importe ascendió a 5,8 millones de euros. El Informe no dice nada del importe de las subvenciones locales para gastos ordinarios.

c)    Subvenciones institucionales (a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y de las Asambleas autonómicas y a los grupos políticos de las corporaciones locales) , ascendieron a 135,2 millones de euros.

Con relación a las subvenciones institucionales locales la Ley de Bases del Régimen Local restringe la dotación económica asignada por el Pleno de la Corporación a los límites que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero la de 2007 (como las anteriores) no dijo nada sobre ese límite

 

Las subvenciones para gastos electorales en 2007 ascendieron a 62,2 millones de euros.

 

La financiación pública de los partidos se complementa con las subvenciones anuales para gastos de seguridad (artículo 3.1 de la L.O). La anterior Ley Orgánica 3/1987, de Financiación de Partidos estableció esta subvención, pensando en el fenómeno terrorista, sin concretar la naturaleza de los gastos que se consideran subvencionables, así como el plazo y la forma de justificación por parte del partido del cumplimiento de la finalidad de la subvención. Posteriormente, el RD 1306/2011, de 26 de septiembre vino a completar esta regulación. Supusieron en 2007 un total de 3,3 millones de euros y su distribución entre los partidos políticos se efectúa en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada uno de ellos en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados. Por ello han percibido subvenciones partidos como la Chunta Aragonesista, Coalición Canaria (estos dos partidos tienen gastos no justificados en este concepto) o Nafarroa Bai.

 

Al margen de los recursos públicos previstos en la Ley Orgánica,en Andalucía y mediante un simple Decreto se concedieron unas subvenciones para explicar la reforma del Estatuto (9,4 millones de euros).  La convocatoria se hizo al amparo del artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones, lo cual es más que sorprendente porque, de una parte, la propia Ley de Subvenciones (art. 4) excluye su aplicación a las subvenciones para gastos ordinarios, electorales e institucionales de los partidos políticos y, de otra, el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2007 enumera a modo de númerus claususlos recursos públicos destinados a los partidos políticos y no prevé otro tipo de subvenciones[2][i].

 

Esto es igualmente aplicable a la subvención de la Comunidad Autónoma de Andalucía que por medio de la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) subvencionó (66.111,38 € al PP y 99.000 € al PSOE), con cargo al presupuesto autonómico, a los grupos políticos en ella representados y a otra subvención percibida de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (11.880 € al PP ), tal y como consta a los folios 144 y 153 del Informe.

 

Por último, las fundaciones vinculadas con las formaciones políticas también perciben subvenciones. La Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 8/2007 establece que las aportaciones que reciban las Fundaciones y Asociaciones vinculadas orgánicamente a partidos políticos con representación en las Cortes Generales estarán sometidas a los mecanismos de fiscalización y control previstos en la citada Ley Orgánica. No existe una norma similar al artículo 3 de la L.O.8/2007 que delimite las aportaciones públicas, pues simplemente se dice que «los recursos que financien la actividad de las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos serán los previstos en la legislación aplicable en cada caso».

 

En 2012 el Ministerio de Asuntos Exteriores han publicado las bases de la convocatoria de las subvenciones, por un importe total de 3,4 millones de euros, a las que sólo pueden las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos (BOE de 28 de septiembre y 10 de octubre), aparte pueden existir subvenciones autonómicas, locales o provinciales.

 

Tal y como se refleja en la web “El BOE nuestro de cada día”, estas mismas ayudas, en 2011, fueron de cinco millones de euros en total. «En ese caso, en el reparto final del pastel se mostró su estrechísima vinculación con la representación parlamentaria. Aunque FAES (vinculada al PP) fue la entidad que se llevó la mayor dotación (2.072.548,55), fue superada por la suma de IDEAS (PSOE) y Fundació Rafael Campalans (PSC). Ambas entidades, vinculadas al partido político que entonces gobernaba, se llevaron 2.306.340 euros (1.961.101,83 para la fundación socialista y 345.238,17 para sus socios catalanes).

 

Les siguen, en cuantía por orden decreciente, la Fundación por la Europa de las Ciudades (vinculada  a IU, 160.699,06 euros), Catdem (CDC, 119.423,71), Fundación Sabino Arana (PNV, 62.540,02), Fundación Progreso y Democracia (UPyD, 62.530,01), Fundació Josep Irla (ERC, 59.558,15), Galiza Sempre (BNG, 43.421,20), Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn (UDC, 39.807,90), Fundació Hous Horitzons (ICV, 37.454,80) y Fundación Canaria Centro de Estudios Canarios siglo XXI (CC, 35.675,60 euros)»

 

Si les ha interesado la primera entrega, no duden en seguir la serie.

 

[1]Folios 19 a 23 del Informe de Fiscalización sobre los estados contables de los Partidos Políticos. Ejercicio 2007.

 

[2]Folio 22 del Informe



[i]

12 comentarios
  1. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    En relación con el tema (y aunque todavía no hemos llegado al asunto de la financiación ilegal vía obras públicas) me gustaría saber cuantos de nuestros lectores creen que CIU se financia efectivamente vía 4% de contratos públicos otorgados a empresas, dinero que se entrega a sus Fundaciones y cuantos creen que es una “maniobra política” o similar para destruir al sr. Mas. Aunque ya sabemos que lamentablemente la corrupción en España no destruye a nadie, y la ligada a la financiación irregular de los partidos políticos como mucho a peones a los que se ha pillado con las manos en la masa (recuerden casos Filesa y Naseiro).

    • Jesús Casas
      Jesús Casas Dice:

      Aquí, uno. ¿Sólo un 4%? Será sin contar las compáñías a las quqe hay que subcontratar obligatoriamente. Cuando el plan de pagos a proveedores hay empresarios a los que he visto al borde de un ataque de nervios entre el concurso de acreedores con ERE extintivo o pagar a una administración autonómica, además de por la adjudicacion en su día, porque sus facturas pendientes entraran en la lista. O alucinados porque un Ministro les había dicho que les adjudica un concurso siempre y cuando contraten una parte a una sociedad de un determinado profesor de una determinada Universidad. Pero es que, llevarlos del Despacho al Juzgado de Guardia a denunciar no es posible, porque, si bien existen normas que les amparan si declaran, la ineficacia del sistema judicial es de tal calibre que no se sienten amparados.  ¿Y los contratos de compra y suministro?¿Y los edificios inútiles y faraónicos? ¿Y las licencias administrativas? Espero que en la segunda parte se consiga que algún ex-directivo de un gran grupo constructor y de servicios (o de un banco, o de una “eléctrico-gaseosa”) cuente la verdad (o sea, hechos, simple y llanamente, sin calificativos). Espero que la segunda parte tenga un link a una tabla Excel donde se sume el expolio, pero incluyendo lo que se quedan las tramas correspondientes. Entiendo que este post está despúes del del cumplimiento de las leyes para que nos animenos a trabajar más y a pagar más impuestos para ver cómo los gobiernos y sus amigos se lo llevan crudo mientras nos dicen que no hay dinero para la protección social mínima…

  2. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    A ver si çálguien sabe cómo (y sobre todo, por qué) la banca financia a los partidos políticos.
    No hablo de darles “préstamos” de esos que luego a saber cuándo se devuelven; hablo de regalarles directamente dinerito.
    ¿Que no?…

  3. robespierre
    robespierre Dice:

    Es alucinante el retraso que lleva el bendito TCu en este tema. Así lo que saca no le interesa a nadie. ¿Es normal este retraso o creeis que está provocado por la politización del Tribunal o simplemente porque funciona de pena, como el resto de las instituciones controladoras de este país?

  4. Noé de Callar
    Noé de Callar Dice:

    Robespierre,

    Y ¿en qué tema no lleva retraso igual o mayor el Tcu? ¿Qué ha fiscalizado el Tcu en su vida? 

    Y qué consecuencias ha habido cuando, tras fiscalizar algo, ha detectado cosas raras…??

    Quizá el Sr. Tarrío podría escribir un post sobre estas cosas….   

            

  5. carmen sanchez
    carmen sanchez Dice:

    Mi enhorabuena a los editores por sacar este tema a la palestra. 

    Quisiera hacer dos comentarios. Primero, habría que exigir que el Tribunal de Cuentas hiciera bien su labor. Sorprende que se les critique tan poco, cuando son quienes pueden actuar contra la financiación ilegal de los partidos. 

    Segundo, puestos a financiar con dinero público a los partidos, habría que hacerlo no únicamente por el número de votos o escaños que obtienen; también debería tenerse en cuenta su número de afiliados, como vía para forzarles a abrirse a la sociedad. Si los partidos son el cauce que ha establecido nuestro sistema político para que los ciudadanos participen en la vida política, esto hay que fomentarlo. Y una vía sería ésta.
    Recomiendo en relación con este asunto el artículo que adjunto:      
    http://www.otraspoliticas.com/politica/los-partidos-y-el-pecado-de-la-fidelidad

  6. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Noé de Callar ¿Por qué el sr. Tarrío? ¿Y exactamente qué Sr. Tarrío?
    Por otra parte, no parece que la cosa vaya a mejorar demasiado con la nueva Ley que aprobaron hace unos meses si hacemos caso de esta noticia:
     http://www.20minutos.es/noticia/1644227/0/financiacion/irregular/partidos/

  7. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    Aunque sobre este asunto prácticamente no puedo aportar nada, quiero dar mi enhorabuena a los editores del blog por abordarlo. ¡Es tan necesario hablar de esto!

    Recuerdo hace ya bastantes años que un juez valenciano descubrió el denominado “caso Naseiro”, con unas grabaciones telefónicas espeluznantes en que se ofrecía adjudicar contratas de limpiezas, basuras y otras a determinada empresa a cambio de una supuesta comisión para el partido… que en realidad era para el bolsillo de los políticos corruptos. Pues bien, todos los partidos hicieron “piña” para que el asunto se sobreseyera, e incluso los medios de comunicación (que entonces eran acólitos de los partidos)  le pusieron sordina. Finalmente el Supremo lo archivó por defectos de forma.

    Todos los grupos políticos tenían miedo de que les salpicase, porque todos han venido financiándose a base de adjudicaciones trucadas.

    Ahora está en la prensa (que ya no es tan servil como antes) la financiación irregular en Cataluña. ¿Actuarán los ciudadanos en consecuencia cuando vayan a votar el domingo, o se dejarán embaucar por el gran trilero? 

  8. Francisco J. Fernández Cabanillas
    Francisco J. Fernández Cabanillas Dice:

    Cada parlamento español (central, autonómico,…) en una “lex-shop” donde cada gran empresa “compra” privilegio (monopolio, oligopolio, etc.) pero se traslada la “caja registradora” del partido mayoritario “vendedor de leyes” a sedes ocultas, alejadas del local comercial de la “lex-shop”.

  9. jose eladio fernandez
    jose eladio fernandez Dice:

    enhorabuena por el post, ya es hora de que hablemos de estas cosas sin que nos llamen demagogos. Richard Vaughan, en una clase de inglés, dijo que lo primero que haría si fuera elegido presidente del Gobierno sería acabar con las subvenciones a los partidos políticos y los sindicatos. Sin ser tan radical, sí es cierto que: 1) los bancos sólo condonan deudas a los partidos políticos y a los equipos de fútbol de primera división; 2) la financiación pública que se explica en el post favorece claramente al bloque PPSOE (un 66% del total); 3) esto provoca la creación de redes clientelares enormes. Para los que dicen que si la financiación fuera exclusivamente privada se generaría más corrupción, que miren el número de casos judiciales en los que los partidos están relacionados. 

  10. Penny
    Penny Dice:

    Aina Gallego, una Doctora en Políticas e investigadora en Stanford, escribe hoy un interesante post en un blog de obligada lectura http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/desahucios-democracia_6_69703040.html

    Copio el último párrafo sobre la necesidad de sangre nueva en los partidos, que me parece particularmente relevante
     
    Si Acemoglu y Robinson están en lo cierto, la falta de inclusividad del sistema político debería preocuparnos puesto que es a la vez síntoma y causa de que existan reglas del juego sesgadas que obstaculizan el crecimiento económico. La cuestión entonces es cómo aumentar la inclusividad. En su blog, han discutido recientemente en qué circunstancias los partidos políticos es más probable que defiendan el interés general. Una teoría señala que la emergencia de movimientos sociales y nuevos partidos externos al sistema político, como el Partido de los Trabajadores en Brasil, aumenta la inclusividad. Puesto que los nuevos actores no pueden repartir recursos del Estado para contentar a sus seguidores, tienen que ofrecer propuestas programáticas atractivas para movilizar. Una vez llegan al poder, estos nuevos actores tienden a mantener la misma estrategia y ofrecer políticas en beneficio de amplios sectores de la población. Desde esta perspectiva, para que aumente la inclusividad del sistema político, es necesario que entre sangre fresca.

    PD: Si leéis el artículo, recordad que los contratos con dación en pago implican tipos hipotecarios mayores

  11. Luisa
    Luisa Dice:

    Una medida que podría contribuir a reducir el problema de la financiación de los partidos políticos es la redifinición de las campañas electorales. La publicidad o propaganda electoral en carteles, vallas publicitarias y cuñas radiofónicas debe prohibirse. Disponiéndose de medios de comunicación públicos, no tiene sentido. Las campañas electorales deben hacerse en los medios de comunicación, mediante cesión de espacios y realización de debates plurales. También puede exigirse a los medios privados la cesión de tiempo a los partidos para exposiciones programáticas.

    En la actualidad las campañas electorales son larguíiiiiiiisimas, insufribles y reiterativas. En ellas los políticos sólo dicen vaguedades, tópicos y lugares comunes. A los mítines sólo van los forofos (o sea, los ya convencidos) y los familiares de los políticos. Además, da vergüenza ajena ver las fotos de los candidatos colgadas de las farolas. ¿Es que no tienen sentido del decoro? Y es, sobre todo, un gasto inútil.

    Racionalícense las campañas y se reducirán considerablemente las necesidades económicas de los partidos, sin merma de la calidad democrática. Incluso ésta última mejoraría, ya que los políticos se verían obligados a exponer sus programas electorales con rigor y consistencia, en lugar de las soflamas, consignas y eslóganes mitineros al uso. 

Los comentarios están desactivados.