Síguenos: FaceBook Twitter LinkedIn RSS Feed RSS Comentarios

Todo lo que usted siempre quiso saber sobre la financiación de los partidos políticos y nunca se atrevió a preguntar (II)

22 noviembre, 2012 | Por Autor: Los editores en Editores | Partidos políticos

Quizá se ha hecho, o se deba usted de hacer preguntas tales como ¿Pero por qué tarda tanto el Tribunal de Cuentas? ¿Ha sancionado alguna vez a algún partido político? ¿Es posible legalmente que los bancos condonen deuda a los partidos políticos? ¿Es verdad que el Tribunal de Cuentas está muy politizado? ¿Va a servir para algo la reforma de la LO de financiación de los partidos políticos que ha sido llevada a cabo hace unos meses? ¿Qué es el “pay to play”? ¿Se ha conocido alguna vez algún escándalo de financiación de los partidos políticos gracias al Tribunal de Cuentas?

 

Interesantes cuestiones. Y tenemos algunas respuestas. El plazo legal para emitir el Informe de Fiscalización por el Tribunal de Cuentas es de seis meses desde la recepción en el Tribunal de la documentación contable que los partidos deben remitir antes del 30 de junio del año siguiente al que aquéllas se refieran  (arts. 14.7 y 16.3 de la L.O.  8/2007). Lamentablemente, los Informes sobre contabilidad de los partidos políticos llevan un notable retraso, que por cierto ha ido aumentando con los años, superando el último Informe aprobado (correspondiente al 2007) los cuatro años, lo que como es obvio dificulta la identificación de vínculos económicos cuestionables y la posible corrupción en el sistema de financiación de partidos. Por cierto que como veremos con estos plazos todas las posibles infracciones estarían prescritas para cuando el Tribunal de Cuentas emite su informe.

 

Para que se hagan una idea de como han ido empeorando los plazos de los informes de fiscalización hemos vean la secuencia temporal:

El Informe correspondiente al año 2000 se aprobó el 26 de febrero de 2003 (20 meses)

El Informe correspondiente al año 2001 se aprobó el 30 de septiembre de 2003 (15 meses)

El Informe correspondiente al año 2002 se aprobó el 27 de octubre de 2005 (27 meses)

El Informe correspondiente al año 2003 se aprobó el 1 de junio de 2006 (35 meses)

El Informe correspondiente a 2004 se aprobó el 27 de junio de 2007 (35 meses)

El Informe correspondiente a 2005 se aprobó el 24 de abril de 2008 (30 meses)

El Informe correspondiente a 2006 se aprobó el 25 de febrero de 2010 (43 meses)

El Informe correspondiente a 2007 se aprobó el 29 de marzo de 2012 (56 meses)

 

Y ya veremos cuando ve la luz el del año 2008, sobre todo si se tiene en cuenta que la financiación de al menos de uno de los grandes partidos parece que fue un poco agitada (es el ejercicio en que salta el escándalo Gurtel).

 

En cuanto al sistema de incentivos para hacer cumplir la Ley cabe preguntarse ¿es que no hay ninguna sanción ni nada parecido? Pues bien, haberlas, haylas, pero no se usan. La Ley Orgánica 8/2007, en su redacción originaria, establece en su artículo 17 la posibilidad de imponer sanciones a los partidos en los siguientes casos:

 

a) Cuando un partido político obtenga donaciones que contravengan las limitaciones y requisitos establecidos en esta Ley, el Tribunal de Cuentas podrá proponer la imposición de una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento de la subvención anual para sus gastos de funcionamiento.

b) En el supuesto de que un partido político no presente, sin causa justificada, las cuentas correspondientes al último ejercicio anual o éstas sean tan deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador, éste podrá proponer que no le sean libradas al infractor las subvenciones anuales para sus gastos de funcionamiento.

 

La modificación introducida por LO 5/2012 de 27 de octubre ha añadido un tercer supuesto de infracción muy grave:

c) Sin perjuicio de lo establecido en el art. 134 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, cuando el Tribunal de Cuentas advierta, en el ejercicio de su función, que los partidos políticos han superado los límites de gastos electorales previstos en dicha ley, impondrá una sanción equivalente al exceso producido.

 

Es interesante destacar que para estas sanciones (que como decimos no se han aplicado nunca a los grandes partidos) no se estableció originariamente un plazo de prescripción. Sin embargo, la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre sí que lo ha establecido, en concreto un plazo de 4 años de prescripción a contar desde la comisión de la infracción (artículo 17.3). Pues bien, con los plazos que hemos visto que maneja actualmente el Tribunal de Cuentas todas las infracciones estarán prescritas para cuando llegue –si es que llega- a detectarlas. Y otra cuestión: si son tan lentos ¿Por qué no se ha previsto ninguna fórmula para interrumpir esta prescripción?

 

Es decir, la reforma de 2012, pese a que se vendió convenientemente en los medios de comunicación como una medida de regeneración del sistema de partidos políticos en lo referente a a su financiación se queda muy corta. De hecho, no se han tenido en cuenta importantes recomendaciones del informe GRECO, tales como la de introducir sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para las  infracciones, en especial, mediante la ampliación del rango de sanciones disponibles y el aumento del ámbito de la estipulación de sanciones para poder implicar a todas las personas/entidades (incluyendo a los donantes individuales) a los que la Ley Orgánica 8/2007 impone obligaciones en relación con la financiación de los partidos.

 

¿Y qué pasa con las condonaciones de deuda por entidades de crédito? Pues lo primero que hay que saber es que la propia Ley las permite pero que, desde la última modificación de este año, ya no pueden sobrepasar los 100.000 € anuales (art. 4 “in fine”) para cuyo cálculo se tendrán en cuenta tanto las condiciones del principal de la deuda como de los intereses pactados. Con anterioridad no existía esta limitación.

 

Es este un tema especialmente grave, porque el citado Informe Greco 2009 ya advirtió sobre la necesidad de adoptar las medidas oportunas para garantizar que los préstamos concedidos a los partidos políticos no se utilicen para burlar las disposiciones sobre financiación, evitando que los partidos sean especialmente vulnerables ante los bancos. No ha sido este el caso precisamente de los partidos políticos españoles si atendemos a las varias noticias que nos hablan de condonaciones millonarias y al propio informe del TCu. Es más, las condonaciones millonarias de deudas de los partidos han sido la norma general,  al menos a partidos mayoritarios y con capacidad de gobernar o de influir en la regulación, Aquí pueden firmar también una petición de información al respecto identificando partidos y bancos o cajas “condonantes”. Y aquí tienen más datos sobre el importe de las deudas perdonadas, realmente son cantidades muy, muy considerables.

 

Y ¿Qué pasa con “el pay to play” o cambio de dinero por favores? ¿Qué pasa con las donaciones de empresas que tienen relaciones contractuales con las Administraciones Públicas? ¿Y  con las donaciones a las fundaciones de los partidos políticos? ¿Asumen las Fundaciones obligaciones de pago de los partidos políticos?

 

Pues bien, según la Ley, los partidos políticos no pueden recibir donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, sean contratistas de la Administración (art. 4.2c de la L.O). El Informe Greco 2009 puso de relieve esta circunstancia, señalando que la previsión normativa era insuficiente dado que la ley no estipula nada en lo  relativo a “periodos de protección/negociación” una vez la entidad privada ha concluido el contrato público mediante el cual el riesgo de canalizar el dinero interesado hacia un determinado partido político es también alto (en especial, hacia el que decidió el procedimiento de compra que concedió el contrato a esa empresa en particular). Porque ya sabemos que de bien nacidos es ser agradecidos.

 

El informe Greco entiende también que estos asuntos adquieren relevancia en relación a las posibles empresas que pujan en contratos públicos. Como dice el informe “sin duda alguna, estos temas son inquietantes y tendrán que ser revisados cuidadosamente por las autoridades de acuerdo con la experiencia obtenida una vez puesta en práctica la correspondiente ley”. Pues no, esto no ha pasado, la Ley no se ha modificado en este punto. Y parece que en España lo del “pay to play” o dinero a cambio de favores funciona como un tiro.

 

Por si fuera poco, tampoco rige para las Fundaciones de los partidos políticos la prohibición de recibir donaciones de empresas contratistas con la Administración, lo cual fue criticado por el Informe GRECO 2009 («las aportaciones de contratistas a los partidos políticos pueden canalizarse más bien a través de asociaciones o fundaciones políticas que están exentas de las restricciones “pay-to-play”) Y nos preguntamos ¿Tendrá eso algo que ver con el 4% y las Fundaciones de CIU? ¿Por qué no se ha modificado la Ley tampoco en este punto?

 

Y respecto a las subvenciones públicas que tan generosamente reciben ¿cómo se controlan por el Tribunal?  Pues el caso es que nunca se han fiscalizado esas subvenciones, siendo como son “de alto riesgo”. En el punto 75 del Informe GRECO se habla sobre este tema: no están obligadas a presentar cuentas al TCu, sólo son fiscalizadas respecto de sus ingresos, no respecto de los gastos (y a la posibilidad de asumir obligaciones de los partidos), etc, etc. No se ha hecho nada para remediar esta situación.

 

Pero no seremos tan osados de seguir por este camino, y arriesgarnos a ser objeto de las iras de líderes políticos en plena en campaña electoral. Más sencillamente podemos hacernos otras preguntas más generales y menos comprometidas tales como  ¿Ha destapado alguna vez algún escándalo de financiación irregular de partidos políticos el Tribunal de Cuentas? Pues lamentablemente, no. ¿Cómo se nombra a los Consejeros del Tribunal de Cuentas? Pues por el Parlamento, con el habitual sistema de “reparto” de cuotas por partidos. ¿Tendrá algo que ver una cosa con la otra? Pues juzguen ustedes mismos.

Puede recibir notificaciones de nuevos comentarios a esta entrada a través de RSS 2.0 No se permite comentar ni hacer pinga.

8 Respuestas

  • robespierre says:

    Realmente muy interesante. Pongo plazos de prescripción para infracciones por LO 5/2012 pero me aseguro de que para cuando se examinen las cuentas ya esté todo prescrito. Paso de las recomendaciones del Greco, que total, son una panda que no se sabe muy bien quienes son, ni por qué dicen estas cosas. Y al final, si todo falla y hay algún juez valiente, cojo e indulto a los culpables. ¿A quien le puede extrañar entonces lo que está pasando con CIU, Gurtel, Bancos, C ajas, empresas, 4%, condonaciones millonarias, etc, etc? El sistema está podrido hasta la raíz.

  • Quasimontoro says:

    La relación entre poder y riqueza siempre ha sido materia de gran interés. En su análisis el tema específico de la financiación de los partidos políticos en las democracias constitucionales es secundario porque el acceso al poder condiciona fuertemente el acceso a la riqueza por parte de aquellos que en algún momento de su vida se dieron cuenta que su esfuerzo personal como productor de riqueza nunca les daría ni el poder ni la riqueza que ambicionaban. La pregunta importante siempre es qué se está dispuesto a sacrificar para apropiarse del poder estatal –el premio es grande, muy grande y el que lo gane además puede aumentarlo a su gusto, pero la lucha por conseguirlo y defenderlo también es grande por el número de competidores. Esta es precisamente la pregunta que muchos españoles se hacen hoy respecto de la Presidente de Argentina, pero que es válida para todos los titulares del poder y sus competidores en las democracias constitucionales.   

    Recién leí un par de artículos que me confirman esa íntima relación entre poder y riqueza. Uno es el último post de Luis Garicano en NeG

    http://www.fedeablogs.net/economia/?p=26360

    donde –después de 4 años de crisis financiera– Luis denuncia lo que otros hemos estado denunciando por más de 30 años en cada crisis financiera. Pero Luis sigue sin centrarse en que todo ese saqueo es posible por el poder estatal (su ejemplo inicial está mal planteado porque no denuncia que los bancos pueden esconder sus pérdidas gracias a que los gobiernos los autorizan, no por una conspiración espontánea de los bancos). Como tantos otros economistas, Luis ha estado rogando que algún gobierno u organismo internacional rescate a los deudores pero sabe que ese rescate dará más poder a personas ineptas y corruptas y por tanto clama que los economistas puedan gestionar el rescate. El daño que los economistas han hecho y siguen haciendo con sus pedidos de rescate es enorme. 

    El otro ejemplo lo leo en elmundo.es

    http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/21/economia/1353538310.html

    y me pregunto cuánto uno pagaría por apropiarse de una silla en ese comité de privilegiados que deben decidir cómo gastar 1.000.000.000.000 de euros. Si  hemos creado un monstruo con el poder para decidir sobre cómo gastar esa pequeña parte de los impuestos pagados por los europeos, no debemos extrañarnos de que el precio que muchos políticos están dispuestos a pagar por una silla en ese comité sea alto y mucho más cuando sabe que algún subsidio financiará parte de ese precio (por ejemplo, en la medida en que se descuentan de las rentas imponibles, las donaciones a los políticos son subsidios). 

  • Labeón says:

    Estaría dispuesto a aceptar que los dos trabajos de los editores sobre este tema son excelentes y valerosos. Sin embargo, conociendo como conozco el peligroso perfil “ácrata-liberal-tecnócrata-facha” (presuntamente, para que no haya querella) de los editores, lo que sospecho es una maniobra peligrosa y me gustaría saber que opina LILI al respecto. A ver, ¿el artículo 6 CE no consagra los partidos políticos como la clave de bóveda de nuestro sistema democrático? Entonces, por qué hablar tanto de partitocracia y de corrupción. El problema es que el Estado tendría que pagar mucho más a los políticos y a los partidos, sindicatos (no sé si a la patronal, pero bueno, incluyámosla) y demás asociaciones de utilidad pública. ¿Cómo va a ser que no puedan dar dinero a los partidos las empresas cuyas cuentas dependen del presupuesto público o son de un sector regulado? Pues estaría bueno: si te dan una concesión, una autorización o cualquier otro permiso administrativo lo que tienes que hacer es ser agradecido. Es por esa cicatería del Estado que los partidos pueden verse (en contadas ocasiones) obligados a crear algunas fundaciones o sociedades o a manejar cuentas en el exterior. Lo que pasa es que los partidos pequeños quieren su parte del pastel. Si tuvieran buenas subvenciones y medios facilitados por el presupuesto no tendrían que ser más imaginativos. Por tanto, mi propuesta es clara: auméntense las subvenciones a los partidos y así no tendrán que pasar por el arduo y doloroso trámite de mendigar donaciones.

  • Dios mío, Labeón, nos has desenmascarado. Pero te equivocas, te lo permito todo menos lo de tecnócrata. Ahora mismo voy a preparar la querella :-)

    En serio, me parece que tiene que haber otras alternativas a la de subvencionar millonariamente a los partidos y la de aceptar todo tipo de donaciones dudosas, entre otras que los afiliados satisfagan una mayor parte, como quizá debería ocurrir con los sindicatos.

    Sin duda, ambas instituciones cumplen un papel fundamental en nuestra democracia, pero no deben ser el único poder: deben ser también fiscalizados y contrapesados. Y la sensación es que ahora no es así, o por lo menos es la que como “acrata liberal, etc” tengo 

  • Yo estoy con Nacho Gomá, y bastante impactada por los datos que nos han hecho llegar. Comparto con Robespierre la sensación de que, de nuevo, estamos ante normas de maquillaje donde parece que se van a hacer cosas que luego no se hacen o más directamente, que no interesa que se hagan. No tenía ni idea por ejemplo de que había una miriada de subvenciones repartidas en todos los niveles territoriales, y que, como suele suceder, cuanto más territoriales más opacas. Tampoco sabía que el informe Greco era muy clarito en cuanto a las recomendaciones a seguir para eliminar o al menos reducir las posibilidades de corrupción vía financiación de los partidos. Y por último, sinceramente lo de que se indulten sistemáticamente a los culpables de financiación irregular de los partidos cuando ya no queda otra (porque ha actuado la Administración de Justicia) tiene muy mala pinta. En cuanto a la transparencia, pues que decir, cuando nos enteramos ahora de las cuentas del año 2007 y necesitamos una especie de “guiaburros” para entender el informe del TCu. Y aunque fuera clarísimo no serviría para nada. En fin, creo que esta serie nos permite entender bastantes cosas como bien dice el post que si no serían incomprensibles.

  • Mesalina says:

    Esta claro que el sistema politico actual es tremendamente costoso para los ciudadanos, que escapa a todos los controles y que es lo último en lo que se piensa a la hora de reducir costes. Tambien esta claro porque se da esta situación, son los propios políticos los que dictan las leyes que amparan el despilfarro de los partidos, los que forman parte de los organos de gobierno de las instituciones que supuestamente los controlan, como es el caso del Tribunal de Cuentas, y de los únicos que depende que la situación pueda cambiar. Estamos atrapados en un sistema mas cercano a la mafia siciliana que a un Estado democrático de derecho. Ya no existe la división de poderes, el partido que gobierna controla todas las instituciones del Estado, o de las autonomias, instituciones sobredimensionadas e improductivas que funcionan fundamentalmente como agencias de colocacion de personas con carnet. Y luego estamos el resto de ciudadanos, en una situacion de absoluta indefensión, sufriendo las perdidas millonarias que se derivan de las torpes decisiones de los incompetentes que acceden al poder, cuyo único mérito es pertenecer o tener contactos políticos, que gozan de total impunidad y libertad y que en cualquier caso se retiran con asignaciones económicas que ya quisieramos la mayoria de nosotros. Y esto se supone que es democratico, elegir a unos cuantos y tener que asumir imperativamente a todos los demas que te quieran colocar. En fin, creo que mientras no cambie nuestro sistema político no hay nada que hacer, pero ¿quien va a luchar por un sistema de listas abiertas? los que estan ahora en el parlamento esta claro que no, la mayoría se quedaría sin trabajo.

  • Quasimontoro says:

     
    La política es interacción social en la búsqueda y el goce de poder, de igual manera que la economía es interacción social en la búsqueda y el goce de riqueza. En su versión más común, la política se limita al ámbito del gobierno de una sociedad y a la búsqueda y el goce de todo el poder que un gobierno puede intentar ejercer. Así, en una democracia constitucional, la política es interacción social en la búsqueda y el goce del poder legítimo del estado. 
     
    ¿Cómo se regula la búsqueda de poder legítimo en una democracia constitucional? En principio permitiendo la libre competencia entre personas naturales y jurídicas pero limitada por el hecho de que ese poder legítimo está siempre ejercido por titulares (los vacíos de poder generan pánico), aunque en principio estos titulares tienen fecha de vencimiento. En otras interacciones sociales también existen titulares que ejercen poder, pero la gran diferencia de la política es que el poder de los titulares incluye el uso legítimo de la fuerza, lo que históricamente ha implicado que los titulares no tuvieran fecha de vencimiento. Una novedad de las democracias constitucionales es que los titulares vienen con fecha de vencimiento y en principio dejan de ser titulares una vez cumplido el plazo fatal. Pero la tentación de amarrarse al poder –como Ulises al mástil pero con la motivación opuesta– lleva a que los titulares traten por todos los medios de limitar la competencia mucho antes de cumplirse su plazo fatal, y si llega sin haber podido evitar el vencimiento entonces esa tentación se manifiesta en una noche de locura donde el poder se abusa aprovechando el privilegio de la impunidad. 
     
    ¿Puede haber una competencia honesta por el poder cuando uno de los competidores es titular del premio? Como siempre primero hay un problema de relación entre beneficios y costos de apropiarse del poder que luego se pretende subordinar a (o ¿debo decir disfrazar con?) principios . En política esta relación es clarísima –el beneficio es tan grande que justifica cualquier costo y mucho más si uno puede forzar a otros a que asuman buena parte el costo de esa apropiación. En realidad, esa relación es tal que, a pesar de sus limitados logros, el constitucionalismo moderno ha sido un gran avance respecto de las dictaduras que la humanidad ha conocido. Los intentos de reducir el beneficio siguen sin tener mayor éxito y por el contrario los titulares no han tenido mayor problema en aprovechar su posición para ganar la competencia. El límite a los  abusos de poder por los titulares está dado por su propia estupidez –su ambición “sin límite“ los impulsa a ignorar las luces rojas– pero es un límite muy costoso para la sociedad. 
     
    En ese contexto, los otros competidores difícilmente puedan movilizar recursos para participar en la competencia con alguna probabilidad de ganar. ¿Cómo se supera esta situación? Si aceptamos que nuevos avances constitucionales para limitar y dividir efectiva y eficazmente el poder serán lentos y por tanto el premio de la política seguirá siendo inmensamente grande, la mejor opción parece ser que el titular compita contra sí mismo, esto es, un referéndum sobre su continuidad en el cargo. Por ejemplo, si se limita un presidente a gobernar no más de dos periodos de 4 años sería mejor que al término de sus primeros 4 años haya un referéndum y si lo pierde haya una rápida transición de tres meses para elegir nuevo gobierno sin participación alguna del titular rechazado. Por supuesto, la noche misma en que perdió el referéndum tendría que perder su inmunidad y cualquier acto ilícito durante la transición tendría que penarse doblemente por el agravante de su situación. Confiemos en que algún día el premio se pueda reducir drásticamente y que los titulares no tengan privilegio alguno (por el contrario, que la titularidad sea un agravante fuerte del castigo por cualquier ilícito), pero mientras tanto hay que hacerles la vida difícil y la experiencia indica que un referéndum aumenta el costo de intentar seguir otros cuatro años.
     
    Nota: los titulares a que se hace referencia son todas las personas elegidas por votación popular que ocupan legítimamente sus cargos en el Ejecutivo y el Legislativo.  

  • Sitogr says:

    Valiente e interesante artículo de investigación. Mejor nos iría en este país si hubiera muchos más de estos de conocimiento generalizado. Gracias.