Otra vez sobre la ahora ya aprobada Ley 10/2012 que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.
Hace pocos días compartí mesa y mantel con algunos eminentes juristas que participan en las actividades del Foro de la Sociedad Civily la opinión sobre la situación de la Justicia en España era unánime. Resulta descorazonador para quienes aún creemos algo en aquello de la “constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” que según pasan los años en vez de mejorar, se va a peor y que cada reforma que se acomete o bien esta abocada desde un principio a ser inefectiva o, directamente, tiende –por activa o por pasiva- a restringir los derechos de los más vulnerables a padecer injusticias.
Ahora, tras aceptar que la justicia está colapsada, en vez de acudir a instrumentos o soluciones que satisfagan esa demanda de justicia, se decide abordar el problema recurriendo a mecanismos –basados exclusivamente en criterios economicistas- tendentes a reducirla introduciendo dificultades en su acceso. Al fin y al cabo, como señala con frialdad la exposición de motivos, “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes”. En definitiva, el que quiera justicia que la pague, tal y cómo diría un castizo.
La reciente aprobación por las Cortes General de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE de 21 de noviembre), que reinstaura para las personas físicas las tasas judiciales en la mayoría de las instancias judiciales, supone echar un bidón de gasolina al incendio ya descontrolado que asola la Administración de la Justicia en España y disminuye aún más la, cada vez más insólita posibilidad, de que el ciudadano de a pie pueda alcanzar una tutela judicial efectiva de sus derechos. Se trata de un elemento añadido que contribuye a menoscabar lo que constituye uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, según dice el artículo 1.1. de nuestra Constitución.
Resulta además paradójico que instituciones cuyo encaje constitucional se encuentra en el Capítulo III del Título I de la Constitución, dedicado a los principios rectores de la política social y económica (algunos tan importantes como la universalización de la asistencia sanitaria o las prestaciones no contributivas dela Seguridad Social, pero otros menos vitales como el derecho del acceso a la cultura por los ciudadanos), resulten un pozo sin fondo para los recursos públicos a base subsidios y subvenciones y, sin embargo, la financiación de la actividad administrativa para garantizar el cumplimiento de un derecho calificado como fundamental deba ser cofinanciada por los usuarios a través de unas tasas que, en algunos casos, resultan desproporcionadas.
El agravante de la imposición de la tasa para las personas físicas o de su incremento para las personas jurídicas viene a unirse a otros problemas seculares como es la interminable duración de los procesos judiciales -extendido ya a todos los órdenes jurisdiccionales y a casi todas las instancias-, la cada vez más deficiente calidad de muchas resoluciones judiciales o el problema de la politización de determinadas instancias judiciales y del propio CGPJ. Si se me permite la comparación, ¿alguien aceptaría como una medida válida para resolver los problemas de transporte la propuesta de establecer un peaje para poder transitar por una carretera sin señalización y llena de baches pero que, además, es la única vía para poder llegar de un sitio a otro?.
El ansia de justicia por parte del hombre es un impulso primario y si las estructuras del Estado se vuelven ineficaces en su consecución, terminarán siendo sustituidas en la sociedad por otros medios. Algunos de estos instrumentos pueden ser impulsados y controlados por el propio Estado, así, podemos prever a medio plazo un considerable incremento del recurso a la mediación y al arbitraje privados que, a la vista de los costes introducidos ahora para la justicia ordinaria pueden llegar a ser más competitivos si se atiende a un cálculo global de coste/beneficio.
Sin embargo, la inaccesibilidad para muchos de conseguir la tutela efectiva de sus derechos puede también afectar a la propia legitimidad de las instituciones oficiales, favoreciendo la aparición de sistemas marginales de resolución de conflictos basados en el uso de la fuerza y que, la historia nos lo ha mostrado muchas veces, pueden terminar consolidando estructuras paralelas de poder que escapan al ámbito de actuación del Estado pero resultan ser aceptadas por una parte de la sociedad (mafia siciliana, triadas chinas, yakuza japonesa, etc).
Es cierto que este parche que supone la reforma incrementará de alguna manera los ingresos fiscales; es posible también que reduzca en algo el número de determinado tipo de litigios y, finalmente, es probable que contribuya a aumentar el volumen de negocio en el sector de la mediación y del arbitraje. Sin embargo es muy dudoso que esta reforma sea positiva para la percepción entre la ciudadanía de que tenemos una sistema judicial fiable y para la consecución final de un ideal de justicia en nuestro país. Eso solo podrá conseguirse si se abordan con valentía los auténticos retos que tiene nuestro sistema: resolver la fragmentación de la administración de justicia ahora repartida entre diecinueve administraciones distintas, abordar la revolución tecnológica pendiente, incrementar sustancialmente el número de magistrados, jueces y secretarios judiciales y, por supuesto, reforzar su independencia respecto del poder, tanto político como económico.
Abogado. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece, por oposición al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, y a la Escala de Letrados de la Xunta de Galicia. Ha participado como autor o coautor en más de una treintena de publicaciones jurídicas entre monografías, artículos y obras colectivas. Desde el año 2005 es Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
El que se diga que el derecho a la tutela judicial efectiva no es el derecho a una justicia gratuita es un falacia de libro. Lo indignante es que se atrevan a usar un argumento falaz sin que se les caiga la cara de vergüenza. Esta claro que nada es gratis y la justicia no es ninguna excepción, hasta el más memo lo sabe. La discusión es como se debe financiar lo que es por su naturaleza un bien público. La tutela no es sólo un derecho individual sino que los tribunales ejercen su labor jurisdiccional para aplicar e interpretar las leyes en beneficio de la sociedad. La tasa en definición de la LGT es: “Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.” La generalización de las tasas, como precio de acceso a la tutela judicial, representa un concepción de utilitarista de la justicia, como una defensa de las exclusivas pretensiones de las partes, pero la justicia trasciende de esa visión miope. Por ejemplo cuando se combate una actuación realizada por la Administración en desviación de poder no se trata sólo de sanar un acto concreto sino de corregir a la Administración en su quehacer, que en muchas ocasiones se resiste incluso a las sentencias de los tribunales. Para evitar la no exclusión y no rivalidad que caracteriza a los bienes públicos puros, es necesario que se trate de una financiación vía impuestos y no tasa. Existen otros mecanismos para evitar el abuso del uso, y recurrir a las tasa es una posición ideológica que premia una determinada concepción del mundo donde no importa aplicar el principio de exclusión por la capacidad económica. (por cierto considerar que por un mínimo exento de unos 16.000 €/año se introduce un ajuste a la capacidad económica es una broma).
Creo que lo que ha sucedido realmente con la Ley de tasas judiciales obedece a la patente falta de diálogo del Ministerio de Justicia con los sectores implicados. Siendo una opción del legislador el establecimiento de tasas (que ya existían) y su reforma (generalización, etcétera), lo que es evidente es que si el anteproyecto de ley se hubiera discutido con los sectores interesados (el Partido Popular prometió someter a consulta todos sus proyectos legislativos) y hubiera tenido voluntad política de diálogo sincero, el resultado podría haber sido distinto. A lo mejor, la ley hubiera tomado otros derroteros y no la contestación global que está teniendo.
El oscurantismo reinante en el Ministerio puede comprobarse visitando su página web. A fecha de hoy, si se accede al apartado “Actividad Legislativa” no aparece ningún documento en alguna de sus secciones (proyectos de ley, normas aprobadas, etc). Si aparecen, habitualmente y con buen formato, fotos del Señor Ministro en distintos eventos, muchos de ellos irelevantes.
Por mi parte, he conseguido que se introduzca una enmienda que considero importante. Pero he tenido que intentarlo sin recurrir al Ministerio, pues en dicho caso, estoy seguro de que el asunto habría terminado en la papelera ministerial que estoy seguro que tienen reservada para las iniciativas ciudadanas.
El Consejo de Estado, en su Dictamen nº 774/2012, de 19 de julio de 2012, sobre el “Anteproyecto de ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, del Registro Civil y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses”, acogió mi tesis expuesta en el artículo “Silencio administrativo y tasa judicial”. Diario La Ley, nº 7899, 11 de julio de 2012[1]. Expone el Consejo:
“Por último, sería oportuno también valorar la posibilidad de añadir algún supuesto más de exención objetiva (no existente en la actualidad ni previsto en el anteproyecto). Dado que, con toda lógica en virtud del interés público que representan las Administraciones Públicas, el anteproyecto contempla una exención subjetiva general en favor de estas (artículo 4.2.c), podría ponderarse la conveniencia de añadir exenciones ligadas al cumplimiento -o, mejor dicho, a la falta de este- de las obligaciones de la Administración. Así, en relación con la interposición de recursos contencioso- administrativos, cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo. Los ciudadanos no deben sufrir un menoscabo patrimonial por el hecho de que la Administración no cumpla con su elemental obligación de resolver y notificar en plazo”.
Previamente remití estas observaciones al Consejo General de la Abogacía Española, para que las incluyera entre sus observaciones al anteproyecto. Así lo hizo en sus observaciones al Consejo de Estado.
En la enmienda nº 143 (enmiendas al articulado presentadas en el Congreso de los Diputados) del Grupo Parlamentario Popular se contempla la exención en “la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración”, con la justificación de que “los ciudadanos no sufran un menoscabo patrimonial por el hecho de que la Administración no cumpla con su elemental obligación de resolver y notificar en plazo o actuar cuando así lo prevé el ordenamiento jurídico”. Finalmente la referida exención es recogida por el artículo 4.1 f) de la Ley 10/2012.
No es ocioso recordar al Ministro de Justicia lo que consta en los documentos programáticos de su partido. En el Programa del Partido Popular de las pasadas elecciones se dedica un apartado importante a la Transparencia, en el que se indica que “ampliaremos los mecanismos de participación de la sociedad en la elaboración de disposiciones normativas legales y reglamentarias, así como en la definición de las políticas públicas”. Y en la ponencia política del pasado Congreso del Partido (Sevilla, 18 y 19 de febrero de 2012), en el apartado relativo a la “regeneración democrática” se habla de “ciudadanos colaboradores”, “informados y participativos”; del Gobierno abierto y de la participación de los ciudadanos “más allá del mero ejercicio del derecho de sufragio”.
Se dice que el PP quiere “que los ciudadanos puedan participar en los procesos de gestión pública… aportar ideas, prácticas, experiencias, iniciativas y necesidades de manera recíproca. Para ello, el PP apuesta especialmente porque las leyes, decretos, planes, medidas o decisiones importantes que toman los gobiernos sean debatidas y valoradas antes de su aprobación, con las opiniones de los ciudadanos”. Se pretende incorporar el concepto de “co-creación”, de “co-elaboración”.
Me temo, no obstante, que la tónica general de la actuación del Ministerio de Justicia en lo sucesivo y en lo relativo a la reforma de la Justicia, va a ir por el mismo camino que la ley de tasas judiciales.
[1] Esta tesis la defendí anteriormente en mi artículo: “La tasa sobre la tutela judicial efectiva”. Nueva Fiscalidad, nº 11, diciembre 2003.
Creo que lo que ha sucedido realmente con la Ley de tasas judiciales obedece a la patente falta de diálogo del Ministerio de Justicia con los sectores implicados. Siendo una opción del legislador el establecimiento de tasas (que ya existían) y su reforma (generalización, etcétera), lo que es evidente es que si el anteproyecto de ley se hubiera discutido con los sectores interesados (el Partido Popular prometió someter a consulta todos sus proyectos legislativos) y hubiera tenido voluntad política de diálogo sincero, el resultado podría haber sido distinto. A lo mejor, la ley hubiera tomado otros derroteros y no la contestación global que está teniendo.
El oscurantismo reinante en el Ministerio puede comprobarse visitando su página web. A fecha de hoy, si se accede al apartado “Actividad Legislativa” no aparece ningún documento en alguna de sus secciones (proyectos de ley, normas aprobadas, etc). Si aparecen, habitualmente y con buen formato, fotos del Señor Ministro en distintos eventos, muchos de ellos irelevantes.
Por mi parte, he conseguido que se introduzca una enmienda que considero importante. Pero he tenido que intentarlo sin recurrir al Ministerio, pues en dicho caso, estoy seguro de que el asunto habría terminado en la papelera ministerial que estoy seguro que tienen reservada para las iniciativas ciudadanas.
El Consejo de Estado, en su Dictamen nº 774/2012, de 19 de julio de 2012, sobre el “Anteproyecto de ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, del Registro Civil y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses”, acogió mi tesis expuesta en el artículo “Silencio administrativo y tasa judicial”. Diario La Ley, nº 7899, 11 de julio de 2012[1]. Expone el Consejo:
“Por último, sería oportuno también valorar la posibilidad de añadir algún supuesto más de exención objetiva (no existente en la actualidad ni previsto en el anteproyecto). Dado que, con toda lógica en virtud del interés público que representan las Administraciones Públicas, el anteproyecto contempla una exención subjetiva general en favor de estas (artículo 4.2.c), podría ponderarse la conveniencia de añadir exenciones ligadas al cumplimiento -o, mejor dicho, a la falta de este- de las obligaciones de la Administración. Así, en relación con la interposición de recursos contencioso- administrativos, cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo. Los ciudadanos no deben sufrir un menoscabo patrimonial por el hecho de que la Administración no cumpla con su elemental obligación de resolver y notificar en plazo”.
Previamente remití estas observaciones al Consejo General de la Abogacía Española, para que las incluyera entre sus observaciones al anteproyecto. Así lo hizo en sus observaciones al Consejo de Estado.
En la enmienda nº 143 (enmiendas al articulado presentadas en el Congreso de los Diputados) del Grupo Parlamentario Popular se contempla la exención en “la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración”, con la justificación de que “los ciudadanos no sufran un menoscabo patrimonial por el hecho de que la Administración no cumpla con su elemental obligación de resolver y notificar en plazo o actuar cuando así lo prevé el ordenamiento jurídico”. Finalmente la referida exención es recogida por el artículo 4.1 f) de la Ley 10/2012.
No es ocioso recordar al Ministro de Justicia lo que consta en los documentos programáticos de su partido. En el Programa del Partido Popular de las pasadas elecciones se dedica un apartado importante a la Transparencia, en el que se indica que “ampliaremos los mecanismos de participación de la sociedad en la elaboración de disposiciones normativas legales y reglamentarias, así como en la definición de las políticas públicas”. Y en la ponencia política del pasado Congreso del Partido (Sevilla, 18 y 19 de febrero de 2012), en el apartado relativo a la “regeneración democrática” se habla de “ciudadanos colaboradores”, “informados y participativos”; del Gobierno abierto y de la participación de los ciudadanos “más allá del mero ejercicio del derecho de sufragio”.
Se dice que el PP quiere “que los ciudadanos puedan participar en los procesos de gestión pública… aportar ideas, prácticas, experiencias, iniciativas y necesidades de manera recíproca. Para ello, el PP apuesta especialmente porque las leyes, decretos, planes, medidas o decisiones importantes que toman los gobiernos sean debatidas y valoradas antes de su aprobación, con las opiniones de los ciudadanos”. Se pretende incorporar el concepto de “co-creación”, de “co-elaboración”.
Me temo, no obstante, que la tónica general de la actuación del Ministerio de Justicia en lo sucesivo y en lo relativo a la reforma de la Justicia, va a ir por el mismo camino que la ley de tasas judiciales.
[1] Esta tesis la defendí anteriormente en mi artículo: “La tasa sobre la tutela judicial efectiva”. Nueva Fiscalidad, nº 11, diciembre 2003.
Por lo pronto, la Ley de Tasas Judiciales va a incrementar el trabajo jurisdiccional, pues se plantearán múltiples problemas interpretativos y aplicativos, como la compatibilidad o no entre la tasa judicial y el depósito para recurrir establecido en algunas leyes procesales (¿No son ambos una tasa y por tanto se infringe el “non bis in idem”?).
Esto provocará recursos de reposición ante el secretario judicial y de revisión ante el juez o tribunal, con lo cual unos y otros estarán resolviendo temas tributarios (para los que, salvo algunos jueces de lo cont-advo) no tienen especialización.
Así que, en vez de desahogar de trabajo a los tribunales, las tasas van a incrementarlo, y encima para resolver cuestiones formales o procedimentales (no de fondo).
Otro tanto pasará con la cuantía del procedimiento para determinar el “quantum” de la tasa a abonar. Si bien en principio la cuantía es el importe reclamado, en el caso de prestaciones declarativas o de carácter periódico será complejo determinar la parte variable de la tasa (o bien concluir que la cuantía es indeterminada). Así que esto dará lugar a más recursos y contrarrecursos.
¿No habría sido más sensato fijar una tasa genérica (y moderada) en función del procedimiento o clase de asunto, y no en función de la cuantía? (Aparte de la inconstitucionalidad de esto último, pues una persona con pocos recursos económicos puede tener que reclamar mucho dinero: imaginemos un accidente de tráfico o laboral en que alguien queda tetrapléjico.)
La Ley de Tasas es mala de solemnidad. Nadie en su sano juicio se opone a que se establezcan unas tasas sensatas que no conculquen la tutela judicial pero reconduzcan la litigiosidad a términos razonables (acabando con el espectáculo de las “empresas quitamultas”, ésas de
“Pague 50 euros al año y le recurrimos todas sus multas de tráfico”, etc). Pero es que la Ley de Tasas es un reguero de defectos técnicos.
Lo que se podía haber hecho bien, se ha hecho rematada y chapuceramente mal.
Disculpe, Luisa, suscribo su post, pero permítame que le aclare lo del ejemplo de las empresa “recurremultas”. No se deje usted engañar por este argumento falso usado y repetido por el Ministerio. Y por el Sr. Ministro, que lo utilizó en el debate parlamentario, llegando incluso a leer un anuncio de estas empresas, lo que provicó el asombro y el escándalo de los abogados allí presentes. Esas empresas recurren multas a ese precio del 50€ EN VÍA ADMINISTRATIVA, no en vía judicial. También lo hacen, gratis, algunas aseguradoras; y también solo en vía administrativa.
Que las empresas recurremultas llevan también multas en vía judicial; desde luego, pero a precio normal de abogado, y no incluido en ese precio.
Por lo pronto, la Ley de Tasas Judiciales va a incrementar el trabajo jurisdiccional, pues se plantearán múltiples problemas interpretativos y aplicativos, como la compatibilidad o no entre la tasa judicial y el depósito para recurrir establecido en algunas leyes procesales (¿No son ambos una tasa y por tanto se infringe el “non bis in idem”?).
Esto provocará recursos de reposición ante el secretario judicial y de revisión ante el juez o tribunal, con lo cual unos y otros estarán resolviendo temas tributarios (para los que, salvo algunos jueces de lo cont-advo) no tienen especialización.
Así que, en vez de desahogar de trabajo a los tribunales, las tasas van a incrementarlo, y encima para resolver cuestiones formales o procedimentales (no de fondo).
Otro tanto pasará con la cuantía del procedimiento para determinar el “quantum” de la tasa a abonar. Si bien en principio la cuantía es el importe reclamado, en el caso de prestaciones declarativas o de carácter periódico será complejo determinar la parte variable de la tasa (o bien concluir que la cuantía es indeterminada). Así que esto dará lugar a más recursos y contrarrecursos.
¿No habría sido más sensato fijar una tasa genérica (y moderada) en función del procedimiento o clase de asunto, y no en función de la cuantía? (Aparte de la inconstitucionalidad de esto último, pues una persona con pocos recursos económicos puede tener que reclamar mucho dinero: imaginemos un accidente de tráfico o laboral en que alguien queda tetrapléjico.)
La Ley de Tasas es mala de solemnidad. Nadie en su sano juicio se opone a que se establezcan unas tasas sensatas que no conculquen la tutela judicial pero reconduzcan la litigiosidad a términos razonables (acabando con el espectáculo de las “empresas quitamultas”, ésas de
“Pague 50 euros al año y le recurrimos todas sus multas de tráfico”, etc). Pero es que la Ley de Tasas es un reguero de defectos técnicos.
Lo que se podía haber hecho bien, se ha hecho rematada y chapuceramente mal.
Me parece muy bien que haya que pagar tasas para acudir a los juzgados y tribunales, aunque creo que la cuantía es excesiva. Hubiera sido preferible, en estos tiempos de crisis económicas, que su cuantía fuera la mitad -más o menos- de las que se han establecido.
Pero que la justicia no es gratuita, lo sabemos todos. Hay que pagar a abogados, procuradores, peritos, anuncios en boletines oficiales y/o en prensa, etc.
Por no hablar de esa rara avis que son los procuradores, que en casi todo el mundo han desaparecido, pues los abogados asumen la defensa y representación legal del litigante. Así se podría reducir costes.
Y los procuradores que sobren, que no representen a abogados de otras ciudades distintas a la sede del órgano judicial, siempre podrían transformarse en procuradores, que por unos pocos miles más, ni siquiera lo ibamos a notar.
Así veremos si son tan hábiles como abogados como lo son para desollar económicamente al litigante, cobrando toda clase de gastos, reales e inventados…
Todo es opinable, pero he de pensar que quizá no conoce usted las cifras. Pérmítame que se lo aclare con un ejemplo, Si esta usted a favor de unas tasas que sean la mitad de las que se han aprobado está usted a favor de que el perjudicado por un accidente de tráfico que tenga que reclamar 1.300.000€ por demandar a quien el ha dejado tetrapléjico y necesitado de ayuda para toda la vida, pague 3.200€ por la demanda en vez de 6.500€, y que en total por las tres instancias en vez de las 19.950€ que resultan de la ley recién aprobada, pague “solo” 9.975€.
Un dato: el Juez Decano de Madrid, que no está precisamente interesado en seguir teniendo la abrumadora carga de trabajo que ahora pesa sobre los jueces, ha dicho que consideraría razonable y constitucional pagar 10€ (diez euros) por una demanda y 50€ por un recurso de casación; es decir, que es emismo pleito saliera en total por, pongamos 80€. También ha dicho, en contra de sus propios intereses a tener una carga de trabajo sensata, que no quiere que no quiere que lo descarguen de trabajo así.
Me parece muy bien que haya que pagar tasas para acudir a los juzgados y tribunales, aunque creo que la cuantía es excesiva. Hubiera sido preferible, en estos tiempos de crisis económicas, que su cuantía fuera la mitad -más o menos- de las que se han establecido.
Pero que la justicia no es gratuita, lo sabemos todos. Hay que pagar a abogados, procuradores, peritos, anuncios en boletines oficiales y/o en prensa, etc.
Por no hablar de esa rara avis que son los procuradores, que en casi todo el mundo han desaparecido, pues los abogados asumen la defensa y representación legal del litigante. Así se podría reducir costes.
Y los procuradores que sobren, que no representen a abogados de otras ciudades distintas a la sede del órgano judicial, siempre podrían transformarse en procuradores, que por unos pocos miles más, ni siquiera lo ibamos a notar.
Así veremos si son tan hábiles como abogados como lo son para desollar económicamente al litigante, cobrando toda clase de gastos, reales e inventados…
Recordamos que existe una política de comentarios publicada en la web en el apartado “acerca de”:
Nuestro objetivo es fomentar el debate independiente y riguroso, y con este objetivo realizamos una moderación de los comentarios, guiada por los siguientes criterios:
No se aceptarán comentarios que contengan descalificaciones personales, el racismo, el sexismo, insultos, acusaciones y semejantes.
La longitud máxima de los comentarios es de 350 palabras, salvo en determinados y justificados casos en los que las circunstancias aconsejen publicar comentarios más extensos.
No se aceptarán comentarios que se desvíen demasiado del tema tratado en el post.
Dado el ya considerable volumen actual de comentarios y su aumento constante, en aras de que el debate no se descentre respecto del tema central de cada cada post y para que el diálogo tenga la necesaria agilidad, estos criterios se van a observar más estrictamente, por lo que se ruega que los comentaristas procuren atenerse a ellos. Los editores.
Recordamos que existe una política de comentarios publicada en la web en el apartado “acerca de”:
Nuestro objetivo es fomentar el debate independiente y riguroso, y con este objetivo realizamos una moderación de los comentarios, guiada por los siguientes criterios:
No se aceptarán comentarios que contengan descalificaciones personales, el racismo, el sexismo, insultos, acusaciones y semejantes.
La longitud máxima de los comentarios es de 350 palabras, salvo en determinados y justificados casos en los que las circunstancias aconsejen publicar comentarios más extensos.
No se aceptarán comentarios que se desvíen demasiado del tema tratado en el post.
Dado el ya considerable volumen actual de comentarios y su aumento constante, en aras de que el debate no se descentre respecto del tema central de cada cada post y para que el diálogo tenga la necesaria agilidad, estos criterios se van a observar más estrictamente, por lo que se ruega que los comentaristas procuren atenerse a ellos. Los editores.
No creo que deba restingirse el acceso a la justicia mediante impuestos que graven este servicio público. Otra cosa es que deban aplicarse los instrumentos que ya existen para evitar el abuso de derecho y el inicio de acciones judiciales temerarias. En ese sentido, una mejora en la regulación de los depósitos para recurrir o demandar o una mejor aplicación por los jueces y tribunales de la figura de la condena en costas conseguirían unos resultados semejantes a los perseguidos en esta ley y sin los perniciosos efectos secundarios respecto a la vigencia del principio de tutela judicial efectiva.
Con todos sus inconvenientes, al menos se supone que una tasa no puede exceder del coste administrativo del servicio y revierte en favor de la Administración pública.
Peor es el comercio que se prepara en el Registro Civil que, en la práctica, se va a privatizar y a hacer negocio con nuestros datos personales.
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/26/actualidad/1353956554_852437.html
Según parece también esta normativa que atribuye las actuaciones del Registro Civil a notarios y registradores (de la Propiedad y Mercantiles) va a tramitarse aceleradamente en el Parlamento, para hurtar a la sociedad el debate público, tal como se ha hecho con la Ley de tasas judiciales. Política de hechos consumados.
No sé si también en esto Gallardón va por libre o cuenta con el respaldo del presidente y su partido. Me da la impresión más bien de lo primero, ya que desde dentro del PP se ha criticado la ley de Tasas (así, Núñez Feijóo) sin que Gallardón se haya inmutado.
No es lógico que todo el PP deba asumir el despropósito generado por Gallardón (ahora mismo hay una Ley en vigor que no se aplica porque una instrucción o circular administrativa la ha “aplazado” sine die -!!!!!!!-).
Es posible que por el juego de la política partidista el presidente del Gobierno se haya visto obligado a situar a Gallardón en algún puesto, pero no es razonable que tenga que ser precisamente un sector tan sensible como la administración de Justicia el que haya de sufrirlo.
No estoy tan seguro de que Gallardón sepa muy bien de qué va el asunto, aunque tiene familiares registradores que podrían aclarárselo.
El proyecto parte del registrador mercantil de Zaragoza, Joaquín Rodríguez, también Director General de los Registros… El verdadero problema es si la Oficina de Conflictos de Intereses va a actuar o no.
Espero que, al menos, de este proyecto de ley sobre Registro Civil sí haya información y se debata en pleno, en las Cortes Generales, con luz y taquígrafos, tal como está mandado, de modo que la sociedad tenga pleno conocimiento de lo que va a discutirse, no como la Ley de Tasas Judiciales que se tramitó motorizadamente y nos la han colado de rondón, con el lamentable y chapucero resultado de todos conocido.
Espero que, al menos, de este proyecto de ley sobre Registro Civil sí haya información y se debata en pleno, en las Cortes Generales, con luz y taquígrafos, tal como está mandado, de modo que la sociedad tenga pleno conocimiento de lo que va a discutirse, no como la Ley de Tasas Judiciales que se tramitó motorizadamente y nos la han colado de rondón, con el lamentable y chapucero resultado de todos conocido.
Este humilde letrado y sus asociados , tras una década de pleitos han conseguido que se reconozca que el justiprecio de unas fincas era de MILLONES de EUROS y no unos centenares de miles … tres contenciosos (incluido un abreviado, a ver si adivinan para qué) a razón de 15.000 euros … es más de lo que mi patrocinados hubieran podido aportar. La causística es infinita pero creo que el tema no está en los “pequeños asuntos” que al EX -ALCALDE de MAdird le deben importar poco, si no en las reclamaciones de la clase media , de los pequeños y medianos empresarios contra el Lobby que imagino habrá patrocinado esta salvajada… si quiere reducir la carga de trabajo , puede echar un vistazo a qué pleitos civiles están llegando a Justicia gratuita … no pocos son inviables (inviabilidad que no reconocen los colegios profesionales ) o sencillamente absurdos.
Cuando desde el Gobierno se defiende la aplicación de esta Ley, se argumenta que las personas sin recursos no estarán indefensas porque tiene derecho a “Asistencia Jurídica Gratuita” (cuyos supuesto se mejorarán en un futuro supuestamente próximo, que uno se pregunta porque no se ‘publican’ a la vez pero en fin).
Pero en algún sitieo he leido que la valoración para acogerte a la ‘justicia gratuita’ es posterior al inicio del procedimiento, y por tanto posterior al pago de la tasa fija y la variable ¿es corrrecto?
Efectivamente ronin, no le va a la zaga el asalto al Registro Civil que pretende hacer el, no olvidemos, registrador de la propiedad Mariano Rajoy con hermano registrador, en unión del Ministro de Justicia, cuya nuera es registradora de la propiedad. Todo parte por un anteproyecto de Ley de apropiación registral del Registro Civil que ha elaborado el … si, si… el también Registrador Mercantil y actual Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez. El resumen afortunadamente ha hecho saltar la alarma en CCOO, a ver si se logra algo lo podéis ver en el siguiente link: http://www.fsc.ccoo.es/webfsccantabria/menu.do?Sectores:Administracion_de_Justicia:Noticias:446332
El personal trabajador del Registro Civil tendremos que apuntarnos ya al paro? Y encima a partir de ahora el Registro Civil de gratis nada…. pero lo curioso es que según parece lo que se pagará por un certificado no será una tasa, sino que irá a parar a la cuenta corriente del Registrador de turno… es que no les llega con los millones que ganan ya? ¿Alguien va a parar este disparate?
Me gustaría aportar la ilustre opinión de Antonio Muñoz Molina, escrita en su blog ayer:
“Todo claro.
nov
29
2012
Día tras día el nombre mismo del ministerio de Justicia se va convirtiendo más en un chiste macabro, y aquella máscara de conservador civilizado y melómano que cultivó durante años el ahora ministro se queda más en caricatura. Le gustaba presentarse como un hombre avanzado, como el reverso de la derecha bruta y extremista, la cual por lo demás le seguía el juego. No soy muy listo: a mí también me engañó. Luego se le vio la megalomanía despilfarradora cuando fue alcalde de Madrid: ciento veinte millones de euros parece que costó la reforma de la nueva sede del ayuntamiento en el antiguo edificio de Correos.
De aquella máscara este individuo ha pasado al obsceno descaro: recién aprobado el sabotaje contra el derecho universal a la justicia, ahora viene el indulto para esos policías catalanes condenados por ejercer la tortura. Las cosas claras. El que quiera justicia que se la pague. Y para obtener clemencia conviene ser un verdugo, más que una víctima, igual que para recibir ayuda pública es mejor haber estafado a los ahorradores de un banco que haberse quedado sin ahorros.
Al menos ya no gastan energía en engañar a nadie”.
http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2012/11/todo-claro/
Gracias, Isaac. Ya de por sí leer a Antonio Muñoz Molina es un placer, pero si además escribe sobre este triste asunto con tanta claridad y acierto, entonces se convierte en una celebración. No se puede decir mejor.
(Extraído de
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/nace-plataforma-justicia-todos-protesta-tasas-judiciales/csrcsrpor/20121205csrcsrnac_16/Tes)
El presidente del Consejo de la Abogacía Carlos Carnicer ha presentado hoy la nueva plataforma ‘Justicia para Todos’, que aglutina tanto al Consejo como a sindicatos y consumidores, en protesta contra la subida de las tasas judiciales. Carnicer ha señalado en el acto que “son derechos que nos ganamos durante la transición, no tenemos que pagarlos”.
V Durante el acto de presentación, que ha tenido lugar en la sede del Consejo de la Abogacía, todos los firmantes han coincidido en criticar “la inconstitucionalidad de unas tasas judiciales” que, según defienden, “recortan los derechos de los ciudadanos”.
Carnicer ha querido destacar el carácter abierto de la Plataforma, y ha señalado que “los ciudadanos no queremos comprar nuestros derechos, ya nos los ganamos durante la transición”. De la misma manera, ha anunciado que el próximo día doce de diciembre a las doce de la mañana están convocadas concentraciones de ciudadanos a nivel estatal frente a juzgados de toda España.
Los representantes de los cuatro sindicatos adscritos a esta recién nacida plataforma ‘Justicia para Todos’ han señalado “el recorte de derechos que sufren los ciudadanos” con las últimas reformas aplicadas por el Ministro Alberto Ruiz-Gallardón al mundo de la justicia.
Rodolfo Benito, de CCOO, ha declarado que esta subida de tasas constituye, a su juicio, “una clara vulneración de nuestra Constitución”, refiriéndose en los mismos términos a la posible privatización del registro civil. José Luis Fernández, de la Unión Sindical Obrera, ha denunciado el “afán recaudatorio del Gobierno a la hora de iniciar reformas, que incluso imposibilita a los trabajadores cumplir con sus obligaciones”. En esa misma línea, los representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han señalado el “secretismo” con el que, dicen, el Ministerio de Justicia ha tomado sus últimas decisiones.
(Extraído de
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/nace-plataforma-justicia-todos-protesta-tasas-judiciales/csrcsrpor/20121205csrcsrnac_16/Tes)
El presidente del Consejo de la Abogacía Carlos Carnicer ha presentado hoy la nueva plataforma ‘Justicia para Todos’, que aglutina tanto al Consejo como a sindicatos y consumidores, en protesta contra la subida de las tasas judiciales. Carnicer ha señalado en el acto que “son derechos que nos ganamos durante la transición, no tenemos que pagarlos”.
V Durante el acto de presentación, que ha tenido lugar en la sede del Consejo de la Abogacía, todos los firmantes han coincidido en criticar “la inconstitucionalidad de unas tasas judiciales” que, según defienden, “recortan los derechos de los ciudadanos”.
Carnicer ha querido destacar el carácter abierto de la Plataforma, y ha señalado que “los ciudadanos no queremos comprar nuestros derechos, ya nos los ganamos durante la transición”. De la misma manera, ha anunciado que el próximo día doce de diciembre a las doce de la mañana están convocadas concentraciones de ciudadanos a nivel estatal frente a juzgados de toda España.
Los representantes de los cuatro sindicatos adscritos a esta recién nacida plataforma ‘Justicia para Todos’ han señalado “el recorte de derechos que sufren los ciudadanos” con las últimas reformas aplicadas por el Ministro Alberto Ruiz-Gallardón al mundo de la justicia.
Rodolfo Benito, de CCOO, ha declarado que esta subida de tasas constituye, a su juicio, “una clara vulneración de nuestra Constitución”, refiriéndose en los mismos términos a la posible privatización del registro civil. José Luis Fernández, de la Unión Sindical Obrera, ha denunciado el “afán recaudatorio del Gobierno a la hora de iniciar reformas, que incluso imposibilita a los trabajadores cumplir con sus obligaciones”. En esa misma línea, los representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han señalado el “secretismo” con el que, dicen, el Ministerio de Justicia ha tomado sus últimas decisiones.
Les doy una PRIMICIA: el texto oficial del anteproyecto de justicia gratuita de 29 de noviembre, hasta ahora desconocido y difundido ayer de forma restringida. En el texto, además de dejarse sin justicia gratuita –vendría bien cambiar al título a Ley de DEJAR sin justicia gratuita-, se incluyen modificaciones a la ignominiosa ley de tasas, en el sentido que el Sr. Ministro ha considerado oportuno.
Interesante que la entrada en vigor sea, según el texto, en 6 meses; con suerte tenemos antes sentencia del Tribunal Constitucional.I interesante también que no paguen tasas y tengan derecho a justicia gratuita las fundaciones; Noos, por ejemplo.
Para ver texto: http://veronicadelcarpio.wordpress.com/texto-del-impactante-anteproyecto-de-ley-de-justicia-gratuita-para-dejar-sin-justicia-gratuita-incluye-modificaciones-a-la-ley-de-tasas/
Les doy una PRIMICIA: el texto oficial del anteproyecto de justicia gratuita de 29 de noviembre, hasta ahora desconocido y difundido ayer de forma restringida. En el texto, además de dejarse sin justicia gratuita –vendría bien cambiar al título a Ley de DEJAR sin justicia gratuita-, se incluyen modificaciones a la ignominiosa ley de tasas, en el sentido que el Sr. Ministro ha considerado oportuno.
Interesante que la entrada en vigor sea, según el texto, en 6 meses; con suerte tenemos antes sentencia del Tribunal Constitucional.I interesante también que no paguen tasas y tengan derecho a justicia gratuita las fundaciones; Noos, por ejemplo.
Para ver texto: http://veronicadelcarpio.wordpress.com/texto-del-impactante-anteproyecto-de-ley-de-justicia-gratuita-para-dejar-sin-justicia-gratuita-incluye-modificaciones-a-la-ley-de-tasas/
Lo que nos separa de la absoluta barbarie es que aún recordamos levemente cómo era el aroma de la fragancia de la civilización
Lo que nos separa de la absoluta barbarie es que aún recordamos levemente cómo era el aroma de la fragancia de la civilización
Doña Verónica, con todo respeto y afecto: el Tribunal Constitucional tarda, por término medio, más de tres años en fallar cualquier asunto que se le plantee. No se de dónde se saca usted que en seis meses tendremos Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de tasas…
Qué quiere que le diga, estimado Antonio, si como usted soy lectora habitual de jurisprudencia constitucional. PERO aquí espero de la sensibilidad de nuestro TC que sea consciente de que ataques como éste al Estado de Derecho merecen ser tratados con máxima prioridad. Seré ingenua, pero quiero pensar que será así, que el TC será capaz de ver las prioridades y actuar en consecuencia.
Pero como también soy muy consciente de que no hay precedentes de sentencias TC en 6 meses, y la demora causa perjuicios irreparables, por eso estoy en otra lucha: la de la derogación.
Doña Verónica, con todo respeto y afecto: el Tribunal Constitucional tarda, por término medio, más de tres años en fallar cualquier asunto que se le plantee. No se de dónde se saca usted que en seis meses tendremos Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de tasas…
http://www.elconfidencial.com/opinion/tribuna/2012/12/11/la-ley-de-tasas-y-los-derechos-fundamentales-10382/
Ayer el Sr. Gallardón en una entrevista dijo que los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura le pidieron que introdujese tasas judiciales para… ¡¡¡¡¡ PAGAR COMPLEMENTOS DE JUBILACIÓN A LOS JUECES !!!!. Toma del frasco, Carrasco. Esto es una barbaridad tan gorda que esa Asociación judicial está obligada a pronunciarse inmediatamente para desmentir al Sr. ministro y decir que lo que afirma es calumnioso, pues en otro caso tendremos que pensar que lo que Gallardón dice es cierto. Desde luego, si lo fuera, los jueces de esa Asociación quedarían cubiertos por el oprobio y la ignominia, ya que, si ya de por sí las actuales tasas judiciales son una aberración, al menos van a destinarse a sufragar la justicia gratuita. Pero pensar que las tasas podrían ir a parar a un fondo de pensiones de magistrados es algo que produce rubor e indignación. La Asociación Profesional de la Magistratura tiene que hablar YA.
En concreto, la noticia de que los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura querían tasas judiciales para engrosar sus pensiones de jubilación, puede leerse en el periódico ABC en el siguiente enlace:
http://www.abc.es/espana/20121212/rc-gallardon-jueces-querian-tasas-201212121326.html
Reproduzco el párrafo en cuestión:
“El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que los jueces le pidieron que se implantaran nuevas tasas judiciales para financiarles un plan de pensiones, una idea que él rechazó, optando en cambio por utilizar la recaudación para “financiar la justicia gratuita”.
Durante una entrevista en la cadena COPE, Gallardón ha confirmado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) le entregó, poco después de que asumiera su cargo de ministro, un documento en el que le pedía un sistema de tasas judiciales que revirtiese en la Administración y favoreciese directamente a los jueces y magistrados. En ese documento, se planteaba un sistema de incentivos por productividad para los jueces y se abogaba por que parte de esos incentivos pudieran plasmarse en un plan de pensiones de manera que un juez que ingrese hoy en la carrera judicial tenga garantizada en su jubilación una indemnización de un mes de salario por año trabajado.
Se trata de “un documento que me entregó la Asociación Profesional de la Magistratura a los pocos días de tomar posesión”, ha explicado Gallardón, que ha recordado que también la Junta de Decanos acordó en su momento solicitar unas tasas “pedagógicas y disuasorias”. “Nosotros hemos atendido a la idea, que es positiva, de la implantación de las tasas, pero no lo hemos hecho para establecer un plan de pensiones para los jueces”, sino que se han implantado “única y exclusivamente para financiar la justicia gratuita”, ha aclarado.”
Me consta que muchos magistrados de la A.P.M. son asiduos seguidores de este blog jurídico y por eso considero que nos deben a todos una aclaración (confirmación o desmentido) sobre las graves acusaciones de Gallardón.
http://www.libertaddigital.com/espana/2012-12-12/es-falso-que-desde-la-asociacion-profesional-de-la-magistratura-hayamos-pedido-nada-a-gallardon-1276476742/
Ni soy magistrado ni pertenezco a la APM, pero eso ya ha sido desmentido. Desmentido por su cuantía y desproporción. Las tasas ya existen, y han sido avaladas constitucionalmente STC 20/2012, 79/2012 o 190/2012 entre otras, pero no son ESTAS TASAS. Eran por recurso, a empresas de gran facturación… La APM también ha dicho que las reclamaciones de la carrera no tocan ahora y es verdad. Pero sabe que los jueces durante años no se les ha subido el sueldo a cambio de darles más tiempo (los permisos)? Y ahora se les recorta el sueldo y el tiempo. Está claro que es tiempo de cobrar menos y trabajar más, nadie lo discute pero eso ha de saberse.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-apm-responde-gallardon-asociacion-siempre-considerado-deben-existir-tasas-judiciales-moderadas-20121212110342.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-apm-niega-version-gallardon-asegura-nunca-le-pidio-tasas-contra-alta-cuantia-20121211182440.html
La última huelga de jueces le costó la cabeza al Ministro Bermejo, y el “establishment” ha puesto toda su maquinaria en marcha para protegerse. Cada uno puede creer lo que quiera, pero en primer lugar, si fueran intereses corporativos no habría casi 20 colectivos en contra: jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, consumidores y usuarios, funcionarios de justicia y sindicatos. Los intereses de casi todos ellos son contrarios entre sí, y si se unen por esto es porque es algo muy grave. ¿Cómo van a ser los mismos intereses corporativos un abogado que podría perder clientes, de un juez que se vería descargado de asuntos? Es de sentido común. El interés de todos es la JUSTICIA.
En segundo lugar, (ya en otro post sobre los permisos judiciales se habló), a pesar de que la APM es la asociación mayoritaria no es la única ni representa a todos. Además ocurre, que a veces los intereses de las asociaciones no van acordes con los de sus asociados o los jueces. Y es que, ¿sabía que más de la mitad de los jueces españoles son independientes (no asociados)? También hay jueces y magistrados que no se consideran representados por su órgano de gobierno, puesto que es de nombramiento político y no pueden elegirlo.
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20121213/espana/moliner-protege-ministro-evita-20121213.html
Es por ello, que muchos consideran que su mejor representación son los jueces decanos, votados directamente. Y éstos manifestaron esto.
http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-bffb-7ffc.pdf
No quedaba otra que llevar el conflicto al terreno político, y en eso los jueces son elefantes en una cacharrería, mientras que Gallardón en un lobo de colmillo retorcido con muchos años de experiencia. Y está dispuesto a sacar toda su artillería. Le va la vida en ello. Como han pedido los comunicados de todos los operadores jurídicos en toda España, esperemos que la ciudadanía asuma como suya la protección de la justicia y de su independencia, porque les van la protección de sus derechos y libertades en ella.
http://www.elconfidencial.com/opinion/tribuna/2012/12/11/la-ley-de-tasas-y-los-derechos-fundamentales-10382/
Ayer el Sr. Gallardón en una entrevista dijo que los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura le pidieron que introdujese tasas judiciales para… ¡¡¡¡¡ PAGAR COMPLEMENTOS DE JUBILACIÓN A LOS JUECES !!!!. Toma del frasco, Carrasco. Esto es una barbaridad tan gorda que esa Asociación judicial está obligada a pronunciarse inmediatamente para desmentir al Sr. ministro y decir que lo que afirma es calumnioso, pues en otro caso tendremos que pensar que lo que Gallardón dice es cierto. Desde luego, si lo fuera, los jueces de esa Asociación quedarían cubiertos por el oprobio y la ignominia, ya que, si ya de por sí las actuales tasas judiciales son una aberración, al menos van a destinarse a sufragar la justicia gratuita. Pero pensar que las tasas podrían ir a parar a un fondo de pensiones de magistrados es algo que produce rubor e indignación. La Asociación Profesional de la Magistratura tiene que hablar YA.
En concreto, la noticia de que los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura querían tasas judiciales para engrosar sus pensiones de jubilación, puede leerse en el periódico ABC en el siguiente enlace:
http://www.abc.es/espana/20121212/rc-gallardon-jueces-querian-tasas-201212121326.html
Reproduzco el párrafo en cuestión:
“El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que los jueces le pidieron que se implantaran nuevas tasas judiciales para financiarles un plan de pensiones, una idea que él rechazó, optando en cambio por utilizar la recaudación para “financiar la justicia gratuita”.
Durante una entrevista en la cadena COPE, Gallardón ha confirmado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) le entregó, poco después de que asumiera su cargo de ministro, un documento en el que le pedía un sistema de tasas judiciales que revirtiese en la Administración y favoreciese directamente a los jueces y magistrados. En ese documento, se planteaba un sistema de incentivos por productividad para los jueces y se abogaba por que parte de esos incentivos pudieran plasmarse en un plan de pensiones de manera que un juez que ingrese hoy en la carrera judicial tenga garantizada en su jubilación una indemnización de un mes de salario por año trabajado.
Se trata de “un documento que me entregó la Asociación Profesional de la Magistratura a los pocos días de tomar posesión”, ha explicado Gallardón, que ha recordado que también la Junta de Decanos acordó en su momento solicitar unas tasas “pedagógicas y disuasorias”. “Nosotros hemos atendido a la idea, que es positiva, de la implantación de las tasas, pero no lo hemos hecho para establecer un plan de pensiones para los jueces”, sino que se han implantado “única y exclusivamente para financiar la justicia gratuita”, ha aclarado.”
Me consta que muchos magistrados de la A.P.M. son asiduos seguidores de este blog jurídico y por eso considero que nos deben a todos una aclaración (confirmación o desmentido) sobre las graves acusaciones de Gallardón.
http://www.libertaddigital.com/espana/2012-12-12/es-falso-que-desde-la-asociacion-profesional-de-la-magistratura-hayamos-pedido-nada-a-gallardon-1276476742/
Ni soy magistrado ni pertenezco a la APM, pero eso ya ha sido desmentido. Desmentido por su cuantía y desproporción. Las tasas ya existen, y han sido avaladas constitucionalmente STC 20/2012, 79/2012 o 190/2012 entre otras, pero no son ESTAS TASAS. Eran por recurso, a empresas de gran facturación… La APM también ha dicho que las reclamaciones de la carrera no tocan ahora y es verdad. Pero sabe que los jueces durante años no se les ha subido el sueldo a cambio de darles más tiempo (los permisos)? Y ahora se les recorta el sueldo y el tiempo. Está claro que es tiempo de cobrar menos y trabajar más, nadie lo discute pero eso ha de saberse.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-apm-responde-gallardon-asociacion-siempre-considerado-deben-existir-tasas-judiciales-moderadas-20121212110342.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-apm-niega-version-gallardon-asegura-nunca-le-pidio-tasas-contra-alta-cuantia-20121211182440.html
La última huelga de jueces le costó la cabeza al Ministro Bermejo, y el “establishment” ha puesto toda su maquinaria en marcha para protegerse. Cada uno puede creer lo que quiera, pero en primer lugar, si fueran intereses corporativos no habría casi 20 colectivos en contra: jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, consumidores y usuarios, funcionarios de justicia y sindicatos. Los intereses de casi todos ellos son contrarios entre sí, y si se unen por esto es porque es algo muy grave. ¿Cómo van a ser los mismos intereses corporativos un abogado que podría perder clientes, de un juez que se vería descargado de asuntos? Es de sentido común. El interés de todos es la JUSTICIA.
En segundo lugar, (ya en otro post sobre los permisos judiciales se habló), a pesar de que la APM es la asociación mayoritaria no es la única ni representa a todos. Además ocurre, que a veces los intereses de las asociaciones no van acordes con los de sus asociados o los jueces. Y es que, ¿sabía que más de la mitad de los jueces españoles son independientes (no asociados)? También hay jueces y magistrados que no se consideran representados por su órgano de gobierno, puesto que es de nombramiento político y no pueden elegirlo.
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20121213/espana/moliner-protege-ministro-evita-20121213.html
Es por ello, que muchos consideran que su mejor representación son los jueces decanos, votados directamente. Y éstos manifestaron esto.
http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-bffb-7ffc.pdf
No quedaba otra que llevar el conflicto al terreno político, y en eso los jueces son elefantes en una cacharrería, mientras que Gallardón en un lobo de colmillo retorcido con muchos años de experiencia. Y está dispuesto a sacar toda su artillería. Le va la vida en ello. Como han pedido los comunicados de todos los operadores jurídicos en toda España, esperemos que la ciudadanía asuma como suya la protección de la justicia y de su independencia, porque les van la protección de sus derechos y libertades en ella.
Mª Teresa Sáez ha explicado que “nuestra asociación siempre ha mantenido, ya desde el año 86 cuando el padre de Gallardón habló de las tasas, que deberían existir las tasas judiciales como existen en Gran Bretaña, Alemania e Italia”.
Sin embargo, ha matizado que “no estamos de acuerdo con las tasas tal y como las ha desarrollado este ministro porque deben existir unas tasas que sean racionales, moderadas y proporcionadas y que no limiten el acceso del ciudadano a la Justicia”.
Entonces, se ve que lo del Fondo de Pensiones para los jueces nutrido con cargo a tasas judiciales, es un bulo que se ha inventado Gallardón. Pues que pida disculpas y, de paso, presente ya su dimisión. Que por mucho menos se fue el señor Bermejo.
Mª Teresa Sáez ha explicado que “nuestra asociación siempre ha mantenido, ya desde el año 86 cuando el padre de Gallardón habló de las tasas, que deberían existir las tasas judiciales como existen en Gran Bretaña, Alemania e Italia”.
Sin embargo, ha matizado que “no estamos de acuerdo con las tasas tal y como las ha desarrollado este ministro porque deben existir unas tasas que sean racionales, moderadas y proporcionadas y que no limiten el acceso del ciudadano a la Justicia”.
Entonces, se ve que lo del Fondo de Pensiones para los jueces nutrido con cargo a tasas judiciales, es un bulo que se ha inventado Gallardón. Pues que pida disculpas y, de paso, presente ya su dimisión. Que por mucho menos se fue el señor Bermejo.
Sigo pensando y diciendo que lo que hay que hacer es suprimir los Procuradores de los Tribunales o, al menos, dejarles en potestativos, no obligatorios, como sucede actualmente. El coste del Procurador viene a ser de un 30 a un 50% de la minuta del Abogado, por lo que conseguiríamos una reducción bastante significativa. No deja de ser extraño que los Procuradores sean el único colectivo que apoya a señor Gallardón, y no se han manifestado públicamente contra la ley de tasas. ¿Han llegado a algún tipo de acuerdo -extrajudicial, evidentemente- para que Gallardón les proteja e incluso les de más competencias, y así evitar su desaparición…?
Sigo pensando y diciendo que lo que hay que hacer es suprimir los Procuradores de los Tribunales o, al menos, dejarles en potestativos, no obligatorios, como sucede actualmente. El coste del Procurador viene a ser de un 30 a un 50% de la minuta del Abogado, por lo que conseguiríamos una reducción bastante significativa. No deja de ser extraño que los Procuradores sean el único colectivo que apoya a señor Gallardón, y no se han manifestado públicamente contra la ley de tasas. ¿Han llegado a algún tipo de acuerdo -extrajudicial, evidentemente- para que Gallardón les proteja e incluso les de más competencias, y así evitar su desaparición…?
Addendum: Estimados editores he mandado un comentario, y no ha salido publicado en este asunto. No creo haberme desviado del tema, he cumplido los caracteres y no tengo conciencia de haber puesto nada ofensivo, no sé si ha sido algún error o cuál es la razón. Gracias.
La primera parte, ya la han comentado arriba, sí que veo relevante por el comentario de Lucía de las Heras, que se sepa, que la última huelga de jueces se consideró detonante de la dimisión del Ministro Bermejo, y el Ministerio parece haber puesto toda su maquinaria en marcha para protegerse. Cada uno puede creer lo que quiera, pero en primer lugar, si fueran intereses corporativos no habría casi 20 colectivos en contra: jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, consumidores y usuarios, funcionarios de justicia y sindicatos. Los intereses de casi todos ellos son contrarios entre sí, y si se unen por esto es porque es algo muy grave. ¿Cómo van a ser los mismos intereses corporativos un abogado que podría perder clientes, de un juez que se vería descargado de asuntos? Es de sentido común. El interés de todos es la JUSTICIA.
En segundo lugar, (ya en otro post sobre los permisos judiciales se habló), a pesar de que la APM es la asociación mayoritaria no es la única ni representa a todos. Además ocurre, que a veces los intereses de las asociaciones no van acordes con los de sus asociados o los jueces. Y es que, ¿sabían que más de la mitad de los jueces españoles son independientes (no asociados)? También hay jueces y magistrados que no se consideran representados por su órgano de gobierno, puesto que es de nombramiento político y no pueden elegirlo.
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20121213/espana/moliner-protege-ministro-evita-20121213.html
Es por ello, que muchos consideran que su mejor representación son los jueces decanos, votados directamente. Y éstos manifestaron esto.
http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-bffb-7ffc.pdf
No quedaba otra que llevar el conflicto al terreno político, y en eso los jueces son elefantes en una cacharrería, mientras que Gallardón en un lobo de colmillo retorcido con muchos años de experiencia. Y está dispuesto a sacar toda su artillería. Le va la vida en ello. Como han pedido los comunicados de todos los operadores jurídicos en toda España, esperemos que la ciudadanía asuma como suya la protección de la justicia y de su independencia, porque les van la protección de sus derechos y libertades en ella.
Addendum: Estimados editores he mandado un comentario, y no ha salido publicado en este asunto. No creo haberme desviado del tema, he cumplido los caracteres y no tengo conciencia de haber puesto nada ofensivo, no sé si ha sido algún error o cuál es la razón. Gracias.
La primera parte, ya la han comentado arriba, sí que veo relevante por el comentario de Lucía de las Heras, que se sepa, que la última huelga de jueces se consideró detonante de la dimisión del Ministro Bermejo, y el Ministerio parece haber puesto toda su maquinaria en marcha para protegerse. Cada uno puede creer lo que quiera, pero en primer lugar, si fueran intereses corporativos no habría casi 20 colectivos en contra: jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, consumidores y usuarios, funcionarios de justicia y sindicatos. Los intereses de casi todos ellos son contrarios entre sí, y si se unen por esto es porque es algo muy grave. ¿Cómo van a ser los mismos intereses corporativos un abogado que podría perder clientes, de un juez que se vería descargado de asuntos? Es de sentido común. El interés de todos es la JUSTICIA.
En segundo lugar, (ya en otro post sobre los permisos judiciales se habló), a pesar de que la APM es la asociación mayoritaria no es la única ni representa a todos. Además ocurre, que a veces los intereses de las asociaciones no van acordes con los de sus asociados o los jueces. Y es que, ¿sabían que más de la mitad de los jueces españoles son independientes (no asociados)? También hay jueces y magistrados que no se consideran representados por su órgano de gobierno, puesto que es de nombramiento político y no pueden elegirlo.
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20121213/espana/moliner-protege-ministro-evita-20121213.html
Es por ello, que muchos consideran que su mejor representación son los jueces decanos, votados directamente. Y éstos manifestaron esto.
http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-bffb-7ffc.pdf
No quedaba otra que llevar el conflicto al terreno político, y en eso los jueces son elefantes en una cacharrería, mientras que Gallardón en un lobo de colmillo retorcido con muchos años de experiencia. Y está dispuesto a sacar toda su artillería. Le va la vida en ello. Como han pedido los comunicados de todos los operadores jurídicos en toda España, esperemos que la ciudadanía asuma como suya la protección de la justicia y de su independencia, porque les van la protección de sus derechos y libertades en ella.
Primero fueron a por los profesores,
y yo no hablé porque no era profesor.
Después fueron a por los médicos,
y yo no hablé porque no era médico.
Después fueron a por los jueces,
y yo no hablé porque no tenía pleitos.
Después fueron a por mí,
y para entonces ya no quedaba nadie que hablara por mí.
Primero fueron a por los profesores,
y yo no hablé porque no era profesor.
Después fueron a por los médicos,
y yo no hablé porque no era médico.
Después fueron a por los jueces,
y yo no hablé porque no tenía pleitos.
Después fueron a por mí,
y para entonces ya no quedaba nadie que hablara por mí.
En el BOE de hoy aparece publicada la Orden que regula la dinámica de las tasas judiciales y entra en vigor el lunes, o sea, pasado mañana. Omnia est consummata.
En el BOE de hoy aparece publicada la Orden que regula la dinámica de las tasas judiciales y entra en vigor el lunes, o sea, pasado mañana. Omnia est consummata.
El magistrado Sevach hace esta propuesta, quizás podemos hacerla circular, mejorarla, aportar, que la Plataforma Justicia para todos liderada por la CGAE la respalde… Todos los intrumentos que se utilicen para parar esta injusticia serán pocos.
http://contencioso.es/2012/12/15/danos-colaterales-de-las-tasas-judiciales-y-posible-antidoto/
El magistrado Sevach hace esta propuesta, quizás podemos hacerla circular, mejorarla, aportar, que la Plataforma Justicia para todos liderada por la CGAE la respalde… Todos los intrumentos que se utilicen para parar esta injusticia serán pocos.
http://contencioso.es/2012/12/15/danos-colaterales-de-las-tasas-judiciales-y-posible-antidoto/