La justicia, de luto.

 

Son días tristes de un otoño, casi invierno, de la democracia en este país. A ésta se le van cayendo las hojas y se  introduce en sus raíces un frío helador que amenaza a que en un futuro el árbol pueda no volver a ser lo que fue. La savia, la sangre del árbol, se va quedando sin plaquetas que están bajo mínimos.

 

Ahora, la poda afecta a una de las ramas más importantes de lo que supone un Estado democrático: que los ciudadanos puedan acceder a los tribunales para resolver las controversias y sean tutelados los derechos de aquellos. Y esto deben garantizarlo los poderes públicos. Cuando no se lleva a cabo o se impide, se pone en cuestión todo el sistema. Sin Justicia, no hay democracia. Aquella es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y cuando se menoscaba de modo tan evidente desde el poder, las luces rojas deben encenderse.

 

La Constitución tiene por eje nuclear el reconocimiento y la garantía de unos derechos humanos que son previos al poder e inherentes a la condición de personas. Que nuestra Ley Fundamental dedique casi un tercio de su texto a estos, evidencia el valor que les da.  Pero incluso hay algunos derechos que son fundamentales y ocupan una posición de condición esencial para que pueda hablarse de democracia. Esta no existe si se restringe gravemente, por ejemplo, el derecho de participación en asuntos públicos, la libertad de información y expresión o el derecho de reunión o asociación.

 

Pues bien, al mismo nivel nuclear está el derecho a la tutela judicial efectiva de modo que cuando esta quiebra, cuando se restringe notablemente que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales, se está haciendo que el sistema democrático se resquebraje.

 

Esto es lo que está sucediendo con ocasión de la Ley de Tasas Judiciales cuya esperpéntica entrada en vigor de la norma legal, imposibilitada por la ausencia de formularios oficiales, es un caso claro de regresión democrática que unido a otras restricciones y recortes (les llaman falsamente “reformas”) en variados ámbitos sociales, hace que se empiece a notar un escalofrío, intuyendo que el invierno va a ser duro. Aunque todo empezó con la impresentable reforma express de la Constitución entre el PSOE y PP de la Constitución que alteraba, por imposición del exterior, nuestro modelo que era el “Estado social”, es muy triste ver cómo en apenas un año se han desmontado, con la coartada de la crisis económica, muchos logros democráticos desde la Constitución. Y pensar que pudieran quedar tres más…

 

Lo que se aprobado en tasas judiciales no es simplemente una medida recaudatoria sino algo más. No es una medida disuasoria para que los ciudadanos no acudan a los tribunales sino algo más. No es una simple vulneración de un derecho constitucional sino algo más.

 

Alguien que fuese un leal servidor público de los que rodean al Ministro o al Presidente se lo tendría que decir pero todos sabemos que a los que mandan les incomoda que les digan: “Jefe, esto no se puede hacer”. Y si lo dices dos veces, prepárate la salida. Este es uno de los problemas de nuestro sistema de captación de servidores –serviles- del poder. Desconozco si alguno se lo han hecho saber pero otros tenemos que advertir las consecuencias.

 

Y estas son que resultando las tasas tan notoriamente desmesuradas, impedirán claramente que los ciudadanos accedan a la tutela de los tribunales. Pero no todos pues en esto, como en otras decisiones que toman, los más perjudicados son los que constituyen el eje vertebrador de nuestra sociedad: la clase media que comienzan a ser media-baja, ahondando en la brecha social.

 

Aunque no les guste nada a quienes mandan y reciben obstáculos desde diversas Comunidades Autónomas, las personas sin apenas recursos van a poder seguir litigando “como pobres” tal y como antaño se decía en lo que hoy se denomina beneficio de justicia gratuita. ¿Y de los ricos? Pues que podrán pleitear pues ellos sí que podrán asumir ese nuevo coste.

 

En cambio, las clases medias, que son las golpeadas por casi todas las medidas gubernamentales: trabajadores por cuenta ajena, pequeños empresarios, empleados públicos, etc, son, también, los más perjudicados por esta ley promovida por el Ministerio de Injusticia.

 

Establecer un sistema judicial en el que el acceso está gravemente impedido para la gran mayoría de la población, es claramente una medida inconstitucional y son prácticamente unánimes las opiniones de todos los sectores jurídicos a los que el gobierno, como sucede en otros ámbitos, no quiere escuchar.

 

Si al impedimento para los ciudadanos se suma que para la Administración que litiga profusamente y que en ocasiones solo busca dilatar la solución, no tenga, en cambio que pagar, es una vulneración del principio de igualdad procesal. Hay que tratar igual a las dos partes en un juicio y al configurar esta decisión como una tasa y dado que las Administraciones están exentas, se produce una situación muy desigual.

 

El negro es el color de las togas de los jueces pero también expresión que nuestra Justicia esta de luto.

31 comentarios
  1. Quasimontoro
    Quasimontoro Dice:

    Jesús,

    Con respeto le digo que usted repite argumentos que ya se han hecho en otras entradas de este blog, con el agravante de agregar un comentario general sobre el gobierno y sus políticas. Usted dice que sin justicia no hay democracia y tiene razón. Pero usted no dice que la justicia española hace tiempo atrás –quizás mucho más que lo que la gran mayoría de juristas españoles reconocen– que no cumplía con los estándares mínimos que la tutela judicial exige.

    No voy a repetir comentarios a las entradas anteriores sobre el tema, pero sí insisto en que el Colegio de Abogados y cada uno de los abogados indignados por las nuevas tasas deberían estar haciendo propuestas para mejorar radicalmente la justicia española. Quizás yo no las haya leído o escuchado por vivir muy lejos, pero no encuentro debate serio alguno sobre propuestas concretas. Peor todavía, no encuentro un diagnóstico serio y bien fundamentado de las deficiencias de la justicia española. 

    • Quasinadie
      Quasinadie Dice:

      “Peor todavía, no encuentro un diagnóstico serio y bien fundamentado de las deficiencias de la justicia española.”
       
      Claro que no, es probable que tal diagnóstico no proceda de los autores de este blog. De igual forma, carecemos de diagnósticos serios de nuestros problemas económicos (blogs como Nada Es Gratis tampoco ayudan, supongo)
       
      ¿Y qué implica carecer de buenos diagnósticos? Que no se puede actuar, o que la actuación del gobierno es tan buena como cualquier otra. Vamos, ¡que mejor no verlos!

    • Quasimontoro
      Quasimontoro Dice:

      Quasinadie,

      Implica poco interés en resolver el problema. Implica mucho interés en hablar sin saber de qué se está hablando.  

    • Quasinadie
      Quasinadie Dice:

      Respuesta errónea. Descalifica mis conocimientos sin pretender defender su afirmación de que no existen diagnósticos serios de los problemas del sistema judicial español.

    • Quasimontoro
      Quasimontoro Dice:

      Yo no afirmo. Yo digo que “no encuentro“ precisamente porque nadie puede afirmar que no existen. Le agradeceré la referencia si es que conoce alguno. 

      Además, no me queda claro qué conocimientos suyos estoy descalificando y le agradeceré que me precise qué idea suya he descalificado. Antes por favor vuelva a leer mi respuesta a su pregunta.  

    • Sito
      Sito Dice:

      Quasimontoro,
       
      Diagnóstico: necesidad de independencia, despolitización, desjudicialización de asuntos, TC, informatización, modernización, necesidad de medios materiales y personales (bajo nivel de jueces/hab), conflictos en la adm de justicia autonómica… Entre otros.
       
      Un montón de soluciones propuestas, en este blog, entre otros. 
       
      Todo ello concentrado aquí, para mí de la mejor forma vista ahora:
       
      http://hayderecho.com/2012/01/10/ideas-para-la-mejora-de-la-situacion-actual-de-la-administracion-de-justicia-en-espana/
       
      Decir que ud desconoce un diagnóstico certero de los problemas de la Justicia, siendo habitual por estos lares… cuanto menos es bastante sorprendente. 

    • Quasinadie
      Quasinadie Dice:

       
      Apreciado Quasimontoro,
       
      Quede claro entonces que su objeción se resume en su desconocimiento de las fuentes. Creo que el sentido común, y en particular el que impera en este blog, sugiere que (obviamente) existen diagnósticos serios de los problemas de la justicia española y propuestas de solución.
       
      La motivación política para aplicarlas y la resistencia al cambio del sistema es un problema aparte, pero desde luego no se justifican con el desconocimiento o la descalificación de las propuestas. Ese sería el camino fácil, pero intelectualmente deshonesto.

  2. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Poco que añadir. Enhorabuena y gracias por el trabajo.

    Sorprende que ningún partido político haga bandera de cosas como la insultante desigualdad de armas entre el estado y los ciudadanos.

    Es una de las cosas que la gente encuentra más irritante. Desde el proceso administratativo de las multas de tráfico a los privilegios del onmipotente.

    El estado se está preparando para el invierno que viene y lleva tiempo haciéndolo.

    Buenos días

  3. Verónica del Carpio Fiestas
    Verónica del Carpio Fiestas Dice:

    Enhorabuena al autor del post, que suscribo punto por punto, menos en una cosa: “las personas sin apenas recursos van a poder seguir litigando “como pobres”. Ojalá. El Ministerio hace lo posible para que no sea. Lean al recién  difundido anteproyecto de 29 de noviembre de ley de justicia gratuita, o mejor, “ley para DEJAR sin justicia gratuita” y verán que TAMPOCO los “pobres” van a poder litigar como “pobres”.
    Para hacerse a la idea de tono y contenido, solo lean la exposición de motivos y verán que por una simple ley ordinaria se pretende cercenar este derecho constitucional hasta el extremo de considerar que los derechos constitucionales se desgastan por el uso, como los zapatos, y por tanto hay que limitar su utilización a tres veces al año, y que es “patológico” (sic) su uso “excesivo”.  De los papeleos imposibles para que se conceda partiendo de la presunción de abuso, ni hablo.
    ¿Grave? Poco decir. El derecho constitucional a la justicia gratuita para quienes cerecen de recursos para litigar es complemento indispensable de la tutela judicial efectiva, al que está íntimamente unido hasta en el mismo artículo 24 CE, y básico en el Estado de Derecho.
    Y en este también inconstitucional anteproyecto se incluyen las excepciones a tasas que el Sr. Ministro ha considerado oportuno. Y todo con vacatio legis de 6 meses. 6 meses con estas tasas, incluso para víctimas de violencia de género y demás categorías arbitrariamente escogidas  que ahora -no hace 15 días- se consideran merecedoras de estar exentas de tasas para algunos casos.
    Sí, por favor, QUE ALGUIEN SE LO DIGA AL SR. MINISTRO.
    Acceso a texto del anteproyecto en http://veronicadelcarpio.wordpress.com/texto-del-impactante-anteproyecto-de-ley-de-justicia-gratuita-para-dejar-sin-justicia-gratuita-incluye-modificaciones-a-la-ley-de-tasas/

  4. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Sin Justicia no sólo no hay Democracia; sin Justicia no hay Sociedad.
    Los judíos creen que Dios le dio a Noé, al salir del arca, un Código elemental de leyes para todas las naciones. Eran siete preceptos (para los judíos vendría luego la Torá, con 613 normas).
    Seis de esos preceptos (se dice que se dieron a Adán y Eva, cuando no había “sociedad” propiamente tal) recogen la esencia del Derecho Natural: no matar, no blasfemar… Y el séptimo de ellos (dado justo al acabar el diluvio, cuando ya hay “sociedad”) dice:
    ESTABLECER TRIBUNALES DE JUSTICIA.
    Es históricamente el primer precepto JURIDICO de nuestra Civilización.
    Es un pilar esencialísimo para convivir; tal vez el más importante de todos. Ahora Gallardón hace lo que hace. Este señor parece que está por encima del bien y del mal.

  5. Quasimontoro
    Quasimontoro Dice:

    El problema no es la Justicia (ni la sanidad, ni la educación, ni tantos otros servicios que la gente demanda). El problema es un estatus quo que ni puede ni debe mantenerse. 

    Acabo de leer este artículo en El Confidencial

    http://www.elconfidencial.com/economia/2012/12/07/la%2Due%2Dlanza%2Dun%2Dplan%2Dcontra%2Dlos%2Dparaisos%2Dfiscales%2Dy%2Danuncia%2Dun%2Dnif%2Deuropeo%2D110716/

    que describe la campaña de los gobiernos europeos, ahora centralizada en la UE, para recaudar todos los impuestos que la “equidad“ impone a la riqueza. El artículo es un buen retrato de la desesperación de los políticos y sus cómplices para legitimar y legalizar el asalto a aquella parte de la riqueza que esos políticos no controlan (buena parte ya la controlan y la disfrutan impunemente). Los políticos y sus cómplices deben financiar sus gastos y ya no hay de donde rascar un euro. La idea es que si se cierran todas las puertas al capital, entonces se lo podrá saquear impunemente. Disfrazados de Robin Hood, los políticos y sus cómplices harán justicia pero jamás rendirán cuenta de lo que han hecho y harán con el botín de su asalto.

    De igual manera, a nivel de estado nacional, los políticos y sus cómplices tratan de financiar sus gastos en nombre de la “equidad“. A nivel nacional las tasas de los impuestos ya no se pueden subir porque son altas y no puede evitarse la fuga del capital y de las personas que reduce la base de los impuestos. Pero a nivel nacional se puede intentar asaltar a los usuarios de los servicios públicos cobrando por la prestación de los servicios –en educación y sanidad, los usuarios de esos servicios pagarán el alza de las tasas, pero en tribunales los abogados que controlan el acceso a los servicios pagarán las nuevas tasas. Los funcionarios de todos los servicios protestan con indignación porque se dan cuenta que las nuevas tasas nunca recaudarán lo suficiente para mantenerles los sueldos previos a la crisis. Ningún servicio mejorará, ni en cantidad ni en calidad, y seguirán siendo tan malos como antes de la crisis porque los funcionarios y los profesionales que controlan el acceso a ellos no tienen interés alguno en cambiar el estatus quo, solo quieren proteger sus intereses personales.   
    (…)

    • Quasimontoro
      Quasimontoro Dice:

      Recién leí este artículo en el Washington Post

      http://www.washingtonpost.com/business/economy/could-the-platinum-coin-option-solve-the-us-debt-crisis/2012/12/06/d6dc7956-3fe5-11e2-ae43-cf491b837f7b_story.html?hpid=z2

      donde un profesor de derecho de la U. de Yale propone una gran solución para que el gobierno de Obama pueda evadir el control del Congreso sobre el endeudamiento público. La solución seguramente interesará a los españoles que quieren ayudar al gobierno de Rajoy a mantener el estatus quo, esto es, un alto nivel de gasto público. Debo advertir que hay un error gravísimo en el artículo del WP porque aunque el gobierno tuviera muchos lingotes de platino para acuñar las monedas, el circulante aumentaría y tendría eventualmente un efecto inflacionario (nota: muchos economistas dirán que estoy equivocado como lo prueba el fuerte aumento de la base monetaria del Fed desde septiembre 2008, pero no lo estoy porque yo digo que aumentaría el circulante que es sólo una parte de la base monetaria y que ha aumentado poco desde septiembre 2008). Pero si el gobierno efectivamente tiene esos lingotes, lo que sí puede hacer es emitir bonos garantizados por los lingotes, sin necesidad de ir al Fed –sólo habría que ponerlos en un almacén fuera del alcance de los políticos para que los mercados los aceptaran en garantía. El problema es que necesitaría la aprobación del Congreso para hacerlo –en EEUU muy difícil de conseguirlo, pero en España podría ser mucho más fácil. 

      La cuestión entonces es qué podría dar Rajoy en garantía para emitir más deuda, pero deuda que sería distinta a la existente porque tendría una garantía específica. Sugiero a los editores del blog realizar un concurso entre sus lectores para encontrar la mejor respuesta. 

    • Luis García
      Luis García Dice:

      Señor Quasimontoro: mire, creo que no sabe sinceramente de lo que está hablando. Los funcionarios no protestan con indignación porque ” las nuevas tasas nunca recaudarán lo suficiente para mantenerles los sueldos previos a la crisis”. Protestan con indignación porque , con un Juzgado con un módulo de entrada de 1.400 asuntos civiles al año y otros 3.000 penales, se pretende: a)no convocar oposiciones , ni tan siquiera para cubrir la tasa de reposición; b) suprimir a los funcionarios sustitutos, introduciendo la reforma de la LOPJ que está por salir la obligación de que un Juez, que casi no puede con su Juzgado, asuma la dirección de otro órgano cuando el compañero cause baja por enfermedad, parto o licencia; c)porque le ofrezcan,  para tramitar lo anterior, seis funcionarios, algunos inadecuadamente formados; d)porque los medios materiales que le dan son igualmente pésimos, los programas informáticos de una CCAA no están interconectados con los de otras , etc etc.

      Y además, por las tasas, que no les van ni les vienen en lo personal, pero son un atropello en lo jurídico, y en lo moral.  

    • Quasimontoro
      Quasimontoro Dice:

      Sr. García, si los funcionarios de todos los servicios públicos y los profesionales que no siendo funcionarios controlan el acceso a los servicios públicos estuvieran peleando por la calidad de esos servicios, los habríamos visto manifestarse e indignarse mucho tiempo atrás y no en este año cuando el gobierno se ha visto forzado a buscar fondos para mantener algo que no se puede mantener. En todos los países que han debido hacer frente a una fuerte crisis fiscal, los funcionarios y los beneficiarios de los servicios públicos han mostrado la misma indignación que sus pares españoles. Por supuesto, la indignación se pretende justifican por referencia a principios y valores y no a intereses personales.  

      En todo caso, prepárese porque en los próximos 10 años verá una fuerte caída en la calidad de los servicios públicos, incluyendo la justicia. Esa caída será consecuencia directa de los menores ingresos reales (incluyendo todo tipo de beneficios) de los funcionarios y, en el caso de la justicia, de los abogados.  

  6. Isaac Ibáñez García
    Isaac Ibáñez García Dice:

    Al final, el resultado de lo que se está haciendo es el cierre de las puertas de los tribunales a los ciudadanos. Me gustaría recordar el discurso del Partido del Gobierno en la pasada legislatura, es decir, hace muy poco, para contrastarlo con las medidas que se están tomando hoy desde el Ministerio de Justicia.

     Así,  las reflexiones del diputado señor FERRER ROSELLÓ en el Pleno del Congreso de los Diputados, el 21 de septiembre de 2011[1], en la tramitación final del proyecto de ley de medidas de agilización procesal:
    “En este sentido, debo confesarles que yo, que soy de natural modesto, jamás pretendí que mi actividad parlamentaria me hiciera entrar en el parnaso de los legisladores, pero francamente no era este el final que tenía previsto, ni desde luego el más deseado. Sus señorías tal vez recuerden haberme oído citar en alguna ocasión algún pasaje de La venganza de Don Mendo, del admirado Muñoz Seca. Me viene a la memoria otro —creo que singularmente apropiado— en relación con el debate que hoy sostenemos, aquel que decía: No fui yo, que fue el maldito cariñena. En las mismas podría afirmarles: No fui yo, que fue esta ley maldita. Maldita porque fue una ley precipitada, improvisada, fruto de ese frenesí legislativo que sacudió al Ministerio de Justicia en el tramo final de su azarosa gestión; maldita por inopinada, porque es cierto que el sistema judicial español lleva años bailando una especie de giga enloquecida al borde del abismo, en una situación de permanente colapso que ha perjudicado gravemente su credibilidad y empañado su prestigio. Sin embargo, empiezan ustedes por donde no deben. Es cierto que la segunda instancia está atascada, como lo está toda la justicia en mayor o menor medida, pero no está ahí el embudo, no es ese ni remotamente el principal de los problemas. Luego qué sentido para ustedes tienen conceptos elementales de gestión de las crisis como priorizar. Pero sobre todo, señorías, es una ley maldita por injusta, porque es profunda y deliberadamente injusta en su definición. ¿Cuál es para ustedes el argumento intelectual que justifica esta ley? ¿Cuál es el proceso mental que ha conducido a su redacción? Yo se lo explico. Si las audiencias y el Tribunal Supremo son incapaces de lidiar con el número de recursos que se presentan, lo que hay que conseguir es que los ciudadanos no recurran. Brillante en su concepción y la verdad es que uno se pregunta ¿cómo no se nos había ocurrido antes?
    (…)

  7. Isaac Ibáñez García
    Isaac Ibáñez García Dice:

    Para el que le interese, en la página web del Foro de la Sociedad Civil puede leerse la siguiente información:

    http://www.forosociedadcivil.org/

     Los miembros de la Comisión de Justicia del Foro de la Sociedad Civil vienen trabajando desde comienzos de curso en un documento que aborda los temas más importantes que afectan a la reforma de la Justicia en nuestro país. En dicho trabajo se abordan cuestiones como la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial; el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional; así como distintas cuestiones que afectan al Ministerio Fiscal.
    El Documento trata de responder a las dos cuestiones que más preocupan hoy a la ciudadanía: la independencia del Poder Judicial y la necesaria agilización de la Administración de Justicia.
    Tan pronto como se encuentre concluido lo daremos a conocer.

  8. Quasimontoro
    Quasimontoro Dice:

    Hay una vieja discusión –quizás no en España– donde se cuestiona a los políticos porque primero actúan y después piensan y también a los académicos porque piensan mucho y luego quizás no llegan a una conclusión sobre lo que habría que hacer. Como siempre en la vida, lo difícil es encontrar un equilibrio entre ambas cosas. No son buenas señales que un presidente nombre una comisión para estudiar algo que se supone urgente o que un presidente sea llamado estúpido por no hacer ya mismo lo que un comité académico recomienda. El papel de los asesores es precisamente filtrar el conocimiento necesario para que el presidente tome decisiones, ojalá con una buen análisis  de las probables consecuencias de las acciones alternativas. 
     
    Algunos tenemos la suerte de no ocupar hoy cargos que nos demandan tomar decisiones importantes y urgentes que afectan a muchas otras personas. Nos podemos dar el lujo de pensar temas complejos para beneficio de otros que en algún momento tendrán que tomar decisiones sobre esos temas. Sin duda, el tema de la judicatura es un tema complejo, mucho más porque en todos los países existe un sistema judicial y su reforma afecta muchos intereses. Las propuestas de reformas basadas en argumentos filosóficos o en un pobre conocimiento de cómo funciona el sistema vigente son pan de cada día pero no sobreviven una noche. La urgencia no es excusa para la estupidez. 
     
    En Europa, la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ — http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_EN.asp? ) ha celebrado ayer su décimo aniversario con una sesión plenaria donde se evaluó su trabajo y se propuso una nueva agenda. La CEPEJ ha circulado varios documentos con su evaluación de los sistemas judiciales de un gran número de países, incluyendo España. No conozco otra agencia internacional que haya hecho un trabajo similar que requiere primero de un gran esfuerzo para acordar una metodología de evaluación y luego la recopilación y verificación de datos e información de cada país. Para cualquiera de los países miembros de CEPEJ su trabajo de evaluación debería ser básico en la preparación de propuestas de reformas. Me ha llamado la atención el poco (casi nulo) interés que el trabajo de CEPEJ despierta en España y en particular que en las discusiones de temas específicos (por ejemplo, las nuevas tasas) se ignoren los datos y la información de los documentos de CEPEJ. Aunque discrepo fuerte de la metodología de evaluación del CEPEJ, sí aprecio los datos y la información recopilada (no puedo decir verificada porque tengo la impresión de que poco o nada se hace al respecto). 
     
    Agradezco a Sito y a Isaac sus referencias. En cuanto a la referencia al post de Eloy Velasco Nuñez (de fecha 10 de enero de 2012), sus propuestas son indicativas de las preocupaciones del autor pero no he encontrado un trabajo previo en que el autor plantee su diagnóstico. En cuanto al próximo documento del Foro de la Sociedad Civil tendré que esperar que esté disponible. 

  9. antonio
    antonio Dice:

    He pleiteado mucho a lo largo de mi ancha vida, para obtener escasísimos resultados. Cuándo me han dado la razón, ha sido tan tarde que ya casi me ha dado igual… Por otra parte el camino -gratuito- de la justicia está lleno de sanguijuelas, llamadas procuradores, abogados, peritos, etc.
    En resumen, prefiero una justicia pagada, pero rápida. Y, por supuesto, pienso habría que suprimir a los procuradores, con lo cual se reduciría bastante el coste de los pleitos. 

  10. Luis García
    Luis García Dice:

    Señor Quasimontoro: ¿de donde extrae la conclusión de que los funcionarios,  y particularmente los jueces,  no llevan indignándose durante bastantes lustros? ¿ No recuerda vd. las dos huelgas convocadas en el 2009, cuando no habían sobrevenido aun ni los recortes de las nóminas, ni la supresión de los permisos, ni el recorte de prestaciones en situación de IT, ni  la supresión de los sustitutos, ni la ley de tasas? ¿Cuál cree que era el objetivo de esas dos protestas, aparte de pedir, como ahora, el cese del Ministro, cese que definitivamente se produjo tras una celebérrima cacería? 

    • Quasimontoro
      Quasimontoro Dice:

      Sr. García, le sugiero una búsqueda en internet para ver lo que se dijo en su momento sobre las huelgas del 2009. Primero, lo único interesante fue la novedad de una huelga de jueces y la discusión filosófica sobre si los jueces tenían derecho a huelga. Segundo, lo más grotesco fue que la huelga destapó –una vez más– el grado de corrupción de la justicia española al poner de manifiesto la estrecha relación entre Garzón (un político disfrazado de juez) y el ministro Fernández Bermejo quién creyó que sus privilegios de político le servirían hasta para cazar sin licencia en un país donde la masa necesita licencia hasta para levantarse. Tercero, lo menos interesante fue la causa de la huelga porque quedó en evidencia que los jueces no querían trabajar horas extras, aunque seguramente lo hubieran hecho si les pagaban las horas extras. Ya había empezado la crisis a pesar de que Zapatero la negaba –las malas lenguas dicen que también negaba que la tierra era redonda– y el creciente debilitamiento del gobierno permitió a algunos jueces salir a la calle para exigir menos trabajo o más sueldo. 

    • Quasimontoro
      Quasimontoro Dice:

      Paulo, 

      Gracias por la referencia. Leyendo el artículo me acordé del texto de Robert Cooter, The Strategic Constitution, donde describe los dos sistemas de independencia del poder judicial (ver págs. 195 y siguientes). En el sistema europeo, la independencia implica una estructura jerárquica parecida (jamás igual) a la del Ejército o cualquier Fuerza Armada, donde todos tienen coartados sus derechos fundamentales. Por el contrario, en el sistema de EEUU los jueces siempre conservan esos derechos, aunque deben ejercitarlos con la prudencia que sus cargos imponen.

      Si conoce algún análisis comparativo de esas dos alternativas de independencia judicial desde la perspectiva europea, le agradeceré la referencia. 

  11. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    (leído en cadenaser.com)

    El desacuerdo con las nuevas leyes en Justicia ha sidoprácticamente unánime por parte de los colectivos profesionales que consideran que perjudican sus condiciones de trabajo pero también el servicio que se presta al ciudadano.
    El Consejo General de la Abogacía Española acogerá este evento previo a las concentraciones convocadas para el miércoles al mediodía a las puertas de todas las sedes judiciales. Ese día, los magistrados llevarán a cabo un paro de una hora ante los juzgados y tribunales de todo el país.
    El evento, que lleva por lema Acto Público de Defensa de la Administración de Justicia, reunirá a las siete asociaciones de jueces y fiscales y a la ”Plataforma Justicia para Todos”, constituida por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios, UGT, CCOO, USO y CSI-F.
    Entre las reformas que han soliviantado a los profesionales de la Justicia, se encuentra la ley de tasas judiciales, que eleva hasta 1.200 euros el precio por interponer un recurso de casación en lo Civil y lo Contencioso-Administrativo.
    Así lo explica el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Carlos Artal, que entiende que se crea una Justicia de “dos velocidades” que perjudica a la clase media.
    A su juicio, los colectivos profesionales, con distintos intereses, se unen por primera vez como un “ejercicio de responsabilidad” ante los proyectos que, “lejos de mejorar la Justicia, van a causar graves perjuicios para el ciudadano”.
    Otras de las medidas que han provocado el rechazo de los togados es la ley que supone la práctica supresión del número de jueces sustitutos y reduce los permisos, con un consiguiente aumento de la carga de trabajo para los magistrados titulares.
    Los planes de Gallardón en la Reforma del Registro Civil también ha sido criticada por sindicatos y asociaciones, como el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), que advierten de una “privatización” y denuncian que el ciudadano pagará por servicios que hasta ahora eran gratuitos.
    Miembros de la Carrera Judicial, la Carrera Fiscal o secretarios judiciales también han alzado la voz contra el drama de los desahucios y han planteado la suspensión de los desalojos. La Unión Progresista de Secretarios Judiciales pide derogar la Ley Hipotecaria para aprobar una nueva norma que prevea fórmulas como la dación en pago.

  12. Maria
    Maria Dice:

    Qué terrible resulta la lectura del poema de Shelley , The masque of Anarchy, (por no hablar de las canciones campesinas egipcias de hace 3000 años) denunciando la opresión y la explotación.
    Quienes lo lean en un futuro todavia dominado por la opresión y la explotación, afirmarán : “Ya en aquel tiempo.. “

  13. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    Pues con lo que está cayendo, adivinen la preocupación máxima de los magistrados del Supremo:

    (leído en cadenaser.com)

    Pataleta de magistrados del Supremo por la retirada del coche oficial

    En un documento instan al Ejecutivo a que extienda esta medida y a que incluya al Tribunal Supremo dentro de los órganos de relevancia constitucional

    Veinticinco magistrados del Tribunal Supremo han remitido a la sala de gobierno un acuerdo por el que exigen al Gobierno que incluya al alto tribunal en el decreto que recoge los órganos de relevancia constitucional. Una categoría que les permitiría acceder al coche oficial, sin embargo, los firmantes señalan que “para evitar malentendidos no quieren recuperar ese servicio” porque apoyaron la medida.

    Veinticinco magistrados del Tribunal Supremo han remitido un acuerdo a la sala de gobierno para que pida al Gobierno que incluya a la Institución dentro del catálogo de órganos de relevancia constitucional. Un reconocimiento que permitiría a los magistrados disfrutar del servicio de coche oficial, del que ahora mismo solo disponen los miembros de esta sala de gobierno.

    Los firmantes, para evitar suspicacias, aseguran que el fin no es el de recuperar el coche oficial sino que “apoyan esa medida y piden que se haga extensiva a todos los cargos con la única excepción de los Presidentes de los órganos con relevancia constitucional”, entre los que quieren que se incluya al Tribunal Supremo. El documento califica de “gravísimo error merecedor de una inmediata rectificación” esta exclusión.

  14. Merche
    Merche Dice:

    Pues con todo lo que está cayendo (ERE de jueces sustitutos, privación de la independencia judicial en la nueva ley orgánica, tasas judiciales prohibitivas del acceso a la jurisdicción…), con todo esto, miren ustedes de lo que se preocupa el CGPJ:

    (leído en cadenaser.com)

    El vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, ha presentado un escrito instando a que se anule la decisión del pleno que dejó sin efecto el reparto de las plazas de parking en la Audiencia Nacional que acordó la sala de gobierno. Gómez Benítez sostiene que esa decisión es fruto de la actuación “arbitraria” del presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, que anuló la primera votación porque hubo vocales que se abstuvieron y no anuló la segunda cuando ocurrió exactamente lo mismo.

    El pasado 29 de noviembre, el pleno del Consejo General del Poder Judicial anuló el reparto de las plazas de parking en la Audiencia Nacional que había acordado la sala de gobierno. Una mayoría de vocales votó a favor de estimar el recurso del Fiscal Jefe de este órgano judicial, Javier Zaragoza, que entendía que se había perjudicado al Ministerio Público, tal y como les adelantó la Cadena SER.

    Ahora el vocal José Manuel Gómez Benítez ha pedido por escrito que ese acuerdo quede sin efecto. En el documento, al que ha tenido acceso esta emisora, Gómez Benítez recuerda que hubo una primera votación en la que la propuesta de su compañera, Almudena Lastra, a favor de estimar el recurso de Zaragoza no reunió los votos necesarios y se quedó con diez apoyos porque hubo dos abstenciones. El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Gonzalo Moliner, señaló en ese momento que no cabía la abstención y ordenó que se repitiera la votación. En la segunda votación, las tesis de Lastra salieron adelante con once votos pero un vocal continuó absteniéndose.

    Por eso, Gómez Benítez tacha de “arbitraria” la actuación de Moliner que dio el visto bueno a esta segunda votación. En su escrito pide “la nulidad de pleno derecho de ese acuerdo porque si se estima válida la segunda votación pese a la persistencia de abstenciones, debería haber sido válida la primera o deberían haberse anulado las dos”.

  15. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    No sé si se ha dedicado ya alguna entrada al tema de los Indultos (ese vaciamiento de la sentencia penal, en palabras de Manzanares Samaniego), porque empecé tarde a seguir este blog, pero creo que es necesario hacerlo, y más tras saber que el Ministerio de Justicia ha concedido el indulto a un conductor que iba DOLOSAMENTE conduciendo en dirección contraria y causó un choque mortal, por lo que fue condenado penalmente a 13 años de prisión.

    Parece ser que un hijo de Gallardón está vinculado con el bufete que ha gestionado la petición de indulto.

    Ya está bien de que los indultos no sean motivados. Si hay razones materiales de justicia o de oportunidad, el Gobierno debe explicitarlas en el Decreto de concesión del indulto.

    ¿Y qué opinan en este caso los familiares del fallecido? ¿Se les ha oído? ¿Se les ha hecho caso?

    Creo que la oposición ha pedido a Gallardón que informe de los criterios tenidos en cuenta en materia de indultos, pero no es suficiente, porque esto clama al cielo por la gravedad de la decisión y la alarma social que produce. ¿Tienen sentido, después de esto, las campañas de tráfico y seguridad vial?.

    Ya sé que Zapatero se despidió concediendo algún indulto intolerable, pero esto no justifica la indecorosa conducta del actual gobierno.

    Además, muchos opinan que por las vinculaciones familiares con el bufete del indultado el ministro de Justicia debería haberse abstenido en esta decisión, pues es su Ministerio quien tramita los expedientes de indulto. Otro borrón en el expediente del actual ministro, que debería llevar a Rajoy a destituirle YA.

  16. Luisa
    Luisa Dice:

    Y así se sigue funcionando en el CGPJ:

    -A cambio de que tú aceptes uno de mi cuerda para el TSJ de Valencia, yo voto uno de tu cuerda para lo cont-advo de Castilla y León.

    -Vale, de acuerdo.

    O sea, crudo y desnudo INTERCAMBIO DE CROMOS. Nada de buscar al más competente, al más trabajador, al más capacitado, al más prestigioso… No, nada de eso: puro y simple trapicheo de cargos.

    (leído en cadenaser.com)

    El pleno del Consejo del Poder Judicial elige este jueves al presidente de la sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal de Justicia de Castilla y León y al magistrado de la sala de lo civil y penal del Tribunal de Justicia de Valencia que sustituirá a José Flors que ha decidido jubilarse. Flors fue el juez que sentó en el banquillo a Francisco Camps por el caso de los trajes y cuenta con un gran prestigio entre sus compañeros.

    El Tribunal de Justicia de Valencia tiene por delante los juicios sobre la rama valenciana del caso Gürtel por los que se tienen que sentar en el banquillo distintos miembros de los gobiernos de Camps. Los candidatos para sustituir a Flors son María Ibáñez, José Manuel Ortega y Antonio Ferrer. Los dos primeros están vinculados a la asociación progresista, Jueces para la Democracia. El tercero, que según fuentes del consejo no está asociado, es el candidato del sector conservador y el que tiene más posibilidades de salir elegido.

    Ferrer contaría con el apoyo de los nueve vocales a propuesta del PP a los que se sumaría el voto de vocales progresistas, a cambio de obtener la presidencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Justicia de Castilla y León. Este es el acuerdo que busca una mayoría de vocales del Consejo del Poder Judicial, aunque un sector minoritario lucha contra reloj para evitarlo.

    (Seguir leyendo en

    http://www.cadenaser.com/espana/articulo/poder-judicial-busca-tribunal-conservador-juzgar-gurtel-valencia/csrcsrpor/20130123csrcsrnac_26/Tes

  17. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    (Leído en

    http://www.elconfidencial.com/espana/2013/02/28/metodo-3-investigaba-a-jueces-de-barcelona-para-poder-chantajearlos-115964/

    La agencia de detectives Método 3 de Barcelona había realizado averiguaciones sobre jueces de la capital catalana para conocer sus puntos débiles y escudriñar vías de acercamiento a los mismos, según se desprende de la abundante documentación incautada en la sede de la empresa. Los informes eran solicitados por clientes del despacho con asuntos pendientes que instruirían los jueces en cuestión. Se trata, en definitiva, de informes confidenciales a la carta, con el propósito de obtener información para poder influir sobre los magistrados.

    En la sede de Método 3, aparecieron dos detallados informes sobre magistrados de Barcelona en os que se explican sus currículums, sus patrimonios, sus relaciones y las de sus familiares más cercanos.

    Uno de los informes, de sólo seis folios, hace referencia a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona (en realidad, había estado en el número 3 de primera instancia) y hoy titular de uno de los juzgados de vigilancia penitenciaria,M.J.A. Se detallan en el texto todos los trabajos que tuvo a lo largo de su historial laboral y se especifica que en el momento de firmar el dosier, el 8 de septiembre de 2010, se encuentra de baja desde el día 6 y en el juzgado “están esperando un sustituto antes del 13 de septiembre, ya que ese día se tiene previsto celebrar juicios”.

    Bajo el título “Relaciones y vías de acercamiento”, el informe de Método 3 desmenuza los intereses profesionales del marido de la juez, R.S., “arquitecto urbanista y postgraduado por IESE”. El marido fue presidente de Gisa durante dos años. Esta empresa es la que centraliza toda la obra pública de la Generalitat de Cataluña. Además, asegura que es “asesor del Consejo de Indra BMB”. Después de reseñar otros cargos, contiene asimismo detalles de las cuentas anuales de algunas de las empresas en las que tiene intereses profesionales.

    Vinculaciones políticas

    “El matrimonio está muy vinculado a CiU pero, en la actualidad, dado que el marido ha construido (sic) la Ciudad de la Justicia, se ha acercado al PSC”. El dosier termina con una coletilla clarificadora: “Emitimos esta información con el carácter de confidencial para el solo conocimiento de la empresa cliente sin que pueda ser ratificado ante ningún Tribunal o instancia”. La coletilla contrasta con otros informes realizados para ser utilizados en juicios, a los que incluso acuden el director de Método 3, Francisco Horacio Marco, o detectives de su despacho, con el objeto de ratificar las investigaciones realizadas para sus clientes.

    De parecido carácter es el informe realizado sobre J.G.A., magistrado de la Audiencia de Barcelona, a quien se le revisaron sus cuentas. El juez no tenía deudas ni impagados, pero, en dos ocasiones, Hacienda le hizo una declaración paralela.

    (Seguir leyendo en

    http://www.elconfidencial.com/espana/2013/02/28/metodo-3-in

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