Los informes del Tribunal de Cuentas: las malas prácticas en la contratación de las Comunidades Autónomas

La Constitución Española, en su artículo 136, define al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas públicas. La Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, desarrolla sus competencias y funciones, su composición y organización.

 

La siempre importante función encomendada a este Órgano Constitucional se hace más relevante si cabe en estos momentos en los que la muy precaria situación de las cuentas públicas da pie a recortes en los servicios y prestaciones a los ciudadanos, a continuos aumentos de la presión fiscal, e incluso a la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. La gestión de los recursos públicos ha de ser siempre escrupulosa, pero es que ahora, además, cada euro público que procede de la muy elevada presión fiscal o de un creciente endeudamiento del Estado a insoportablemente altos tipos de interés, ha de ser gastado con el mayor de los cuidados. Esa escrupulosidad es además una obligación esencial de los gestores públicos. No está de más recordar el contenido del art. 38.1 de la citada LO 2/1982, según el cual “El que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y prejuicios causados”.

 

El Tribunal de Cuentas publica periódicamente informes, en los que recoge el resultado de su función fiscalizadora. Igualmente, publica una memoria anual que resume su actividad durante el año. En la memoria anual de 2011 (ver aquí) figuran los efectivos al servicio del Tribunal, que a fecha 31 de diciembre de 2011 ascendían a 602 funcionarios, 168 laborales y 31 eventuales; es decir, un total de 801 personas.

 

En este año 2012, el Tribunal ha publicado, entre otros, el informe de fiscalización de la actividad del sector público autonómico durante los años 2006 y 2007 (ver aquí). Este informe, del que se han hecho eco algunos medios de comunicación , incide en las malas prácticas en materia de contratación en el ámbito de las Comunidades Autónomas. En las páginas 228 y siguientes del citado informe se recopilan los vicios más frecuentes en la contratación de las AAPP: fraccionamiento indebido, tramitación de urgencia no justificada, mejores valoraciones para empresas radicadas en la Comunidad Autónoma, adjudicaciones no motivadas, abuso de los procedimientos negociados sin publicidad, contrataciones de consultorías innecesarias, y así un largo etcétera. Por su singularidad, el Tribunal en su informe hace mención expresa de la contratación del “Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia” , adjudicado por un precio superior al presupuesto de licitación, contratado con una capacidad muy superior a la establecida como necesaria por la propia Administración contratante, y en el que la Administración además avaló al contratista por importe de 200 millones de euros, no estando dicha circunstancia prevista en la licitación. Según parece (ver aquí), el Aeropuerto iniciará sus operaciones en primavera de 2013, y para hacer honor al calificativo de “Internacional”, está negociando la apertura de una ruta directa con… China (ver aquí)

 

El Tribunal suele ser claro en sus valoraciones, censurando sin ambages las malas prácticas del sector público. Sin embargo, desde el punto de vista del ciudadano, la actividad del Tribunal, y en general de cualquier órgano de control, podría ser mucho más eficaz si pudiesen mejorarse dos aspectos esenciales de la misma.

 

En primer lugar, los plazos. En 2012 se remite a las Cortes un informe que revisa la actividad de contratación en las Comunidades Autónomas durante 2006 y 2007. Si el ciudadano informado quisiese formarse una opinión sobre el desempeño de los responsables políticos, no podría contar con esta información hasta, al menos, el siguiente ciclo electoral. Estos plazos tan dilatados impiden al elector ajustar cuentas con los partidos políticos y, en su caso, castigar con su voto a los que hayan sido poco diligentes en la administración de los caudales públicos. La rendición de cuentas llega demasiado tarde.

 

En segundo lugar, la responsabilidad. Un organismo independiente haría un gran servicio a la sociedad si hiciese seguimiento de las responsabilidades personales exigidas a cargos públicos que hayan impulsado y amparado malas prácticas como las que el Tribunal de Cuentas denuncia en sus informes, y los resultados de dicho seguimiento fuesen transparentes y públicos; es decir, se supiese en cuántos casos se han exigido responsabilidades personales y cuánto dinero ha recuperado el Estado por ese medio.

 

El ciudadano que sufre las subidas de impuestos, la bajada de las pensiones y la degradación de los servicios públicos tiene derecho a saber si la mala gestión del dinero público que tan caro nos cuesta a todos depara alguna consecuencia personal a alguien. Posiblemente entonces, al constatar en qué pocos casos esas responsabilidades se depuran, los ciudadanos reclamarían que el art. 38.1 de la LO 2/1982 y otras previsiones legales que castigan el comportamiento negligente o directamente doloso de funcionarios y cargos electos se aplicasen con mayor frecuencia. Incluso aunque, como en el caso del Primer Ministro de Islandia, la condena carezca finalmente de consecuencias prácticas, es saludable que la mala gestión sea censurada, y que en la sociedad cale la idea de que los responsables públicos están obligados a actuar como leales administradores de los recursos de todos.

 

5 comentarios
  1. Paquete
    Paquete Dice:

    Muy buen post.

    Para conocer mejor, me encantaría si fuera posible que indicará cuáles son esas “otras previsiones legales que castigan el comportamiento negligente o directamente doloso…”

    Muchas gracias, un saludo,

  2. Jorge Llanos
    Jorge Llanos Dice:

    El tribunal de Cuentas tal como esta diseñado y con los retrasos que se señalan en el artículo se convierte más en un memorial de agravios que en un instrumento fiscalizador del gasto público, del que se percibe nula o casi nula efectividad en la corrección de comportamientos o actuaciones incorrectas o manifiestamente mejorables. Creo que organismos como el US GAO (Goverment Accountability Office) hacen palidecer a nuestro tribunal de cuentas en cuanto a efectividad y profundidad de sus análisis, con control efectivo de proyectos en curso. Por poner un ejemplo el Joint strike Fighter F-35 Lighting II (hablamos de un programa de casi 400.000 millones de $) tiene varios informes a lo largo de su desarrollo con sucesivas recomendaciones ejecutivas por las desviaciones del programa tanto en cuanto a costes como en riesgos tecnológicos asumidos http://www.gao.gov/assets/600/591608.pdf . Me gustaría ver un informe similar respecto por ejemplo el Eurofighter Thyphoon o el A-400 donde vamos a gastar 20.000 millones de €, es sólo un ejemplo.

    Saludos

  3. robespierre
    robespierre Dice:

    Como tantas instituciones de nuestro país, el Tribunal de Cuentas está ocupado por los partidos políticos que luchan a brazo partido con los pobres técnicos que intentan hacer profesionalmente su trabajo. Resultado: ganan los partidos políticos, obviamente, pero se percibe una patina de profesionalidad que hace que todavía algunos ciudadanos (pocos) piensen que sirve para algo.

  4. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Estimados amigos: suscribo punto por punto la aportación de J.M. Vieira sobre el Tribunal de Cuentas. Es un órgano -como tantos otros- que padece de un total respeto ¿o es miedo simplemente? en su fiscalización y subsiguiente acción penalizadora de las malas prácticas administrativas que siempre nacen en decisiones adjetivadas como “políticas”. No hay que olvidar que el Tribunal de Cuentas debería ser un verdadero control fiscalizador (con lo que lleva ese término) de las cuentas públicas al igual que el Tribunal Constitucional debería ser un auténtico control de los dislates normativos dictados por todos los ejecutivos, previamente a su puesta en marcha. Pero tanto un organismo como otro se basan en leyes que redactan y aprueban los fiscalizados. Es igual que si los contribuyentes estableciésemos las reglas de nuestra fiscalización de rentas y gastos. Resulta extraño y políticamente incorrecto decir que “antes” los interventores delegados de Hacienda en cada administración, cumplían con más rigor este control. Su independencia de actuación era un engorro para los “nuevos tiempos” y por ello se crearon todos los “chiringuitos” públicos extrainstitucionales con los que TODOS se han sentido muy cómodos. El caso del Madrid-Arena es una muestra desgraciada de lo que pintan las administraciones públicas en actividades privadas. Pero aquí nadie mueve un dedo por miedo a “no salir en la foto”. Nadie quiere tirar del hilo conductor que nos lleve a depurar las responsabilidades de quienes tomaron las administraciones públicas como un coto “político” donde todas las piezas están reservadas a los mismos. Por eso resulta un sarcasmo por parte de quienes se consideran “liberales” en el PP o “socialistas” en el PSOE o “izquierdistas unidos” en IU el uso y el abuso de situaciones que eran caldo de cultivo para corrupciones, nepotismos y despilfarros públicos. ¿Porque todos sacan beneficio de ello? Es una pregunta. Un saludo

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