Revalorización de pensiones y el Estado de bienestar

Se ha dicho “que si Ortega se convirtió en enemigo público para las tropas nacional-católicas del franquismo, esas mismas tropas pusieron en marcha un diseño cultural que miraba al desmantelamiento del orteguismo en el seno de la vida nacional” (F. José Martín.  Rev. Occidente.- Enero 2011). Se trata de una supervaloración, no de Ortega, sino de sus oponentes pues el nacional-catolicismo en el ámbito cultural sólo hizo “asistir” a misa a las juventudes de Falange (que cantaban “viva la revolución”, “queremos el estado sindical”) y expedientar a los tres filósofos liberales (Aranguren, Laín, Gª. Calvo) que habían dado el tono a la filosofía, junto con Zaragüeta, mientras que Tierno Galván dominaba en el Instituto de Estudios Políticos.

 

Sin embargo, el nacional-catolicismo (y de las JONS) no se limitó a eso sino que decidió abrazar el laborismo y alumbrar, tras pasos sucesivos (Girón con el Seguro de Enfermedad en 1942), uno de los mas completos sistemas de Seguridad Social de Europa (aunque con bastantes deficiencias técnicas: Ley de bases de 28-12-1963), que fue precedido también por el régimen de pensiones de Mutualidades Laborales, un sistema financiero de reparto pero con capitalización de las pensiones causadas (sistema de cobertura de capitales). Por su parte, para el conjunto de España el régimen de Clases Pasivas de los funcionarios (excluidos de la Seguridad Social), poco generoso, era complementado con las pensiones del Mutualismo administrativo.

 

Aunque en ocasiones se olvide, de ese modelo sigue bebiendo en sistema español de Seguridad Social que surge de la democracia y se mantiene en el tiempo, con algunas variaciones, sin embargo, no siempre favorables. Así, el gobierno del PSOE de Felipe González, por cierto en un ambiente de crisis fiscal parecida a la actual, decidió refundir toda la variedad de mutualidades laborales por la Seguridad Social (no así las Clases Pasivas en sentido estricto), con unificación de prestaciones y recortes de los derechos adquiridos (incompatibilidad y tope de pensiones). Esa decisión comenzó a ensombrecer el panorama presente y futuro de los pensionistas y llevó al Tribunal Constitucional a hacer equilibrios jurídicos muy poco respetables, como la de que los funcionarios en materia de pensiones no tenían derechos adquiridos sino meras “expectativas de derechos”.

 

Es decir, fueron los defensores del Estado de Bienestar los primeros que recortaron derechos a los pensionistas. Y ahora, por falta de previsión, de falta de ahorro y buena gestión de unos y otros el actual sistema de Seguridad Social en España está en quiebra.  De los dos subsistemas: el de asistencia sanitaria y el de pensiones, el primero ya hace tiempo se “salio” (pasó a financiarse en buena parte por impuestos) y el segundo, tiene que acudir al crédito para pagar las pensiones, lo que supone insolvencia.

 

Pero además de un sistema en quiebra por falta de ingresos puede tratarse de un modelo inviable técnicamente. Así, los Anales del Instituto de Actuarios Españoles del año 2012 (M. García García y C. Vidal Meliá), analizan la reforma del sistema público de pensiones pretendido ahora por la ley 27/2011, que entrará en vigor de manera gradual a partir de primero de 2013.  Esta reforma se basa en aumentos de tipos, ampliación de bases y retraso de la edad de jubilación; pero con cotización global y sin especificar riesgo, o sea fuera de toda base técnica. Se justifica por las malas expectativas demográficas: natalidad, esperanza de vida, “reducción de la inmigración”. El Instituto de Actuarios hace un ligero repaso a todo nuestro sistema de seguridad social y propone una orientación racional al de pensiones, basándose en la experiencia sueca y USA (respetando el sistema de reparto). Considera necesario formular periódicamente un balance actuarial, como hacen los países citados, pero también Japón, Canadá, Reino Unido o Finlandia y otros. Ello se justifica fundamentalmente por el deseo de despolitizar la gestión de los sistemas de pensiones de reparto y contar con una base objetiva sobre la que poder aplicar un mecanismo de ajuste financiero periódico.

 

El balance actuarial (Activo-Pasivo = déficit/superávit) persigue estimar el índice de solvencia del sistema en un horizonte temporal de medio plazo (normalmente un quinquenio).  En nuestro caso se señala, como principal inconveniente para estos procedimientos técnicos, que “no existe desagregación explícita del tipo de cotización global por contingencias”.  Desagregación que también procedería del “fondo de reserva de la Seguridad Social”.  Calcula que de los 60.022 millones de euros que existían a 31-12-2009 (que ahora por el déficit creciente ha variado poco),  corresponderían a jubilación 40.133 millones de euros. Sin embargo, debería tener una cuantía mucho mayor, si se hubieran capitalizado todos los excedentes previos a la fecha inicial de constitución del fondo (año 2000).

 

El Informe citado del Instituto de Actuarios concluye que la reforma de la Ley 27/2011 parte de una ausencia de base actuarial y financiera adecuada. Como consecuencia, tal modificación no sería una solución sino “un diferimiento de las tensiones de tesorería que harán inevitable en un plazo no muy lejano a nuevas reformas”.  O sea, que el régimen de Seguridad Social no tiene un sistema de pensiones técnicamente viable, negándole ingresos de miles de millones de cuotas que se despilfarran en la llamada “formación ocupacional”, un concepto que está lejos de haber demostrado alguna eficacia para reducir el paro.

 

En cuanto al asunto de la revalorización de pensiones en función del coste de vida, cabe defender que se trata de un sistema ajeno a la buena técnica actuarial, pues no se puede prometer a los pensionistas una cantidad abierta (en función de una variable que no se conoce cuál será) que no está concretada ni “pintada” en los presupuestos que se han hecho para ese año; es decir para cuyo pago no están previstos los ingresos necesarios de forma adecuada. Esto no es hacer ningún favor a los pensionistas sino dejar todo el sistema de pensiones a la evolución del mercado de deuda, como ha pasado este año. Lo que tendría que arbitrase sería una tasa fija con financiación adecuada en función de ingresos ordinarios, pero como ya decía el Prof. Barea “los políticos sienten la tentación de establecer un mecanismo de intercambio de votos por aumento de pensiones”.

 

Y ahora para terminar entramos en una dimensión que en ocasiones pasa desapercibida cuando se habla del maltrato de la tercera edad por parte del Estado. Y ésta es el conjunto de cargas que pesan sobre las personas que han entrado en la edad de jubilación. A este respecto, cabe señalar (en línea con lo que ha sostenido el economista Alberto Recarte) que aunque la mayor parte de los pensionistas no tienen fondos de pensiones privados sí que disponen de su casa en propiedad. En cualquier otro país, aunque las pensiones públicas pueden ser más bajas, contrariamente la mayor parte de los pensionistas dispone de un fondo privado (igual más o menos al público), si bien sólo el 50 % quizás sea propietario de su vivienda. Por tanto, todas las cargas que pesan sobre la vivienda tienen una incidencia específica más grave sobre la tercera edad. A ello se añade que los pensionistas, como el de todos los contribuyentes netos, no tienen ninguna protección especial cuando toca contribuir a financiar una organización elefantiásica como la del Estado pluri-administrativo mediante un aumento de las cargas públicas directas e indirectas: actuales contribuciones a la seguridad social de la familia, coste de la energía, rescate bancario, tasas, la persecución fiscal del ahorro, depreciación de activos, etc…  Por no hablar de los nuevos impuestos autonómicos que se plantean (por ejemplo a los depósitos bancarios) que al ser las entidades bancarias las mismas que operan en el resto del territorio español es fácil suponer que, como el aleteo de una mariposa, puede incidir en las economías  domésticas de otros territorios ¿Para cuándo, por ejemplo, declarar exenta la pensión a efectos impositivos? Esto sí sería proteger a los pensionistas. Sin embargo, la situación actual deja el art. 31 de la Constitución en barbecho.

 

Y por si algo faltaba, la disposición 39 de la citada Ley 27/2011, que quiere cambiar la financiación de las pensiones altera de paso, como quien no quiera la cosa, el concepto de familia y la transforma en una empresa a efectos de la contratación del servicio doméstico, aunque sólo sea por tres horas al día, algo especialmente sensible en una población como la tercera edad, que pasa a convertirse por arte de birlibirloque en verdaderos empresarios para que les cuiden. En resumen, señores políticos, el problema de los pensionistas no sólo es de ingresos, es de los crecientes gastos incontrolados a los que les obliga el Estado que en cada campaña electoral dice querer defender a sus mayores. Vivir para ver.

7 comentarios
  1. Verónica del Carpio Fiestas
    Verónica del Carpio Fiestas Dice:

    La vivienda en propiedad es el fondo de pensiones. Ahora bien, las diversas formas jurídicas teóricas de sacar partido a la vivienda en propiedad con los bancos, dan mucho miedo. Vamos, no sé a otros; al menos a mí me dan mucho miedo. Uf, los bancos; está la cosa de seriedad jurídica y buena fe cómo para cederles la casa a cambio de unos ingresos; ni mirando con lupa el contrato.

  2. Quasimontoro
    Quasimontoro Dice:

    Santos,

    Gracias por su post. Más allá del sistema de pensiones, quiero destacar el tema que usted empieza a tratar en sus dos últimos párrafos. Por muchas razones, el debate sobre sistemas de pensiones (debate que en Argentina ya era intenso en los años 50 por su larga experiencia) se ha mantenido lejos del problema de fondo, esto es, las fuentes de ingreso de las personas mayores de 65 años y que no pueden o quieren seguir trabajando en lo que han trabajado varias décadas de sus vidas.

    En cualquier análisis económico siempre se parte del supuesto que durante su ciclo de vida las personas deben ahorrar para la tercera edad, pero los partidarios del control estatal de los ahorros complementan ese análisis con el supuesto de que somos estúpidos y no ahorramos lo suficiente para la tercera edad y para peor estamos expuestos a que los malos nos roben nuestros ahorros. Las muchas distorsiones de la intervención estatal en los incentivos para ahorrar y en las formas específicas del ahorro se justifican en esos dos supuestos, pero probablemente se explican mejor si uno analiza cómo han ido cambiando las necesidades de financiamiento de sucesivos gobiernos. Desde que Perón introdujo la reserva obligatoria de 100% de todos los depósitos bancarios (estamos hablando de bancos privados en 1949, no de bancos estatales como en China hoy) para poder usarlos de acuerdo con las necesidades de su gobierno, he pensado que el control del ahorro popular es uno de los instrumentos principales de las finanzas públicas.

    Para replantear el tema de las pensiones es necesario conocer las fuentes de ingreso de los mayores de 65 años y le agradeceré referencias a estudios de estas fuentes en el caso de España y otros países europeos.

  3. Santos Gil Carretero
    Santos Gil Carretero Dice:

    Respecto de la vivienda, no me refiero tanto al problema de esos extraños préstamos que los bancos ofrecen a los pensionistas a cambio de quedarse con su casa cuando mueran o muramos. Lo que quería señalar es que cada vez que el gobierno eleva las cargas que pesan directa o indirectamente sobre la vivienda los pensionistas sales especialmente perjudicados pues no se contempla ninguna medida de excepción o matiz para un colectivo que se sabe a priori que vive de su pensión y que tiene que hacer frente a gastos crecientes (cuidados y dependencia) como consecuencia de su estado. Cuando se “desvía” la atención al debate de la cuantía de las pensiones se hurta este otro debate. Si me suben la pensión un 0,5 y las cargas un 3% en realidad se están disminuyendo las pensiones un 2,5%.

    Otra cuestión sobre la que creo debe abrirse (o profundizar) el debate es sobre la utilidad del gasto en formación ocupacional, pues esta cuantía se detrae de lo que podía dedicarse a las pensiones. Cursos para parados debe haber, pero los debería asumir el INEM (al menos con fondos públicos), con una adecuada planificación, ejecución y evaluación. En el año 2010 se dedicó a este concepto más de 9.000 millones de euros que se repartieron sindicatos, empresarios y (ahora, tras el caso Pallerols nos enteramos) también partidos políticos. ¿es eficaz este sistema? No, si tenemos en cuenta que España sigue teniendo un paro creciente. El otro día me contaba un amigo el caso de una asociación sectorial, que le sobraba dinero a cuenta de este concepto y decidieron comprar ipads e iphones para todos los que pudieron. Otros los dedican incluso a fines más espurios. Y mientras, resulta que no hay dinero para las pensiones.

  4. mariano martin peña
    mariano martin peña Dice:

    Te felicito por tu post que aporta bastante luz sobre un tema tan delicado como es el sistema de pensiones.
    Los que nos encontramos en esta situación venimos padeciendo con todos los gobiernos de la democracia unos ataques más o menos duros pero que en el fondo deterioran nuestros ingresos y probablemente nuestra seguridad.
    La utilización de los fondos dedicados a formación es bastante criticable pues generalmente sirven para financiar a los agentes que los manejan y es uno de los temas en que rápidamente se ponen de acuerdo para darles el destino que más interesa a los intervinientes.

  5. José Mª Pérez
    José Mª Pérez Dice:

    El post de hoy plantea cuestiones muy interesantes, sobre las que habría que profundizar por separado. La existencia de un sólido sistema público de seguridad social (no solo de pensiones) desde mi punto de vista ha sido esencial para alcanzar la paz y la estabilidad social de la que ahora disfrutamos. En ese sentido, merece la pena no ser del todo pesimista en este punto, pues debemos reconocer que, afortunadamente, en esta crisis que padecemos que tantas instituciones han saltado por los aires, el sistema de seguridad social vigente, a pesar de todos los agoreros, aún aguanta.

    Tal vez deberíamos preguntarnos qué hubiera pasado si en los años noventa los gobernantes se hubieran dejado llevar por los cantos de sirena y se hubiera cambiado a un modelo de capitalización dejando la gestión de los fondos de pensiones en manos del sistema financiero. Sospecho que ahora, en que en vez de hablar de las amenazas futuras del sistema, estaríamos preguntándonos a dónde diablos fue a parar nuestro dinero.

    En cualquier caso hay que ser conscientes de que estamos ante una realidad dinámica a la que el sistema debe estar adaptándose continuamente. Así, su sostenibilidad futura ha de basarse en tres elementos, la sostenibilidad demográfica, la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad social o política. Los economistas suelen reunir primera con la segunda, considerándola un prius inalterable y, en nuestro ámbito, tendiendo a aportar principalmente medidas paramétricas para, reduciendo lo que se reparte en el sistema, mantener la extensión de las coberturas a costa de su intensidad. Sin embargo, también sería conveniente abordar políticas públicas para intentar revertir esa decadencia demográfica que, a la larga, pueden amenazar no solo al sistema de pensiones sino, incluso, a nuestra existencia como pueblo.

    Pero tampoco deben descuidarse la sostenibilidad social o políticas, que consiste en que la sociedad esté conforme con el esfuerzo que le supone mantener activo este sistema. Cuestión sobre la que trata el siguiente post:
    http://reflexionesdeunhombrecorriente.blogspot.com.es/2011/09/la-reforma-de-los-sistemas-de-seguridad.html

  6. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Muchas gracias Santos por tu interesante post y a los comentaristas por sus reflexiones. En particular me parecen interesantes las relativas a la vivienda en propiedad de la mayoría de los pensionistas, siendo así que como estamos viendo ahora mismo la vivienda es en España un “target” fiscal muy interesante para las distintas Administraciones. Gracias también por los apuntes históricos, siempre es muy interesante saber de donde proceden nuestras instituciones.

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