La reforma territorial que no llega

Vivimos una tensa relación entre los distintos niveles administrativos del país.  El Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones, las Mancomunidades y los Municipios frecuentemente se solapan en competencias sin que nadie verdaderamente quiera poner fin a la duplicación y a la ineficiencia.  Preguntado por el gran número de municipios en el país, muchos políticos contestan que no sobra ni uno, ni por supuesto tampoco sobra ningún alcalde ni concejal.

 

Sin embargo,  la duplicidad de funciones y el gasto despilfarrador ha llegado a encontrarse en entredicho con la aguda falta de liquidez que vive el país,  así como la persistente crisis inmobiliaria; obliga incluso a los más reticentes a ahorrar.  Por ejemplo, una reciente iniciativa del Gobierno contempla la eliminación de las mancomunidades en España y propugna cierta reducción en el número de municipios que suman, actualmente, 8.116 en total.

 

Sorprende la supresión de las mancomunidades pues son entidades constituidas por agrupación de municipios, bajo la órbita de las Comunidades Autónomas, para mejorar y hacer más eficientes la prestación de servicios básicos, tales como, la recogida de basura, maquinaria de obras, servicios técnicos, servicios sociales, etc.  Funciones similares las realizan las Diputaciones que fueron creadas por un patrón estatal anterior a la Constitución de 1978 y cuya redundancia es evidente desde la puesta en marcha del estado autonómico.   Pero, lo que más sorprendente de la iniciativa es el escaso ahorro que se pretende conseguir con estas medidas, tan siquiera 3.500 millones de euros.  Estudios presentados y comentados en el último y animado Debate del Foro Arrupe Madrid muestran ahorros iniciales diez veces mayores, si se consiguiera agrupaciones municipales mínimas de 20.000 habitantes entre los municipios, si se impusiera criterios de eficiencia en la gestión de todas las Comunidades Autónomas así como en las grandes urbes, y si, además, se suprimiesen las Diputaciones que son superfluas desde la creación de las Comunidades Autónomas.

 

Sin embargo, dichos ahorros parecen no interesar a nuestra clase política.  A mayor número de instancias administrativas la oportunidad para el caciquismo está servida; aspecto que parece muy atrayente para ciertos de nuestros políticos.  También contribuye al status quo la falta de transparencia que dificulta que la Sociedad Civil española se entere debidamente y actúe, en consecuencia, poniendo límite a una situación del todo inviable.  Dicho esto, lo cierto es que estimaciones como las realizadas por algún joven y valiente partido político y por ciertos Secretarios de Administración Local, igualmente valientes, empiezan a aportar luz.[1]

 

En estos momentos económicos tan difíciles en que nuestro país precisa de ayuda económica extranjera, podemos atisbar una mínima luz de esperanza: será el exterior el que ponga condiciones y presione a la clase política para que haga reformas.  Mucho pedir será que quemen la poltrona, pero algo tendrán que hacer para proceder a simplificar las estructuras presentes, tal y como la presión exterior reclama.  No será toda la reforma territorial que necesite España pero bienvenido sea cualquier paso que mejora la eficiencia del sector público.



[1]Véase por ejemplo, Grupos de Administración Pública y Economía de UPyD, El coste del Estado Autonómico: Administración Autonómica y Local, 2012 y  Leopoldo Reguera Reguera et al, “Propuestas para el Debate sobre la Reforma de la Ordenación Territorial y Administrativa Local”, Febrero 2012.

15 comentarios
  1. Luís Pérez
    Luís Pérez Dice:

    Es verdad que es importante clarificar y eliminar duplicidades en las Administraciones territoriales. Pero probablemente eso sería una mínima parte del ahorro a conseguir. Lo verdaderamente importante para este país es reformar a fondo al sector público en su totalidad. Teniendo en cuenta que de él depende el 45% del PIB, cualquier pretensión de que nuestra economía gane en competitividad pasa, necesariamente, por una reforma que haga mucho más eficiente y ágil al sector público. Es una tarea larga pero hay bastantes ideas al respecto. Recomiendo, por ejemplo, este artículo: http://www.otraspoliticas.com/politica/la-reforma-del-sector-publico-que-yo-haria

  2. d29582
    d29582 Dice:

    Vivimos en el país de lo provisional, todo que se hace son parches provisionales que se convierten en permanentes. Rajoy tiene claro lo que hay que hacer y siempre que puede lo suelta, pero también tiene claro que no lo va a hacer. Estamos ahora con un nuevo borrador de LBRL pero que terminará como siempre, modificando pero algo, para parecer que algo cambio cuando todo sigue igual.
    Los ojos están puestos en las entidades locales, sólo para desviar donde esta el problema, las Comunidades Autónomas que hacen y deshacen sin ninguna piedad y con total impunidad.
    Lo que yo tengo claro es que en los municipios todo lo que se hace, o la gran mayoría, se sabe por el pueblo. Cosa muy distinta es lo que pasa en las Diputaciones, Comarcas, Congreso, Senado, etc…
    Ahora que está tan de moda la liberalización, vender empresas y servicios públicos que empiecen con los partidos políticos, sindicatos y patronal, 0,00 € para ellos para que puedan gestionarse mejor como dicen ellos. Muchas cosas se pueden hacer, pero los que las tienen que hacer no son los más convenientes.

  3. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Lo que probablemente resulte superfluo son las propias Comunidades Autónomas en cuanto entes políticos con capacidad normativa económica, civil y educativa. El trabajo que han hecho bien es la preservación y potenciación del Patrimonio cultural y poco más.

    En el resto son un cáncer retrógrado cuya metástasis nos afecta a todos.

    Además, es insostenible económicamente, para los ciudadanos es nefasto en libertades y un lastre que dificulta la movilidad personal y empresarial y fomenta la aldeanización y el sometimiento identitario de los indefensos a quienes se les exige un continuo enfrentamiento con las autoridades o agachar la cabeza. .

    Su diarreica y estructural fiebre legislativa ya había producido 800,000 páginas de BOE hace cuatro años, hoy debe exceder el millón.

    Otra cosa es que nos dé terror o hastío plantearlo porque todo el mundo trata de apaciguar a la fiera: los partidos separatistas que representan una pequeña parte de la población pero que han adquirido un poder extraordinario.

    Recordemos que desde la tercera legislatura de Felipe González todas menos dos (la segunda de Aznar y ésta) se ha gobernado requiriendo su ayuda (PNV, CIU, etc)

    Todos recordaremos la cara de sorna de Erkoreka en el último presupuesto de Zapatero diciendo que “Ya no se me ocurre qué pedir”.

    Lanzarnos a discutir números de municipios, diputaciones y cosas por el estilo sin abordar dos grandes cánceres que destruyen empleo y progreso real a raudales me parece dar la batalla por perdida dejando el tumor vivo y un desesperanzado mensaje a toda España que espera rigor al abordar problemas.

    Tenemos dos grandes problemas estructurales que se realimentan mutuamente y están detrás de nuestra desastrosa situación económica.

    1. Una fiscalidad desbocada y fuera de contexto para nuestro aparato productivo.

    Señores, no fabricamos Mac Laren`s de a 800,000 libras esterlinas la unidad, fabricamos excelentes botijos y muy buenas paellas. Y éstos productos dan de sí lo que dan.

    2. Una estructura pública monstruosa, multinivel y, lo que es peor generadora constante de tensiones y gasto sin control por no hablar de que somos el país más corrupto de Europa. Tocamos a más decisores per cápita que nadie.

    Que en esta situación lo primero que se nos ocurra sea concentrar municipios pequeñitos como, los Oscos o las Encartaciones.

    Máxime cuando esos municipios no necesitan para nada que su basura se la recoja una cía del IBEX 35 que son las que ya gestionan los servicios del Estado con el consiguiente encarecimiento del servicio y los impuestos.

    Buenos días.

  4. JJGF
    JJGF Dice:

    Empezando por lo que dice Manu, me viene a la cabeza esa frase de Ortega: cuando algo es una pura herida, curarlo es matarlo…. Pero, claro, alguna solución, en positivo, tenemos que buscar.

    Efectivamente, el tema de municipios y diputaciones hay que abordarlo, pero es en la CCAA donde se ha producido la deriva más grave: por los nacionalismos, en algunas de ellas; y por su mayor capacidad política y de gasto respecto a municipios, en todas, en las 17 CCAA.

    En cuanto al tema territorial, en general, creo acertada una afirmación de Luciano Parejo, catedrático de Dº Admtivo, y experto en estos temas, subsecretario del MºAAPP:

    La deriva que se ha producido no es tanto culpa del diseño legal, como del mal USO que los políticos han hecho de esas leyes. Como ejemplo de ello, dice Parejo que ningún partido ha seguido en estos últrimos 30 años las recomendaciones del Informe Enterría en cuanto a que los diputados autonomicos no tenían que cobrar sueldo, que los periodos de sesiones de sus parlamentos debían acotarse (pocos y cortos), que la Ad. de las CCAA debía estar profesionalizada (funcionarios de carrera en sus niveles directivos, y no enchufados…) Y así tantas otras recomendaciones que ni PSOE ni PP han cumplido…

    Si las hubieran cumplido, seguramente no estaríamos donde estamos y el sistema, aunque no nos gustara, no estaría tan cuestionado de raíz.

    En cuanto a las Diputaciones, PArejo viene a decir lo mismo. Se han corrompido por el USO que los partidos políticos han hecho de ellas, no porque, en origen, su existencia sea disparatada. Pero no se deben suprimir, dice Parejo, sino potenciar. Eso sí, para clarificar su situación sus cargos no deben ser de elección indirecta (más mamoneo y corrupción, en consecuencia) sino directa por los vecinos. Pero, a cambio, deben delimitarse más claramente sus competencias. Los municipios pequeños deben ir a un proceso de fusión para alcanzar los 20000 habitantes; y los municipios que no lleguen a esa cifra de población, deberían gestionarse en régimen de desconcentración de funciones desde la Diputación, como ocurre en Alemania con los municipios que, por sus escasa población, se gestionan en régimen de dependencia del Kreis (similar a la Diputación). Algo parecido a lo que pasa en las grandes urbes con las Juntas de Distrito, que no son municipios independientes, sino mecanismos de desconcentración.

    Parejo no me resulta especialmente simpático ni brillante, pero creo que en este asunto tiene buen parte de razón.

  5. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    En esta web de la “Comisión Virtual para la Reforma de las Administraciones Píblicas” http://www.seap.minhap.gob.es/areas/reforma_aapp.html puede hallarse información oficial y pueden realizarse propuestas sobre duplicidades y trabas administrativas. Si se aborda la reforma de la Administración puede partirse de un folio en blanco, o hacer borrón y cuenta nueva ( el “adanismo” que nos achacaba Ortega como país), o ser conceptualista sobre tal o cual administración pública o ser casuístico. Todavía, estilo Castán, me atrevería a proponer una posición sincrética, para ser prácticos: pártase de un plan general y háganse excepciones donde proceda. Si un Ayuntamiento pequeño es eficiente y funciona bien y no le cuesta dinero a sus ciudadanos, ¿por qué suprimirlo? Si una mancomunidad ahorra, ¿por qué suprimirla? La cuestión básica es ¿necesitamos un Estado y unas Administraciones públicas omnipresentes?¿Por qué? No sé si alguno de los editores o comentaristas conoce estudios sociológicos y sociométricos sobre todo esto. Tengo la subjetiva impresión de que en Estepaís hay muchas administraciones para que muchas personas cobren del dinero de los demás (los impuestos) con poco o ningún control, pero es sólo una impresión. Llevo toda mi vida leyendo datos del CIS indicando que los estudiantes españoles quieren, primero, un puesto en una administración, luego, en un banco luego en una gran empresa, etc. A ver si la CORA sirve para algo. No sé si realmente los espaoles saben si quieren tantas administraciones, lo que les cuestan y cuáles son sus alternativas. Sigo sin ver los datos da base. Ejemplo: El TSJ de Castilla-La Mancha suspende la medida de surimir 21 servicios de urgencia. Los pueblos afectados protestan por la supresión, pero ¿cuánto les cuestas?¿Qué alternativas hay y cuánto cuestan?¿Cuántas urgencias de qué tipo atiende cada uno de esos servicios? Agradecería orientación al autor del post y demás parroquianos de “¿Hay Derecho?”

  6. Luisa
    Luisa Dice:

    La Sanidad, la Educación y la Justicia deben volver a ser competencias estatales. Después de varias décadas, ha de llegarse a la conclusión de que la transferencia de estos servicios públicos a las CC.AA. no ha servido para nada útil ni ha mejorado la calidad de aquéllos. Sólo ha generado confusión y problemas.

    Hace cuatro años, cuando aún la crisis no había alcanzado los niveles actuales, hubo varias huelgas en cadena en varias CC.AA. porque los funcionarios judiciales querían cobrar lo mismo que los de la autonomía en que más cobraban. Creo que la referencia era el País Vasco, porque allí los funcionarios de Justicia tenían mejores sueldos. Y claro, a los sindicatos les faltó tiempo para proclamar que “a igual trabajo, igual salario”.

    ¿Por qué ha de cobrar más un funcionario judicial en San Sebastián que otro de la misma categoría destinado en Valladolid?

    Siguiendo con Justicia, hemos llegado al absurdo de que en cada C.A. se ha implantado un sistema informático de gestión procesal distinto, habiendo gastado cada C.A. un dineral en pagar a empresas privadas y a equipos jurídicos para que confeccionasen su propio sistema informático de tramitación, cuando las leyes procesales son las mismas en toda España. Por si fuera poco, los sistemas informáticos son incompatibles entre sí.

    Todo esto es absurdo, pero falta voluntad política para enderezarlo. ¿Y por qué? Pues porque la pluralidad de Administraciones es el caldo de cultivo que permite a los políticos colocar a sus adláteres en consejerías, asesorías, observatorios, consejos económicos y sociales, defensores del pueblo, del contribuyente, del menor, consejos audiovisuales, televisiones autonómicas, etc. Y por eso la clase política se resiste, como gato panza arriba, a la racionalización de las estructuras administrativas.

    Posiblemente sea necesaria una intervención desde el exterior, vía rescate europeo, para dar solución a este problema.

    • Manu Oquendo
      Manu Oquendo Dice:

      Alguno de los comentarios alega algo que escuché a Peces-Barba, –qepd–, unos pocos años antes de su muerte.
      Estaba don Gregorio recibiendo apesadumbrado un chaparrón de un grupo de amigos acerca de la pifia constitucional –también en lo que al proceso autonómico se refiere– y trataba tímidamente de responder que “el problema no fue la constitución sino el uso que de ella se hizo”.

      Es decir, está mal hecha porque no tiene ni los controles, ni las garantías, ni los medios para evitar y proteger del mal uso. Obligatoriamente. No como posibilidad si a un gobernante le da la venada y le apetece.

      Una constitución moderna debe ser muy clara en lo referente a lo que el estado y sus partes…
      1. en modo alguno pueden hacer así como igualmente claras en aquello que
      2. tienen la obligación de hacer.

      La nuestra no lo es y continuamente se pliega a los deseos del amo de turno.

      No se trata solamente de buenas intenciones y grandilocuencia, de componendas políticas, de crear tribunales políticos donde puedan ser ubicados los amiguetes o los mandados, ni de otorgar derechos ilimitados sin saber quién o cómo ha de pagarlos.
      Tampoco se pueden legislar inmunidades eternas como aquí se ha hecho a diestro y siniestro.

      ¿Cuántos legisladores inmunes hay en España? Ni se sabe porque con seguridad la inmunidad se está extendiendo a reguladores y supervisores so pretexto de darles independencia. Un escarnio.

      Y el problema de raíz está en la constitución. De ella sale lo que necesariamente debe salir y no me puedo creer que cosas tan básicas no fueran sabidas en aquel momento.

  7. JJGF
    JJGF Dice:

    Manu, tienes mucha razón, pero no toda. Hay algo que se llama self-restraint, o si lo prefieres, sentido de la mesura, y que es bueno saberlo practicar tengas lo que tengas entre manos, una constitución buena o mala, un Ferrari o un coche viejo, un modelo de estado consolidado o no…

    • Manu Oquendo
      Manu Oquendo Dice:

      Muy cierto lo que dices, JJGF

      Encontrar el punto de equilibrio es una de las cosas más difíciles en la vida. Exige muchas virtudes en aquellos que lo alcanzan y cada día nos encontramos con que la virtud es, más que una rareza, un rasgo de excentricidad. Una anomalía que descalifica al practicante porque, evidentemente, aún no ha terminado de integrarse en la normalidad del entorno.

      Cuando se trata del ejercicio del poder político, –en España prácticamente ilimitado e impune por diseño constitucional–, no podemos fiarlo todo al “self restraint”.
      El sistema debe ser capaz de prever “countervailing powers” o, mejor, reducciones importantes del poder efectivo de los políticos y nuestra constitución no los tiene.

      Por eso me da miedo que sin llegar a establecer con nitidez los problemas de fondo nos lleguemos a entusiasmar con detalles (o nos entusiasmen) sin haber abordado lo esencial. Los motores.

      Un saludo cordial

  8. Urbano Alvarez
    Urbano Alvarez Dice:

    Hace unos meses, el Presidente del Parlamento Extremeño se defendía en una emisora de radio de las críticas sufridas por tener asignado a un familiar como chófer. Dijo no entender el revuelo ocasionado, pues tan sólo tenía cinco personas en su “séquito”, a diferencia de su predecesor en el cargo, (del PSOE), que tenía diez.
    Alguien cree seriamente que es posible la reducción del déficit público y la racionalización de la Administración con esta clase política ?. Cuantos empleados públicos innecesarios han colocado los partidos políticos ?. Qué limites legales tiene el arbitrio para contratar parientes, amigos ,”asesores”, asistentes….?

  9. Quasimontoro
    Quasimontoro Dice:

    Jaime,

    Lo que España necesita urgente es que gobierno acepte un proceso para preparar reformas de la Constitución y las leyes conforme a la Constitución. Esto significa que propuestas específicas de reforma deben originarse de alguna manera que el gobierno pueda hacerlas suyas y seguir luego los procedimientos vigentes de reforma constitucional y de reforma de leyes. Por eso yo he estado sugiriendo el ejercicio del derecho de petición para proponer al gobierno ese proceso alternativo –vea uno de mis comentarios a esta entrada de Elisa el martes pasado

    http://hayderecho.com/2013/01/15/la-espana-oficial-y-la-espana-real-articulo-en-el-mundo-de-nuestra-coeditora-elisa-de-la-nuez/

    Si no le gusta el proceso que propongo, por favor proponga un proceso alternativo para que comités de expertos en representación directa o indirecta de la voluntad popular asesore al gobierno de una manera transparente, con mecanismos que presionen al gobierno a no ignorar las propuestas de esos comités y conseguir su ratificación por el Congreso. Cualquier propuesta específica de reforma preparada por un grupo de personas ajenas al gobierno siempre será ignorada y por una buena razón –esas personas sólo se representan a sí mismas.

  10. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Qué artículo tan prudentísimo.
    ¿Sobran las Diputaciones… porque hay CCAA?.
    Las que realmente sobran, en primer lugar, son las CCAA; menos para la ingente cantidad de políticos que a su amparo se han hecho riquísimos.
    La lista de los ladrones sería inacabable. Y tranquilos, que hay indultos para todos; no en vano son hasta “Molt Honorables”…
    ¡O las CCAA, o España!.

  11. JJGF
    JJGF Dice:

    Manu,

    Me coges con prisa, pero intento responder sobre la marcha.

    Cuando hablo de self restraint, en este caso, me refiero por ejemplo a las recomendaciones que la Comisión Enterría, a requerimiento de UCD y PSOE (que en ese momento tenían el 75% de los parlamentarios) estabkeció para que el Estado autonomico no se desmadrara. Por ejemplo, que los diputados autonomicos no tuvieran sueldo (lo que ahora, con 30 años de retraso y malamente ha hecho Cospedal, pese a que tanto PP como PSOE allí donde gobernaban podrían haber hecho hace décadas), por ejemplo, que los niveles directivos de la Ad. autonomica se cubrieran entre funcionarios de carrera, no entre enchufados… Y así, muchas cosas más.

    Esas cosas, de detalle, no suelen regularse en la Constitución, pero, a pesar de ello, los políticos podrían haber seguido esas recomendaciones que sus propios partidos asumieron en 1981. A eso llamo actuar con prudencia, con precaución, para que las cosas no se desmadraran. Y no lo han hecho (hay casos, poquísimos, en el que los políticos sí actúan con altura de miras y self-restraint. Pero muy pocos).

    Ahora bien, no hay que confundir el self restraint con la cobardía política, con la debilidad, o con el temor de algunos jueces a plantar cara a las inmisiones del poder político en su función jurisdiccional, sea el TS, sea el TC. Sabemos que si estamos donde estamos no es solo porque la CE sea perfectible, sino porque muy pocos jueces, muy pocos magistrados del TC, muy pocos vocales del CGPJ se han atrevido a “resistir” frente a las presiones del poder politico en aquellos casos “conflictivos”. Hablo de García Pelayo en el tema Rumasa, hablo del papelón de Pascual Sala en asuntos como Filesa, desamparando a su comapñero Marino Barbero y plegándose a Felipe Glez y al PSOE, o del caso GAL, o de Fdez de la Vega gritando a la Pte del TC… O de tantos otros temas. Todos esos no es que se hayan pasado del self-restraint, es que se han pasado de “agradadores” y, con su actitud, han hecho mucho daño a la división de poderes y al control que el TC y el TS deben ejercer frente asl poder político.

  12. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    JJGF tiene mucha razón,si necesitamos leyes para decirnos como comportarnos correctamente porque somos incapaces de actuar como personas morales responsables, lo llevamos claro como sociedad. Todos los ejemplos que pone son de personas que pudieron actuar de otra forma y no lo hicieron. Por cobardía, por miedo, por querer quedar bien o por que te devuelvan los favores o te coloquen a los hijos.Eso liga con una idea que me parece importante, las instituciones -con alguna salvedad– no están tan mal diseñadas, lo que ha pasado es que se han desmontado u ocupado todos los controles que las hubieran permitido funcionar. Que es una cosa distinta. Si no nos damos cuenta de eso, no vamos a entender nada y volveremos a hacer papeles estupendos que no valen para nada.

  13. Luis Villameriel
    Luis Villameriel Dice:

    Vaya por delante que considero muy necesaria una reforma territorial en España, pero quiero matizar algo que a menudo se confunde en torno a la duplicidad de funciones de las administraciones públicas, la ineficiencia y el exceso de gasto. Pongamos un ejemplo (real) del llamado turismo social para los mayores. La Administración del Estado (IMSERSO) financia vacaciones para personas mayores. Las Comunidades autónomas (con competencia en materia de asistencia social) financian también sus propios programas de vacaciones para mayores. Por último, muchos municipios grandes (al amparo de la cláusula de competencia general de la administración local) destinan también recursos para financiar estos programas. Cada administración actúa por su cuenta y el resultado es una oferta de programas públicos formada por la agregación de las tres administraciones. Es posible que un mismo pensionista se beneficie de tres viajes de vacaciones a lo largo del mismo año. Pero también sucederá que personas que no obtuvieron plaza en el programa estatal lo encuentren en el de su municipio, por ejemplo. En los años de bonanza económica las administraciones han incrementado su oferta de servicios y transferencias. Actualmente las dificultades de financiación pública pueden conllevar que cada administración se especialice en un área y obtenga mejores economías de escala. Pero no toda duplicidad -en el sentido de concurrencia de varias ofertas públicas de servicios- era necesariamente ineficiente y despilfarradora.

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