La Constitución, terreno común. A propósito de la declaración del Parlamento catalán.

                      

 

“Lo que se tiene en el sentimiento es

completamente subjetivo, y sólo existe de un

modo subjetivo. El que dice: ‘yo siento así’, se

ha encerrado en sí mismo. Cualquier otro tiene el

mismo derecho a decir: ‘yo no lo siento así’; y ya

no hay terreno común” (Hegel, 1830).                        

 

La caracterización del pueblo de Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” por parte de ciertos partidos catalanes, desembocaría en la creación de un Estado catalán independiente. Esta es la razón que nos lleva a considerar la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán como el más grave atentado a la integridad territorial de España y el mayor acto de desestabilización política cometido hasta la fecha bajo el sistema democrático instaurado por la Constitución española de  1978.

 

Para sopesar el alcance del acariciado proyecto independentista es menester realizar una visión retrospectiva y saber de dónde venimos desde el punto de vista político y constitucional.

 

Necesariamente debemos referirnos a que las actuales instituciones catalanas -de amplio autogobierno-, aunque tuvieron el azaroso precedente republicano de 1932, proceden directamente del diligente y generoso reconocimiento que se llevó a cabo en la Transición, aún  antes (1977) de estar aprobado el texto constitucional vigente. Ha sido la democracia que nació del acuerdo de todos y para todos la que ha consagrado un fecundo régimen de libertades, para los individuos y para los pueblos y territorios de España. Inimaginable era, pues, encontrarnos con el panorama que dibujan actualmente los independentistas catalanes, y, menos, con el que avisan que quieren alcanzar. La deslealtad a la Constitución y a la legitimidad democrática del Estado español es palmaria, y, por lo mismo, inadmisible.

 

El llamado proceso soberanista tiene muchos pecados y abultados reparos. En la edad contemporánea Cataluña se ha autodeterminado dos veces, por lo menos, como afirma el profesor Muñoz Machado. Una fue cuando aprobó plebiscitariamente el Estatuto de Nuria (1931); otra cuando el pueblo catalán votó por amplia mayoría la Constitución (1978).

 

Así pues, ¿de qué derecho a decidir se habla? En una democracia legítima como la plasmada en la Constitución de 1978 no caben actuaciones al margen de la legalidad. El derecho a decidir se encuentra reconocido como derecho de participación, por lo que ni existe ni cabe justificar un presunto derecho a decidir al margen del soberano reconocido en la misma Constitución. Sólo cabría hablar de tal derecho en condiciones de opresión en la que no estuvieran reconocidos ni los derechos y libertades individuales ni tampoco los derechos colectivos, lo que evidentemente no es el caso.

 

Mal, por tanto, se puede afirmar que el pueblo catalán es titular de soberanía. Reconocer soberanía a una parte de España, en concreto a Cataluña, como dijera Ortega y Gasset en su imprescindible  -y, por desgracia, de plena actualidad-  discurso ante las Cortes el 13 de mayo de 1932, “sería una catástrofe nacional”. En cambio, continúa el ilustre filósofo, “la autonomía es la solución. La autonomía es el puente tendido entre los dos acantilados”, que es lo que ha permitido que Cataluña disfrute de 35 años de holgada autonomía política.

 

El camino emprendido por CiU y ERC choca frontalmente con el artículo 1.2 CE (“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”) y no conduce más que a una innecesaria, injustificada e irracional confrontación con el Estado y el resto de los españoles (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española”). Es incomprensible la obcecación y la ceguera de esta élite gobernante catalana. Y causa extrañeza que para justificar sus nada fundadas reivindicaciones acudan a una técnica, la autodeterminación, propia de otras colectividades en nada semejantes a Cataluña, como territorios a descolonizar o  sojuzgados.

 

No llevan razón los independentistas. La CE 1978 consagra una descentralización política de difícil parangón. Instaura un sistema de democracia parlamentaria como la de nuestros socios en la UE, y los derechos y libertades, tanto individuales como colectivos,    son plenos y garantizados judicialmente.

 

        En este sentido se puede decir que las formaciones separatistas no sólo quieren la independencia, que ya hemos visto que no está justificada, sino algo no atendible en política, como es la fractura o mutilación infundada de un Estado.

 

A todos los actores políticos intervinientes les encomendamos que resuelvan los problemas del diario acontecer con sensatez, diálogo y altura de miras. Pedimos la rectificación de las políticas rupturistas y disgregadoras, que sólo generan daño para todos. Exigimos el exacto respeto a la Constitución, a las leyes y al espíritu de la libertad y consenso de la Transición, sin lo que no hay paz, bienestar ni prosperidad.

 

Para terminar, permítasenos que regresemos esperanzadamente a la petición de Ortega: “Los impulsos secesionistas deben evaporarse en la gran Nación que es España”.

(*) Observatorio crítico de la Constitucionalidad. J. Torné-Dombidau y Jiménez, presidente. Luis M. Robles Velasco, secretario. Granada.

6 comentarios
  1. Quasimontoro
    Quasimontoro Dice:

    José,

    Si, como Hegel, usted busca un terreno común me parece que equivoca el camino. Su post me pareció un grito de yo tengo razón y no hay nada que hablar. Le sugiero que intente un nuevo post centrado en la palabra autonomía, reconozca un rango amplio de posibilidades entre los dos extremos –ninguna y total– y defina bien cuál cree que es la situación actual y cuánto más cree que se podría avanzar hacia mayor autonomía o por qué cree que no se puede avanzar más (e incluso, si fuera el caso, por qué habría que reducir el grado de autonomía de Cataluña).

    Con el profundo respeto que tengo por la obra de Ortega y Gasset, no creo oportuno usarlo como autoridad para reconsiderar la autonomía de las comunidades. En sus circunstancias el orden mundial estaba definiéndose en términos de estados nacionales –y como él, muchos pensaban que para tener peso en ese orden, había que ser grande. En las circunstancias actuales, en que los estados nacionales se han consolidado en sus fronteras, la expansión de un estado nación parece imposible (¿cree usted que habrá otra unificación como la de Alemania?), pero la división de uno existente es mucho más probable que en tiempos de Ortega y Gasset (le recuerdo la división de la URSS y Europa Oriental).

    Guste o no, el mundo ha cambiado y si ha habido tantos cambios en la institución de la familia, no se sorprenda que la institución estado nacional también pueda cambiar. Hoy ningún acuerdo es sagrado y todos pueden terminarse. El hecho de que el estado nacional pueda recurrir a la fuerza para mantenerse unido ya no es un argumento decisivo en la renegociación del acuerdo.

    Y dada su preocupación por mantener la integridad de España, le recuerdo que los reclamos vascos siempre serán una amenaza mayor a esa integridad que los reclamos catalanes.

  2. Pedro García-Valcárcel
    Pedro García-Valcárcel Dice:

    Quasimontoro dice: “Hoy ningún acuerdo es sagrado y todos pueden terminarse. El hecho de que el estado nacional pueda recurrir a la fuerza para mantenerse unido ya no es un argumento decisivo en la renegociación del acuerdo.”
    Si tales cosas son ciertas, estamos perdidos. Ese relativismo nihilista conduce al más absoluto caos y a la destrucción de nuestra sociedad, tal como fue construida desde los tiempos de Cicerón, año más o menos. Y la debilidad resultante nos dejará inermes frente a otros grupos culturales menos ‘civilizados’, pero más agresivos (Islam). Quizás sea inevitable, y ha llegado el fin de una época. La Humanidad ha conocido muchas. Unos pocos miles de años puede que no signifiquen más que otra época. Poca cosa. La opción que Ud. expone, dicho sea con todos los respetos, es dejar que todo esto se vaya al carajo (con perdón) y que vengan otros que impongan un nuevo orden, que, por lo que parece, significará un retroceso. No es nuevo. Ya lo fue la Alta Edad Media. El principio ‘pacta sunt servanda’ parece que no tiene sentido para Ud. porque Ud. justifica su quebranto. Permítame decirle que creo que no tiene Ud. razón. En lo que sí la tiene es que desgraciadamente el uso de la fuerza ya no es un argumento decisivo, pero no por otro motivo que porque sencillamente no existe fuerza alguna, léase Ejército.

    • Quasimontoro
      Quasimontoro Dice:

      Pedro,

      Por supuesto que puedo estar equivocado en mis juicios que usted menciona. Quizás estoy entendiendo mal lo que está sucediendo, pero me gustaría ver evidencia de acuerdos sagrados y eternos, de un Lincoln liderando su país a una guerra para defender la Unión. Sí veo muchas lealtades incondicionales, pero son entre personas con las cuales no comparto valores y con las que lamento compartir algún interés y apreciaciones sobre la realidad. Pero no creo que hoy haya más lealtad que antes –hoy las relaciones son más numerosas pero más superficiales (si antes nos comunicábamos con señales de humo cuando algo serio ocurría, hoy lo hacemos con cien mensajes diarios que sólo dicen “Hi“).

      Yo no digo que estamos perdidos. Sí, que los viejos estamos confundidos sobre cómo deberíamos adaptarnos al nuevo mundo (y mucho más en relación a cómo deberíamos educar a las nuevas generaciones). Por supuesto que habrá muchos conflictos, pero pocos serán resueltos por la violencia –cada día que pasa los violentos se dan cuenta que cualquier batalla que ganen los alejará de la victoria final. Habrá mucho juego sucio, como en esos partidos de fútbol donde el relator dice que el árbitro perdió el control del juego y las faltas abundan. Esto ya está pasando y si quiere entender la dinámica de este nuevo juego le sugiero seguir atentamente cómo se juega la política interna en EEUU.

  3. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Esa misma Constitución para la que se reclama tanto respeto, lleva en sí el germen del separatismo. La alusión a las “nacionalidades” no podía desembocar en otra cosa.
    Encima se trata de una Constituciòn otorgada por el Rey, no elaborada por Cortes Constituyentes.
    Contentar a todos no es posible; normalmente se acaba quedando mal con todos. La Constituciòn quiso justamente eso, y ya vemos a dónde nos ha traído.
    Procede convocar Cortes Constituyentes en toda España (serían las primeras desde 1931, ya va siendo hora) y que el pueblo ejerza de verdad su Soberanía. Que por cierto, no le viene de la Constitución.
    Aunque con ello peligre la Monarquía. España es antes que la Monarquía y no puede sacrificarse a ésta última.

  4. Aida
    Aida Dice:

    Sólo un gobierno democrático puede proporcionar una oportunidad máxima para que las personas ejerciten la libertad de autdeterminarse, es decir, que vivan bajo leyes de su propia elección.
    ¿Cuando habrá en España un gobierno democrático?

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