La reforma pendiente de las Administraciones Públicas: del chocolate del loro a la mina de oro.

 

En los últimos meses estamos escuchando mensajes de diferentes miembros (y miembras que diría la ex ministra Aído) del Gobierno sobre la necesidad de reformar profundamente el sector público y el “sistema” en general. Las ineficiencias del sistema han ido aflorando a consecuencia de la crisis, pero existen desde hace tiempo y son bien conocidas por todos los que participan del sistema: solapamientos en la gestión de servicios públicos, competencias duplicadas y triplicadas, complejidad administrativa excesiva, gastos superfluos diversos, administraciones institucionales sobredimensionadas, etc.

 

Algunas de estas ineficiencias tienen el origen en el actual modelo territorial y en este Blog se ha analizado recientemente su reforma pendiente. Pero no todo son competencias duplicadas o solapamientos y no todas las ineficiencias derivan del modelo territorial, hay más.

 

En los últimos años, los recortes en el Estado de Bienestar que hemos ido padeciendo no han venido acompañados de medidas similares que acaben con las duplicidades e ineficiencias en las AAPP. De hecho, las únicas medidas adoptadas en esta legislatura han sido para recortar de forma discreta algún gasto superfluo (bienvenidas desde luego en cualquier caso, porque en gobiernos anteriores ni eso). Cuando se han aprobado estas medidas de recorte del gasto superfluo, desde el Gobierno se suele acuñar el término “chocolate del loro”, para referirse a la cuantía de los futuros ahorros que se conseguirán. Dentro del “chocolate del loro” podemos situar los 10,5 millones de euros (en dos años) de ahorro anunciados por la reducción de coches oficiales en la AGE y el millón de euros de ahorro en dietas de puestos de consejeros que desaparecerán como consecuencia del plan de racionalización del sector público que se aprobó el año pasado.

 

Como prioridad para este año que acabamos de empezar, el Gobierno se ha fijado la reforma de las administraciones para poner fin al modelo actual “insostenible”. Si en efecto el Gobierno se mete en serio en este tema, encontrará una mina de oro, porque el ahorro que se puede conseguir es brutal. El chocolate del loro se consigue con facilidad, pero para llegar a la mina hace falta “pico pala” y mucho trabajo.

 

En efecto para abordar la “titánica” (según palabras de la Vicepresidenta) tarea que supone reformar el sistema actual, el Gobierno creó a finales del pasado mes de octubre una Comisión que elaborará un dictamen en junio de este año 2013. Esta Comisión va a realizar una auditoría de las AAPP en todos sus niveles, para encontrar esas duplicidades e ineficiencias y proponer medidas para atajarlas. Para ello, la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas está formada por cuatro subcomisiones y el Gobierno ha anunciado recientemente que contará con un Consejo Asesor formado por representantes del ámbito empresarial, académico, sector público… Además ha anunciado la creación de un buzón para que los ciudadanos envíen sus sugerencias para acabar con los problemas actuales y agilizar los trámites administrativos. Parece por tanto que la Comisión va a estar bien representada y que los ciudadanos podemos contribuir con nuestras aportaciones.

 

La teoría está bien, pero la práctica no tanto. En la creación y en la puesta en marcha de esta Comisión se están produciendo a mi juicio una serie de inefiencias (valga la redundancia) que expongo a continuación.

 

En primer lugar, cuando se crea una Comisión de estas características a uno le entra la duda razonable si el dictamen que se elabore servirá para algo o simplemente es una cuestión estética para ganar tiempo y las conclusiones se quedarán en papel mojado. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el dictamen de la Comisión que se creó en la Asamblea para poner fin a las duplicidades existentes entre administración autonómica y local todavía está esperando convertirse en una realidad.

 

 

En segundo lugar, la Comisión está presidida por el Subsecretario del Ministerio de Presidencia pero está adscrita al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de AAPP (las bicefalias suelen generar problemas).

 

En tercer lugar, el anterior Gobierno de Zapatero encargó un informe similar a la Agencia de Evaluación y Calidad, que depende precisamente ahora del Ministerio de Hacienda y AAPP. Ni rastro de ese informe ni de la participación del personal de esta Agencia en la Comisión que se crea ahora con un fin muy parecido (y si participan desde luego no se ha hecho público).

 

Y en cuarto lugar, porque los que están dentro del sistema conocen muy bien las ineficiencias que existen, por lo que tampoco hay que analizar mucho más durante más tiempo. Lo que toca ahora es poner en marcha medidas para atajarlas, el problema es que estas medidas de reforma chocan contra muchos intereses creados.

 

Un ejemplo ilustrativo de las dificultades existentes para poner en marcha medidas para reformar profundamente el sistema es el proyecto de ley de reforma de la administración local impulsado desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El proyecto ha chocado con las reticencias de los alcaldes del propio PP y ahora se está intentando consensuar un texto con el PSOE (el resto de formaciones parece que no tienen nada que opinar sobre este tema), de la mano de la FEMP (federación española de municipios) y de Génova. Aun así, el Gobierno lleva meses intentando llevar a un Consejo de Ministros la propuesta de reforma y de momento nada. Y eso que estamos metidos en una profunda crisis económica, que el PP cuenta con una amplia mayoría en el Congreso, gobierna en un buen número de CCAA y preside la FEMP. Otros gobiernos ni se plantearon intentarlo claro.

 

Pasar del chocolate del loro a la mina de oro no es fácil, es una patata caliente con la que ningún gobierno ha querido lidiar hasta ahora. El actual Gobierno afirma que este año es el de la reforma de las AAPP para poner coto al actual sistema que no se sostiene… ¿Cumplirán la promesa? Desde luego los primeros pasos, como acabamos de ver, no son alentadores. Pero por el bien de todos esperemos que cumplan (el contexto sociopolítico es el idóneo), porque las ineficiencias del sistema nos cuestan a todos los ciudadanos mucho dinero y no obtenemos ningún beneficio de ellas.

 

 

 

 

8 comentarios
  1. Luís Pérez
    Luís Pérez Dice:

    Es evidente que la reforma de las Administraciones Públicas es urgente y necesaria. También comparto con el autor que hay mucha gente con ideas sobre cómo hacerla.

    Sin embargo, de lo que no creo que seamos tan conscientes es de que una de las vías por las cuales hacemos cada vez más ineficiente a las AAPP es, precisamente, por el abuso de leyes y normas del más variado rango que se están aprobando constantemente. Parece que si un Gobierno aprueba pocas leyes o reales decretos es que ha hecho pocas cosas.

    Pero cuando se aprueban hay que aplicarlas, hay que vigilar su correcta aplicación. Es decir, son funcionarios y presupuesto destinados a verificar que se cumple bien esa norma. Y como esto no es un chicle pues el resultado es que los Gobiernos pintan un dibujo idílico en el BOE que las AAPP no pueden, por falta de medios, asegurarse de que se lleva bien a la práctica.

    Recomiendo este artículo: http://www.otraspoliticas.com/politica/cuidado-con-la-maquina-de-legislar

    Y como botón de muestra sobre legislación “necesaria”, os recomiendo que echéis un vistazo al BOE del 31 de enero y que toméis nota de la Orden ECD/83/2013 de 23 de enero que regula todo lo concerniente al título del Técnico Superior Artista Fallero. Al parecer esto estaba pendiente de ser regulado. ¿Habrá que dedicar a algún funcionario a vigilar que no se cometan fraudes en la aplicación de esta “importante” norma o será preferible dejar que la apliquen como quieran?

    Saludos

  2. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    Pongo aquí un ejemplo de “chocolate del loro” en nuestras Administraciones Públicas. Sólo un ejemplo, pues por desgracia el país entero (nuestra arquitectura institucional y administrativa) está lleno de ellos, y me temo que tanto loro y tanto chocolate están vaciando la despensa de todos:

    La Defensoría del Pueblo del País Vasco, conocida por su denominación en euskara, Ararteko, es un organismo con apenas 19 funcionarios, pero el titular de la institución desde 2004 o ararteko en minúsculas, Íñigo Lamarca, se ha rodeado de un núcleo de 33 cargos de confianza designados a dedo, entre los que se incluyen 17 asesores, una jefa de prensa y hasta un chófer. Más de la mitad de ellos cobran de 64.800 euros brutos en adelante al año y ninguno de los 33 perdió su paga extra de Navidad, a diferencia de los 67.000 funcionarios autonómicos. El mismo Lamarca ingresa 86.930 euros, 8.000 más que el presidente del Gobierno y 20.000 más que un parlamentario.

    (Leído en El Mundo de hoy

    http://www.elmundo.es/accesible/elmundo/2013/02/03/paisvasco/1359915029.html

  3. Aida
    Aida Dice:

    Sra. Lucia de las Heras, ¿Porqué será que la mayoria de los vascos no se quejan de eso que usted explica? Tal vez porqué tienen menos paro y menos presuntos “extractores” que el resto del Reino de España?.
    Vamos a centrarnos en lo importante y urgente, que en estos momentos no parece ser el sueldo del Sr. Lamarca, y si es así iniciemos una campaña para acabar con el malestar social en el Pais Vasco, si es que existe.
    Saludos

  4. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    Llevas razón, Aida. Es tremendo que tanto en el País Vasco como en Cataluña la pantalla nacionalista difumine la preocupación por el derroche de sus Administraciones públicas, que en el caso de estas CCAA es tremendo, con toda su parafernalia de pseudoembajadas y organismos inútiles (por no hablar de la cleptocracia instalada en Cataluña). El nacionalismo es la gran venda que altera la percepción de las cosas. Me dio mucha pena que el gobierno de Maragall, en lugar de centrarse en lo social -o sea, en la educación, la sanidad y la protección social (que es para lo que sus electores les habían votado)-, se dejase llevar por una deriva nacionalista estéril (con la aprobación del Estatut), compitiendo absurdamente con el nacionalismo de derechas (el nacionalismo siempre es de derechas). La gente no les había votado para eso. En fin, me alegra que compartas mi preocupación.

  5. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    Estimada Aida, creo que la mayoría de los vascos no se queja porque tienen un régimen fiscal privilegiado. No porque paguen menos, sino porque reciben bastante más por euro contribuido. Y no es porque las administraciones vascan gestionen mejor o haya menos corrupción, sino porque gozan de un sistema de financiación vía concierto económico-cupo, hiperprivilegiado, al estar calculado de forma claramente beneficiosa para las administraciones vascas.

    Aparte de que como ocurre en otros lugares criticar “lo vasco” es políticamente incorrecto, dado que está divinizado, lo mismo que “lo español” está demonizado. Simple pero funciona.

  6. Aida
    Aida Dice:

    Estoy esperando noticias sobre la igual corrupción en el Pais Vasco que en el resto de España, cualitativa o cuantitativamente, tanto en terminos absolutos como proporcionals,
    Si alguien tiene información sobre que en el Pais Vasco hay la misma corrupción que en Cataluña, Madrid, Valencia o Baleares, que me la pase por favor.

  7. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    Así de memoria, me acuerdo de los siguientes casos, seguro que habrá más:

    1º.- Condena del Director General de la Hacienda Foral de Bizkaia por todo tipo de cohechos e irregularidades en relación con su cargo. No se investigan las evidentes vinculaciones con la finnciación irregular del PNV.

    2º.- Idem del Director General de la Hacienda Foral de Gipuzkoa en Irún.

    3º.- Irregularidades varias del Director General de la Hacienda Foral de Gipuzkoa, que no concluyeron en condena alguna pero sí en el incendio de la sede de la Hacienda Foral, iniciado casualmente en la planta séptima (despacho del Director General) y que se saldó con la muerte de los dos guardias jurados que custodiaban el inmueble, uno de ellos asesinado por el otro, que apareció “suicidado” a los dos días en Miramón.

    4º.- Inflado general de los costes de los contratos públicos (me consta uno de un 30%), que suelen amañarse en los batzokis.

    5º.- Anulación de las oposiciones a Osakidetza por filtración de los exámenes (PSE).

    6º.- Caso de corrupción de la cúpula del PNV en Álava, incluyendo agentes quen actuaban de espías al servicio del PNV. Esto último no debería extrañar. Al igual que la ikurriña era la bandera del PNV, la Ertzaintza era su servicio de seguridad. De no haber sido por la incipiente democracia que en Euzkadi se ha vivido con los cambios políticos derivados de las divisiones en el PNV y la Ley de Partidos, presión terrorista aparte, que es mucho apartar, el movimiento nacionalistas habría campado aún más a sus anchas en Hego Euskal Herria.

    Pero la mayor corrupción de todas es el cupo. Entre 1500 y 3000 millones anuales de sobrefinanciación al País Vasco (Y entre 600 y 1000 en Navarra). Así da para mantener nada menos que 4 gobiernos y cuatro parlamentos para gobernar a apenas 2,3 millones de habitantes.

    hay más, pero ahora no me acuerdo.

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