Algunas medidas contra la corrupción
Ante el piélago de corrupciones que literalmente ahoga a la sociedad española, los ciudadanos como auténticos titulares de la democracia debemos promover la adopción de medidas para tratar de cortar en lo posible esta incontenible marea de corrupción. Personalmente considero que el mejor antídoto contra la corrupción es la honestidad; pero como ésta es una cualidad humana que no puede predicarse de todo hombre público, es urgente adoptar ya medidas de orden sustantivo y procesal, para atajar la corrupción.
Entre las primeras se encuentra la de modificar el vigente régimen electoral, eliminándose si no en todo, al menos en parte, el sistema proporcional de listas cerradas, bloqueadas y dirigidas, causa última de la corrupción política e ideológica existente en España, que se ha llevado por delante la credibilidad del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Se trataría de buscar un equilibrio entre la vigente representación proporcional con el sistema mayoritario, juxtaponiéndolos. Caso típico es el del régimen electoral alemán, en el que la mitad de los escaños del Bundestag son asignados mediante mayoría simple en distritos unipersonales y la segunda mitad de sus miembros son elegidos mediante voto proporcional utilizando listas bloqueadas en cada Land, variando el número de escaños atribuidos en cada Land en virtud de su población; de esta forma cada elector deposita dos votos: uno de libre elección del elector y otro para una lista. Este sistema propicia la entrada de aire fresco en la siempre viciada vida política.
Tomando lo anterior como punto de partida, habría que modificar el Código Penal, incluyendo un tipo específico de responsabilidad criminal sobre el delito de corrupción política, que hoy no aparece con perfiles claros, estableciéndose penas suficientemente duras como para disuadir en lo posible comportamientos corruptos.
Otra medida de carácter sustantivo podría afectar a la financiación de los partidos políticos, que constituye uno de los problemas más espinosos en las democracias modernas. Las vigentes Leyes Orgánicas de Régimen Electoral Español y de Financiación de los Partidos Políticos, han optado claramente por la financiación pública, relegándose la financiación privada, que es la seguida en los sistemas anglosajones y nórdicos. Eso supone cargar sobre las espaldas del contribuyente español un importante gasto anual que se calcula en función del número de escaños obtenidos por cada partido en el Congreso o en el Senado, mas una cantidad por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso y al Senado, además de cuantiosas subvenciones para cubrir gastos electorales, tales como sobres, papeletas, propaganda, publicidad, y otros. La propuesta consistiría en cambiar este sistema por una financiación estrictamente privada controlada por la Junta Electoral Central y, en su caso, por el Tribunal de Cuentas, no en un enjuiciamiento estrictamente consuntivo y finalista sino mas bien mediante técnicas propias de las auditorias modernas. Se trata de liberar a los ciudadanos de esta carga tributaria, sirviendo de paso para amenguar los exorbitantes gastos estatales. Como el paso de la financiación pública a la privada no puede hacerse de la noche a la mañana habría que otorgar a los partidos políticos (y también a los sindicatos), un periodo transitorio de 3 a 5 años para que se fueran adaptando a su nueva realidad económica. Y, finalmente, habría que caminar hacia la eliminación de los aforamientos intuitu personae, que hoy carece de fundamento. España es el país del mundo con mayor número de aforados por número de habitantes. Hay que recordar que el aforamiento de los parlamentarios constituye hoy una antigualla que trae causa de las técnicas de defensa de los parlamentarios frente al Rey en el Antiguo Régimen, a través del llamado “freedom from arrest”, pero que hoy carece de significado político y lo único que pone de manifiesto es el carácter de casta de la clase política dominante.
Junto a esas medidas, propongo cuatro más de carácter procesal. La primera de ellas, que los juicios abiertos por corrupción política estén inspirados en los principios de preferencia y sumariedad; es decir, que gocen estos juicios de las mismas prorrogativas que la protección de los derechos fundamentales y del contencioso electoral, en cuya virtud, la sustanciación de esos procesos gozarían de preferencia absoluta frente a cualquier otro y su sustanciación se haría de forma urgente. Esto tendría una gran ventaja para el justiciable, ya que, no habría que esperar, a veces años, para obtener una sentencia, y desde luego, para los ciudadanos que, como contribuyentes netos de todo el sistema, verían satisfechas sus expectativas en una justicia garantista pero rápida y eficaz en la identificación y condena de los corruptos.
Otra medida procesal podría venir dada por incorporar el Jurado Popular en todos los procesos por corrupción política. Nada hay más justo que hacer partícipes a los ciudadanos en la Administración de Justicia, cuando se trate de enjuiciar asuntos relacionados con la corrupción política. Eso sí, habría que exigir que se dotase al poder judicial de los medios personales y materiales, como viene reclamando, para hacer efectivas sus resoluciones sin dilaciones indebidas.
Asimismo, la ejemplariedad pública que se demanda en un Estado de Derecho moderno exige que los condenados por sentencia firme en procesos judiciales por corrupción política no obtengan ningún beneficio penitenciario hasta tanto no devuelvan al Tesoro Público las cantidades defraudadas.
Finalmente, no se podría aplicar para las sentencias firmes recaídas en casos de corrupción política, la exótica Ley para el Ejercicio de la Gracia de Indulto de 1870, a mi juicio inconstitucional; pues en mor de esta norma los Gobiernos de turno vienen indultando a convictos de corrupción política a según su conveniencia ideológica.
Titular de la Cátedra de Derecho Arbitral de la Universidad Rey Juan Carlos
De acuerdo en casi todo, excepto en el punto de financiación privada de los partidos políticos, ya que considero que si eso fuera así (acercándonos a un modelo tipo Usa) los partidos políticos empezarían a estar controlados por lobbis que mediante la financiación de uno u otro buscarían, que a la llegada de estos al poder se realizaran sus intereses… Al final los políticos podrían acabar siendo marionetas de farmacéuticas, armamentísticas…
Hola, acabo de ver una entrevista a Arturo Pérez Reverté, que me hace dudar de que esto funcionase, por el mismo problema de la Constitución de 1812.
Este cambio es muy difícil por la materia prima de la que se parte: clase política y fuerzas vivas, medios de comunicación, y una sociedad civil poco madura. Ambas se encargarán de que una Constitución así no salga adelante, y si lo hace no duraría mucho.
Una posible solución para la financiación privada sería limitar las cuantías de las donaciones, especialmente de las empresas, que nunca podrían ser anónimas. También rebajar sustancialmente el límite de las donaciones privadas anónimas. Pero creo que si hay una financiación pública se reduce la dependencia de “patronos”. Lo que se necesitaría también es una transparencia total en los gastos de los partidos por el hecho de recibir fondos públicos. Hasta el último euro debería estas justificado y publicado en Internet a la vista de todo el mundo. Y en mi opinión, eliminar las subvenciones a las fundaciones de los partidos políticos.
Las medidas penales, sobre todo, y las procesales, en parte, son, s.e.u.o, inaplicables a los casos de corrupción actuales, por motivos obvios; a los futuros es otra cosa. Y lamento no compartir el planteamiento de endurecer penas, ni en este caso, ni en ningún otro.
Y todas las medidas, por muy razonables que sea, y unas cuantas las comparto (lo de quitar aforamientos, por supuesto), requieren contar con los propios partidos políticos. Ahí veo un problemilla práctico. Igual quje cuando se habla de suprimir el sistema D’Hont, veo difícil que los partidos mayoritarios vayan a colaborar en lo que les perjudica en términos de poder. El sentido de Estado de los partidos políticos tiene un límite (bastante cercano con frecuencia).
El juicio con jurado para casos de corrupción política no es conveniente.
Véase en tal sentido el caso Camps.
Efectivamente, puede ocurrir, y de hecho en ese caso es evidente que ocurrió, que la mayoría del jurado se integre militantes o simpatizantes de lo más cerril del partido del que forme parte el político corrupto acusado y sea absuelto, por más que las pruebas pongan de manifesto su culpabilidad.
Además de las iniciativas de lege ferenda que puedan plantearse, nuestro ordenamiento penal cuenta ya con bastantes instrumentos para enfrentarse con la corrupción, algunos tan novedosos como la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Fue en el año 2010 cuando se introdujo en el Código Penal la posibilidad de que una persona jurídica sea penalmente responsable de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la misma, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.
Entre los delitos por los cuales una persona jurídica puede ser condenada figuran el cohecho, el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y todo el elenco de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Entre las penas a las que puede ser condenada la persona jurídica figuran las multas, la suspensión de actividades hasta 5 años, y la disolución.
Es interesante señalar que los partidos políticos pueden ser condenados como cualquier otra persona jurídica. Es interesante en estos días releer la Exposición de motivos de la muy reciente reforma legal:
“En primer lugar, se modifica la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de incluir a partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad. De este modo se supera la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política que trasladaba la anterior regulación, y se extiende a ellos, en los supuestos previstos por la Ley, la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos.”
¿El artículo va sobre la corrupción o sobre que no gustan los actuales partidos políticos españoles con posibilidades reales de gobernar?
Politológicamente es un soberano despropósito, porque por mucho que intente escribir sonando a Shakespeare, no existe corrupción sistémica, y aún así:
– El sistema electoral alemán (o cualquier otro) no previene de la corrupción (¿ideológica?) ni por sí mismo propicia la “entrada de aire fresco” (véase el “terremoto” de las últimas elecciones catalanas, que no utilizan ese sistema).
– El abuso del Código Penal debería estar criminalizado.
– La privatización de la política ya la defendían los aristócratas contra Pericles, el primero que estableció sueldos estatales para que los cargos políticos pudieran ser ejercidos por cualquier ciudadano.
– ¿Y por qué esos privilegios procesales para los acusados de de corrupción? ¿O la discriminación en cuanto a indultos?
Todo el artículo parece tener un tufo de Derecho Especial contra los políticos.
De acuerdo en casi todo, excepto en el punto de financiación privada de los partidos políticos, ya que considero que si eso fuera así (acercándonos a un modelo tipo Usa) los partidos políticos empezarían a estar controlados por lobbis que mediante la financiación de uno u otro buscarían, que a la llegada de estos al poder se realizaran sus intereses… Al final los políticos podrían acabar siendo marionetas de farmacéuticas, armamentísticas…
Hola, acabo de ver una entrevista a Arturo Pérez Reverté, que me hace dudar de que esto funcionase, por el mismo problema de la Constitución de 1812.
Este cambio es muy difícil por la materia prima de la que se parte: clase política y fuerzas vivas, medios de comunicación, y una sociedad civil poco madura. Ambas se encargarán de que una Constitución así no salga adelante, y si lo hace no duraría mucho.
Una posible solución para la financiación privada sería limitar las cuantías de las donaciones, especialmente de las empresas, que nunca podrían ser anónimas. También rebajar sustancialmente el límite de las donaciones privadas anónimas. Pero creo que si hay una financiación pública se reduce la dependencia de “patronos”. Lo que se necesitaría también es una transparencia total en los gastos de los partidos por el hecho de recibir fondos públicos. Hasta el último euro debería estas justificado y publicado en Internet a la vista de todo el mundo. Y en mi opinión, eliminar las subvenciones a las fundaciones de los partidos políticos.
Las medidas penales, sobre todo, y las procesales, en parte, son, s.e.u.o, inaplicables a los casos de corrupción actuales, por motivos obvios; a los futuros es otra cosa. Y lamento no compartir el planteamiento de endurecer penas, ni en este caso, ni en ningún otro.
Y todas las medidas, por muy razonables que sea, y unas cuantas las comparto (lo de quitar aforamientos, por supuesto), requieren contar con los propios partidos políticos. Ahí veo un problemilla práctico. Igual quje cuando se habla de suprimir el sistema D’Hont, veo difícil que los partidos mayoritarios vayan a colaborar en lo que les perjudica en términos de poder. El sentido de Estado de los partidos políticos tiene un límite (bastante cercano con frecuencia).
El juicio con jurado para casos de corrupción política no es conveniente.
Véase en tal sentido el caso Camps.
Efectivamente, puede ocurrir, y de hecho en ese caso es evidente que ocurrió, que la mayoría del jurado se integre militantes o simpatizantes de lo más cerril del partido del que forme parte el político corrupto acusado y sea absuelto, por más que las pruebas pongan de manifesto su culpabilidad.
Además de las iniciativas de lege ferenda que puedan plantearse, nuestro ordenamiento penal cuenta ya con bastantes instrumentos para enfrentarse con la corrupción, algunos tan novedosos como la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Fue en el año 2010 cuando se introdujo en el Código Penal la posibilidad de que una persona jurídica sea penalmente responsable de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la misma, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.
Entre los delitos por los cuales una persona jurídica puede ser condenada figuran el cohecho, el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y todo el elenco de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Entre las penas a las que puede ser condenada la persona jurídica figuran las multas, la suspensión de actividades hasta 5 años, y la disolución.
Es interesante señalar que los partidos políticos pueden ser condenados como cualquier otra persona jurídica. Es interesante en estos días releer la Exposición de motivos de la muy reciente reforma legal:
“En primer lugar, se modifica la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de incluir a partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad. De este modo se supera la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política que trasladaba la anterior regulación, y se extiende a ellos, en los supuestos previstos por la Ley, la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos.”
¿El artículo va sobre la corrupción o sobre que no gustan los actuales partidos políticos españoles con posibilidades reales de gobernar?
Politológicamente es un soberano despropósito, porque por mucho que intente escribir sonando a Shakespeare, no existe corrupción sistémica, y aún así:
– El sistema electoral alemán (o cualquier otro) no previene de la corrupción (¿ideológica?) ni por sí mismo propicia la “entrada de aire fresco” (véase el “terremoto” de las últimas elecciones catalanas, que no utilizan ese sistema).
– El abuso del Código Penal debería estar criminalizado.
– La privatización de la política ya la defendían los aristócratas contra Pericles, el primero que estableció sueldos estatales para que los cargos políticos pudieran ser ejercidos por cualquier ciudadano.
– ¿Y por qué esos privilegios procesales para los acusados de de corrupción? ¿O la discriminación en cuanto a indultos?
Todo el artículo parece tener un tufo de Derecho Especial contra los políticos.
aldelgadog,
Este artículo no se ha detenido a explicar el por qué las instituciones actuales tienen intereses perversos. La razón es no desviarse demasiado del tema, y no hacer el artículo excesivamente largo.
Además, sobre esto ya hay mucho escrito. Voy a intentar resumir los argumentos, sobre la necesidad de reformar el sistema electoral. Con las reglas de juego actuales, los participantes ganan haciéndolo mal. Por tanto, estas reglas de juego son perversas y deben cambiar. Para ello repasemos cómo se produjo la crisis actual.
Una de las causas del paro y de la deuda pública es la burbuja inmobiliaria. Esta se originó por los créditos insolventes masivos que las cajas de ahorro concedieron a los promotores inmobiliarios. Estas instituciones están controladas por los gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Además, el Banco de España tiene poder y deber de regular a estas entidades financieras e impedir que concedan estos créditos insolventes.
Aquí hay varios incentivos perversos:
– Los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, interesados en una actividad que crea beneficio (empleo, recaudación fiscal y obra pública) a corto plazo a costa de destruir el futuro. A un gobernante, que no sabe si va a permanecer en el puesto, le importa presentar resultados en las elecciones.
– (aquí entra en sistema electoral en juego) El gobierno central se debe más a esos ayuntamientos y comunidades que sus votantes. Vamos a explicarlo. Con el sistema electoral que tenemos, la barrera de entrada a la creación de nuevos partidos es muy elevada. Entonces los ciudadanos sólo pueden elegir entre la cúpula del PSOE y del PP. Entonces, para ser elegido presidente de Gobierno, hay que pasar dos elecciones. La primera, dentro del partido, para ser secretario general. En esta elección votan miles de compromisarios que proceden de los grupos de poder de los partidos. La segunda, millones de ciudadanos pueden elegir entre el preseleccionado por el PP y por el PSOE.
Entonces, un presidente de Gobierno sabe que se debe mucho más, para ser elegido o renovado, a las fuerzas vivas del partido que a los ciudadanos.
Entonces, cuando el Banco de España debería haber moderado el crédito a promotores que concedían bancos y cajas, no lo hace, porque quien lo dirige ha sido elegido por el Gobierno y este por las fuerzas vivas de los partidos. Uno no puede ir contra quien le nombra.
Por tanto, este artículo acierta en que hay que reforzar la independencia de los organismos reguladores (Banco de España y CNMV) y un sistema electoral menos partidista.
Habrá oido hablar Rajoy y su banda de Cicerón y su famosa frase:
“El bienestar del pueblo es la LEY SUPREMA”?
Habrá oido hablar Rajoy y su banda de Cicerón y su famosa frase:
“El bienestar del pueblo es la LEY SUPREMA”?
Ya el autor nos avisa de su condición letrada, docente y funcionarial . Desde esta perspectiva es lógico el recurso al código penal y el agravamiento de estos delitos así como mayor incentivo y facilidad procesal. De acuerdo también en las listas “abiertas” o por circunscripción.
De hecho, si no recuerdo mal, este delito es bastante más barato ahora que en el código penal durante la época de Franco.
Los penalistas con clientes profesionales saben que el crimen analiza cuidadosamente sus costes en todas las ramas de dicha actividad incluido el terrorismo que, –by the way–, es de las más más lucrativas a menor coste para el delincuente.
El crimen profesional existe porque, entre costes y beneficios, el saldo es positivo.
Gary Becker recibe el “Nobel” de economía por demostrarlo más allá de cualquier duda razonable. “Business is business” y la prueba la tenemos cada día en muchas de nuestras instituciones.
Por otro lado, nosotros mismos manifestamos unas amplias tragaderas con un tipo de corrupción en tanto que nos indigna muchísimo que se muevan sobres y hasta sacos de billetes de 500 euros, los Binladens.
Incluso ahora mismo la prensa se ceba en los supuestos “sobres taxfree” que oportunísimamente vuelven a tapar los más de 2000 millones de patrimonio gestionado por los pujoles convergentes o los 700 millones de los ERE’s andaluces.
Tampoco sabemos nada de lo sucedido con la ruinosa torre Foster que se le ha endosado a Bankia por unos 830 milllones de euros, una cifra delirante sin que antes haya habido el “saco de Roma”.
Esta crisis ha sido, tras el Potosí, la mejor mina de oro para los que supieron ver la oportunidad de pasar el muerto. Siglos poasarán hasta que surja otra oportunidad como esta.
O cómo aún no se sabe nada de “otra tontería”: Una auditoría pública (supervisada por anticorrupción, por ejemplo) de los cinco mayores casos de prestamos fallidos (incluyendo los personales) por cada Caja de Ahorros española. Dónde fue el dinero y cómo se ha exigido su cobro al deudor.
De todo lo anterior sabemos nada, pero lo de los sobres, los trajes o los bolsos de Prada a la alcaldesa nos llenan de titulares que tapan lo importante.
En otro momento quizás deberíamos entrar en la vertiente sistémica de la corrupción.
Comparemos por ejemplo un ayuntamiento español en el cual un señor decide la riqueza o pobreza del dueño de un solar. Muy probablemente en este ayuntamiento habrá corrupción.
Pongamos ahora el mismo ayuntamiento en Noruega o en Suiza donde los decisores son los vecinos del pueblo en asamblea específica dos veces al año. Fijas en el calendario, con sobrada publicidad y en asamblea importante a las que asisten hasta los niños para que se vayan acostumbrando.
Hay mucha más probabilidad de corrupción siempre que alguien tiene facultad orgánica de decidir cide sobre nosotros.
Porque, como nos explicaro los maestros, incluso cuando se lleva razón, hemos de saber pedirla y han de querer dárnosla.
Buenos día
Ya el autor nos avisa de su condición letrada, docente y funcionarial . Desde esta perspectiva es lógico el recurso al código penal y el agravamiento de estos delitos así como mayor incentivo y facilidad procesal. De acuerdo también en las listas “abiertas” o por circunscripción.
De hecho, si no recuerdo mal, este delito es bastante más barato ahora que en el código penal durante la época de Franco.
Los penalistas con clientes profesionales saben que el crimen analiza cuidadosamente sus costes en todas las ramas de dicha actividad incluido el terrorismo que, –by the way–, es de las más más lucrativas a menor coste para el delincuente.
El crimen profesional existe porque, entre costes y beneficios, el saldo es positivo.
Gary Becker recibe el “Nobel” de economía por demostrarlo más allá de cualquier duda razonable. “Business is business” y la prueba la tenemos cada día en muchas de nuestras instituciones.
Por otro lado, nosotros mismos manifestamos unas amplias tragaderas con un tipo de corrupción en tanto que nos indigna muchísimo que se muevan sobres y hasta sacos de billetes de 500 euros, los Binladens.
Incluso ahora mismo la prensa se ceba en los supuestos “sobres taxfree” que oportunísimamente vuelven a tapar los más de 2000 millones de patrimonio gestionado por los pujoles convergentes o los 700 millones de los ERE’s andaluces.
Tampoco sabemos nada de lo sucedido con la ruinosa torre Foster que se le ha endosado a Bankia por unos 830 milllones de euros, una cifra delirante sin que antes haya habido el “saco de Roma”.
Esta crisis ha sido, tras el Potosí, la mejor mina de oro para los que supieron ver la oportunidad de pasar el muerto. Siglos poasarán hasta que surja otra oportunidad como esta.
O cómo aún no se sabe nada de “otra tontería”: Una auditoría pública (supervisada por anticorrupción, por ejemplo) de los cinco mayores casos de prestamos fallidos (incluyendo los personales) por cada Caja de Ahorros española. Dónde fue el dinero y cómo se ha exigido su cobro al deudor.
De todo lo anterior sabemos nada, pero lo de los sobres, los trajes o los bolsos de Prada a la alcaldesa nos llenan de titulares que tapan lo importante.
En otro momento quizás deberíamos entrar en la vertiente sistémica de la corrupción.
Comparemos por ejemplo un ayuntamiento español en el cual un señor decide la riqueza o pobreza del dueño de un solar. Muy probablemente en este ayuntamiento habrá corrupción.
Pongamos ahora el mismo ayuntamiento en Noruega o en Suiza donde los decisores son los vecinos del pueblo en asamblea específica dos veces al año. Fijas en el calendario, con sobrada publicidad y en asamblea importante a las que asisten hasta los niños para que se vayan acostumbrando.
Hay mucha más probabilidad de corrupción siempre que alguien tiene facultad orgánica de decidir cide sobre nosotros.
Porque, como nos explicaro los maestros, incluso cuando se lleva razón, hemos de saber pedirla y han de querer dárnosla.
Buenos día
Felicitar al autor por sus propuestas. La electoral me parece especialmente acertada. También comparto las procesales, la de financiación (con lobbys transparentes, publicados y registrados) y la de ejemplaridad con la prohibición de indulto. Con esta última y una verdadera indepedencia judicial no veo necesarias las reformas penales.
De todas formas, las propuestas del autor pueden ser más o menos discutibles, pero hace falta gente que baje a la arena y se manche de barro. Hacen falta valientes que formulen propuestas y las lideres para regenerar este país.
Si en vez de fijarnos sólo en las que no compartimos, aprobamos las que sí estamos de acuerdo, estoy seguro que podrían proponerse grandes medidas, y luego conseguir su aprobación.
Puede parecer que no sirve de nada, que no nos escuchan, que nada cambiará, pero como dice la historia de Joseph Jarowski, un copo de nieve que se posa en un árbol no pesa casi nada y se funde rápido con un rayo de sol, pero poco a poco, copo a copo, uno detrás de otro, van acumulándose, hasta que en un determinado momento la rama se rompe.
No sabemos cuántos copos hacen falta, ni cuántos quedan, pero este blog está acumulando muchos. La rama acabará rompiéndose y las cosas cambiarán. Es seguro porque no hay otra salida.
En total desacuerdo con las propuestas relativas al Derecho Penal y Procesal.
El Título XIX del Libro II del Código Penal contempla, de forma exhaustiva, distintas formas de corrupción, incluyendo figuras como la prevaricación, el cohecho, la malversación y el tráfico de influencias, entre otras muchas. No hacen falta más tipos penales, sino voluntad de aplicar los ya existentes.
En cuanto a que las causas de corrupción sean preferentes y sumarias, las únicas causas que se tramitan con carácter preferente, por razones obvias, son las causas con preso. Así debe ser: si no se les da preferencia, podría cumplirse el plazo de prisión provisional, quedando en libertad delincuentes verdaderamente peligrosos.
En cuanto a la institución del jurado popular, soy de la opinión de que la misma debería suprimirse. Es una institución ajena a nuestra cultura jurídica. Si tuvieran que enjuiciarme, preferiría un tribunal de profesionales del derecho.
En cuanto a la eliminación de beneficios penitenciarios, es un principio esencial en nuestra Constitución la igualdad ante la ley; no se justifica en modo alguno esa discriminación. Que se suprima el indulto, pero para todos los delincuentes por igual. Ya está previsto en nuestro CP, además, que si no se ha satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito no se pueda acceder a determinados beneficios, como la suspensión de la pena privativa de libertad.
El problema no es de falta de regulación, sino de falta de medios. Lo que requiere nuestra Justicia es que se la dote de los medios necesarios y suficientes para poder perseguir estos delitos de corrupción, y todos los que a diario se cometen. Una Justicia que llega 20 años después (como hemos visto recientemente) no es Justicia. Es un chiste.
En total desacuerdo con las propuestas relativas al Derecho Penal y Procesal.
El Título XIX del Libro II del Código Penal contempla, de forma exhaustiva, distintas formas de corrupción, incluyendo figuras como la prevaricación, el cohecho, la malversación y el tráfico de influencias, entre otras muchas. No hacen falta más tipos penales, sino voluntad de aplicar los ya existentes.
En cuanto a que las causas de corrupción sean preferentes y sumarias, las únicas causas que se tramitan con carácter preferente, por razones obvias, son las causas con preso. Así debe ser: si no se les da preferencia, podría cumplirse el plazo de prisión provisional, quedando en libertad delincuentes verdaderamente peligrosos.
En cuanto a la institución del jurado popular, soy de la opinión de que la misma debería suprimirse. Es una institución ajena a nuestra cultura jurídica. Si tuvieran que enjuiciarme, preferiría un tribunal de profesionales del derecho.
En cuanto a la eliminación de beneficios penitenciarios, es un principio esencial en nuestra Constitución la igualdad ante la ley; no se justifica en modo alguno esa discriminación. Que se suprima el indulto, pero para todos los delincuentes por igual. Ya está previsto en nuestro CP, además, que si no se ha satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito no se pueda acceder a determinados beneficios, como la suspensión de la pena privativa de libertad.
El problema no es de falta de regulación, sino de falta de medios. Lo que requiere nuestra Justicia es que se la dote de los medios necesarios y suficientes para poder perseguir estos delitos de corrupción, y todos los que a diario se cometen. Una Justicia que llega 20 años después (como hemos visto recientemente) no es Justicia. Es un chiste.
Volviendo sobre el Tribunal del Jurado, creo que el modelo anglosajón que se implantó con la Ley Orgánica 5/95 ha fracasado; y en este sentido han sido varias las absoluciones escandalosas que se han producido, no todas ellas por motivaciones políticas, que todos los profesionales del Derecho conmocemos; pero no por ello debería suprimirse, porque es bueno que los cuidadanos participen en el ejercicio del Poder Judicial; por lo que cambiarse por el modelo continental de escabinado.
Volviendo sobre el Tribunal del Jurado, creo que el modelo anglosajón que se implantó con la Ley Orgánica 5/95 ha fracasado; y en este sentido han sido varias las absoluciones escandalosas que se han producido, no todas ellas por motivaciones políticas, que todos los profesionales del Derecho conmocemos; pero no por ello debería suprimirse, porque es bueno que los cuidadanos participen en el ejercicio del Poder Judicial; por lo que cambiarse por el modelo continental de escabinado.
¿Cómo no va a haber corrupción si esto es un descontrol? El Tribunal de Cuentas tiene mucho que ver en la actual situación de corrupción generalizada. Ha demostrado ser totalmente ineficiente en el control de las cuentas públicas. Y es que su último informe son las cuentas de 2007. En sólo cuatro años, el delito de financiación ilegal prescribe…
Considero que los sueldos de los políticos como de sus partidos deben ser controlados por Hacienda, dichos sueldos deben ser acordes a un puesto que no es para beneficio lucrativo o sea una nomina no superior a los 2500€. De esto entiendo que un político es un ciudadano que se pone al servicio de la Nación no un trabajo lucrativo, de ello se desprende que si no esta de acuerdo a la nomina a recibir renuncie al cargo. Con respecto a los aportes privados de particulares a su partido no pueda superar los 3000€ que sea Hacienda quien los perciba y los derive a el partido a quien lo dirige, no permitir que sea en forma directa y anónima. Si Hacienda ve algo sospechoso que actué directamente con la Justicia, pero no permitir que los Partidos se comporten como empresas financieras sin mas y sin ningún control, ya hemos visto la libertad en ello en que ha terminado corrupción. Hacienda debe tener un departamento con funcionarios elegidos por sorteo entre todas las oficinas, sin nombres, por un año en el cargo, luego cada 12 meses ser removidos por otros, esto permitiría un control en las cuentas de los políticos y sus partidos.
Sancionar a los Políticos que no acudan a sus fusiones en el Parlamento, que tengan un trato igual a cualquier funcionario público. Cambiar el sistema de elecciones de los partidos, que sea la ciudadanía quien por sufragio elija quien desea que sea su candidato, diputados y senadores, que los Ministros sean elegidos por voto ciudadano, un sistema tecnocratico y no a dedo de conveniencia del partido de turno en el gobierno.
Como debe ser imperioso que cualquier venta de un sistema público sea directamente por sufragio SI o NO, así como la Sanidad la Educación, recursos Naturales de la Nación, Leyes que solo el pueblo puede determinar si se aprueban o no lo que no se puede permitir que una ley este solo a criterio de unas cuantas personas de un partido que se pueden mover por intereses personales o religiosos y que no hablan ni dictan la esencia fundamental de toda una Nación. La iglesia no puede ser parte activa de un gobierno a confesional, de ello se vulnera las demás creencias religiosas o los ateos agnósticos, una democracia es respeto al culto de sus ciudadanos no la imposición de una religión que siempre termina por enfrentamientos.
En la Justicia debe implantarse en la mayoría de los casos como los penales, corrupción con jurado popular, debe ser el jurado del pueblo quien junto con la justicia delibere inocente o culpable, para ello entiendo que el actual sistema judicial es ineficiente, incoherente y bisado por la política de turno.