Las fundadas “ideas” de Amy Martin

En la cascada imparable de irregularidades en el gasto público o, lo que es lo mismo, con cargo a los sufridos bolsillos del contribuyente, surge la figura de esta mujer que, con vocación creativa hiperactiva, fichó la fundación “Ideas” de donde -al parecer- se nutre el mensaje político del socialismo español.

 

A una edad precoz (por el buen aspecto que presenta en sus imágenes actuales), esta mujer -como otras muchas- se acogió al palio protector de un partido político, como mejor forma de “buscarse la vida” en el proceloso mundo de la creación y, el socialismo español, siempre en apoyo de la inteligencia y, al parecer, siempre falto de recursos humanos con que abastecer los cientos de miles de cargos con que se engordaron nuestras administraciones públicas, la fichó de inmediato.

 

De lo que hemos conocido, ésta mujer ya se instaló en las brumas frías de Suecia al frente del Instituto Cervantes en Estocolmo, con un cargo de esos que proporcionan pocas responsabilidades públicas, pero sustanciosos estipendios en ese convenio laboral elitista y poco publicado de los “directivos públicos”, cuyo número al parecer alcanza casi el medio millón de almas. Almas entregadas a la causa que las mantiene (como a las “mantenidas”) con cargo a los deteriorados y recortados presupuestos públicos.

 

Sus méritos intelectuales y genialidad creativa le ha permitido dedicarse a recibir otras subvenciones en el dudoso marco de las ayudas a la “creación”, pesebre o ubre de la que se alimentan todavía la gran parte de nuestros numerosos creadores cualquiera que sea su especialidad. Eso sí, siempre que sean de “los nuestros” como ha sido -y quizá siga siendo- nuestra protagonista, lo que le ha permitido mantener un alto tren de vida tal como parece haber reconocido.

 

Con el cambio de régimen podía darse el caso de pérdida de “chollos” y “subvenciones” a menos de convertirse en renegada o desleal con la mano que la había alimentado. Tenía buenos contactos establecidos y unas relaciones políticas en la primera línea del anterior gobierno que, naturalmente, antes de sucumbir ante la mayoría absoluta que se avecinaba, dejaba colocados convenientemente a sus leales, aún a costa de hacer trampas en el crucigrama. Los ingenuos populares ni siquiera se darían cuenta.

 

Entre las muchas posibilidades con que cuentan los partidos políticos para el desempeño de su función y, por si no fuera suficiente tener el organigrama lleno de asesores de toda especie o de personal especializado, existen las fundaciones. Esas en las que se debate con los ciudadanos las líneas políticas de acción de los gobiernos, abiertas a cualquier participación, llenas de altruismos intelectuales y materiales, mantenidas ¿cómo no? por nuestras magníficas subvenciones públicas con cargo a los presupuestos.

 

Siempre me ha llamado la atención la enorme proliferación de entidades altruistas y sin ánimo de lucro con que se ha llenado el panorama nacional pero que, como es lógico, se adaptan mejor a la fórmula de tener ingresos públicos para actividades subsidiarias a lo que debían ser las actividades institucionales. No he entendido que el Estado, los ciudadanos, pudiendo y debiendo atender a situaciones sociales o humanitarias con mejores herramientas y situación, derivaran fondos a través de intermediarios que (no todo es altruismo), viven de ellas.

 

Una cosa son las iniciativas privadas de ayuda a los demás desde la generosidad de sus agentes y otra las iniciativas privadas nacidas como excrecencias institucionales al amparo de las subvenciones públicas. En algún sitio debía estar la trampa.

 

La trampa era lo que se ha conocido (una ligera punta de iceberg en el mar helado del saqueo a las arcas públicas): el pago de servicios externos desde esas fundaciones y organizaciones, -muchas de las cuales abanderan la lucha contra la privatización de los servicios públicos-, a pesar de tener toda una plantilla de expertos bien pagados para que hagan estudios, análisis, dictámenes, informes, encuestas o cualquier otro documento de trabajo que -al parecer- no pueden hacerse desde las secretarías de estudios de los partidos; que no pueden hacer los asesores y personal de confianza de los gobiernos; ni siquiera los muchos consejos consultivos de diferente índole sufragados por el dinero público; menos aún los muchísimos empleados públicos de todas las administraciones.

 

Es el conocido sistema de la subcontratación en cascada, donde todos son intermediarios y los resultados finales pasan por tantas manos puestas que, al final, lo que debía valer 10 vale 100 (en el mejor de los casos). No nos extrañe pues la cifra de 3.000.- euros por artículo facturada no directamente, sino a través de un agente literario que también tiene que comer.

 

Pero, eso no es todo, la facilidad de esta mujer para crear toda una campaña publicitaria, de su persona y de sus capacidades variopintas sin soltar un duro para ello, es digna de quitarse el sombrero. No sólo ha llenado con su imagen las portadas mediáticas con mayor abundancia que los últimos premios Nobel, sino que le espera un largo “calvario” de entrevistas, promociones, subvenciones y ¿porqué no? fichajes estrella, al igual que le ha pasado a quien se le ocurrió repintar una mala pintura en la pared, en una desconocida iglesia, de un remoto pueblo español, al frente de una empresa de imagen  y…. es que “¡España y nosotros somos así, señora! “.

13 comentarios
  1. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    He sostenido en comentarios a otros posts de este blog que con despilfarro (y corrupción punible) en el lado del gasto presupuestario del balance del Estado (incluyendo en él a todas las administraciones públicas, entes, no-entes y terceros suvbencionados) es improcedente exigir en el lado de los ingresos esfuerzos a los conyribuyentes. Los daños y perjuicios que al erario público (entendido también como estado de ingresos y gastos que NOSOTROS, los ciudadanos, tenemos en esa sociedad de la que somos socios obligatorios por nacimiento o residencia, el Estado, son enormes: cada Amy que se gasta en estocolmo, a dedo, el dinero que le quitan a una familia cualquiera vía retención (pongamos por caso) en las nóminas de los sufridos progenitores, que salen de casa a las 07:00 y regresan, con suerte, a las 20:00, tras haber pagado impuestos por todo (desde la pila del despertador a la luz de la mesilla de noche, inclusive CTCs) es un daño moral a la convivencia democrática. Yo creo, con Ud. que es que somo así, esto es que Amy es lo que muchos quieren ser en un país en el que trabajar poco y tener bien sueldo pagado con dinero no controlado, parece ser a aspiración de muchos. Por eso ayer me preguntaba si la Sra. de la Nuez cree realmente que podemos cambiar las reglas del juego sin cambiar antes de sociedad, lo que requiere, primero, un núcleo (en España élite ya suena mal) de personas ilustradas, rectas, honestas y altruistas (¿quiénes?), lo segundo una catársis real y lo tercero una rebeldía de social un “hasta aquí hemos llegado”, pero constructiva. No sé, no lo veo. Melancolía o exilio, ya digo, aunque me gustaría pensar que toda la basura que nos circunda (no digamos ya en las ciudades en huelga, donde los piqueteros-montoneros no dejan ni retirar parte para evitar epidemias) , al salir, nos acabará haciendo cobrar conciencia de clase media. En fin…

  2. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Según Hegel “melancolía” es lo que produce al alma cándida la antítesis con el mundo. La situación que denuncia el post del Sr. Laguna y últimamente tantos otros en este blog me parecen una prueba de lo que me obligó a irme de la maniestación del 11-M. No veo quién tire del hilo, pero además es que el ovillo de nuestra sociedad da la impresión de estar irreslublemente enredado. De todas formas, creo que hay muchos españolitos de a pie esperando algo…si bien recuerdo que Godot nunca llega.

  3. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Se podría decir más breve y eficazmente: Ladrones, se os juzga y vais a la cárcel.
    Pero al parecer esta sociedad no tiene fuerzas ni para algo tan sencillo.

  4. Luis Villameriel
    Luis Villameriel Dice:

    El autor del post, Sr. Laguna, afirma que en España el número de “directivos públicos” alcanza casi el medio millón de almas.

    Resulta asombroso que se lancen este tipo de afirmaciones, y desde luego me gustaría saber las fuentes que ha utilizado el autor para llegar a la pasmosa cifra de 500.000 empleados públicos que disfrutan de un contrato de alta dirección. Espero impaciente esos datos.

    Entregarse a la burofobia es tan respetable como cualquier otra pasión, pero esas cifras tan alejadas de la realidad quitan credibilidad al discurso. Saludos.

    • Manu Oquendo
      Manu Oquendo Dice:

      Buenas tardes, Luis.

      Creo que Juan Laguna se refiere a esos 460,000 cargos innecesarios, redundantes o de libre designación que circularon con profusión en la prensa durante el año pasado. No tengo enlaces a mano pero sí recuerdo algunos de los capítulos y que el total y el detalle apareció en más de un lugar, en papel y en la red.

      Me impresionó especialmente leer que una institución tan anodina como el Consejo Económico y Social venía representado allí por unas 4500 personas que se reunen con alguna periodicidad, tienen estructura orgánica y logística de apoyo así como inmuebles a su disposición.

      Parece mucho pero es que hay muchos “Consejos Económicos y Sociales”.

      Olvidamos que el estado autonómico multiplica instituciones (concretamente este Consejo) como hongos y que hay actividad de este tipo en cincuenta provincias. Incluso así, mirándolo desde la óptica provincial tenemos una estructra de una 90 personas.

      En cada Hospital de España hay un consejo de Bioética destinado, “eventually”, a reducir la población de pensionistas. De momento no cobran pero ya están en ellos hasta profesores de ética (curas prohibidos) y los sindicalistas de camilleros que son sustituidos en su puesto original.

      Por no hablar de Consejos Audiovisuales, liberados para asistir al consejo de la Caja local, o el organismo de vigilancia de implantación y uso del Euskera que hace unos domingos nos atizaba nuevamente la mañana donostiarra desde la prensa local anunciando que “en la calle lo hablamos poco” y que algo habría que hacer porque en la ikastola era obligatorio y saber se sabe.

      ¿Qué esperan? Han hecho como Franco: obligar y coaccionar y reciben el mismo pago. Los niños son así, tienen memoria de lo que les hemos hecho. ¿O lo hemos olvidado?

      La cifra del medio millón inicialmente me llamó la atención.
      Hasta que bajas al análisis “micro” y recuerdas hasta los dos o tres chóferes y las tres secretarias por alto cargo y sumas, y sigues sumando, y no paras nunca de sumar.

      Se me olvidaban los más de 700 consejeros monclovitas, los que tiene cada autonomía, los que acaba de crear Mas para aconsejarle en su peculiar viaje a la tierra prometida, etc, etc.

      Si se suma de verdad es posible que Juan Laguna se haya quedado corto porque acabo de acordarme de todos los profesores de lenguas autóctonas que no aportan más que lastre y lujo, y muchos de ellos son afiliados activos de los partidos promotores que no tienen otro oficio ni producen beneficio.

      Esto está de pena y por eso tenemos el doble de los parados de los países normales.

  5. Luis Villameriel
    Luis Villameriel Dice:

    Buenas tardes, Manu Oquendo

    Hay una sostenida iniciativa de desprestigiar a la administración pública, a la que se apuntan con fruición algunos medios de comunicación, periodistas y tertulianos. La idea procede del “odio al Gobierno” generada por los neoconservadores, y entre nosotros deviene en una burofobia rencorosa y agresiva. Para inocular en el público la burofobia se manipulan sin escrúpulos cifras y conceptos. La manipulación de las cifras no tiene mucho misterio: donde dice mil funcionarios digo diez mil, que añadir un cero no cuesta nada.
    La manipulación de los conceptos es más sutil, y se hace como nos ha explicado Lakoff: se seleccionan unas cuantas palabras a las que se desprestigia a conciencia, se las dota de un contenido maligno que no aparece ni en la ley ni en el diccionario, y se las echa a rodar sabiendo que su mera presencia contaminará de maldad y corrupción todo el texto y el contexto. Así, si uno dice que es “asesor” en un Ministerio ya le miran como a un apestado, porque ya se sabe que los “asesores” carecen de estudios, y les ha colocado ahí el partido “a dedo”.
    Dice usted que hay “700 asesores monclovitas”. Dudo mucho de la bondad de la cifra, pero si le digo que es usual que en los gabinetes de los Ministros y del propio Presidente del Gobierno (del actual y los anteriores) estén destinados muchos funcionarios de carrera con títulos tan rumbosos como diplomáticos y similares, seguramente no me creerá, porque un “asesor monclovita” es por definición un indocumentado.
    Vd. Mismo critica a los “cargos de libre designación”. Otra expresión contaminada. Si le digo que es una forma de provisión de destinos entre funcionarios de carrera ¿me creerá? Si yo afirmo que el jefe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo ha sido elegido “por libre designación” (cosa que es cierta) mucha gente pensará (equivocadamente) que sin duda será un amigo del Ministro y no tendrá ni terminada la carrera de Derecho.
    Se contaminan los conceptos para justificar las cifras insostenibles. Así se fomenta la burofobia, y se impide un debate muy necesario sobre la reforma de la Administración.

    • Manu Oquendo
      Manu Oquendo Dice:

      No es mi caso, estimado Luis.
      No tengo el menor interés en desprestigiar a la administración pública y hay abundantes comentarios míos que critican el desmantelamiento del estado a través de procesos de privatización que rayan en la connivencia o peor: en el contubernio.
      Creo que de momento soy uno de los muy poquitos comentaristas que que han llamado la atención sobre un IBEX35 cuyo foco estratégico de negocio, –su “Core Business” con muy pocas excepciones–, es ser una especie de Sector Público en la sombra. Esto recuerda a aquel que metido en un caldero pretendía subirse tirando del asa.

      Por eso mismo no deja de llamarme la atención que en 1977 tuviéramos alrededor de 700,000 servidores públicos y a la salida del Sr. Zapatero hayamos superado los 3,200,000. Excluyo toda la intratable parafernalia de empresas públicas que no consolidan así como a los cientos de miles que hacen “Outsourcing” de todo para que el IBEX 35 facture al estado o a nosotos mismos por muy diversas vías.

      O que tengamos más del doble de empleados públicos por millón de habitante que Japón. Un país que nos gana en Igualdad, Renta, Salud, Educación y Longevidad por no citar su Industria y su Ciencia.

      Esto nuestro es insostenible y ocultarlo no me parece buena táctica. Para tener los mismos ratios que Japón necesitaríamos reducir más de un millón y medio de empleos en ese sector. ¿A qué podrían dedicarse? ¿Quién va a seguir prestando para pagar esa nómina?

      Cuanto antes enfrentemos la realidad antes podremos pensar en un largo plan de transición de modelos que sea creíble.
      Hoy no lo es y apenas han comenzado desde fuera a descubrir nuestra diabólica estructura política interior. Las Taifas esos entes replicantes de organismos públicos que nos sobran como sobran los Consejos económicos y Sociales o los Comités hospitalarios de Bioética o los Consejos audiovisuales. Entre los tres no hay menos de 10,000 cabezas.

      Saludos cordiales

  6. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Quisiera terciar en la polémica sobre el número de personas que podrían considerarse como “directivos” y que, de una u otra forma, cobran de los presupuestos públicos. Es evidente que se ha malinterpretado el “al parecer” que recoge el autor del post. Personalmente he visto publicadas esas listas circulando por foros y redes sociales que efectivamente cuantifican en unas 450.000 (el número exacto no lo tengo a mano). No veo que se trate -como alguien ha comentado- de un ataque a la Administración Pública, sino que lo veo como una defensa de lo que debería ser la Administración Pública: un lugar de servicio donde no caben los personalismos ni protagonismos sino la vocación de servir a los demás. Dicho esto, entiendo que esa figura de “asesor” es necesaria, es porque falla el personal fijo. Si en una estructura de gobierno con sus cuerpos técnicos, de partido con sus fundaciones de estudios o con los responsables de cada materia como conocedores de la misma, hay que recurrir a “expertos” externos, algo más está fallando en el sistema. La Administración es un sistema reglado en cuyos presupuestos cabe (cap.2) el encargo de un estudio técnico externo con carácter puntual y debidamente justificado ante las intervenciones, pero de eso a mantener empleos permanentes de “asesores” hay un trecho. Algo más, si los directivos de un órgano o institución precisan personal “de confianza” porque no confían en sus propios trabajadores…..¡apaga y vámonos!

  7. Luis Villameriel
    Luis Villameriel Dice:

    Me veo obligado a intervenir de nuevo, para insistir en que esa cifra de 450.000 “directivos públicos” es físicamente imposible, por mucho que circule por todos los foros y mentideros de la red.

    Y quiero insistir porque aquí las cifras no son inocentes, y la campaña de desprestigio de la Administración Pública se basa –entre otros ítems- en distorsionar su imagen ante la opinión pública.

    El número de empleados públicos se contabiliza en España desde hace ya muchos años, existe una oficina dedicada a ello (el Registro Central de Personal) que emite un Boletín estadístico que puede consultarse en Internet.

    Las últimas cifras oficiales –ahora serán algo inferiores por las amortizaciones de plazas- arrojan que en la Administración del Estado (ayuntamientos y Comunidades Autónomas aparte) trabajan 592.531 personas.
    Pues bien, no es sostenible que de ellas 450.000 sean “directivos”.

    De esas 592.531 personas, hay 127.421 que son militares. La Guardia Civil y Policía Nacional suman otros 146.906 efectivos. La administración de Justicia suma 24.666 personas, y las empresas públicas 56.144 empleados.

    Quedan por lo tanto 237.394 funcionarios de los distintos ministerios y servicios de administración general del Estado. Aquí están incluidos, por ejemplo, los trabajadores de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria, de los Centros Penitenciarios, etc.

    Podemos debatir si los empleados públicos son pocos o demasiados, si puede o no puede financiarse esa plantilla de personal, si la financiamos con recurso al presupuesto general o arbitramos tasas, lo que se quiera. Pero las cifras son las que son, y 450.000 directivos públicos no caben en una plantilla total como la que he detallado.

    Saludos

  8. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Una puntualización: tales listas parece que no se refieren a las personas que trabajan en las diferentes AA.PP., sino que recogen a las personas que directa o indirectamente cobran de los presupuestos públicos con algún cargo. Yo también me sorprendí al conocer esto, pero luego el desglose -salvo error de cálculo- confirmó el dato. Es evidente que no se trata de personal registrado formalmente puesto que, quizá en muchos casos, sean personas que pertenecen a los “híbridos” institucionales/privados. En todo caso mi absoluto respeto por los funcionarios de las AA.PP. (aunque algunos hayan mirado para otro lado al tramitar ciertas cosas…..) Un saludo.

  9. Luis Villameriel
    Luis Villameriel Dice:

    Pues ya lo siento, pero con esta confusión de conceptos es imposible llegar a ninguna conclusión clara. Se empezó hablando de “casi medio millón de directivos públicos”. Directivo es quien dirige una organización y tiene en ella una posición relevante en términos profesionales y salariales. El personal directivo público está definido en el art. 13 de la Ley 7/2007 pero, tecnicismos legales aparte, yo sostuve que en España no hay 500.000 directivos públicos, lo mismo que no hay 1.000 catedrales góticas, por la sencilla razón de que no caben.

    Ahora se trata de 500.000 personas que “directa o indirectamente cobran de los presupuestos públicos”. De los presupuestos públicos, así dicho, también cobran directamente los pensionistas, y los parados que perciben su prestación. Si nos vamos a formas de percibir “indirectamente” dinero de procedencia pública pues ya estamos hablando de otra cosa. Ahí podrían entrar quienes trabajan en empresas concesionarias de servicios públicos, quienes perciben salarios de entidades que reciben subvenciones públicas, suma y sigue. Entonces ya no hablamos de empleados públicos, sino del porcentaje del PIB que consumen las administraciones, que es otra cosa.

    Yo lo único que pretendo destacar es que hay una campaña para intentar justificar despidos en las Administraciones Públicas (hoy mismo se anuncian 300 personas en la Universidad Politécnica de Madrid) y que hay que ser muy rigurosos en este tema, con las cifras y con los conceptos. Saludos.

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