¿Cómo debería ser una auditoría rigurosa de una entidad con sospechas de contabilidad B?

Lo cierto es que las llamadas auditorías financieras, o lo que conocemos como auditoria de cuentas, no son precisamente una herramienta adecuada para detectar operaciones fraudulentas, y mucho menos si quien está involucrado en estas operaciones es la estructura de dirección de la organización.

 

Básicamente, el objetivo del examen de cuentas no es otro que informar a los socios-propietarios de una organización, así como a posibles terceros con interés, sobre si los estados financieros de dicha entidad representan razonablemente la imagen fiel del patrimonio y los resultados del ejercicio, y para ello se sirve de “técnicas de auditoría” generalmente aceptadas.

 

Para entenderlo mejor, estas “técnicas de auditoría” se basan sobre todo en la colaboración de la dirección y los empleados de la entidad auditada, así tanto en los procedimientos de gestión como de registro contable. Y si en una entidad falla alguno de estos parámetros, los auditores no podrán emitir opinión.

 

En la fase de planificación del examen de cuentas, los auditores evalúan el control interno de la entidad auditada, valoran el riesgo de auditoría y, a partir de ahí, diseñan las pruebas de auditoría necesarias para poder emitir su opinión. Si una vez realizada dicha evaluación se concluye que pudiera existir una contabilidad B, las técnicas de autoría generalmente aceptadas dejan de ser útiles y una herramienta eficaz.

 

Por eso, cuando se esgrime la existencia de auditorías, ya sean internas o externas, o se propone su realización, como garantía de la inexistencia de contabilidad B, estamos ante un argumento sin validez alguna.

 

Recurrir a técnicas policiales y judiciales

 

Detectar la existencia de contabilidad B no es tarea de un examen de cuentas normal y, si existiese esa sospecha, se tendría que trabajar en el ámbito de la investigación, más propia de técnicas policiales y judiciales que de auditores de cuentas.

 

El origen de las sospechas de doble contabilidad, se deben casi exclusivamente a la denuncia, ya sea de algún implicado o de terceras personas más vinculadas con la actividad que se quiera ocultar, y no tanto a la actividad normal de la entidad.

 

En cualquier caso, si pensamos en procedimientos que podrían servir para detectar la existencia de contabilidad B o de un hilo de donde poder tirar, podemos hacer un pequeño esbozo de algunas prácticas que podrían ser útiles y que, de entrada, exigen la total colaboración de la dirección y empleados de la entidad o, en su caso, el mandato judicial.

 

El área que más trabajo exigiría es la tesorería. Para ello tendría que solicitarse la colaboración de la totalidad de entidades bancarias que actúan en España y, si es posible, de aquellas de los países a través de los cuales se sospecha que pueden haberse movido los fondos B –a ello ayudaría el cruce y verificación de transacciones de las cuentas bancarias con las que opera la entidad, así como de las operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito.

 

Investigación en diferentes campos

 

Pero para que la prueba sea eficaz, no bastaría con investigar las cuentas y tarjetas cuya titularidad corresponda a la entidad, sino también las de empleados y directivos e incluso de terceros, sobre los que recae sospecha de que pudieran actuar como testaferros ­–prueba de muy difícil realización, no solo por el ingente trabajo que puede suponer, sino porque exige la colaboración de los implicados, o el mandato judicial–. Cuando hablamos de titularidad nos quedamos cortos, dado que la investigación debe alcanzar no solo a la titularidad de las cuentas, sino también a firmas autorizadas.

 

Además, sería necesaria la realización de entrevistas con la dirección y empleados de la entidad que, llegado el caso, tendrían más que ver con un interrogatorio que con una mera entrevista. Esta prueba es también de muy difícil realización y exige la total colaboración de los implicados o, en su caso, el mandato judicial.

 

De igual modo, sería necesaria la colaboración de la Agencia Tributaria, facilitando información de sus bases de datos que afecten a empleados,  directivos y terceros de los que se sospecha que pudieran actuar como testaferros. La realización de esta prueba solo es viable bajo mandato judicial.

 

La investigación en los registros de la propiedad y el análisis de la evolución de las propiedades de empleados, directivos y terceros bajo sospecha también podría ser útil.

 

La colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), podría además aportar información sobre consejeros y otros cargos de organizaciones que pudieran tener relación con la entidad auditada y que podrían estar vinculadas con personas vinculadas con empleados, directivos y terceros bajo sospecha.

 

Y si la entidad que se está investigando es pública o pudiera tener influencia en las decisiones que toma cualquiera de las administraciones públicas (AAPP), también sería necesaria la investigación de los contratos que hubieran podido adjudicarse como consecuencia de la relación con la entidad auditada.

 

Este trabajo es también de muy difícil realización, no solo por su gran volumen, sino porque requeriría la colaboración de las unidades de contratación y de las responsables de la contabilidad de las distintas AAPP, así como de las diversas entidades a través de las que operan, como pueden ser entidades públicas empresariales, organismos, agencias, fundaciones, institutos…Además, no hay que olvidar que, cuando las AAPP, con la disculpa de mejorar la agilidad y eficacia de su gestión, operan a través de este tipo de entidades, lo que pretenden en esencia es evitar los controles que la normativa impone a la actuación de las AAPP.

 

Y tras estas reflexiones, solo cabe reiterar que los procedimientos de investigación descritos no se incluyen en el ámbito de la ejecución de un trabajo de auditoría, sino que pertenecen más al ámbito de una investigación bajo  mandato judicial.

7 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Muchas gracias por ilustrar la dificultad de identificar estas circunstancias cuando las “cosas” se hacen profesionalmente.

    Tendemos a criminalizar estas prácticas pero no hace tanto tiempo que las empresas comenzaban así o no comenzaban nunca. Todo era lo que hoy se llama “Be”.
    Sin contabilidad, sin Impuesto de Sociedades, sin seguridad social, sin IVA, sin IBI, sin registros mercantiles, sin notaría, sin sociedad, sin licencia de obras, sin Marca registrada, sin más contrato que tu reputación, sin Aenor, sin Impacto ambiental ni auditoría, sin informe de responsabilidad social corporativa, sin libro de actas, sin secretario general, sin banco y sin cuentas corrientes, sin licencia municipal, ni autonómica, etc.

    Ahora se promocionan en la radio empresas para vender “certificado ecológico municipal” a los que pagan los monstruosos precios de los parques industriales. Otra panda. Se lo venden al ayuntamiento y se lo cobran a quien pillan en “el polígono”

    Y naturalmente, el sistema se nos va muriendo.

    Sólo se pagaban unas pequeñas tasas cuando vendías algo en alguna “casa comercial” sólida y ya establecida. Así comenzaron aquellas de nuestras grandes empresas que hoy sobreviven. No quepa duda alguna de que Inditex hoy no existiría si nuestras cargas administrativas y legales hubiesen sido las que en su día vivieron el Sr. Ortega y su esposa. Y de esto no hace tanto tiempo.

    Cuando nos preguntamos por qué nuestra sociedad es estructuralmente incapaz de generar el empleo que requiere no hace falta romperse la cabeza ni pedir subvenciones para sesudos estudios socioeconómicos.

    Basta hacer memoria, comparar y preguntarse si hoy valdría la pena empezar en los volúmenes de iniciativa que antes estaban disponibles para cualquiera que supiera hacer algo.

    Todavía en los años 70, desde la oficina de Arapiles, 13, predicaban Manuel Soto, Ángel Durández y algunos otros misioneros intentando explicar al padre del actual Emilio Botín para qué servía una auditoría voluntaria ya que por entonces y aún durante muchos años no fueron obligatorias para los Bancos. Hoy tenemos auditorías y quiebran mucho más que con el Banco de España de entonces.

    No me malinterpreten, pero a veces el “progreso”… quita las ganas.

    Saludos, y buenos días.

    • Abogados online
      Abogados online Dice:

      Lo cierto es que los técnicos de la Agencia Tributaria tienen mucha experiencia en el tema. Además, para ser técnico hay que ser diplomado, que no es poca titulación. Son oposiciones más fáciles que las de inspector pero éste tiene una faceta más actuarial. En fin, a mi me parece que harían un excelente trabajo.

  2. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Enhorabuena por el post y bienvenido al blog Manuel. Muy necesarias tus aclaraciones en esta ceremonia de la confusión, donde, una vez más, se nos quiere tomar el pelo hablando de auditorías internas que no encuentran nada más que la contabilidad oficial y de auditorías externas que me imagino tampoco encontrarán nada que no sea la contabilidad oficial. Y que encima vamos a pagar otra vez los contribuyentes, dado que los partidos políticos se financian o con el dinero de nuestros impuestos o no se sabe muy bien como..:-( En fin, ya os podían haber encargado a Gestha que se la hicierais gratis. Claro que a lo mejor entonces los resultados eran distintos.

  3. robespierre
    robespierre Dice:

    Por lo que veo, la auditoría interna y la externa que nos propone el PP para demostrarnos -incrédulos que somos- que no manejaban dinero B es imposible que sirvan para nada. Pues qué bien, otra tomadura de pelo. Para eso que se las ahorren y que juren por la Biblia (o prometan por la Constitución lo que más les mole) que no había contabilidad B. La credibilidad va a ser la misma y se ahorran (o nos ahorramos) unos dineros, dado que al final vamos a pagar nosotros estas auditorías para que nos digan lo mismo.

  4. Asesorias
    Asesorias Dice:

    La auditoria debe ser rigurosa en todas las entidades, para demostrar la transaparencias de las mismas entidades con el Estado y es necesario que se realicen en diferentes campos como bien lo indican en el post,

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