Hacia la ‘inclusividad’ en España

El libro ‘Why nations fail’, de Daron Acemoglu y James A. Robinson, ha suscitado un buen número de interesantes reflexiones tanto en este blog como en Nada es Gratis, Politikon o Sintetia, por citar algunos referentes de pensamiento crítico actual.

 

Si concluimos, como es mi caso, que el diagnóstico de los autores es certero y las instituciones políticas y económicas vigentes –en contraposición con supuestas ‘dotaciones fundacionales’ u otros factores– son el factor principal a la hora de explicar el relativo éxito o fracaso de distintos sistemas de organización política, una de las cuestiones que cobran mayor importancia es de índole eminentemente práctico: ¿cómo avanzar hacia esas benéficas instituciones denominadas ‘inclusivas’?

 

Enfrentarse a esas élites denominadas tan acertadamente como ‘extractivas’ por Acemoglu y Robinson requiere identificar los principales factores de los que éstas se han beneficiado históricamente para la consecución de sus objetivos. Ese, creo, debe ser nuestro punto de partida.

 

Sin ánimo de exhaustividad, en el caso español aquí se sugieren cuatro:

 

1)     La gran opacidad fiscal reinante.

2)     El recelo general hacia la evaluación y fiscalización administrativas.

3)     La inexistencia de incentivos para la denuncia.

4)     El mal funcionamiento de la justicia procesal penal.

 

Vayamos por partes.

 

La gran opacidad fiscal reinante.

 

¿Sabían ustedes que en un país de nuestro entorno como Noruega las declaraciones impositivas de sus contribuyentes –tanto personas físicas como jurídicas– son en gran medida públicas?

 

Pocos presupuestos se me ocurren como más alejados de la cultura política española como esta posibilidad, tan polémica, de que cada contribuyente pueda contrastar libremente la contribución al sostenimiento de la administración y servicios públicos de cada uno de sus conciudadanos.

 

Sin embargo, pocas o ninguna medida resultarían tan efectivas a la hora de dificultarle su operativa a los defraudadores. En los años ochenta del siglo pasado las campañas públicas de concienciación ciudadana popularizaron el lema “Hacienda somos todos”. ¡Hágase pues! Impleméntese, con menores o mayores cautelas, un sistema de control a coste cero –o casi cero– que permita al sufrido asalariado contrastar sus temores, lugar común casi, de ser el hazmerreír del sistema impositivo patrio.

 

Y si en el caso de las personas físicas nuestros reparos culturales, relativos a la seguridad ciudadana o de otra naturaleza nos sugieren cautela, empecemos entonces por las personas jurídicas. ¿Es demasiado pedir que toda persona jurídica que contrate con el Estado tenga que publicitar de forma abierta, clara, completa y accesible sus cuentas con Hacienda?

 

Este podría ser un primer paso hacia la necesaria concienciación de que obras son amores e impuestos pagados la mejor política de RSC que pueden poner en marcha el gran mosaico de pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en nuestro país; hacia posicionar los impuestos pagados, en definitiva, como una suerte de badge of honour requerido y altamente valorado por todos los stakeholders y la sociedad en general.

 

El recelo general hacia la evaluación y fiscalización administrativas.

 

Yendo más allá de la transparencia fiscal, también cabe reclamar la acumulación, apertura y explotación de la panoplia de datos relativos al ámbito de actuación de todas las administraciones públicas.

 

Pensemos, por ejemplo, en desterrar viejas nociones de falso igualitarismo hiperproteccionista y profundizar en un análisis abierto de los datos disponibles en ámbitos tan críticos para el progreso como la educación, habilitando así la evaluación competitiva. Pocas medidas podrían tener un impacto de calado similar al servicio de la igualdad de oportunidades –o de recursos de partida, más bien–, pilar fundamental para la construcción de esas instituciones abiertas e inclusivas.

 

Ese recelo generalizado frente a las actuaciones de una administración percibida como no fiable o, peor, sospechosa, también conduce al desaprovechamiento por parte del Estado de numerosas oportunidades de combatir las ilegalidades ligadas al fraude.

 

Por poner algún ejemplo, parece muy poco razonable aceptar hoy la legitimidad de los títulos de propiedad al portador. No hay mejor ‘tecnología’ para habilitar el fraude que unos papelillos –tan frecuentes en cualquier paraíso fiscal que se precie– cuya titularidad puede variar a conveniencia entre su verdadero dueño y el acomodaticio testaferro de turno.

 

También podríamos hablar aquí de inversiones en formación y recursos. ¿Qué peor noticia para un integrante de esas élites extractivas que una policía y una judicatura con los mejores sistemas informáticos interconectados y la formación necesaria para poder comprender la continua y bien financiada evolución de los mecanismos disponibles para eludir la igualdad ante la ley? Esta bandera, sin embargo, nunca ha sido levantada en campaña electoral que se recuerde.

 

Los países que apuestan por la transparencia –y sus primos hermanos, la objetividad y el enforcement, añadiríamos– como base del funcionamiento de sus instituciones aciertan. Aquí el chileno Alejandro Ferreiro lo sintetiza a la perfección: “Si se miran los 20 países más transparentes del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, 17 coinciden con el listado de los más competitivos según el Competitiveness Index del Foro Económico Mundial. Solo Corea del Sur, Taiwan e Israel aparecen entre los más competitivos sin ser igualmente transparentes.”

 

La inexistencia de incentivos para la denuncia.

 

Componiendo los efectos perversos de la falta de transparencia y los recelos frente a la evaluación y fiscalización administrativas nos encontramos la clamorosa ausencia de whistleblowers nacionales.

 

Hagamos un sencillo test. ¿A cuántas personas conocen cada uno de ustedes, señores lectores, que estén al corriente de flagrantes irregularidades relativas al uso de los dineros públicos? Vamos, piensen. Si la respuesta es ninguna, concluiré que no tienen relación con nadie que haya estado vinculado al mundo de la construcción civil en España en las últimas décadas.

 

Frente a esta realidad, ¿a cuántos conocen que hayan tirado de la manta y hayan acudido a la policía, guardia civil, fiscalía anticorrupción o instancia similar a interponer una denuncia? A ninguno, ¿verdad? Los motivos son tan sencillos como comprensibles: el miedo a poner en peligro el modo de sustento de los posibles denunciantes y sus familias.

 

Si este país y sus gobernantes se tomasen en serio a sí mismos esta sería una de las primeras medidas a implementar: establecer un programa de recompensa, protección y reinserción laboral a aquellos directivos o trabajadores que pongan en conocimiento de las autoridades casos de fraude o corruptelas varias.

 

El mal funcionamiento de la justicia procesal penal.

 

Sigamos. Una vez posicionado del lado de los cotillas, los inquisidores y los chivatos, ¿cabe algún atrevimiento mayor? Sí, lo hay: atacar parte del dogma de tantos buenos profesionales del derecho y hacerlo precisamente aquí, en este blog sobre la actualidad jurídica y política.

 

Uno, que pese a haber estudiado la carrera de derecho nunca ha ejercido labores de abogacía, y desde su simple óptica de ciudadano, no puede dejar de cuestionar la pertinencia de esa institución tan odiosa denominada prescripción.

 

Sí, ya sabemos que la seguridad jurídica es un bien digno de protección y demás. Pero, señores penalistas, ¿de verdad nos quieren convencer de que la prescripción de los delitos ligados al fraude fiscal y a la mala gestión de los recursos públicos es más importante que ponerle coto a tanto desmán?

 

¿Qué gana el común de los ciudadanos avalando un sistema legal que incrementa los incentivos para la comisión de los delitos ligados a la corrupción? Además de intentar dotar de recursos a la administración de justicia para acortar los inaceptables plazos actuales, ¿no podríamos eliminar esta venerable institución procesal de nuestro ordenamiento jurídico, al menos en todo lo relativo a la esfera de lo público?

 

Concluyendo, en la próxima conversación en la que participen sobre los supuestamente incurables males de esta nación nuestra, por favor tengan presente esa frase que quizá no haya marcado lo suficiente la educación de tantas generaciones de españoles: no decidir es decidir. Con todas sus consecuencias.

 

 

 

11 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Buenos días .

    El artículo, excelente en su forma y fondo, me ha dejado preocupado y sin saber por qué. Al terminar su segunda lectura me he sentido confuso y con muchas ideas bullendo al tiempo que una voz matinal me aconsejaba afectuosa: “No entres al trapo, no son horas. Sal ya con los perros”.

    En este sentido el artículo me ha parecido “seminal” en el buen sentido de provocador, generador de impulsos y activador de recuerdos.

    Algo parecido me sucedió en su día con el “suceso” editorial del libro de Acemoglu-Robinson que –a pesar de llevar detrás bastantes años de estudio– ha causado, en general, una indefinible impresión y mucha crítica.

    Un suceso editorial previo al lento “Boca a Boca” nunca es fruto del azar porque exige una inmensa y muy onerosa máquina de promoción global. Un libro con grandes padrinos que no puede ocultar que es un encargo.

    Además Acemoglu y Robinson hablan mal de España; algo frecuente en este tipo de libros que encuentro rayano en la vulgaridad porque siempre omiten en su análisis buena parte de la multidisciplinaridad que tan imprescindible resulta para hacer “fotos veraces del pasado”.

    Fotos veraces del pasado. Esta es la cuestión.

    Una foto es una mirada concreta desde unos ojos determinados.
    En si misma y en su función de “documento histórico” es una píldora con atributos de bomba de espoleta retardada. Nace cargada, casi nunca es inocente y menos desde que los documentalistas modernos la adoptan como elemento crucial en la ingeniería de la memoria.

    Digo esto porque ayer por la noche fuimos a la presentación de un libro de hermenéutica fotográfica de una alumna del profesor Rodríguez de las Heras. Y, como siempre, los silencios hablan más que los titulares.

    Es imposible resumir bien una conferencia como la de D. Antonio, maestro de maestros, pero sus silencios intencionados apuntaban a una cierta preocupación por el poder del historiador –gráfico en este caso– como manipulador de la memoria.
    Es más, hizo una pregunta a su antigua alumna que cerró el acto: “¿Por qué modelo interpretativo te inclinarías hoy?”

    Para mi sorpresa, la alumna, la doctora Beatriz de las Heras, respondió: “Continuar entendiendo los mecanismos de captación psicológica del observador”.
    “Tremendo”, comentamos algunos en la audiencia: Esta historiadora entiende perfectamente la labor subliminal de la comunicación para la “Creación y Recreación de la Memoria”.

    En esas estamos: “La recreación de la memoria”.

    El caso es que mientras los profesionales del derecho y de la filosofía política nos hablan con alarma de la degradación institucional y de sus causas, hay economistas que, aparentemente, acuden en socorro de la situación y nos dan una versión maniquea de lo que entre manos y ante los ojos manos tenemos: Ni una sola de nuestras instituciones ha funcionado. Todo indica que son cómplices activos y responsables de un sistema “Extractivo” en declive acelerado.

    Voy al monte a ver si me despejo.

    Saludos

  2. jorgescc
    jorgescc Dice:

    Pero cuál es el problema de las élites “extractivas”, ¿su enriquecimiento personal?, ¿por eso hay que evitar la opacidad fiscal?
    Rajoy y Rubalcaba han informado de sus ingresos, ¿y?.

    ¿Incentivos para las denuncias?
    ¿Cómo va a haber incentivos para las denuncias si todos aspiramos a ser los beneficiarios de los favores del Estado como máximo órgano dispensador de seguridad y fortuna?
    “Hoy por ti mañana por mí”. Frente a esa creencia no hay incentivo para denunciar que valga.
    http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2012/12/por-que-dejamos-que-crezca-el-poder.html

    ¿Mal funcionamiento de la justicia procesal penal?
    ¿Pero sirve la justicia penal para evitar la corrupción política?. ¿Cuándo ha sido así?
    Italia pasó de “mano pulite” a Berlusconi sin solución de continuidad.
    La justicia penal garantista se rige por el principio de intervención mínima y basta con leer a Ferrajoli en “Derecho y razón” para comprender su falta de idoneidad para el tema que nos ocupa.

    La transparencia no debe servir sólo para conocer los ingresos de los políticos, sino el destino de los impuestos.
    Ahí está el busilis, pues la opacidad fiscal y la recaudación forzosa no toman mando en plaza para ocultar los ingresos de la oligarquía, que también, sino para no dar explicaciones de latrocinios casi infinitos, desde la llamada reforma del sistema financiero (?) al eterno déficit de la factura de la electricidad.

    La escolástica legitimó el tiranicidio.
    Su bienintencionado artículo y el libro que comenta ratifican que los teóricos de hoy que se reclaman reformistas no son capaces de justificar no ya el tiranicidio, ni siquiera plantear la insumisión fiscal, y sin embargo mientras los impuestos no sean voluntarios no habrá forma de controlar el gasto del Estado, la auténtica madre de la corrupción elevada a la enésima potencia.
    http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2012/06/financian-los-impuestos-bienes-publicos.html

    El problema del Poder es el de su reducción. La corrupción personal es un epifenómeno inevitable, absolutamente inevitable, de un Estado que se ha convertido en un caníbal.
    Sus propuestas (chivatos, más jueces de lo penal, más fiscalizadores de toda laya que aseguren el expolio fiscal sin preocuparse para qué se gasta…) no mejorarían el sistema sino que reforzarían el Poder.

    Y no es eso, sino todo lo contrario.

  3. Luisa
    Luisa Dice:

    Ahora asistimos a un espectáculo delirante, pues el partido del Gobierno quiere hacernos comulgar con ruedas de molino. Pretende que aceptemos que se puede cotizar por un “trabajador” (el señor B.) por períodos -años-posteriores a la extinción de la relación laboral, cuando ya no hay prestación de servicios, como si el trabajador siguiera en nómina de la empresa. Y no, no se puede. Pregunten a cualquier laboralista, no digo ya a la Inspección de Trabajo. Esto es un fraude a la Seguridad Social como un castillo. Así que ya vemos como predican con el ejemplo: toda una señora abogada del Estado defendiendo que ello es posible y admisible. Y éste es el partido del gobierno, de nuestro gobierno.

  4. Juan Ciudadano
    Juan Ciudadano Dice:

    Eliminar la prescripción para la categoría de delitos a los que se refiere se puede, basta con voluntad política para hacerlo. De hecho ya ha ocurrido para otros delitos más graves (delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, y los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona).
    En mi oponión el problema no está en la existencia de plazos de prescripción, sino en la atenuante 6 del artículo 21 del CP, “La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa”, cuya aplicación en determinados casos lleva a la imposición de penas irrisorias (caso Pallerols), que, además, por su duración y por la carencia de antecedentes penales de los condenados no se ejecutan. En este sentido también podría excluirse por el Legislador, en estos casos, suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad que se regula en el artículo 80 y ss. del CP.

  5. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Así, a bote pronto, me ha gustado mucho el post de Jorgescc.
    Creo que va al mismo sitio al que llegaré esta noche para comentar con detenimiento el artículo de Jacobo Elosua. También he vuelto a leer lo que Ignacio Gomá escribió el 7 de Noviembre pasado. Difícil no coincidir en la mesura y el equilibrio.

    Creo que ayer falleció Ronald Dworking. Algunos comentarios de hoy me han hecho recordar a este autor célebre por sus ataques a las concepciones de libertad que popularizó Isaias Berlin.
    La negativa (poder elegir sin restricciones externas) y la positiva (la libertad de obligar a otros que tanto placer nos produce a muchos).

    Traigo otro apunte para ir enmarcando extremos:

    http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_58_(C%C3%B3digo_Penal_de_la_RSFSR)

    El artículo 58 del Código Penal de la URSS es de intresantísima lectura reflexiva incluyendo el artículo 58.12 (la omisión de denuncia)

    El caso es que ya deberíamos haber entendido que nada está atado y bien atado cuando no se reconocen los límites del poder. Incluyendo todo el poder. También el fiscal.

    Hasta la noche

  6. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    El artículo de Jacobo tiene tanta enjundia que para comentarlo hay que ir poco a poco.

    Iré por partes.

    Comienza poniendo a Noruega como ejemplo de civismo fiscal aludiendo a la naturaleza cuasi pública de sus declaraciones de la Renta.
    Noruega es un país joven e inmensamente rico, tiene una superficie sólo un 20% menor que España y menos habitantes que Madrid.

    De hecho tenemos más parados que ellos habitantes incluyendo sus emigrantes.

    Además, les sobra petróleo y gas hasta tal punto que sus “Sovereign funds” son de los mayores y más saneados del mundo y con una política económica que obliga al gobierno a ahorrar los ingresos del petróleo con lo cual sus habitantes tienen un chollo inimaginable por estos lares.

    Cualquier cosa que entreguen al estado lo reciben multiplicado en vida, empleo y seguridad. A nosotros el stado nos mata a deuda. Justo lo cointrario y sin preguntarnos. Esto de preguntar debe ser hábito Vikingo.

    A ellos les trae cuenta.
    A nosotros, evidentemente, no.
    Por lo tanto no veo mucho sentido en copiar sus hábitos fiscales o de sometimiento a su estado abriéndole totalmente su vida.

    De hecho lo que a nosotros nos avergüenza –comenzando por nuestros cargos públicos–: simplemente decir “Todo por España”, es el juramento vital de los noruegos, “Alt For Norge”. Así cualquiera.

    Puestos a copiar yo comenzaría por el North Sea Oil y luego el resto.
    Noruega es la Arabia Saudí Europea y viven a del estado de la cuna a la tumba. Como los Saudíes. Como para no pagar una parte de lo que te están dando a chorros.

    Porque esa es otra, el mito de la fiscalidad nórdica. Poco nos cuentan que ellos mantienen la célebre “desgravación por inversiones” –que a nosotros nos quitaron hace más de 30 años y que nuestros amigos noruegos desgravan hasta su participación accionarial en un bistro o en el quiosco de refrescos.

    Con un canto en los dientes se daría el contribuyente español medio si pudiera disfrutar de la fiscalidad de Noruega. De los servicios mejor no hablar.

    Saludos.

  7. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Sin embargo, aunque un día tarde, quisiera respetuosamente discrepar. No estoy de acuerdo con las propuestas del Post ni de algunos comentaristas. Trataré de explicarme, por partes, como hace Manu Oquendo: 1/ Datos fiscales. La publicación de los datos fiscales de las personas físicas, a demás de ser contraria a las Directivas de la Unión Europea, a la que no pertenece Noruega, y a la legislación española vigente, es inconveniente en un País como España, donde la envidia y la venganza siguen siendo pecados nacionales. Hacen falta siglos de tradición y educación y no cambios normativos, para que los datos fiscales de las personas físicas puedan aparecer sin perjudicarlas, para no hablar del problema práctico de su procesamiento comercial. Los datos fiscales de las personas jurídicas aparecen en sus cuentas anuales, luego ya están claros. La contabilidad fiscal es igual que la financiera, con pocas excepciones, desde 1995 (creo). Comiéncese por la transparencia pública, que son dineros del común, y no de los particulares, y luego pensamos el resto. Publificar lo privado estará muy bien entre vikingos con un alto sentido de la comunidad, no para latinos. Mejor que las autoridades no nos quiten nuestra vida (insisto, impuestos=dinero=tiempo de esfuerzo o inteligencia) sin poner las cuentas en claro. 2/ Recelo. El problema no es educativo, el problema de base es que el latino, que no es tonto, no se fía de que le inspeccione o verifique una autoridad no neutral que se salta las reglas del juego. Cuanto más claro y transparente sea el Estado, más abiertos estarán los pariculares a ser fiscalizados. Los títulos al portador son una invención económico-jurídica de primera magnitud y no pueden prohibirse. El tenedor de un título al portador en el momento de producirse el hecho imponible de que se trate, debe declarar tal hecho imponible. 3/ Inexistencia de incentivos. Afortunadamente. Cualquiera que conozca un hecho punible tiene la OBLIGACIÓN de denunciarlo en España y puede hacerlo ante la policía, la fiscalía o el juez de guardia. Sólo faltaba que volvamos al cartel de “reward” como en el Oeste. Esto es cosa de anglosajones, cuya mentalidad social es otra. Recuerdo que quien tiene obligación de denunciar un hecho punible y no lo hace es encubridor en nuestro Derecho. 4/ Justicia penal. La prescripción no es una odiosa institución procesal, la prescripción es un instituto de derecho sustantivo, como la caducidad y no se regula en las leyes procesales, sino en las sustantivas, si la técnica jurídica es correcta. Ni las acciones privadas ni las públicas pueden deber ejercitarse sine die. Estamos ante una cuestión de medios: desde 1985 se decidió, gracias a ese Sr. tan considerado de apellido Guerra, que Montesquieu no estaba vigente en la CE78 y que quien se mueve en la foto no sale, todo lo cual son principios rectores de nuestra degradada vida política (o sea, social), no hay suficientes jueces por decisión política.

  8. Cruz
    Cruz Dice:

    La información, para ser “buena”, debe ser completa, veraz y objetiva; las fuentes fiables y los datos contrastables. De la misma manera las comparaciones deben hacerse entre términos equiparables. Los diferentes métodos de cálculo pueden arrojar resultados dispares. La solución a un problema depende de su planteamiento y es necesario llegar a la raiz, sin confundir causas con síntomas o efectos.

    ¿Es lo anterior verdad, mentira o depende?

    Estamos acostumbrados a que se hagan miles de fantásticos y sesudos análisis sobre la crisis desde todos los puntos de vista habidos y por haber. Pero cada uno es completamente independiente del resto y solo por ello, todos se alejan de la realidad. Parece que hemos olvidado que “el sistema”, “las instituciones”, “las entidades”, “las organizaciones”… Ni sienten ni padecen. Son personas las que marcan las directrices, personas quienes las ejecutan y personas en quienes repercuten.

    Mientras un gran número de esas personas quieran valerse del sistema para sus propios fines todo seguirá igual. Seguirá la falta de responsabilidad, la impunidad, el orgullo mal entendido, la ignorancia, la mera necesidad o como se quiera llamar eso que lleva a que algunas personas se corrompan.

    Otras no, pero esas no suelen salir en la foto.

  9. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Este fin de semana recurrí a la definición de libertad que tomada de Schopenhauer aplica a la vida política Isaías Berlin.
    La ausencia de obstáculos exógenos a nuestro albedrío (libertad negativa — porque no hay obstáculos) y la libertad de poder imponer nuestra voluntad a otros (libertad positiva porque hay obstáculos decididos por otros).

    En el texto de Berlin (judío con personalidad rusa y británica que emigró de niño desde Riga entonces parte de la Rusia imperial) hace especial hincapié en el refuerzo psicológico que suele recibir nuestro ego cuando imponemos nuestra voluntad.

    Isaías Berlin pone como ejemplo el caso de aquellos nacionalistas que disfrutan imponiendo a otros conductas e identidades que objetivamente también les perjudican a ellos.
    El placer derivado de la imposición excede a la percepción del propio daño.
    Adler nuevamente se apunta un tanto al establecer el ego y la autoestima como motores poderosos de nuestras conductas.

    Sobre el tema de la fiscalidad es fácil ver cómo se delinean ambas perspectivas: La de aquellos que exigen la aplicación imperiosa del código penal más riguroso y la de otros que propenden a cuestionarse los derechos del estado a imponer, extraer y limitar. ES difícil responder al “por qué” de estos últimos.

    Esto será siempre así porque ambos perfiles psicológicos existen: El sumiso y el rebelde, el pragmátiico y el ingenuo, el realista astuto y el soñador de las grandes praderas.

    Al final, en algún lugar, debe existir un punto de equilibrio.

    Mucha gente piensa que hemos roto todos los frenos de la sensatez impositiva y el estado se despeña por el abismo de una fiscalidad desproporcionada y nefanda porque ya es dañina hasta para el propio concepto del bien común.

    Saludos

  10. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    Aparte de las magníficas respuestas que se han dado al escalofriante post, lo siento no encuentro un epíteto más adecuado pra describir la sensación que me ha producido, me gustaría hacer algunos apuntes:

    – En Amsterdam en particular y en Holanda en particular, no existen las cortinas ni las persianas en las casas. Según su recepción de la ética protestante, la gente en su casa no debe hacer lo que no haría en público y no tiene nada que esconder. NADA.

    – En España el fisco dicta las normas fiscales a su antojo, sin un mínimo de permanencia ni objetividad. No hay límite jurídico eficaz alguno frente al poder regulatorio del fisco. Si el derecho administrativo es la regulación jurídica del ejercicio del poder por parte de la administración frente a los administrados, en defensa del interés general, por supuesto, el derecho fiscal se ha despojado de cualquier tipo de tapujo y sólo tiene una finalidad: Tapar cualquier vía de escape, por el medio que sea, a la ilimitada capacidad extractiva del fisco. Derecho administrativo elevado a la enésima potencia.

    – Si alguien intentase que se publicase el volumen de ayudas públicas recibidas por cada familia, sería tildado de fascista, racista, xenófobo y no sé de cuántas cosas más y es bastante más justificable que se publique lo que alguien se lleva que lo que paga.

    – ¿Qué tal si publicamos también los nombres de los delincuentes condenados y los de los ciudadanos procesados y absueltos por cualquier clase de delito? ¿Por qué no hacemos de acceso público el registro de antecedentes penales? ¿De las penas cumplidas -o no- por cualquier ciudadano? ¿Por qué no suprimimos el derecho a la intimidad?

    El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Mientras la administración no sea transparente, no se exija transparencia a los ciudadanos. Primer eslabón de la transparencia, en el funcionamiento ordinario y extraordinario de la administración, sin más límite que las exigencias de la seguridad nacional, interpretadas en sentido estricto. Segundo, transparencia en los costes y funcionamiento de la propia administración, empezando por los presupuestos y su fiscalización. Tercero, transparencia en las cuantías reales y los costes directos asociados a las políticas “sociales” o de redistribución de rentas. Cuarto, transparencia de los costes indirecto a corto, medio y largo plazo de tales políticas. Y aún queda un largo etcétera, antes de exigir transparencia total a los súbditos.

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