La princesa Letizia y los desahucios

La noticia saltó la semana pasada. Según El Confidencial, “la princesa Letizia envió una carta a Justicia para intentar paralizar un desahucio”, concretamente el de una mujer que le abordó en un comedor social para explicarle su problema. De acuerdo con la versión de la interesada, los padres de su ex marido (que por cierto tiene orden de alejamiento por maltratador y que además no le pasa ninguna pensión), titulares del piso en el que ella vive con sus dos hijos, tras cuatro años de tolerancia quieren recuperar la posesión y desahuciarla. Dos días después nos enteramos, por el mismo diario, que tras el lío y la repercusión mediática suscitada, “paralizan el desahucio que la princesa trató de evitar”.

 

La verdad es que la carta de la princesa se limita a decir que se ha dado traslado al Ministerio de Justicia de la carta remitida a su vez por la interesada “para su estudio y decisión que proceda”, o sea, al menos desde un punto de vista teórico, absolutamente para nada, pues el Ministerio carece (quiero pensar) de ninguna competencia en este asunto. Pero aunque por todo ello la noticia puede parece intrascendente y sin apenas interés, creo sin embargo que revela muy bien el tremendo conjunto de confusiones en el que estamos sumidos en este tema de los desahucios y en relación al papel que debe jugar la Administración de Justicia, el Gobierno, la Corona, e incluso el mismo Derecho, en la sociedad en la que vivimos.

 

Si hay una palabra que hoy suscite el odio y aversión de la gente bienintencionada es la palabra “desahucio”, que además se aplica de forma omnicomprensiva, incluyendo desde los desahucios stricto sensu hasta los lanzamientos hipotecarios. Los que desahucian son seres malvados y sin escrúpulos que merecen el repudio de sus congéneres. Y no digo yo que en algunas ocasiones no puedan serlo (desde alguna destacada entidad financiera hasta ciertos suegros que no les importa ver a sus nietos en la calle) pero lo más curioso es que se considera, casi de forma indignada, que el Derecho y la Justicia deben hacer algo para impedir esos desahucios especialmente sangrantes. Es decir, que el Derecho y la Justicia están al servicio de la moral del caso concreto, para obligar a esas entidades o esos suegros a hacer lo que su interés o su conciencia no les exige, y si no, es que “el sistema” en el que vivimos es absolutamente corrupto.

 

No voy a recordar ahora algo tan obvio como que el lanzamiento hipotecario forma parte de la esencia de la hipoteca, esa institución centenaria que tanto ha hecho por la prosperidad de nuestro país (y también por su ruina, ante la inactividad de nuestros políticos y de nuestros principales organismos reguladores). Di una conferencia sobre eso hace algunos años (“Derecho líquido”) a la que remito al lector interesado. No, hoy me voy a limitar a los suegros que desahucian a sus nietos, porque este es un tema con una vieja historia en nuestra jurisprudencia, ligada, lógicamente, a la atribución del uso de la vivienda familiar tras las crisis matrimoniales.

 

El uso de la vivienda familiar corresponde en línea de principio a los hijos del matrimonio y al cónyuge en cuya compañía queden (art. 96 del CC). Este uso es, en consecuencia, totalmente independiente de la titularidad de los bienes. Es oponible erga omnes, y aunque su carácter como genuino derecho real ha sido discutido, puede inscribirse en el Registro de la Propiedad a los efectos de garantizar su oponibilidad frente a los terceros adquirentes de buena fe. Pero en el caso de que el titular de la vivienda sea un tercero, hay que distinguir distintos supuestos. Si el derecho de uso de los cónyuges deriva de un arrendamiento, la Ley de Arrendamientos Urbanos (art. 15) faculta al cónyuge no arrendatario al que se le haya adjudicado el uso para que pueda continuar en ella, comunicándolo al arrendador en el plazo de dos meses. A partir de ese momento, para el ejercicio de cualquier acción contra el titular arrendaticio el arrendador ha de actuar también contra el usuario, aunque existen autores que defienden que en este caso lo que se produce es una auténtica subrogación en el contrato que elimina la vinculación del antiguo titular. En cualquier caso, si el inquilino no paga se le desahucia y el propietario recupera la posesión. Pero cuando de suegros se trata, lo más normal es que la vivienda se use por los cónyuges en virtud de un precario, en cuyo caso el concedente puede recuperar en cualquier momento la vivienda (STS de 26-12-2005). Incluso si fuese concedida en comodato o préstamo de uso (por un plazo o para un uso determinado) en contemplación a la persona de uno de los cónyuges, hay que entender que la asignación del uso al otro convierte la posesión en un precario revocable (STS 18-1-2010), efecto que según alguna otra sentencia se produciría por la simple ruptura matrimonial (STS 2-10-2008).[1]

 

En definitiva, que esto pasa continuamente, y se considera que es justo que así ocurra y que estos desahucios tengan lugar. Se entiende que no es justo que los suegros que han cedido su vivienda sin arrendamiento se queden sin ella porque su hijo y su nuera se divorcien.  Que la justicia es dar a cada uno lo suyo, y que el piso es de los suegros. Sí, claro, luego viene la moral: que los suegros tiene más pisos, que no necesitan la renta para vivir, que se la van a ceder al hijo maltratador que no paga, que los nietos se quedan en la calle. Sin duda es lamentable, pero la Justicia no está para resolver esos problemas. Precisamente, el no entenderlo así es un recurso fácil que nos libera de nuestra responsabilidad por salir al paso de estas cuestiones. Queremos que todo nos lo resuelva el Derecho (dado que parece no existir más moral que la derivada de la norma jurídica) y cuando no lo conseguimos concluimos que nuestro Derecho es una porquería. No comprendemos que damos así la razón a los famosos suegros, pues cuandola Justicia les reconoce su derecho, se ven exonerados de cualquier responsabilidad moral: si es justo, es moral.

 

Por eso mismo, porque una cosa puede ser justa e inmoral a la vez, la princesa Letizia no debía haber escrito su carta al Ministerio de Justicia. No, el ramo competente es otro. Puestos a interceder, debería haber escrito su carta a esos suegros de corazón tan frío. A la larga podría ser lo más efectivo, claro que, para ello, la Corona debería tener a su vez autoridad moral, porque si no, ¿cómo exigirla?

 

¿Quiere esto decir que el Derecho no puede hacer nada para resolver estas “injusticias”? Ni mucho menos, por supuesto que puede hacer muchas cosas. El Derecho puede afinar sus instrumentos para intentar reducirlas. En el tema de los lanzamientos hipotecarios y de la dación en pago hemos escrito infinidad de posts con propuestas de todo tipo. Sin duda es lamentable que el Gobierno haya hecho tan poco al respecto. Se pueden también agilizar los procedimiento para el que no pague la pensión pudiendo hacerlo termine rápidamente en la cárcel (arts. 227 y 618, 2 del CP). Pero es importante ser conscientes de que la responsabilidad fundamental recae en la política. Lo que convierte a este caso en especialmente sangrante, como en tantos otros, es que la mujer no tiene trabajo ni posibilidades de conseguirlo, que nadie, incluyendo las autoridades públicas, le va a proporcionar la más mínima ayuda. Que por la terrible situación económica que padecemos se queda en la calle. Y entonces, cuando uno lo comprende así, puede empezar a pensar en los políticos que nos han conducido a esta situación y sobre lo que están haciendo para salir de ella. Si recortar ayudas sociales mientras mantienen sus chiringuitos clientelares es verdaderamente “justo”. Quizás, cuando caigamos en la cuenta de todo ello, la Justicia y el Derecho no sean el único objetivo de todas nuestras frustraciones.



[1] Pese a cierta inicial ambivalencia parece que esta línea jurisprudencial ya está consolidada. Véase, C. Cuadrado Pérez, “Cesión gratuita de vivienda y crisis matrimoniales a la luz de la jurisprudencia”, RCDI, nº 734,  nov-dic 2012, pp. 3149 y ss.

10 comentarios
  1. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Bien centrado el problema, Rodrigo. Y gracias por el resumen de la jurisprudencia en la materia.
    La moral es infinitamente más eficaz que el Derecho; precisamente porque es autónoma, no heterónoma. Probablemente la obedecemos menos que al Derecho (no hay sanciones ni penas a corto plazo), pero -paradójicamente-nos importa muchísimo más obedecerla. Nos “duele” en nuestro fuero interno alejarnos de ella; en cambio, aparcar en prohibido si no cae una multa, ¿a quién le duele?. Los grandes cambios -a mejor- de las sociedades, ¿han sido a impulsos de normas jurìdicas, o de posiciones morales?
    No creo que pueda existir una “moral colectiva” auténtica; lo que haya será resultado de muchísimas morales individualmente asumidas.
    En cambio sí que puede existir, y existe, una des-moralización colectiva. Un “ni plantearse” ciertos problemas. Evidentemente, eso interesa -y mucho- a “quienes mandan de verdad”; y para eso tienen medios adecuados (cine, tv, prensa…) que manejan perfectamente. Es difícil meter en un alma ajena una moral; es bastante más fácil irla vaciando de toda moral hasta que quede solo un cacho de carne, que piensa solo en famoseo y en futbol y obedece (¡faltaría más!) al BOE,

  2. Miguel Angel
    Miguel Angel Dice:

    Pero dejémonos de lenguajes acotados y manipulados por una minoría, cual es el lenguaje júridico. Vamos al grano.
    ¿Cómo pretendemos que exista Justicia si no hay ni habrá Igualdad ? ¿ Es acaso el sistema actual un paradigma que fomente la Igualdad ? . Por favor, no atenten a la poca inteligencia que nos queda a los que mantenemos este circo infame.

  3. Antonio J.
    Antonio J. Dice:

    Toda aspirante a Evita, como es de rigor busca con ahínco sus descamisados para legitimarse…. y por favor no pretendan que su sensible conciencia social se distraiga con estos matices.

    El problema es precisamente que este tipo de intromisiones, lejos de verse con desdén se reciben con general aprobación.

    El nuevo volksgeist tiende a imponerse y quien quiera observar con atención podrá sacar una idea de adónde nos encaminamos.

    Para el “sano sentimiento” del pueblo son realidades incontrovertibles por ejemplo:

    La existencia de animales con derechos propios y anteponibles incluso a los de los seres humanos, la imposición de las lenguas regionales como emanaciones de una pretendida cultura idealizada y sufriente cuyas afrentas han de ser reparadas, la legislación de género como modo de lograr que se purguen culpas pasadas aunque su eficacia real sea harto discutible para atajar los problemas de convivencia actuales, la postulación de la dación en pago retroactiva y obligatoria con señalamiento para escarnio público del que discrepe como enemigo del pueblo, los asaltos a supermercados camuflados como libre ejercicio de un derecho legítimo de clase, o, por supuesto, la consideración de los proetarras como mera forma de expresión política equiparable a cualquier otra en cualquier caso y aun a costa de la justicia debida a las víctimas de sus crímenes.

    Así está el patio.

    Cualquier atisbo de razón hace tiempo desapareció.

    Y si atendemos a algún comentario, todo lo que no contribuya a lograr una añorada Igualdad, así, con amenazadoras mayúsculas sobra para hacer Justicia.

    El derecho como modo racional de organizar la convivencia, es ya lo de menos

  4. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    D. Rodrigo, me asustaba el título, pero el contenido está en su línea, serio y metódico, jurídico, lejos de la crónica princesil o del “Hola” (revista con más lectores en España, si nuestros datos son correctos). Ya ve por dónde vienen el Sr. Arriola y la Sra. Cabarush, por plantear Ud. las cuestiones morales, como si moral no viniese de “mos-moris” y esa fuera la etimología de “costumbre” que es la base de todo Derecho que lo sea (lo demás, como decía mi Maestro, Iglesias, es puro artificio, puro invento). Supongo que: 1/ Ninguno queremos ver a nadie en la calle, pero 2/ Ninguno quisiéramos que el comprador de una vivienda nuestra, un inquilino, un deudor hipotecario o un precarista no cumpliesen sus obligaciones. ¿O sí? Porque es que parece existir una corriente de “todo vale” basada en el antrerior “vale todo” de muchos que mandaron o mandan y algunos que tienen “títulos habilitantes” (licencias) en sectores regulados, señaladamente el bancario, es decir, publicani, argentarii, próximos al poder. Aquí es donde el jurista tiene que ser casuístico y no dogmático: si hay ofensa del acreedor al Derecho (“summum ius, summa iniuria”), identifíquese y búsquese modo de paralizar el apremio y lanzamiento; si no la hay, procedase (“dura lex, sed lex”). Sigo sin entender para qué está vigente el art. 3. del Código civil. Voy a escribírmelo en letra carolingia y me lo enmarco frente a mi despacho., junto al 6.4. Pero, eso sí, a brocha gordísima: que los mismos bancos que han montado el lío con los Gobiernos desahucien ctras recibir ayudas agadas con los impuestos (por que no?) del desahuciado, da argumentos sociales a quienes no tienen tantos. Yo a veces , medio dormido, y pienso si no tendrán algo de razón los pensadores marxistas, pero claro, es que cuendo me despierto me doy cuenta de que sólo tendrían casa los que diera el partido y les echarían sin contemplaciones. No tenemos remedio. en cuanto a la carta, pues supongo que la Princesa de Asturias habrá tomado consejo y hecho lo que creía su deber. Ahora la escribirán más cartas y tendrá que tener una secretaría “ad epistulis”, para contestarnos.

  5. Lorena Moreno
    Lorena Moreno Dice:

    Nuestros políticos no tienen moral ninguna. Quizá ese sea el principal problema de todo.
    Como siempre y una vez más, sensacional post Rodrigo. Nunca dejas indiferente…

  6. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Aquí está la intervención de la portavoz de Stop Desahucios en el Congreso en relación con la iniciativa popular. Distinguir no se distingue: “todo es una estafa”. Vaya, debe ser que no ha habido ciudadanos haciendo negocietes comprando pisos en plano para revender y avalándolos los padres y abuelos: http://www.lexdiario.es/videos/188144/ada-colau-no-estamos-ante-un-problema-social-estamos-ante-una-estafa-generalizada. La política metida en el Derecho es mala cosa para la Justicia.

  7. Javier Serra
    Javier Serra Dice:

    Rodrigo, enhorabuena por el post. En efecto, estas historias que cuenta la prensa revelan dos cosas: que los periodistas que las construyen no están muy versados sobre los temas de los que hablan o se dejan llevar por el sensacionalismo y que, de esta manera, se crean cortinas de humo que ocultan los verdaderos problemas. Como bien dices, el caso puede ser (o no, tampoco conocemos los detalles, tampoco vamos a juzgar a los suegros) inmoral, pero en todo caso se solventaba con un donativo de todos los que se tiran de los pelos al escucharlo. Entretanto, los intereses de demora y costas leoninas se siguen devengando y motivando no solo lanzamientos, sino deudas de por vida, lo cual debería y podría tener una solución jurídica. Y, según leo en la Web de Bankia, hay una pasta que la entidad (junto con BFA) ha recibido ya (4500 M€) o va a recibir antes de fin de año (otros 13500 M€) para tapar un agujero que responde a un “escenario adverso”, que todavía no se ha dado… En realidad, el escenario base era de 11500 M€ menos… Jo, pues si todo este dinero hace falta, hará bien el FROB -como dice hoy el Ministro que va a hacer- en reclamarlo a los que lo perdieron. Y si no hace falta, a ver si hay suerte y Bankia los devuelve, por lo menos algo de esos 11500 M€ del escenario adverso… Pero, no sé por qué, de esto no habla mucho la prensa.

  8. Matilde Cuena Casas
    Matilde Cuena Casas Dice:

    Totalmente de acuerdo Rodrigo. Con el tema de los desahucios se están mezclando “churras con merinas”. No es lo mismo el desahucio de un deudor hipotecario que, en las condiciones actuales, ha sido desahuciado por consecuencia de la concesión de un crédito por parte de un acreedor que no ha evaluado correctamente su solvencia, su capacidad de reembolso, que ha sobrevalorado el inmueble con el objeto de dar más crédito que el que la prudencia bancaria aconsejaba, que un desahucio de un inquilino que no paga la renta pactada en el contrato de arrendamiento. En este segundo caso no ha habido ni desequilibrio contractual ni abuso por parte de ningún contratante.
    Así mismo, cuando una familia se traslada a vivir a una vivienda que no es de su propiedad, que ha sido cedida gratuitamente por terceros (en este caso los abuelos) y que, por tanto, están en precario, el propietario puede recuperar la vivienda en cualquier momento porque no hay base legal que autorice tal posesión por los ocupantes, al margen de que se trate de una familia y haya menores.
    Si sobreviene la crisis matrimonial, no puede un juez de familiar “gravar” con un derecho de uso a favor del cónyuge que ostente la custodia de los menores o tenga un interés más necesitado de protección, un inmueble que no pertenece a los cónyuges y del que es titular un tercero que, por concepto, no es parte en el proceso de familia. Esto es consecuencia de principios elementales de nuestro ordenamiento jurídico: “nadie da lo que no tiene” y “resuelto el derecho del concedente se resuelve el derecho concedido”. Efectivamente, la familia debe abandonar el inmueble e irse a uno en alquiler cuyo coste deberá tenerse en cuenta para la fijación de la pensión de alimentos que debe abonar el cónyuge no custodio. Si éste no cumple con tal obligación se desencadenarán consecuencias civiles e incluso penales. Además no hay que olvidar que existe Fondo de Garantía del Pago de alimentos regulado en el RD 1618/2007, de 7 de diciembre. Si tampoco ambos progenitores pueden costear una vivienda en alquiler y se encuentran en estado de necesidad, se desencadena la obligación de alimentos a otros parientes y la posibilidad de pedir ayudas sociales.
    El recurso a la “moral” para no cumplir las reglas puede tener efectos perniciosos para el sistema….

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