La rentabilidad razonable como límite a los recortes en energías renovables

Los recientes ajustes en determinados costes del sector eléctrico, aprobados en el Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero –actualización de la retribución de las actividades reguladas vinculada a la inflación subyacente en vez de al IPC y supresión de la prima como opción retributiva de las instalaciones de régimen especial- han supuesto un nuevo recorte en los incentivos económicos reconocidos a las energías renovables. Las medidas adoptadas se justifican una vez más en la urgente necesidad de atajar el déficit de tarifa cuyo crecimiento desbocado está poniendo en serio riesgo la sostenibilidad económico-financiera del sistema eléctrico.

 

Estos ajustes, hay que reconocerlo, son un episodio más en los continuos recortes a que se han visto sometidos desde hace un tiempo los incentivos económicos a las energías renovables. Desde el año 2009 se han sucedido las modificaciones del régimen de incentivos económicos a las instalaciones de régimen especial, entre las que se incluyen las energías renovables. El objetivo, como ha quedado dicho, es atajar el déficit de tarifa.

 

Cada vez que se han producido estos recortes, las empresas afectadas, sus respectivas asociaciones y los fondos de inversión han manifestado que estas medidas vulneraban los principios de irretroactividad, seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad. Estas empresas han recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en defensa de sus intereses, las disposiciones y actos en que se han ido concretando los sucesivos ajustes.

 

Al mismo tiempo vienen denunciando que las medidas suponen un parón al fulgurante desarrollo que las energías renovables han tenido en nuestro país, impidiendo el cambio de modelo energético, basado en el uso de los combustibles fósiles, hacia un modelo más sostenible y menos dependiente. Además, llaman la atención de que estos recortes tienen como consecuencia la pérdida de inversiones y de puestos de trabajo.

 

Las denuncias se han intensificado a medida que se han ido sucediendo los recortes hasta llegar a la situación actual, tras los últimos ajustes, advirtiendo de la acentuada pérdida de valor de las empresas que intervienen en este negocio y de imposibilidad en algunos casos de hacer frente a la financiación obtenida, con riesgo de quiebras. Los medios de comunicación hacen una descripción desoladora del incierto futuro del sector de las renovables y de las empresas que en él intervienen. Alguien apunta ya la necesidad de crear una entidad parecida a la SAREB (banco malo) para que se haga cargo de las instalaciones de las empresas quebradas y sin viabilidad económica.

 

Al parecer la culpa de todos los males la tendría el Gobierno, actuando en connivencia con las empresas tradicionales del sector eléctrico, representadas por UNESA, que proponen como solución drástica al déficit de tarifa los recortes de las crecientes primas a las renovables. También los medios de comunicación se vienen haciendo eco estos días del incremento desproporcionado de estas primas –en particular a la fotovoltaica y a la termosolar- y del riesgo que ello supone para la sostenibilidad económica del sistema eléctrico.

 

Así pues, ante el dilema de mantener las primas sin subir desproporcionadamente la tarifa, con el riesgo para la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, o reducir los incentivos, con el riesgo de que colapse el sector de las energías renovables, se viene  optando por esto último, mediante la adopción de medidas de ajuste

 

El Tribunal Supremo ha confirmado las medidas hasta ahora adoptadas, reconociendo al regulador una amplia facultad para modificar los incentivos con el objeto de reducir el déficit de tarifa. En las sentencias dictadas se deja claro que los ajustes que se han producido no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida al proyectarse “hacia adelante” en el tiempo. Es decir, no afectan a los incentivos ya percibidos sino a las que están pendientes de percibirse.

 

Se rechaza también en estas sentencias que las medidas adoptadas hayan vulnerado los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, argumentado que en una situación de crisis económica generalizada, que afecta especialmente al sistema eléctrico, con un grave problema de déficit, no pueden pretender los titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial que se mantenga inalterable el régimen de retribuciones. Se dice literalmente que “…no tienen un ´derecho inmodificable` a que se mantenga inalterado el régimen económico que regula la percepción de sus retribuciones….

 

Por otra parte, el Tribunal Supremo mantiene que las medidas impugnadas no son arbitrarias al estar suficientemente justificadas en un motivo de interés general como es evitar el perjuicio que ocasionaría mantener un régimen retributivo que se ha revelado inadecuado. Y ello aun cuando fueran reprochables a la Administración los errores de previsión que han determinado la necesidad de introducir modificaciones en el régimen retributivo establecido inicialmente.

 

En suma, el Tribunal Supremo en las sentencias dictadas justifica las medidas de ajuste hasta ahora adoptadas, considerando que no vulneran los principios de irretroactividad, seguridad jurídica y confianza legítima y son necesarias para atajar el déficit de tarifa y garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico.

 

Pero visto que los recortes continúan cabe preguntarse hasta dónde puede llegar el regulador en esta sucesión de recortes de incentivos económicos a las energías renovables. El límite tiene que ser el de la rentabilidad razonable de las inversiones. Los sucesivos cambios regulatorios reduciendo los incentivos en ningún caso puede menoscabar el derecho de las entidades beneficiarias a obtener de la inversión realizada una “rentabilidad razonable”, principio establecido en el artículo 30.4 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico. Se establece en este artículo que: “Para la determinación de las primas se tendrá en cuenta el nivel de tensión de entrega de la energía a la red, la contribución efectiva a la mejora del medio ambiente, al ahorro de energía primaria y a la eficiencia energética, la producción de calor útil económicamente justificable y los costes de inversión en que se haya incurrido, al efecto de conseguir unas tasas de rentabilidad razonables con referencia al coste del dinero en el mercado de capitales”.

 

Sobre la interpretación de este concepto jurídico indeterminado se ha pronunciado también el Tribunal Supremo. Se deja claro en primer lugar que este concepto jurídico debe interpretarse de acuerdo con el contexto económico y atendiendo a las cambiantes circunstancias. Es decir, la rentabilidad razonable cuantificada en un momento determinado no es inmodificable; puede cambiar en la medida que varían las circunstancias económicas. Lo cual tiene importancia en una actividad, como es la de generación en régimen especial,  que se ve beneficiada por estos incentivos durante largos periodos de hasta 30 años.  Se dice al respecto en las sentencias dictadas que: “La tesis según la cual la “rentabilidad razonable” que se estimó en un determinado momento debe mantenerse inalterada, sin más, en los sucesivos no puede ser compartida. En función del cambio de circunstancias económicas y de otro tipo un porcentaje de rentabilidad puede ser “razonable” en aquel primer momento y requerir su ajuste ulterior precisamente para mantener la “razonabilidad” ante la modificación de otros factores económicos o técnicos.”

 

Al hilo de lo expuesto, el Tribunal Supremo considera que para poder determinar si la inversión realizada ha dado una rentabilidad razonable hay que tener en cuenta el rendimiento obtenido a lo largo de toda la vida de la instalación, argumentando que. “… el principio de rentabilidad razonable se ha de aplicar, en efecto, a la totalidad de la vida de la instalación, pero no como parece entender la parte en el sentido de que durante toda ella dicho principio garantice la producción de beneficios, sino en el sentido de que se asegure que las inversiones empleadas en la instalación obtengan, en el conjunto de la existencia de la misma, una razonable rentabilidad.

 

Así las cosas, y ante los anunciados recursos contra las últimas medidas adoptadas, es previsible que el Tribunal Supremo tenga que pronunciarse una vez más para determinar si los nuevos recortes en los incentivos a las energías renovables, que se acumulan a los ya realizados, impiden que las empresas beneficiarias obtengan una rentabilidad razonable.

 

A modo de reflexión final puede decirse que en este país somos muy dados a ir de un extremo a otro sin encontrar un término medio. Es muy probable que los incentivos económicos reconocidos a las renovables hayan sido desproporcionados y que sea necesario introducir ajustes. Pero se corre el riesgo de que con los sucesivos e improvisados recortes, que no responden a una estrategia clara, el sector de las energías renovables quede como un erial que no pueda recuperarse en mucho tiempo, con el consiguiente coste económico, social y ambiental.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 comentarios
  1. Jorge Llanos
    Jorge Llanos Dice:

    La regulación del sector eléctrico es sin duda una de las cuestiones más acuciantes a las que se enfrenta España. Sin embargo, el oscurantismo que envuelve todo lo relacionado con el mismo es legendario y tiene una causa esencial que es la captura (total y completa) del regulador por parte del oligopolio de empresas que dominan tanto la generación como la distribución (https://economistasfrentealacrisis.wordpress.com/2012/12/23/una-reforma-para-la-regulacion-del-sector-electrico-por-natalia-fabra-y-jorge-fabra-utray-via-madrideco-otro-modelo-es-posible/). Debido a los elevados costes iniciales (upfront costs) que se deben afrontar en una inversión en energías renovables se diseño, no sólo en España, un sistema llamado Feed-in-tariff que tiene tantas modalidades como países, lo que significa que de facto cualquier alteración del marco regulatorio tiene efectos retroactivos. Debemos tener en cuenta que muchas de las energías renovables a diferencia de las convencionales una vez hecha la inversión inicial, no necesitan gastos en combustible y un mantenimiento mucho menor por lo que los costes variables de generación son prácticamente tendentes a 0. Por ejemplo a día de hoy y debido a la bajada de costes de las placas FV hay proyectos viables a nivel industrial o particular para vender electricidad a precio tarifa, ya que incluyendo la amortización de los costes iniciales. El problema es que el oligopolio se resiste a perder su cuota de poder impidiendo la implantación de algo de sentido común como el balance neto ya que la escalabilidad de la producción de energía eléctrica les quita todo su poder de mercado ya que la capacidad de oferta se ampliaría extraordinariamente (http://dfc-economiahistoria.blogspot.com/2013/01/la-llegada-del-autoconsumo-electrico.html). La reforma del sistema eléctrico es acuciante al incidir sobre uno de los insumos esenciales en la producción y su encarecimiento galopante va en dirección contraria a cualquier atisbo de recuperación económica.

  2. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Muy interesante el análisis de las STS y totalmente de acuerdo con que una política de bandazos y a golpe de Decreto-ley en este tema no es digna de tal nombre, Si hay algo terrorífico en el sector eléctrico es la falta de previsibilidad, de seguridad jurídica y de transparencia. En cuanto a lo del banco malo para instalaciones eléctricas, deja claro el nivel de las lumbreras que nos gobiernan. Qué desastre.

  3. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    Desde una perspectiva totalmente contraria al articulista:

    http://economia.elpais.com/economia/2013/02/22/actualidad/1361537196_552638.html

    Yo creo que no es de recibo una jurisprudencia que equipara los derechos futuros a simples expectativas. Quizás estén preparando el asalto a las pensiones: No se tiene ningún derecho a cobrar pensión alguna ni siquiera en el caso de los pensionistas ya que estamos en un puro sistema de reparto. Parafraseando el argumento del TS sería tan fácil de justificar como sigue:

    “… el principio de pensión digna se ha de aplicar, en efecto, a la totalidad de la vida del pensionista, pero no como parece entender la parte en el sentido de que durante toda ella dicho principio garantice la pensión actual o pasada, sino en el sentido de que se asegure que las pensiones recibidas a lo largo de toda la vida, en el conjunto de la existencia del pensionista, una razonable cuantía”.

    Es milagroso que El País haya publicado el artículo de Galíndez. Las grandes eléctricas son grandes anunciantes y no está el horno para bollos.

  4. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Repito el enlace que ya cita Jorge llanos porque conozco al autor desde hace unos años y lleva un blog muy serio en solitario además de su trabajo, su familia y una fractura reciente que está en recuperació avanzada y requiere ejercicio intenso. Desde aquí un fuerte abrazo a David y gracias por su trabajo.

    http://www.blogger.com/profile/13947940111249361057

    Efectivamente, éramos pocos y se nos enamoró la abuela. Ya se solicitan y aprueban proyectos fotovoltaicos de autoconsumo sin prima. Muchísimos. No hace falta subvencionar.

    ¿Y ahora qué hacemos?

    Supongo que unos cuantos despachos de aquí y de fiuera se lo estarán pensando porque el papelón del gobierno es doble. El de Zapatero por lo imprudente de su politica de remuneración despilfarradora cobrando al usuario y aumentando la deuda.

    Y ahora Soria poniendo todo patas arriba porque el esquema es insostenible. Un esquema que, por cierto, nos ha costado dos empleos industriales por cada empleo producido. Trabajo dirigido por Gabriel Calzada desde el Instituto Juan de Mariana.

    Está medio mundo tratando de moverse hacia una especie de Smart Grid con millones de pequeños nodos de autogeneración y Europa y nosotros con ella pensando a ver cómo vamos a seguir controlando el tinglado y facturando impuestos sobre la energía. Esto es un asunto estratégicamente muy grave que si no se resuelve bien va a destrozar el modelo fiscal y político de Europa para más de 50 años.

    Mucha guarde, mucho cole, mucha uni, mucho postgrado a la Boloñesa pero los americanos, los chinos, los japoneses, los coreanos, los indios, brasileños y rusos nos dan sopas con honda pensando con la cabeza.

    Aquí nos sobran gobiernos. Ni nos hacen falta ni podemos pagar lo que destrozan.

  5. Jaime Alonso-Martínez
    Jaime Alonso-Martínez Dice:

    Llego un poco tarde, pero bueno.

    Dos cosas que creo importantes:

    1) Si el hecho de que se establezcan unas remuneraciones determinadas durante un numero de años determinado en un Real Decreto no sirve de nada y se puede modificar posteriormente, lo lógico sería que no se permita incluir tales promesas en un Real Decreto, ya que resulta cuando menos engañoso.
    No hay que perder de vista que todo esto ha sido posible porque lo ha permitido la legislación. ¿Porqué criminalizar a los inversores? Con una reforma a tiempo de las primas, se hubiese evitado esta situación. Queda por saber, y posiblemente nunca sabremos, si no se modificó la retribución por incompetencia o porque no le convenía a alguien que pretendía hacer dinero fácil.

    2) El argumento de la rentabilidad razonable no se sostiene. Imaginemos un promotor que construye con su dinero una planta fotovoltaica. En este caso sí se podría hablar de rentabilidad razonable, ya que suponemos que los costes del propietario de la planta son los de mercado en el momento de la construcción. Se podría calcular una bajada de la prima que mantuviese la rentabilidad de la inversión en límites razonables (si es que esto lo puede decidir alguien que no se está jugando el dinero en la inversión, pero bueno, vamos a admitirlo).
    Sin embargo supongamos que ese promotor decide vender la planta a otra persona. ¿A qué precio vendería la planta? Pues es muy posible que vendiese la planta a un precio que permitiese al comprador obtener una rentabilidad razonable con su compra. Así que es muy posible que con las primas originales ya haya gente que esté percibiendo una remuneración modesta por su inversión, y que al disminuir las primas entren en pérdidas.
    De verdad se creen que las grandes promotoras de plantas fotovoltaicas trasladaron todos los beneficios esperados a los pequeños inversores que compraban con sus ahorros una modesta participación de 100kW? Esas promotoras ya cobraron en su día una parte importante de los beneficios esperados de la inversión al vender la planta, y los pequeños inversores estaban dispuestos a aceptar rentabilidades no demasiado altas ya que la rentabilidad estaba garantizada por ley….
    No se me ocurre cómo se puede calcular una “rentabilidad razonable” de forma genérica, sin estudiar caso por caso.

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