Criminalización de la hospitalidad

El Derecho Penal es la rama de nuestro ordenamiento jurídico que tiene como finalidad defender aquellos intereses y valores, que por su importancia y trascendencia, nuestra sociedad decide que deben ser protegidos de los ataques más violentos que puedan sufrir.

 

Este conjunto de normas impone duras penas que, como las privativas de libertad, pueden llegar a tener consecuencias muy deshumanizadoras. Siendo por ello que, en cualquier sociedad madura democráticamente, solo se acude a esta rama del ordenamiento jurídico en  último lugar y para el caso de que  los restantes recursos de los que dispone la sociedad no sirvan para dar respuesta a estas graves conductas.

 

Existe un consenso general en castigar por esta vía determinadas acciones, como por ejemplo las que atenten contra la vida o integridad física de las personas (homicidios, lesiones….),  contra su libertad (secuestros…), o contra su integridad moral (tortura…), las que atentan contra su libertad sexual o contra la propiedad privada y el patrimonio….

 

Sin embargo, debemos preguntarnos si el abultado catálogo de delitos que contiene nuestro Código Penal, con sus 597 artículos, más los de la reforma que se anuncia, se perciben por el pueblo soberano como  conductas que deban ser, todas ellas, constitutivas de delito. Incluso convendría reflexionar acerca de si determinadas acciones, como por ejemplo las que tienen que ver con la ingeniería financiera, puedan ser percibidas socialmente como muy graves aunque no figuren como delictivas.

 

Quizá, en estos tiempos de indecencia y decadencia,  sería apropiado que, con la finalidad de robustecer el músculo de la democracia, estemos alerta, no vaya a ser que nuestro Código Penal esté también siendo utilizado para beneficio de esas clases opulentas que constituyen una evidente minoría.

 

Y así, tal vez debamos preguntarnos si existe un consenso del pueblo en que sean castigadas acciones que tienen que ver con la utilización por la  ciudadanía de aquellos instrumentos de los que disponen para controlar al poder político y sus decisiones (como lo son las huelgas, las manifestaciones, el derecho de reunión…).

 

Estas reflexiones podrían ser completadas con consideraciones a propósito, por ejemplo, de por qué el Código Penal castiga más duramente una escasa defraudación a la Seguridad Social, que una importante defraudación contra la HaciendaPública, no fuera a ser que llegáramos a encontrarnos con un código penal de clase, implacable con los desposeídos y compasivo con los poderosos.

 

Este camino de parada y reflexión colectiva puede resultar extremadamente útil e importante para la toma de conciencia de que las heridas del Estado social no pueden ser curadas a base de código penal. E, incluso, me atrevo a aventurar que, en una sociedad madura, el devenir del código penal no puede ser otro que la progresiva reducción y sustitución de sus normas por otras formas de resolución de conflictos que no empleen violencia alguna. Entiendo que cualquier utilización perversa del código penal merma nuestro estado democrático, al producir una grave colisión entre los intereses y valores que el pueblo respeta,  frente a la consideración por parte de las autoridades, de estas conductas como criminales.

 

Puede ser que esto sea lo que ocurra si la modificación del artículo 318 bis del código penal, propuesta en el Anteproyecto de octubre de 2012,  es llevada a término.

 

La inclusión de este artículo en el ordenamiento supondría castigar, con pena de hasta dos años de prisión, a todas aquellas personas que, con generosidad y desinterés, dan cobijo a quienes transitan por nuestro país “sin papeles”. Pero, además, supondría castigar con la misma pena, e igualmente como delincuentes, a aquellas personas que, por ejemplo, les alquilen una habitación u ofrezcan alimentos previo pago.

 

Es quizá éste, uno de los casos en los que pudiera palparse el alejamiento entre la ciudadanía, que considera estas conductas loables, respetadas y apreciadas, y los poderes fácticos, que convierten en criminales a quienes alivien el hambre, la sed, el frío o la soledad de los extranjeros y extranjeras” “sin papeles”.

 

Podríamos preguntarnos, por tanto, si nuestra sociedad está dispuesta, en estos tiempos de desahucios y límites de prestaciones sociales, a que se conculque el derecho de los ciudadanos a la decencia, a la fraternidad y a la solidaridad, y a que se les prohíba a éstos aliviar las necesidades de los migrantes pobres entre los pobres.

 

Esta forma de convertir el tradicional solidario en criminal, se recoge en el Anteproyecto de Código Penal presentado en octubre, blanco sobre negro bajo esta fórmula:

 

Art. 318.bis “1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años.  El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate. Si los hechos se cometen con ánimo de lucro se impondrá en su mitad superior.

 

2.- El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión europea a permanecer en el territorio de Estado miembro de la Unión Europea, vulnerando lo legislación de dicho Estado sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años.”

 

Vista la redacción del tipo penal pretendido, podríamos preguntarnos qué tiempos son estos que permiten que, de modo expreso, sin rodeos ni indirectas, se faculte al Ministerio Fiscal (en una suerte de principio de oportunidad) a acusar por el “delito” de prestar ayuda humanitaria.

 

La criminalización de la hospitalidad en el Código Penal nos interpela con sus múltiples preguntas:

 

¿Qué hacemos, entonces, con el migrante pobre que pasa hambre? ¿Qué hacemos con el migrante “sin papeles” que no tiene techo bajo el que guarecerse? ¿Qué hacemos con el migrante que careciendo de autorización para residir en nuestro país quiere reunirse con su familia en algún lugar de nuestro territorio? ¿Está la sociedad dispuesta a renunciar y cerrar las puertas de las casas que son lugares de acogida? ¿Qué hacemos con nuestra moral hospitalaria? ¿Qué hacemos con nuestros brazos abiertos?

 

Reflexionemos, pues, sobre los peligros de un Código Penal, que alejado de sus propios fines, pueda convertirse en un instrumento que multiplique a los clandestinos del hambre, de la sed, del frío, de la fraternidad, de la hospitalidad y del cobijo.

 

 

 

21 comentarios
  1. Rodrigo Tena Arregui
    Rodrigo Tena Arregui Dice:

    Muchísimas gracias Inés por traer a colación un tema tan extraordinariamente importante. El post plantea muchas cuestiones, sin duda alguna. Una es la constante referencia al Derecho penal para resolver todo tipo de problemas sociales, desde la falta de responsabilidad de los políticos hasta la ausencia de civismo por parte de los ciudadanos, especialmente de aquellos con mayor presencia social (financieros, profesionales, etc). Como decía Roscoe Pound, el famoso decano de Harvard, en relación al uso de las ficciones por la ley, esa utilización lo único que revela es la impotencia y/o hipocresía del legislador y, en el fondo, de la propia sociedad. Un lamentable “quiero y no puedo” (o, mejor dicho, un “en realidad no quiero”).
    Pero cuando el objetivo de la sanción penal no es ya regular (hipotéticamente, porque ya sabemos en qué queda todo) las conductas de los políticos o financieros, sino la de los más desfavorecidos y de quién pretende ayudarlos, entonces la cosa se agrava notablemente, porque éstos no disponen de los recursos del Sr. Alierta o del Sr. Sáenz para defenderse de sus crímenes (engañar al mercado o a la judicatura) y es mucho más difícil que sus delitos se declaren prescritos o sus penas se indulten. Con lo cual el resultado final es que el que ayuda a un ilegal termina en la cárcel y el que utiliza a la justicia como si fuera un matón a su servicio para secuestrar a los que no le pagan es recibido en los salones del poder y lo único que recibe son cabezazos.
    Y luego nos quejamos de lo que pasa en Italia: recuerden, sólo nos llevan 30 años de ventaja (empezaron en 1945 y nosotros en 1975) pero estamos consumiendo la diferencia a marchas forzadas.

  2. JJGF
    JJGF Dice:

    http://salvemoslahospitalidad.blogspot.com.es/

    Tengo entendido que varios jesuitas se reunieron hace unas semanas con el ministro Gallardón, y al parecer reculó sobre la iniciativa de que se habla en el post.

    Si los jesuitas no tuvieran un hilo tan directo con Gallartdón (él y sus hijos son ex alumnos) acaso hubiera seguido adelante el asunto. Qué peligro tiene este ministro!!!

  3. javi letrado
    javi letrado Dice:

    La ciudadania si que parece dispuesta a que se criminalicen conductas que son casi encomiables, a que la fiscalia goce de discrecinalidad en lugar de ser los defensores del derecho, a que se castigue mas al que roba pan que al delincuente de cuello blanco.

    ¿No? Pues 11 millones no dijeron lo mismo….

    Si no saben que votan informense, y si les parece demasiada molestia informarse de los planteamientos ideologicos de quienes estan votando ¡NO VOTEN!

    Harto ya de aguantar la irresponsabilidad del uso del poder democratico. Sin grandes autores, acudase a un comic clasico: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad

  4. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Gracias por el artículo que puede dar pie a un “think tank” para hacer un análisis más profundo de las mutaciones de nuestros códigos penales que –en muchos casos y cada vez con más frecuencia– me parecen perversas y socialmente destructivas. Por exceso y por defecto.

    Comparto también el comentario de Rodrigo.

    España ya tiene más población carcelaria que Alemania que nos dobla en población.
    Esto está en buena medida relacionado con delitos de diseño político como puede explicar mejor que yo cualquier penalista activo.

    También tenemos muchísimos más asesinos y extorsionadores sueltos que todo el resto de la UE junta.
    Además damos el espectáculo de tener cómplices de criminales gobernando en partes de España y una sociedad incapaz de ni siquiera oler el viento del norte. Es decir, desnortada.

    Mucho hablar de la marca España pero da bochorno ver en qué sociedad nos hemos convertido a la vista de todo el globo.

    Liderazgo mundial de consumo de drogas, puticlús a mogollón que desaparecen en cuanto cruzas la frontera con Portugal o Francia, corrupción que ya la quisiera Rusia y mafias a cargo de Diputaciones y Ayuntamientos.

    El código penal se ha convertido en instrumento de control social para que la masa de indignación no se desmadre y… veremos cosas peores.

    Porque el poder, falto de legitimidad otorgada, ya no tiene más recurso que la fuerza, la amenaza y la coacción.

    Ley de Asby en estado puro: “Si no puedes controlar, reduce la libertad de los controlados”. El Código Penal es el camino.

    Saludos

    PD. El comentario Sobre la penalización de ayuda a la emigración ilegal merece tratamiento aparte.

    No sé si la autora está al tanto de las mafias que han florecido al socaire de la política de los gobiernos españoles para traer más de siete millones de emigrantes en 8 años. Mafias –con sus ONG y excelentes ramificaciones desde embajadas a nuestra estructura estatal.

    La gente que vive de este tráfico humano (muchísima) intenta hacer creer que todo es patera humnitaria.

    Craso error. La abrumadora mayoría está aquí gracias a políticas explícitas de exenciones de visados y llamamientos directos para ayudar a la Burbuja generando bajo coste, demanda de consumo y vivienda y destinatarios de créditos.
    ¿Cómo si no iba ningún gobierno a llevarnos de 12 millones de casas a los más de 18 que hoy tenemos?

    Esta es una de las columnas estructurales de nuestra burbuja.

    Por debajo de este tráfico humano diseñado paso a paso, operan mafias perfectamente coordinadas en origen y en destino: Se cobra para el billete y el viaje hipotecando la casa en Ecuador o en Manila y se cobra aquí por facilitar el contrato y los papeles.

    Como también hay –en Navalcarnero”Prison”– algún recluso especializado en apilar millones por avalar hipotecas para emigrantes. Lo curioso es que no entró en la cárcel por eso. Entró por una denuncia de un socio por apropiación indebida y delito societario.

    Bajo cada piedra aparente hay bicho al acecho y despierto

    • Verónica del Carpio Fiestas
      Verónica del Carpio Fiestas Dice:

      Quiero agradecer a la autora, Fiscal de profesión y ejercicio, y que por tanto sabe perfectamente de lo que habla, su brillante intervención en este foro, y a Hay Derecho que le dé la hospitalidad que el prelegislador pretende negar a otros más débiles. Es obvia la grevedad del tema. Esto es lo que tiene que salir en los periódicos, y no el último chanchullo de un concejal, como si pudiera compararse en gravedad, en sí mismo y como síntoma.

      Porque pocos temas hay tan representativos de la deriva legislativa que sufrimos que éste. Soy socia de SOS Racismo y el tema me produce profunda repugnancia moral, es obvio, y desde aquí me acuso en público de haber cometido ya este futuro delito y estar dispuesta a cometerlo cuantas veces sea preciso, pero pero también soy jurista, y consciente de la relevancia de

      1º la preocupante tendencia a criminalizar una conductas innecesariamente, conductas que no solo no son criminalizables, sino loables, mientras que otras conductas, sí gravísimas, quedan impunes, y por otro lado se plantea como “solución” la vía penal, al vaivén de la presiones mediáticas

      2º el planteamiento consistente en dejar en manos de una figura, el fiscal, a la que su propio estatuto concede una independencia relativa, la persecución o no de conductas, o incluso la calificación jurídica como delitos

      3º y la inseguridad jurídica que ello causa, con lo que significa de fractura del Estado de Derecho.

      ¿Hay Derecho? NO, no hay derecho a ninguna de esas tres cosas.

    • Verónica del Carpio Fiestas
      Verónica del Carpio Fiestas Dice:

      Quizá no ha observado, Sr. Oquendo, que la autora del post es fiscal de profesión y ejercicio.

  5. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Bienvenida Inés al blog y enhorabuena por tus interesantes reflexiones sobre un tema capital, la indebida utilización y espúrea utilización del Código Penal. Como bien dices, cuando de utiliza torticeramente, probablemente ya estamos al borde del precipicio o directamente cayendo por él.

  6. Verónica del Carpio Fiestas
    Verónica del Carpio Fiestas Dice:

    Olvidaba añadir un dato relevante. A la campaña “Salvemos la hospitalidad” se ha sumado nada menos que la asociación de jueces “Jueces para la Democracia”..

    La misma asociación, por cierto, qu se dirigió, como miles de insticuciones y particulares, a la Sra. Defesnora del Pueblo para que interpusiera recurso de inconstitucionalidad conaar la inconstitucional Ley de Tasas Judiciales de 2012, ahora objeto de un vergonzoso maquillje jurídico que la ha dejado igual de inconstitucional. La sonrojante respuesta que recibió, y que consta fotocopiada en el twitter de JpD, es la misma estándar que hemos recibido los otros miles de peticionarios,

    Vivimos en unos tiempos raros. Unos tiempso en los que los jueces se tienen que dirigir a la Defensora del Pueblo para solicitarle, infructuosamente, que interponga recurso de inconstitucionalidad contra una ley manifiestamente inconstitucional, y que hacer campaña para que no se criminalicen conductas solidarias.

    No es coincidencia que una alucinante iniciativa legal del Ministerio de Justicia, en fase prelegislativa, quiera privar a los jueces de la libertad de expresar en público su opinión sobre asuntos “de actualidad”, privando simultaneamente a los jueces de su libertad de expresión y a los ciudadanos de su derecho a oírles.

    De no creer.

    • Alvaro Arteaga García
      Alvaro Arteaga García Dice:

      A mí, fueron los “Jueces para la Democracia” los que me criminalizaron por mantener una acctitud demasiado solidaria con el Tercer Mundo primero, y con las irlandesas después. Pura demagogia lo de asociaciones como “Jueces para la Democracia” y Unión “Progresista” de Fiscales.

  7. Josef K.
    Josef K. Dice:

    Qué alegría leer como una fiscal defiende a los más débiles. Estas son las voces que pretende callar Gallardón.

    Es inconcebible un Código Penal que castiga con prisión a los inmigrantes por colocar el top manta para poder sobrevivir. Y reserva solo pena de multa para los cargos públicos corruptos en determinados supuestos que perjudican a toda la sociedad.
    El Derecho Civil no puede servir para que los ricos puedan robar a los pobres y el Derecho Penal para impedir que los pobres puedan robar a los ricos.

  8. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Hola, Verónica.

    Efectivamente, me consta que la autora es fiscal. Aunque no lo fuera también compartiría su artículo como dije. Pero, como bien sabes, la vida es poliédrica.

    Todos estamos de acuerdo en recoger a emigrantes que vengan en patera, cayuco o en la Veloz Sangüesina por Dancharinea y ponerles piso, un subsidio vital, sanidad, formación y si fuera posible empleo, voto y permiso de reagrupación familiar hasta el cuarto grado.

    Conmigo trabajan emigrantes con contrato indefinido desde hace casi catorce años. En este periodo no se ha ido ninguno y ya tienen permiso de residencia permanente. Nos conocemos y nos tenemos confianza. Me cuentan y les cuento.
    Nosotros mismos hemos sido emigrantes y yo, a los 17 años, ilegal sin papeles en Basel. He cruzado la frontera justo por donde no estaban los aduaneros helvéticos. Para entrar y para salir. De noche y con la nieve crujiendo. Los seres humanos somos emigrantes natos.

    Estamos viviendo la Fase 3 de la Globalización –la política económica discretamente impulsada por el Consenso de Washington con los resultados que estamos viendo–.

    Esta fase tercera consiste en la libre circulación de mano de obra incluso temporal, “offshoring”, etc.

    Del mismo modo que hay quien vive de los parados también hay quien vive de los flujos migratorios. Las “externalidades”, las facturas diferidas de ambos fenómenos, las pagan otros, no ellos.
    A lo mejor eso está mal y no debemos fomentarlo.

    En España al menos dos partidos y dos gobiernos han impulsado políticas de inmigración cuya única justificación plausible es que sirvieran de sustento a la última burbuja y a la anterior. En siete años hemos pasado de prácticamente no tener emigrantes a superar a toda Europa.

    Parte del circuito de tráfico de personas que describe mi comentario anterior ha sido impulsado desde algunas embajadas benéficas.
    Las hipotecas que muchos ecuatorianos tuvieron que hacer para venir se han financiado desde aquí en negro y muchos contratos laborales de emigrantes sirven para pagar el circuito a través de empresas de trabajo temporal o de outsourcing que se encargan de todo el circuito.

    Si se quiere perseguir esto ¿Cómo hacemos?.

    Pues igual que el estado hace con nosotros para multarnos. Te multan y te exigen que denuncies a quien llevaba el coche aunque tengas seis hijos y no sepas quién lo usó ese día.

    Las cosas tienen un límite y por no ponerlo nos encontramos ahora mismo en España con la mendicidad más profesional de Europa porque han hecho el Doctorado en Francia y el Master en Italia. De allí los han echado y aquí tenemos un problemón entre nosotros mismos.

    Es fácil ser bueno cuando el coste se lo pasamos a otros, pero hay una línea donde los buenos nos convertimos en cooperadores necesarios y el resultado es un gran daño colectivo. Son las consecuencias inesperadas de nuestros actos.
    Saludos

  9. Inés Herreros
    Inés Herreros Dice:

    Queridos editores y lectores:

    Gracias por la acogida.

    Vaya en este artículo mi sentido homenaje a todas aquellas personas que con su humanidad nos alumbran el camino de la hospitalidad y de la solidaridad. Personas que con su ejemplo nos descubren que otro mundo, el de los brazos y las casas abiertas, es el único posible.

    La relación entre criminalizar la hospitalidad con el delito de trata y de tráfico de seres humanos es ofensiva. No es comparable la equiparación entre lo mejor y lo peor del ser humano, y estos dos delitos deben ser perseguidos y castigados duramente.

    (¿Se acuerdan de aquello de: “Cómo yo no era migrante no protesté”? )

    Un saludo,

    Inés Herreros.

  10. maria jesus moya
    maria jesus moya Dice:

    Enhorabuena por tu p

    Si me permites la observación creo que sería ilustrativo que indicaras dónde se puede descargar los preceptos CP q mencionas.

    Muchas gracias

  11. maria jesus moya
    maria jesus moya Dice:

    Vuelvo a reiterar mi sincera enhorabuena a mi colega Irene por haber introducido un tema que es objetivamente susceptible de alarmar gravemente a las organizaciones y personas que trabajan solidariamente a favor de los ciudadanos más necesitados del mundo
    He de confesar sinceramente, que no tenía conocimiento de esta modificación legislativa que prepara nuestro gobierno. El mencionado anteproyecto de octubre de 2012 se encuentra publicado y disponible en el siguiente enlace http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1288777317612/Detalle.html
    La finalidad de esa propuesta legislativa es culminar la trasposición en nuestro derecho penal de las normas penales europeas, dictadas en ejecución de una estrategia destinada a combatir los siguientes aspectos del tráfico ilegal de personas:
    a) las conductas más execrables se contienen en la Directiva Comunitaria 2011/36 de 5 de abril disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:Es:PDF . Estas conductas consisten en el trata de seres humanos con fines de
    -explotación sexual
    -explotación laboral en condiciones de esclavitud,
    -explotación de personas en utilización de los seres humanos
    Estas conductas ya estaban recogidos en nuestro artículo 177 bis CP cuyo ámbito se pretende ampliar en la reforma de octubre de 2012 para acomodar plenamente su contenido a la referida directiva
    b) La contratación laboral de inmigrantes ilegales en condiciones que supriman o restrinjan sus derechos laborales ,
    c) Castigar penalmente las conductas que vulneren las normas sobre control de fronteras . Estas conductas que deben ser punibles conforme establecen la Directiva 2002/90 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:328:0017:0018:ES:PDF y la Decision Marco 2002/ 946 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0946:ES:NOT
    Cierto es que el Estado español está obligado a castigar penalmente estas conductas, pero esta sanción penal debe articularse de modo que se garantice adecuadamente el principio de seguridad jurídica y se evite cualquier confusión respecto de su alcance
    A mi modesto entender, resulta lógico que existen razones de seguridad para mantener un sistema de fronteras. A mi entender resulta lógico que se sancionen conductas consistentes, por ejemplo, en guiar a personas por pasos fronterizos no autorizados, para burlar los controles fronterizos , o que se acceda a “ esconder “ seres humanos en camiones, o que se les meta en una “patera” que desembarque en punto escondido de la costa. En definitiva , que se realice “ contrabando” de personas
    Estas conductas, además, constituyen siempre fases de los procedimientos organizados de tráfico ilegal de personas, que suelen arbitrarse por tramas organizadas. Estas actividades de tráfico ilegal de inmigrantes se desarrollan a nivel trasnacional, transportando personas a lo largo del mundo, atravesando continentes

    La normativa europea impone por ello a los estados miembros la obligación de castigar penalmente a quien ayude a un inmigrante ilegal a traspasar la frontera de un Estado miembro de forma ilegal, ya se trate de traspasar una frontera para entrar en el país o se trate de una entrada “ en tránsito” hacia un tercer Estado.
    También por las mismas razones la normativa europea obliga a castigar a quien “ con ánimo de lucro” ayude a un inmigrante ilegal a permanecer en el país vulnerando la normativa sobre extranjeros. Este “ animo de lucro” es de por sí incompatible con cualquier manifestación de solidaridad destinada a procurar que el inmigrante ilegal pueda mejorar sus condiciones de vida. Quien actúa con ánimo de lucro busca beneficiarse a costa de las necesidades del inmigrante y le interesa que se mantenga en la clandestinidad Nunca debe castigarse a quien ayuda a un inmigrante, por ejemplo, a arreglar su documentación para obtener la residencia legal o a quien le proporciona cama y comida mientras busca trabajo para regularizar su situación, o mientras espera que se le reconozca por ejemplo el derecho a ser reagrupado por razones familiares , etc
    Aunque las razones legales de la reforma proyectada sean las expuestas, no obstante, insisto, a mi entender resulta criticable la forma en que se ha propuesto y me uno a la resistencia ciudadana que se organizado en torno a este tema. Por estas razones , siempre a titulo personal sin pretender erigirme en portavoz institucional de la Fiscalía española, modestamente considero que:
    Una transposición legal no se trata de un mero “ corta y pega” de la norma europea. Toda norma europea se traduce a los distintos idiomas de cada estado miembro. Detrás de cada trabajo legislativo hay una ardua labor lingüística para encontrar los vocablos que con independencia de su sentido técnico jurídico, pueda ser entendidos de forma unívoca por todos y cada uno de los estados de la UE
    Por ejemplo debe quedar claro si el concepto de ayuda humanitaria ha de entenderse técnicamente en el sentido del derecho internacional humanitario http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1 o si se refiere a la conducta de cualquier ciudadano para socorrer la salud, y el hambre de un inmigrante irregular
    Debe igualmente quedar claro que el límite es el respeto a los Derechos Humanos y a los derechos de asilo y refugio . Debe evitarse que la sanción penal se decida por el Ministerio Fiscal en decisiones concretas porque ello significa que ya ha habido una actuación policial y un proceso penal abierto. Es lógica la alarma social de las ONGS dedicadas a ayudar a inmigrantes
    En definitiva, la reforma debe pulirse para aclarar cuál es el bien jurídico que se protege y que conductas se pretenden castigar. Aquí es más necesario que nunca la seguridad jurídica para que no parezca que el Derecho Penal pretende reprimir los sentimientos humanos elementales como son el amor, la amistad, y la compasión por el sufrimiento ajeno

  12. Marisol
    Marisol Dice:

    Me gustaría ver las fuentes de ingresos de esas organizaciones que levantan la voz cuando se hace algo para evitar un problema. Cada vez que vea que sus ingresos mejoran cuando el problema aumenta pensaré, con toda lógica, que es posible que sus intereses y sus intenciones sean cuestionables.

    • Verónica del Carpio Fiestas
      Verónica del Carpio Fiestas Dice:

      Soy socia de SOS Racismo hace 20 años, y que yo sepa, sale adelante con el trabajo voluntario y cuotas de socios, y lleva meses en la campaña Salvemos la Hospitalidad; incluyendo mis cuotas y mi colaboración gratuita, que aporto en la pequeña medida en que me lo permiten mis circunstancias. Seguramente los intereses de esta asociación y sus socios, que son los míos, serán cuestionables. Muy cuestionables. Tan cuestionables como mis intenciones.

  13. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Enhorabuena, Verónica: Poca cosa hay más encomiable que la solidaridad siempre que ésta se ejerza directa y voluntariamente sin pasar cargas a otros o a la sociedad. Chapeau.

    Lo que no entiendo es qué tiene que ver el “racismo” con la inmigración ilegal. De hecho la población menos racista que yo conozco somos los españoles y hay emigrantes ilegales de todos los colores y credos y fundamentalmente el blanco de raíz cristiana.

    Nos hemos acostumbrado a disfrazar de derechos las conveniencias de determinados grupos políticos y “rent seekers” y olvidamos que muchos derechos así creados no sólo no son tales sino que representan para otros un daño objetivo, un coste.
    Crear derechos así es un daño objetivo al bien común y las sociedades que lo practican pronto lo notan.

    Estas tensiones sobre por qué unos se arrogan el derecho a crear obligaciones para otros van a agudizarse mucho durante esta crisis. Me temo que tendremos décadas por delante así que más vale que los fundamentos de los derechos que defendamos puedan ser pagados por alguien voluntariamente.

    Una sociedad en la que todo es relativo termina por enfrentarse al dilema de la ausencia de lo absoluto.

    Mis ONG`s se llaman Dolores y Mihail, dos aristócratas gitanos, una española, rumano el otro.
    Un saludo y ánimo.

  14. O'Farrill
    O'Farrill Dice:

    La emigración o desplazamiento forzado siempre es un drama y afecta a los derechos humanos fundamentales. Otra cuestión es que alguien la pueda entender como “nicho de negocio” y explote la necesidad en lugar de aportar ayuda. He conocido algunos emigrantes cuya motivación era el efecto llamada desde la supuesta opulencia y estado de bienestar de los paises desarrollados, pero nadie les ha advertido de lo que supone vivir en ellos. Cómo de un tipo de vida simple se puede pasar a un tipo de vida que te esclaviza. Muchos adquirieron bienes pensando que caían las cosas del cielo: casas, coches, televisiones, móviles de alta gama, hasta prendas deportivas de fútbol diez veces más caras que las normales…. ¿No sabían lo que hacían? Probablemente. La ignorancia puede ser interesada o no. A veces se prefiere no leer la letra pequeña de lo que parece un regalo. De alguna forma les hemos engañado. A otros no. Los otros se aprovechan de las circunstancias. Bien están las cautelas legales, pero es más fácil evitar el engaño. En nosotros está el saber distinguir quienes se aprovechan de nosotros, de quienes nosotros nos aprovechamos.

  15. maria jesus moya
    maria jesus moya Dice:

    El problema es que las víctimas de estos delitos no están en situación de elegir, menos aún discernir si les engañan. Se trata de la población más pobre de los países más desfavorecidos. Por eso el Derecho Penal castiga a quien ” trafique” con estas personas
    En este sentido una política eficaz contra la emigración ilegal tendría que arbitrar remedios contra ” la propaganda engañosa” sobre la vida en el mundo desarrollado. Por otro lado hay que tener en cuenta que estos países desarrollados tienen un excedente de ciudadanos jóvenes y fuertes sin horizontes en sus países de origen y esto es un caldo de cultivo para las redes de captación de emigrantes
    Tampoco podemos olvidar que existen razones de seguridad para castigar la inmigración ilegal. Terroristas, miembros de mafias organizadas pueden utilizar identificaciones falsas y traspasar fronteras ilegalmente, para asegurar sus fines criminales y para evadir la acción de la justicia

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