No es porque sean abogados, es porque son políticos. Respuesta al profesor Sala i Martín
Recientemente, el afamado profesor Sala i Martín, publicó un artículo titulado “En España hay demasiados abogados”. En él, basándose en un gráfico publicado por The Economist, consideraba que España es el país de la OCDE que más juristas tiene entre los líderes de la clase política. Deducía que tiene sentido que una parte importante de los parlamentarios de un país sean abogados ya que quien escribe las leyes tiene que saber de ellas. Sin embargo, un número excesivo puede acabar no funcionando. Porque los colegas de profesión tienden a ver las cosas de forma similar y porque la falta de riqueza intelectual que da la variedad reduce la creatividad para encontrar soluciones. Además, argumentaba que el monopolio letrado de la política comporta que, como todos, defienda sus intereses. Y son ellos los que se benefician de sistemas económicos y legales extraordinariamente complicados, para que todo el mundo tenga la necesidad de contratarles. Sala i Martín referenciaba también otro artículo, por el cual esas barreras y la ultraregulación perjudican la economía, algo indiscutible, y además producirían que jóvenes de más talento se dediquen a la abogacía como “apropiación de rentas” y no a otros sectores, por lo que “la actividad productiva colapsa y la economía deja de funcionar”. Según este estudio, en aquellos países donde hay más estudiantes de derecho, el crecimiento es inferior.
Como seguidor del reputado académico, y joven jurista por mi parte, me hice varias preguntas: ¿Es verdad que el leviatán legislativo se debe a que los políticos son abogados, se autobenefician y así defienden intereses corporativos? ¿Sobran abogados?
Comenzaré por la última: ¿Sobran abogados? La respuesta es que con nuestra actual economía, sí. Hay más licenciados y estudiantes en las universidades españolas que nunca, porcentaje cercano al 40%, por encima de la media de la OCDE y de países como Alemania o Austria que tienen un 25%. Para encontrar un nivel superior hay que buscar en economías como las nórdicas o las asiáticas, con un alto nivel de inversión en I+D+i, y en sectores de alto valor añadido. Por tanto, mientras nuestro país no desarrolle una economía de alta competitividad seguiremos teniendo el récord de paro juvenil de alta formación (11,8%)
No es que haya demasiados abogados, es que evidentemente hay demasiados ingenieros, informáticos, médicos, enfermeros, economistas…
Nunca he escuchado a nadie que su madre le diga: “Haz derecho que el superávit normativo nunca te va a faltar en la vida”. Sí, por el contrario, el clásico: “Hijo, estudia Derecho que tiene muchas salidas”. Además, la abogacía es una profesión de difícil emigración. Pocos juristas y despachos pueden ejercer en países extranjeros o transnacionalmente, por lo que permanencia es casi obligada.
Respecto al gráfico mencionado en The Economist, pertenece al Informe “The Technical Competence of Economic Policy-Makers in Developed Democracies” de los profesores Mark Hallerberg y Joachim Wehner. Este estudio no analiza cuántos abogados tiene la clase política de cada país, ni si los parlamentarios son en su mayoría abogados u ostentan el monopolio legislativo. Sólo estudia las profesiones de tres cargos de cada una de las 40 democracias desde 1973 hasta 2010: el Presidente, el Ministro de Finanzas, y el Banquero Central. Así sí, sólo Calvo-Sotelo era ingeniero y encima fue el más breve.
Tampoco es cierto que la mayoría de políticos sean letrados porque desconocemos su número total. Sí sabemos, que de los 350 diputados, 150 son Licenciados en Derecho, mas en su mayoría son no ejercientes.
La profesión predominante es la función pública con 126. En segundo puesto, la abogacía con 51, aunque sólo cerca de una treintena tienen reconocida la compatibilidad para el ejercicio (pueden consultarse las variaciones de incompatibilidades en la Comisión del Estatuto de Diputados del Congreso, aquí las principales). Es decir, sólo cerca de un 9% podría dictar leyes en su beneficio directo y en el de su colectivo. No se trata de un porcentaje tan aplastante y lo cierto es que el predominio de los juristas (que no abogados) se da en las principales democracias del mundo según “International Who’s Who”, estudiada también por The Economist y no por ello su situación económica es tan dramática como la española.
Los expolíticos menos aún suelen ejercer de picapleitos. Difícilmente alguien puede reincorporarse tras muchos años con las modificaciones que ellos mismos provocan. Salvo contadas excepciones, la mayoría acaban de asesores o consultores, destino cotizado por todos en bufetes, pero también en auditoras, eléctricas, bancos, o en otras importantes empresas.
Lo cierto es que Sala i Martín lleva razón en la falta de pluralidad académica de nuestros señorías, de ahí la necesidad de mayor transparencia, audiencia, reflexión y participación de los sectores afectados en la potestad legislativa. Y también en la falta de diversidad profesional, porque la gran mayoría tienen la misma: la política. No hay profesionales en la política, sino profesionales de la política. Más que nunca necesitamos a los primeros. Y con todo eso sólo quizás, con menos políticos, y reprochándoles que la ley no es la solución para todo y reprendiendo el mal uso de ella podríamos tener algo de éxito.
Para acabar respondo a la primera pregunta que formulé al principio, ¿beneficia el sistema a los abogados? Si preguntamos o vemos las últimas protestas de todos los operadores jurídicos, parece que no. Si leemos este blog, parece que tampoco. La sobreabundancia legislativa es una queja habitual, y repetida incansablemente entre todos los profesionales legales. Hace poco mostré mi preocupación por el ámbito penal, recientemente Inés María Herreros planteaba si era necesario nuestro actual código de delitos, y Verónica del Carpio denunciaba la deficiente calidad legislativa. Los reputados Javier Gomá o Francisco J. Laporta también llevan tiempo avisándolo. Son los juristas los primeros en denunciar este problema desde antiguo, algo lógico por otra parte.
La superinflación legislativa no sólo produce perjuicios económicos, también daña el Estado de Derecho, y aumenta las desigualdades sociales. Aumenta la corrupción, disminuye la transparencia y fomenta el clientelismo. Los estados corruptos son países con abundancia normativa, estructuras complejas, sistemas opacos y dificultosos que obligan al empresario a corromper porque pasar legalmente se antoja sobrehumano. Como juristas vemos a diario leyes que faltan, leyes que sobran, unas que deberían modificarse y no se modifican, y otras que se reforman y no deberían.
En definitiva, la abundancia legal no beneficia a nadie, salvo a los políticos: sirve para justificar gasto público, duplicidades, cargos, 17 asambleas o para vanagloria medida en cantidad y no calidad. También suelen calmar a la opinión pública, y evitar así resolver los problemas de una manera mucho más seria, reflexiva y costosa”. Igualmente, sirve para restringir la libertad, controlar más a una mayoría, y privilegiar a unos pocos. Tantas normas le otorgan un poder discrecional.
Para los abogados, sin embargo, tanta cantidad y velocidad de leyes de baja talla aumenta los costes en formación, actualización y materiales, con resultados poco productivos. Nadie puede conocer todas las leyes y sus jurisprudencias. La especialización se hace imprescindible, siendo también peligroso depender de un solo sector. Aunque aumenten los litigios (principalmente a causa de AAPP, aseguradoras y bancos), también lo hace la inseguridad jurídica, y esto unido a la ausencia de medios en Justicia, el eterno colapso judicial y su gran lentitud, todo ello repercute en menor demanda letrada. Ocurre que un 84% está de acuerdo en que la administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella, y un 76% cree que en muchas ocasiones no sirve de nada ganar un pleito pues en la práctica la sentencia es papel mojado ya que o no se cumple, o se cumple tarde y mal. ¿Qué cliente querría algo lento, difícil, inseguro y ahora muy costoso con las tasas judiciales? Nadie, huirían despavoridos. Y eso sólo lleva al aumento de las injusticias por el poder público y los poderosos, la renuncia de los más desfavorecidos a su protección de derechos y libertades o a la utilización de la propia fuerza. Summum Ius, Summa injuria.
En definitiva, ni creo que los abogados sean los culpables de la hipertrofia normativa, ni sus beneficiarios, ni los políticos legislan demasiado porque sean abogados, sino porque son políticos. Son el resto de verdaderos letrados los que ejercen su oficio, ayudar a solucionar conflictos. Conflictos que siempre existirán.
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Gran análisis para rebatir al señor Sala i Martín. Sin embargo, discrepo con ud. cuando dice que la especialización se hace imprescindible, aunque seguidamente matiza que es peligroso depender de un sector. Y es así, precisamente con “tamaña montaña” legislativa, cuando se hace imprescindible ser “especialista en Derecho”, aunque ello suponga echar más horas que un burro. Como foro que es este, intento dar siempre mi OPINIÓN, y aunque no llevo demasiado tiempo ejerciendo, me enfrento a SUPERespecialistas en sus áreas que tras años de trabajo parecen haberse olvidado de cosas tan esenciales como la jerarquía normativa (por poner uno de los ejemplos mas sorprentes con los que me he cruzado). Otro de los problemas es no querer mirar el fondo, pues el Derecho y la Abogacía únicamente son tangibles en su ejercicio, uno no aprende otra cosa que conceptos en la universidad. Con ello quiero decir que la carrera de Derecho es asequible cuando se compara con otras, y ello unido a lo que ud. mismo dice; “tiene muchas salidas”, cuando a esa edad pocas personas tienen claro hacia dónde quieren dirigirse, y esta opción cierra un número menor de puertas que otras. Por ello creo que habría que diferenciar entre aquellos que tienen el título de Derecho, y la Abogacía, lo que se resume en su axioma: “los políticos legislan demasiado porque son políticos, no abogados”. Sala i Martín dice que “en España hay demasiados abogados”, cuando el problema que veo es que “FALTAN más abogados”, al menos como los que leo en este blog, si acaso sobra algo son “chupatintas”.
Gracias por su comentario CMaruenda. Considero que la especialización es bastante imprescindible principalmente porque es lo que demanda el mercado y los grandes despachos, sin embargo en el plano personal estoy bastante de acuerdo con ud. Si bien pueden hacer falta superespecialistas también creo que hagan falta grandes expertos del derecho.
Concibo el derecho como la solución a conflictos de intereses, y para ello hay que conocer las normas, sus conflictos, diferencias y buscar la mejor solución. La mayor parte de las veces un problema no es sólo afecta una materia, o no hay sólo una vía para resolverlo.
Gran análisis para rebatir al señor Sala i Martín. Sin embargo, discrepo con ud. cuando dice que la especialización se hace imprescindible, aunque seguidamente matiza que es peligroso depender de un sector. Y es así, precisamente con “tamaña montaña” legislativa, cuando se hace imprescindible ser “especialista en Derecho”, aunque ello suponga echar más horas que un burro. Como foro que es este, intento dar siempre mi OPINIÓN, y aunque no llevo demasiado tiempo ejerciendo, me enfrento a SUPERespecialistas en sus áreas que tras años de trabajo parecen haberse olvidado de cosas tan esenciales como la jerarquía normativa (por poner uno de los ejemplos mas sorprentes con los que me he cruzado). Otro de los problemas es no querer mirar el fondo, pues el Derecho y la Abogacía únicamente son tangibles en su ejercicio, uno no aprende otra cosa que conceptos en la universidad. Con ello quiero decir que la carrera de Derecho es asequible cuando se compara con otras, y ello unido a lo que ud. mismo dice; “tiene muchas salidas”, cuando a esa edad pocas personas tienen claro hacia dónde quieren dirigirse, y esta opción cierra un número menor de puertas que otras. Por ello creo que habría que diferenciar entre aquellos que tienen el título de Derecho, y la Abogacía, lo que se resume en su axioma: “los políticos legislan demasiado porque son políticos, no abogados”. Sala i Martín dice que “en España hay demasiados abogados”, cuando el problema que veo es que “FALTAN más abogados”, al menos como los que leo en este blog, si acaso sobra algo son “chupatintas”.
Yo también creo que la hipertrofia normativa que sufre España no se debe al exceso de abogados, sino a la inflación de órganos legisladores que aprueban normas (legales y reglamentarias) a troche y moche, a menudo con una finalidad en gran medida propagandística.
Los parlamentos autonómicos tienen que autojustificarse y entonces legislan por legislar.
Lo hacen para luego, en campaña electoral, decir “Hicimos una ley andaluza del menor”, “Aprobamos una ley castellano-manchega de la tercera edad”, “Elaboramos una ley murciana de discapacitados”, “Sacamos adelante una ley cántabra de la juventud”… Y en este plan.
Pero son leyes innecesarias, que no hacen sino refundir leyes estatales que regían la materia. Añaden quizá un párrafo más bien superfluo, quitan una coma, refunden dos artículos en uno, ponen alguna rúbrica rimbombante y programática -que es como buñuelo de viento (mucha apariencia y aire por dentro)-… Et c´ est tout.
Es lo que García Martín llama “el Derecho inútil”, “el Derecho hueco”. Y, bueno, es cierto que este Derecho provoca litigiosidad, pues genera inseguridad jurídica y favorece la maraña o marasmo normativo. Pero no creo que los abogados tengan interés en esto. Por el contrario, los abogados prefieren la seguridad jurídica, pues es duro no tener las ideas claras: asesorar a un cliente sin estar seguro de lo que se dice.
En materia de cooperativas existen antinomias entre la norma estatal y las autonómicas, en cuestiones de mayorías, de aportaciones, de quórums, etc, y esto crea problemas no solamente para los abogados, sino también para gestores administrativos, graduados sociales, consultings y asesorías. Además está el coste económico de esta inseguridad, pues la incertidumbre no favorece precisamente las inversiones.
El problema no está en que haya muchos órganos legisladores, sino en que exista un afán legislativo desmedido de nuestros políticos, supongo que para justificar sueldo ante el electorado. Porque no hace falta más que ver el año y poco que lleva este Gobierno y la enorme actividad legislativa que ha traído con él, ampliamente comentada en este foro
Yo también creo que la hipertrofia normativa que sufre España no se debe al exceso de abogados, sino a la inflación de órganos legisladores que aprueban normas (legales y reglamentarias) a troche y moche, a menudo con una finalidad en gran medida propagandística.
Los parlamentos autonómicos tienen que autojustificarse y entonces legislan por legislar.
Lo hacen para luego, en campaña electoral, decir “Hicimos una ley andaluza del menor”, “Aprobamos una ley castellano-manchega de la tercera edad”, “Elaboramos una ley murciana de discapacitados”, “Sacamos adelante una ley cántabra de la juventud”… Y en este plan.
Pero son leyes innecesarias, que no hacen sino refundir leyes estatales que regían la materia. Añaden quizá un párrafo más bien superfluo, quitan una coma, refunden dos artículos en uno, ponen alguna rúbrica rimbombante y programática -que es como buñuelo de viento (mucha apariencia y aire por dentro)-… Et c´ est tout.
Es lo que García Martín llama “el Derecho inútil”, “el Derecho hueco”. Y, bueno, es cierto que este Derecho provoca litigiosidad, pues genera inseguridad jurídica y favorece la maraña o marasmo normativo. Pero no creo que los abogados tengan interés en esto. Por el contrario, los abogados prefieren la seguridad jurídica, pues es duro no tener las ideas claras: asesorar a un cliente sin estar seguro de lo que se dice.
En materia de cooperativas existen antinomias entre la norma estatal y las autonómicas, en cuestiones de mayorías, de aportaciones, de quórums, etc, y esto crea problemas no solamente para los abogados, sino también para gestores administrativos, graduados sociales, consultings y asesorías. Además está el coste económico de esta inseguridad, pues la incertidumbre no favorece precisamente las inversiones.
Enhorabuena, muy buen artículo Fernando. Evidentemente sobran licenciados en Derecho, así como otros titulados superiores, y creo que más bien es por el pobre nivel educativo que tenemos en España desde la LOGSE para adelante. Yo soy licenciado en Derecho y mi título vale tanto como el del que se estuvo tocando las narices y aprobó en sexta convocatoria. En mi opinión, habría que endurecer el nivel para adaptarnos a los requerimientos del mercado laboral, pero que los que terminen sean los mejores. Hoy tenemos una sobrecarga de títulos que no valen para nada.
¿Y economistas no? el profesor Sala Martín, no deja de ser un cantamañas más. ¿Dónde está la libertad para elegir lo que cada uno le de su real gana?. Comienzo a estar cansado de los análisis de The Economist y de los “economistas de salón” ni uno sólo de ello, jamás ha dirigido una empresa y, me temo que si lo hicieran sería con resultados negativos. Son unos teóricos que jamás han llevado a la práctica empresarial sus postulados.
Muchas gracias por los comentarios. Lo que planteaba Sala i Martin era una generalización un tanto injusta y basada en unos datos incorrectos. El que la mayoría de los diputados sean funcionarios tampoco haría culpables a estos de la abundancia normativa.
Sin embargo, eso es una anécdota, el verdadero problema que tiene este país y que los lectores rápidamente han localizado es el paro y principalmente el juvenil. No sé si endurecer el nivel es la solución o si la “titulitis” ha sido una moda generacional o fruto de la evolución social y democrática. Sí que es verdad que hay un problema, España es uno de los países con más crecimiento de porcentaje de estudiantes universitarios en la últimas generaciones. Pero también tenemos el otro extremo, un 44% de personas que se han quedado en primaria o secundaria inferior y sólo un 22% que alcanzó el título de secundaria superior (bachiller o su equivalente en FP). Es decir, España tiene muchos licenciados, muy pocos técnicos y cuadros medios y muchísimas personas con una titulación muy baja o, directamente, sin ninguna clase de titulación.
Esto es un muy grave problema.
Recuerdo que hace ya muchos años, comentaba con mi madre que en este país la FP no se potenciaba y que tenía el “sanbenito” de ser un aparcadero de “pobres” o de “tontos”.
Transcurridos unos “añitos” parece que aunque algo ha cambiado todo sigue más o menos igual.
Y lo que dices es compartido por muchos directivos, http://www.diarioinformacion.com/elche/2013/03/10/pais-hemos-cometido-error-mundo-licenciado/1351965.html
Muchas gracias por los comentarios. Lo que planteaba Sala i Martin era una generalización un tanto injusta y basada en unos datos incorrectos. El que la mayoría de los diputados sean funcionarios tampoco haría culpables a estos de la abundancia normativa.
Sin embargo, eso es una anécdota, el verdadero problema que tiene este país y que los lectores rápidamente han localizado es el paro y principalmente el juvenil. No sé si endurecer el nivel es la solución o si la “titulitis” ha sido una moda generacional o fruto de la evolución social y democrática. Sí que es verdad que hay un problema, España es uno de los países con más crecimiento de porcentaje de estudiantes universitarios en la últimas generaciones. Pero también tenemos el otro extremo, un 44% de personas que se han quedado en primaria o secundaria inferior y sólo un 22% que alcanzó el título de secundaria superior (bachiller o su equivalente en FP). Es decir, España tiene muchos licenciados, muy pocos técnicos y cuadros medios y muchísimas personas con una titulación muy baja o, directamente, sin ninguna clase de titulación.
Esto es un muy grave problema.
Cuando publicó el artículo le escribí por Twitter (sin respuesta) que la inmensa mayoría de los abogados detestaban esa abundancia desmedida de legislación, básicamente porque no les beneficia.
Concuerdo con casi todo el artículo así como los comentarios. Sólo señalar que creo que Sala i Martín cae en la típica confusión de creer que todo Licenciado en Derecho es abogado. Muchísima gente licenciada en derecho no ejerce la abogacía o ya incluso ni está colegiada como no ejerciente, simplemente porque se dedican a otros campos relacionados con el derecho que no es la abogacía.
En lo que sí concuerdo con él es la abundancia de políticos licenciados en derecho, que es llamativo y sería bueno que hubiese más variedad.
Lo cierto es que en España todo licenciado de Derecho PUEDE ser abogado. Y eso señala un problema bastante fundamental, y es que, si sobran licenciados de Derecho, abogados mucho más. En otros países la abogacía es una profesión de élite, con muchos derechos pero aun más obligaciones. En España, en cambio, el culebrón del examen de acceso a la abogacía y la actitud cuanto menos relajada de los Colegios de Abogados ante las infracciones más flagrantes de algunos de sus miembros a las reglas deontológicas más básicas contribuyen a un gran desprestigio de la profesión. El que, a pesar de ello, esté fuertemente protegida (véase por ejemplo los obstáculos que se ponen a los juristas extranjeros para ejercer en España) indican que el problema de captura legislativa del que habla el Sr. Sala i Martín existe.
Que todo licenciado pueda ser abogado no le convierte en tal y mucho menos le hace propenso a beneficiar al conjunto de la abogacía. Y hasta donde tengo conocimiento (puede que esté errado), en los demás países es igual.
Yo no sé si sobran o no abogados, creo que no, ya que conozco casos de abogados que han tenido que dejar la profesión ya que lo que ganaban lo de daba para comer. Es decir, no sobran, ya que el propio “mercado” elimina al exceso. Lo que sí sobran son licenciados en derecho para la cantidad de trabajo de abogacía que existe. Pero un licenciado en derecho no tiene que trabajar como abogado y puede dedicarse a mil cosas deferentes. Hay que diferenciar entre abogado y licenciado en derecho.
Y sobre lo de los extranjeros, habría que ver como de fácil o difícil le resulta a un abogado español colegiarse y trabajar en un país diferente al suyo. Pero hay que pesar que la abogacía no es como la ingeniería o la economía. En muchísimos campos existen conocimientos universales pero en el campo del derecho está restringidos territorialmente los conocimientos a adquirir. Un licenciado en derecho en Francia es poco probable que sepa algo de derecho penal español o viceversa. No hablo de grandes bufetes donde se llevan asuntos de trasfondo internacional, donde en la mayoría de casos se aplica normativa comunitaria o internacional. Hablo del trabajo con personas normales y corrientes, que si una multa, unos lindes, una divorcio, una reclamación tributaria, donde o conoces el derecho español o nanai.
“Un licenciado en derecho en Francia es poco probable que sepa algo de derecho penal español o viceversa.”
No quisiera ser sarcástico, pero…y un licenciado en derecho español? Porque bastante se ha dicho en este mismo blog sobre el nivel y los métodos de la educación universitaria…además nada impide colegiarse a alguien licenciado en derecho hace treinta años y que desde entonces haya estado recluido en un convento de clausura, sin ejercer y sin haber seguido lo más mínimo la proliferación de nuevas normas que aquí se fustiga.
Habría una solución muy sencilla para ese dilema: poner un examen de acceso a la abogacía, abierto a los licenciados en derecho españoles y extranjeros y dirigido a comprobar tanto los conocimientos de derecho español como la aptitud a resolver problemas prácticos y ofrecer una asistencia jurídica pertinente a sus clientes. Y puestos a soñar, hacer pasar ese examen tanto a los nuevos aspirantes como a los ya colegiados, o a estos últimos al menos obligarles a seguir una formación continua para mantener su título, como se hace en otros países.
Pero no, eso pondría en peligro demasiadas eminencias con pies de arcilla y un conocimiento real bastante aproximativo del derecho. Mejor pervertir el derecho comunitario en materia de reconocimiento de títulos profesionales y decir a juristas formados en sistemas mucho más exigentes y selectivos que el español que muy bien, pueden ejercer en España, pero únicamente como “Rechtsanwälte” o “solicitors”, porque si no pondrían en peligro el nivel y la gran reputación de la profesión de abogado. Y por Dios, no se nos ocurra poner un examen de acceso a la abogacía a los licenciados españoles, que eso limitaría la libre competencia. Como dijo un insigne jurista…manda huevos.
Cuando publicó el artículo le escribí por Twitter (sin respuesta) que la inmensa mayoría de los abogados detestaban esa abundancia desmedida de legislación, básicamente porque no les beneficia.
Concuerdo con casi todo el artículo así como los comentarios. Sólo señalar que creo que Sala i Martín cae en la típica confusión de creer que todo Licenciado en Derecho es abogado. Muchísima gente licenciada en derecho no ejerce la abogacía o ya incluso ni está colegiada como no ejerciente, simplemente porque se dedican a otros campos relacionados con el derecho que no es la abogacía.
En lo que sí concuerdo con él es la abundancia de políticos licenciados en derecho, que es llamativo y sería bueno que hubiese más variedad.
Creo que tanto los abogados como los jueces y magistrados han expresado por activa y por pasiva su rechazo al torbellino normativo con que, desde la política, se intentan justificar sueldos y cargos. Por ora parte el hecho de que en la política y en la función pública existan más abogados en los niveles directivos, sí puede condicionar no sólo la proliferación de normas, sino el cripticismo del lenguaje en que se expresan para ser interpretadas según convenga. Una norma legal que no sea entendida por el pueblo soberano que es quien la promueve, adolece de un fallo de base: su incapacidad de cumplimiento. Ahí es donde los profesionales del Derecho se las ven y se las desean para su correcta interpretación (si es que la tienen). En toda norma existen dos cuestiones: el fondo o fin con que se promulga (el interés público) y la forma de hacerlo para que todo el mundo la conozca, la entienda y, en consecuencia, la respete. En caso contrario estamos ante ese “Derecho hueco” que aquí se ha mencionado.
Creo que tanto los abogados como los jueces y magistrados han expresado por activa y por pasiva su rechazo al torbellino normativo con que, desde la política, se intentan justificar sueldos y cargos. Por ora parte el hecho de que en la política y en la función pública existan más abogados en los niveles directivos, sí puede condicionar no sólo la proliferación de normas, sino el cripticismo del lenguaje en que se expresan para ser interpretadas según convenga. Una norma legal que no sea entendida por el pueblo soberano que es quien la promueve, adolece de un fallo de base: su incapacidad de cumplimiento. Ahí es donde los profesionales del Derecho se las ven y se las desean para su correcta interpretación (si es que la tienen). En toda norma existen dos cuestiones: el fondo o fin con que se promulga (el interés público) y la forma de hacerlo para que todo el mundo la conozca, la entienda y, en consecuencia, la respete. En caso contrario estamos ante ese “Derecho hueco” que aquí se ha mencionado.
Enhorabuena, Alfonso, excelente análisis y muy en linea con lo que llevamos denunciando en este blog casi desde el primer día. Confundir hacer política con hacer leyes es un problema de malos políticos, no precisamente de malos abogados. A ver si Sala i Martín se atreve con tus argumentos..:-)
Enhorabuena, Alfonso, excelente análisis y muy en linea con lo que llevamos denunciando en este blog casi desde el primer día. Confundir hacer política con hacer leyes es un problema de malos políticos, no precisamente de malos abogados. A ver si Sala i Martín se atreve con tus argumentos..:-)
Muchas gracias Elisa, un honor, como siempre, que me hagáis un hueco.
Me han pasado este vídeo de un capítulo de Salvados que no había visto. Creo que visualiza en la práctica muy bien la intención que quería transmitir en la última parte del artículo.
http://www.lasexta.com/programas/salvados/noticias/cuando-nave-quieres-montar-algo-piden-porron-documentacion_2013030300112.html
Muchas gracias Elisa, un honor, como siempre, que me hagáis un hueco.
Me han pasado este vídeo de un capítulo de Salvados que no había visto. Creo que visualiza en la práctica muy bien la intención que quería transmitir en la última parte del artículo.
http://www.lasexta.com/programas/salvados/noticias/cuando-nave-quieres-montar-algo-piden-porron-documentacion_2013030300112.html
Interesante artículo, Alfonso, de contenido y por el formato de contestación a otro para formar una conversación. El artículo de Sala i Martín contiene una saludable dosis de provocación que sirve de elemento estimulante. Lo que en realidad sobra en estos momentos, como ha sobrado siempre, son personas mediocres y personas tóxicas. Y ni lo uno ni lo otro tienen que ver la profesión. Es algo más complejo y más profundo.
Muy de acuerdo Fernando. Sólo queda alejarse de ese tipo de personas e intentar que hagan el menor estropicio posible.
Gracias de nuevo a todos los que han comentado y compartido el artículo.
Gran artículo; si la culpa de la mala legislación es de los abogados, de la situación económica es de los economistas que les asesoraron? Porque hay materias (lean por favor los reglamentos con fórmulas en materia de energía o teleco) para saber que un licenciadito en derecho no llega ahí en su osadía. En fin, los economistas son así.
Deus, de acuerdo con lo que dice. El licenciado no es en Europa abogado, pues todos los países europeos salvo España tienen lo que se conoce como sistema de acceso. En el CGAE podemos darle la info. El tema territorial es claro: por eso no hay libre circulación absoluta en UE, sino sistemas de incorporación de abogados europeos a los sistemas de justicia de otros estados miembros.
Interesante artículo, Alfonso, de contenido y por el formato de contestación a otro para formar una conversación. El artículo de Sala i Martín contiene una saludable dosis de provocación que sirve de elemento estimulante. Lo que en realidad sobra en estos momentos, como ha sobrado siempre, son personas mediocres y personas tóxicas. Y ni lo uno ni lo otro tienen que ver la profesión. Es algo más complejo y más profundo.
Recuerdo que hace ya muchos años, comentaba con mi madre que en este país la FP no se potenciaba y que tenía el “sanbenito” de ser un aparcadero de “pobres” o de “tontos”.
Transcurridos unos “añitos” parece que aunque algo ha cambiado todo sigue más o menos igual.
Y lo que dices es compartido por muchos directivos, http://www.diarioinformacion.com/elche/2013/03/10/pais-hemos-cometido-error-mundo-licenciado/1351965.html
Que todo licenciado pueda ser abogado no le convierte en tal y mucho menos le hace propenso a beneficiar al conjunto de la abogacía. Y hasta donde tengo conocimiento (puede que esté errado), en los demás países es igual.
Yo no sé si sobran o no abogados, creo que no, ya que conozco casos de abogados que han tenido que dejar la profesión ya que lo que ganaban lo de daba para comer. Es decir, no sobran, ya que el propio “mercado” elimina al exceso. Lo que sí sobran son licenciados en derecho para la cantidad de trabajo de abogacía que existe. Pero un licenciado en derecho no tiene que trabajar como abogado y puede dedicarse a mil cosas deferentes. Hay que diferenciar entre abogado y licenciado en derecho.
Y sobre lo de los extranjeros, habría que ver como de fácil o difícil le resulta a un abogado español colegiarse y trabajar en un país diferente al suyo. Pero hay que pesar que la abogacía no es como la ingeniería o la economía. En muchísimos campos existen conocimientos universales pero en el campo del derecho está restringidos territorialmente los conocimientos a adquirir. Un licenciado en derecho en Francia es poco probable que sepa algo de derecho penal español o viceversa. No hablo de grandes bufetes donde se llevan asuntos de trasfondo internacional, donde en la mayoría de casos se aplica normativa comunitaria o internacional. Hablo del trabajo con personas normales y corrientes, que si una multa, unos lindes, una divorcio, una reclamación tributaria, donde o conoces el derecho español o nanai.
Muy de acuerdo Fernando. Sólo queda alejarse de ese tipo de personas e intentar que hagan el menor estropicio posible.
Gracias de nuevo a todos los que han comentado y compartido el artículo.
Gran artículo; si la culpa de la mala legislación es de los abogados, de la situación económica es de los economistas que les asesoraron? Porque hay materias (lean por favor los reglamentos con fórmulas en materia de energía o teleco) para saber que un licenciadito en derecho no llega ahí en su osadía. En fin, los economistas son así.
Deus, de acuerdo con lo que dice. El licenciado no es en Europa abogado, pues todos los países europeos salvo España tienen lo que se conoce como sistema de acceso. En el CGAE podemos darle la info. El tema territorial es claro: por eso no hay libre circulación absoluta en UE, sino sistemas de incorporación de abogados europeos a los sistemas de justicia de otros estados miembros.
Pues he ido a buscar el artículo del afamado profesor Sala i Martín y me ha parecido una sucesión de tópicos, aderezados, eso sí, con un par de citas en inglés para parecer más moderno.
En dicho artículo se afirma campanudamente que en España muchos jóvenes con talento estudiarán Derecho en vez de estudiar cosas más útiles como Ingeniero, Arquitecto o Administración de Empresas (sic).
A renglón seguido se cita lógicamente a don Amancio Ortega como prototipo del español emprendedor y ejemplo para la juventud. Don Amancio, por supuesto, no es abogado, sino emprendedor, de ahí su éxito.
Conviene que alguien avise al autor del artículo de que don Amancio Ortega se ha jubilado, y que ha elegido para ser Presidente del Grupo Inditex al Sr. Isla, que es… ¡un abogado!
“Un licenciado en derecho en Francia es poco probable que sepa algo de derecho penal español o viceversa.”
No quisiera ser sarcástico, pero…y un licenciado en derecho español? Porque bastante se ha dicho en este mismo blog sobre el nivel y los métodos de la educación universitaria…además nada impide colegiarse a alguien licenciado en derecho hace treinta años y que desde entonces haya estado recluido en un convento de clausura, sin ejercer y sin haber seguido lo más mínimo la proliferación de nuevas normas que aquí se fustiga.
Habría una solución muy sencilla para ese dilema: poner un examen de acceso a la abogacía, abierto a los licenciados en derecho españoles y extranjeros y dirigido a comprobar tanto los conocimientos de derecho español como la aptitud a resolver problemas prácticos y ofrecer una asistencia jurídica pertinente a sus clientes. Y puestos a soñar, hacer pasar ese examen tanto a los nuevos aspirantes como a los ya colegiados, o a estos últimos al menos obligarles a seguir una formación continua para mantener su título, como se hace en otros países.
Pero no, eso pondría en peligro demasiadas eminencias con pies de arcilla y un conocimiento real bastante aproximativo del derecho. Mejor pervertir el derecho comunitario en materia de reconocimiento de títulos profesionales y decir a juristas formados en sistemas mucho más exigentes y selectivos que el español que muy bien, pueden ejercer en España, pero únicamente como “Rechtsanwälte” o “solicitors”, porque si no pondrían en peligro el nivel y la gran reputación de la profesión de abogado. Y por Dios, no se nos ocurra poner un examen de acceso a la abogacía a los licenciados españoles, que eso limitaría la libre competencia. Como dijo un insigne jurista…manda huevos.
Pues he ido a buscar el artículo del afamado profesor Sala i Martín y me ha parecido una sucesión de tópicos, aderezados, eso sí, con un par de citas en inglés para parecer más moderno.
En dicho artículo se afirma campanudamente que en España muchos jóvenes con talento estudiarán Derecho en vez de estudiar cosas más útiles como Ingeniero, Arquitecto o Administración de Empresas (sic).
A renglón seguido se cita lógicamente a don Amancio Ortega como prototipo del español emprendedor y ejemplo para la juventud. Don Amancio, por supuesto, no es abogado, sino emprendedor, de ahí su éxito.
Conviene que alguien avise al autor del artículo de que don Amancio Ortega se ha jubilado, y que ha elegido para ser Presidente del Grupo Inditex al Sr. Isla, que es… ¡un abogado!