La reforma local es un mal flan, digo Plan. Sobre el Anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Huevos, azúcar, leche. Sólo con estos tres ingredientes tenemos un exquisito postre que gusta a la mayoría de las personas. Si queremos “enriquecerlo” se le puede añadir queso, leche condensada, nata montada,… El flan ha de cocerse en su justo tiempo para que tenga ese aspecto flexible pero sin que se rompa ni desmorone. Si está poco rato cociendo se nos derrumba, se queda flácido y si está mucho se endurece y se pone verdoso.

 

Algo parecido le está ocurriendo al “Anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, que así se llama a la reforma de la Administración Local. Es un mal Plan. Después de 15 revisiones parciales, parece que quieren reformar en profundidad la LRBRL, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuya última versión es del 6 de Marzo de 2011. Como en el flan, tres tendrían que ser los ingredientes básicos de esta reforma:

 

a) Racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local

b) Racionalizar la estructura territorial del los municipios clarificando qué competencias son municipales para evitar el despilfarro de duplicidades o triplicidades en la prestación de servicios

c) Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.

 

Respecto a la racionalización de la estructura de la organización municipal el Anteproyecto presenta virtudes y defectos. Las limitaciones al gasto en las retribuciones de los concejales, asesores y alcaldes es un acierto, pero a medias, ya que en España no tenemos una École nationale d’administration, donde se forman muchos altos funcionarios del Gobierno Francés, o un Instituto de Estudios Políticos de París, donde se han formado muchos de los políticos y periodistas más emblemáticos de Francia. Si eliminamos el sueldo a personas que quieran dedicarse a la política de forma seria y honesta, un servicio al bien común (que mal suena esto hoy en día), eliminaremos a personas válidas que se instruyen y cogen experiencia en puestos modestos de los ayuntamientos para dominar como funciona un presupuesto público, el manejo del derecho administrativo o los entresijos de la vida de un municipio.El flan hay que hacerlo varias veces para que salga en su punto.

 

El Anteproyecto limita el número de asesores, asunto acertadísimo. No podemos permitir la degradación de los municipios con eventuales, amigantes y familiares, generando una red de clientelismo, poco transparente, insoportable para la democracia. Con la limitación de sueldos a concejales, alcaldes y asesores, el ahorro es de 218 millones de € al año (cifras del Gobierno). Pues bien, en este estudio se analiza el sobrecoste en los gastos de los capítulos I (personal) y II (corriente) de los presupuestos de los 40 principales municipios en términos per cápita y en relación a las tres mejores ciudades, es decir, las más eficientes, inspirándose siempre en el Criterio de Maastricht de la Unión Europea. Las conclusiones son que los españoles nos podríamos ahorrar cada año, y sin menoscabar el servicio prestado a los ciudadanos, la nada desdeñable cantidad de 6.000 millones de euros; es decir, aproximadamente el 0,6% del PIB nacional. Comparen cifras

 

Respecto a la racionalización de la estructura del territorio, clarificando competencias, el flan se cae, se desploma al menor movimiento porque la reforma está poco cocida. Parece que se quieren limitar las competencias impropias, aquellas competencias que la ley no marca o que se realizan por delegación. Está en la buena dirección, pero falta clarificar a la vez las competencias de las CCAA y del Estado. Si no, mediante leyes sectoriales (agua, medio ambiente,…) los ayuntamientos seguirán realizando competencias impropias. La reforma quiere realizar una evaluación de los servicios municipales, mediante unos parámetros estándar, para todos los municipios que fijará el Gobierno de España. Hasta aquí, ninguna objeción. Todo lo que sea mejorar los costes de la prestación de servicios municipales se aplaude.

 

Pero si los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes no cumplen con estos estándares de calidad para prestar los servicios públicos que tienen encomendados serán intervenidos. Es decir, que los servicios que malamente (con pocos recursos financieros y humanos) se prestaban por estos pequeños municipios pasarán a prestarse por las Diputaciones o por las Comunidades Autónomas, CCAA, si son uniprovinciales (La Rioja, Madrid, Murcia, Cantabria, Navarra, Asturias y las dos ciudades autónomas). Y a los municipios de más de 20.000 habitantes, si no cumplen estos mínimos de calidad, se les retirarán esas competencias para realizarlas las Diputaciones o las CCAA.

 

En principio esto parece sensato: Si tu no puedes prestar un servicio público con garantías que lo realice la administración jerárquicamente superior. Pero esta situación generará una gravísima consecuencia: El servilismo de la democracia a intereses ocultos. Me explico con un ejemplo: Un concejal elegido democráticamente en un pueblo de 3.000 habitantes se dedica a los Servicios Sociales. No cobra más que dietas por asistir a los plenos, si es que las cobra, utilizando más de 20 horas a la semana de su tiempo en el bien común de su pueblo. Si por motivos como falta de dinero, personal o recursos no cumple los estándares de calidad, la prestación de este servicio se la arrebataría la Diputación o CCAA y la prestaría ella.

 

Y el que presta el servicio no ha sido elegido, mientras que el concejal tendría la responsabilidad sin prestarlo. Los vecinos acudirían al concejal despojado de su competencia, siendo esta prestada por alguien a quien no han votado, a quien no podrán pedir responsabilidades. Esto es una DEGRADACIÓN de la Democracia con Mayúsculas. El flan se pone verdoso.

 

Se abren las puertas a empresas privadas a que realicen estos servicios, pues las diputaciones no tienen personal suficiente para realizarlos, (esto no es malo per se). Lo preocupante es que estas empresas harán estos servicios sin control ni fiscalización, añadiendo leña a las ya existentes prácticas de corrupción. Y si hablamos de ahorro, el Gobierno estima que con esta evaluación se pueden ahorrar unos 3.500 millones de € al año. Todavía estoy esperando un estudio serio en donde nos digan el porqué de esa cifra. Ya el mismo gobierno estima que el gasto medio de poblaciones menores de 5.000 habitantes implica pagar tres veces más que en poblaciones mayores de 100.000 habitantes.

 

Comparamos otra vez con el estudio antes reseñado  en el que se propone que para prestar servicios de calidad se fusionen los ayuntamientos, Que los pueblos sigan con sus fiestas, tradiciones,…, pero que se fusionen sus unidades administrativas, para prestar servicios de calidad por quienes han sido elegidos. Pues bien, siempre según este estudio, si se fusionan los pueblos y ciudades tomando el límite mínimo de 20.000 habitantes, España se ahorraría al año 18.000 millones de €. Este importante ahorro viene avalado por la mejora en los procesos en la prestación de servicios y por la generación de economías de escala (a mayor tamaño menor coste unitario). Este ahorro supone un 1,8% del PIB.

 

Y se reducirían en un tercio el número de concejales. Quizá así podríamos remunerar a los concejales restantes con un sueldo digno por realizar su trabajo. Y  también los vecinos podremos pedirles responsabilidades, pues suya sería la gestión, la competencia y la ejecución en la prestación del servicio. Y claro, si ya los municipios fusionados realizan las competencias según unos mínimos de calidad y eficiencia, para que tener mancomunidades o Diputaciones. ¿Para que tener administraciones intermedias entre los Ayuntamientos y las CCAA? Pues porque el PP y el PSOE quieren mantener cotas de poder, quieren mantener el chiringuito,  quieren colocar a los amigos que no han sido elegidos en las urnas democráticamente en las mancomunidades o en las Diputaciones. Si las Diputaciones son un nido de clientelismo político y no son democráticas, ¡Eliminémoslas! Las Diputaciones representan un tercio de las entidades locales y por un sencillo cálculo la supresión de las Diputaciones nos ahorraría unos 6.000 Millones de € al año. Un 0,6% del PIB.

 

Me parece sangrante la previsión que establece que una Administración puede delegar a un ayuntamiento la prestación de servicios, porque si la Administración cedente no presupuesta fondos para este servicio, el Ayuntamiento lo tiene que seguir realizando. O sea que si cambia el color de la diputación le puede hacer un roto y un descosido financiero a un ayuntamiento de otro color político Mejor sería incluir el término “Financiación Incondicional”, lo que significa que durante cinco años la Administración  que ceda la competencia se comprometa, por ley, a presupuestar anualmente y en cantidades suficientes para que el Ayuntamiento pueda realizar el servicio en condiciones.

 

Faltaría incluir competencias como las relaciones del ayuntamiento con los ciudadanos (participación), la regulación normativa sobre la gestión de los ingresos, la disposición de los gastos y la gestión de los bienes municipales. Y falta incluir la financiación de los Ayuntamientos, que tiene que ir ligada a una prestación de los servicios públicos eficiente y de calidad.

 

Tercer ingrediente: garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. Los ayuntamientos tienen que cumplir con un principio básico: estabilidad financiera. No tiene sentido que algunos municipios gasten más de los que ingresan, a no ser por causas de fuerza mayor. La Ley inicial de 1985 propuso que algunos funcionarios especiales (Tesoreros, Interventores y Secretarios municipales) tuvieran la figura de “habilitados con carácter nacional” y ahora en esta reforma se rescata lo que ya en el 85 se daba por bueno. Se echó a perder por desorden en la convocatoria de las plazas, contenidos locales de las pruebas, que algunos pasaron a depender de las CCAA y excesivos interinos que rotaban por la geografía española, y sobre todo que sueldo íntegro dependía de los alcaldes.

 

Estos funcionarios son seleccionados por el Estado y trabajan en los Entes Locales (Ayuntamientos, Cabildos,…). Desarrollan principalmente funciones de control y de fe pública y cobran de los ayuntamientos. Si no ponen pegas al alcalde les pagan un complemento, sino el sueldo “pelao” Una idea interesante sería que se les retribuya como al cuerpo de la Intervención General del Estado y que les pague directamente el Ministerio de Administraciones Públicas. Y que estos funcionarios tengan capacidad para suspender un expediente irregular o algo tan sencillo como parar un pago sin cobertura de crédito. Para aderezar y sustanciar este anteproyecto pedimos que se incluyan algún ingrediente extra, que mejore el sabor: Listas abiertas o desbloqueadas y la elección directa del Alcalde en las elecciones municipales.

 

Para una reforma eficiente de la planta municipal en España hay que utilizar estos tres ingredientes: Primero, una profunda reforma en la organización de los recursos de los Ayuntamientos que generen más democracia, más transparencia y mayor participación de los ciudadanos. Dos una profunda reforma en la organización territorial con la fusión de municipios que conlleve la eliminación de las diputaciones y mancomunidades como Administraciones intermedias. Y tres, potenciar las figuras de los Interventores y Secretarios como habilitados nacionales para que sean los garantes jurídicos del funcionamiento de los ayuntamientos. El ahorro de esta propuesta es considerable. 30.000 millones de € al año. Un 3% del PIB de ahorro para poder reducir el déficit sin recortar en Gasto Social (Educación, Sanidad y servicios Sociales).

 

 

 

15 comentarios
  1. Isidro
    Isidro Dice:

    Está muy interesante el post y la propuesta creo que es acertada, pero yo al leer esto, sólo me he quedado con las cifras. 6000 mill, por un lado, 3.500 por otro, 18.000… En total ud. considera que su propuesta podrían ser 30.000 mill. Un 3% del PIB!!

    Hemos sufrido las subidas más salvajes de impuestos y recortes más drásticos de la historia para reducir el déficit de 2012 que ha sido de un 8,94 a un 6.3, dos puntos y medio, y esto lo reduciría 3 puntos!! Se supone que el déficit acumulado de 2012 de todas las AAPP ha sido de 65.311 millones de euros hasta el tercer trimestre, y sólo esto supondría unos 30.000 millones!!

    Sin contar la eliminación de agencias, organismos autónomos, empresas de capital público, entidades públicas empresariales…!!

    Si es que recortando las Administraciones nos cargábamos el déficit en dos años, aunque se incremente el paro, pero sale más barato la prestación que esos altos sueldos que ostentan la mayoría, más móviles, ordenadores, coches oficiales, electricidad, adsl… Que se busquen trabajo o se hagan autonómos y monten negocios esas hordas de amiguetes y chupópteros. Y encima aumentaría la recaudación y se sufragaría una parte de ese aumento del desempleo. Seguro que le hacían más bien entonces que ahora a la economía, al estado, y a sus ciudadanos. Habría que ver cuántos empleos públicos y privados se han destruido por los recortes y las subidas de impuestos y en actividades productivas y no meras labores inútiles y de captación de rentas.

    Si este país no consigue que se recorten las Administraciones Públicas nos merecemos sufrir todo lo que nos pase. Y hay que conseguirlo cueste lo que cueste. Es nuestra única salvación.

    • JJSanMartin
      JJSanMartin Dice:

      Sr. Isidro, según los estudios publicados por la Fundación de UPyD, el ahorro sería del 3% del PIB
      Creo que es una cifra considerable y a tener en cuenta a la hora de reformar la Administración Local
      Un saludo y gracias por sus comentarios

  2. Félix Serrano
    Félix Serrano Dice:

    Enhorabuena Sevach por el artículo. En efecto, hay que abordar una reforma en profundidad del Estado. Yo creo que no basta con la reforma de las Entidades Locales, puesto que, al tratarse de un puzzle interconectado, si cambias una pieza las demás no encajan. Hay que abordar también la reforma del estado de las Autonomías.

    Por otra parte, los análisis económicos serios son muy difíciles de hacer, ya que estamos apuntando a un objetivo móvil: los parámetros actuales con los que estimaríamos el impacto económico pueden muy bien haber cambiado en el plazo de diez años necesario para que se empiecen a ver los efectos de las reformas.

    Aún así, es necesario que se hagan estos análisis y, lo que es más importante, que se expongan públicamente. De este modo, se podrán revisar a medida que pase el tiempo y se vayan implementando las medidas, de forma que se puedan refinar, y mejorar, aprendiendo para próximas ocasiones.

    Y ya para terminar este comentario, es necesario tener una visión a largo plazo. Esta visión se mide en décadas. No olvidemos que ahora estamos apreciando el impacto de la creación del estado de las autonomías, hace ya 35 años. No nos servirá de nada hacer una reforma para que dentro de una o dos legislaturas cambie el partido del gobierno y deshaga lo andado, como siempre, con la excusa de que “eso lo hicieron los anteriores”.

    No se me ocurre cómo, pero este tipo de leyes deberían tener una vigencia mínima, por ejemplo 10 años, y debería estar incorporada en el propio texto de la ley, de forma que no se pueda cambiar a capricho cada poco. Y para ello, sería necesario que nuestro parlamento incluyese este tipo de cláusulas por un consenso de amplia mayoría, tanto para las leyes que afectan a la estructura del estado como para todas las que se estima un plazo elevado para apreciar su impacto.

    En realidad, todas las leyes deberían incluir un apartado donde se diga cuándo se debe verificar que la disposición legal ha surtido efecto. Pero quizás estoy ya soñando con utopías…

  3. Félix Serrano
    Félix Serrano Dice:

    Creo que me he liado, creía estar en el blog de Sevach (Contencioso.es). De cualquier modo, todo lo dicho anteriormente sigue siendo válido.

    Un saludo.

  4. Ignacio H
    Ignacio H Dice:

    dos propuestas:

    1º Que el presupuesto en el capítulo de gastos no pueda superar la media de los ingresos efectivos en los dos ejercicios previos, así se pondría un límite a la posibilidad de estimaciones de ingresos poco realistas, origen de parte de los desfases presupuestarios, y la política de patada “pa lante” a los problemas.

    2º Para acabar con las facturas de los cajones:

    que la nulidad del contrato por falta de tramitación de expediente o inexistencia de certificado de crédito conlleve que el empresario no cobra nada, así se acabaría con la doctrina del enriquecimiento injusto, que permite a los ayuntamientos contratar al margen de la ley, normalmente con empesarios allegados que saben que algún día cobrarán por la vía del enriquecimiento injusto, todo ello al margen de la ley de contratos y normalmente con el sobreprecio correspondiente, ya sea por la inseguridad en el cobro o por la condición de “allegado”. Asimismo aumentaría el interés del empresario por pedir, antes de mover un ladrillo, su copia del contrato con la certificación de existencia de crédito presupuestario.

    • JJSanMartin
      JJSanMartin Dice:

      Las administraciones no deberían tener un deficit estructural, solo coyuntural.
      para controlar el déficit es más lógico el presupuesto en base cero en la Administración

  5. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Bienvenido al blog Julián. Este tema de la reforma local da para mucho, efectivamente. Parece que esta es la reforma local menos mala para los políticos, y aún así se les está rebelando el personal.A mí como ciudadana me gustaría que me diesen datos y explicaciones rigurosas. Las diputaciones son nidos de corrupción y clientelismo muy relevantes en España, con casos escandalosos como la de Fabra (Castellón) o la de Baltar (Orense). Son especialmente opacas, y muy apropiadas para colocar a personas afines con sueldos estratosféricos sin ninguna responsabilidad frente a los ciudadanos. Por no hablar de contratos y demás fuentes de clientelelismo/corrupción. También por sentido común y porque lo han hecho así los países de nuestro entorno me parece mucho mejor la fusión de municipios. Pero se ve que esto no les interesa a ellos, aunque sí, y mucho, a los ciudadanos. Más de lo mismo, en definitiva.

    • JJSanMartin
      JJSanMartin Dice:

      Elisa, gracias por incluir el texto en vuestro blog.
      La verdad es que la reforma de la administración da para mucho, pues su casuística es muy variada.
      pero hay algunos puntos en común, como las economías de escala
      Las administraciones locales a partir de 20.000 habitantes suelen tener la capacidad de gestionar los ingresos públicos por sus medios y de prestar unos servicios decentes a los ciudadanos. Algunos incluso desde 10.000
      Los minipueblos no lo pueden hacer y sería mejor fusionarlos

  6. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    En mi opinión:

    – Diputaciones provinciales elegidas por sufragio universal y directo entre los empadronados en los municipios menores de 20.000 habitantes. Diputados provinciales semiprofesionales.

    – Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes:

    a) Concejales se reúnen en pleno una vez al mes, no profesionales.

    b) Los servicios públicos los prestan las diputaciones provinciales.

    – Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y menores de 120.000:

    a) Determinados servicios pasan a prestarlos las Diputaciones con carácter obligatorio.

    b) Gestores profesionales y concejales semiprofesionales.

    – Ayuntamientos mayores de 120.000 habitantes:

    a) Servicios tasados con supresión total de “competencias impropias”. Pueden encomendarlos a la Diputación.

    b) Gestores profesionales y concejales semiprofesionales, a excepción de los integrantes del equipo de gobierno.

    Con carácter general, incluyendo administración estatal y autonómica:

    – Se prohíbe la percepción de cantidad alguna por parte de los representantes de los partidos o de las corporaciones públicas en todos los entes públicos autónomos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica (consorcio, mancomunidad, patronato, fundación, sociedad pública, etc.

    – Se prohíbe la percepción de cantidad alguna por parte de los gestores políticos (del gobieno o la oposición) si la administración correspondiente no cumple el objetivo de déficit.

    Es que si cobran poco no irán los mejores. Bueno, ahora se forran y no son exactamente los mejores.

    Lo importante es que vayan los mejores gestores profesionales. Quienes realicen el control político no tienen por qué ser profesionales. Es más, mejor que no lo sean.

    • JJSanMartin
      JJSanMartin Dice:

      ENNECERUS
      No se da cuenta que si los servicios los prestan las diputaciones estamos degradando la democracia?
      Porque tendríamos a un responsable político, concejal, que no es el responable de la comptencia ni de prestar el servicio, pues lo haría otra institución, y eso no es democrático. para quer valdría el concejal? para nada
      Creo que la mejor opción es la fusión de las unidades administrativas de los pueblos para que se puedan prestar unos sevicios de calidad y ser los responables de ellos
      las diputaciones son un nido de amigantes y clientes políticos. Yo quiero votar a mis representantes, Usted no?

  7. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Estoy siguiendo también el texto de anteproyecto que se comenta en el post, no sólo por su repercusión en la parte económica, sino también porque considero que es la ocasión de diseñar un modelo más actual de este tipo de administraciones públicas. En este sentido entiendo que (como todo lo que se va haciendo), adolece de una cierta timidez para acometer con una Ley Orgánica (el tema lo merece) una nueva redacción de lo que es o debe ser esa administración local, en lugar de pequeños parches y modificaciones en la normativa actual. Coincido con la mayor parte de los comentarios realizados y echo de menos la posibilidad de que estas reflexiones desde el sentido común y la razón, no pasen de ser disquisiciones teóricas en este importante blog. ¿Para cuando un compromiso político mayor de todos? Sería muy interesante que estas propuestas, ideas y sugerencias encontrasen eco en la propia presidencia del gobierno desde una posición de pensamiento político organizada.
    Entrando en materia y a pesar de toda la timidez del proyecto, me parece un paso positivo para ordenar el sector público en el que se cuelan todavía algunas trampas como:
    a) El mantenimiento de las llamadas empresas públicas (aunque sea con salvedades hábiles) que, o son institucionales, o son privadas, pero es un error mayúsculo el mantenimiento de estos “entes” que no traen más que quebraderos de cabeza jurídicos o financieros.
    b) El mantenimiento de los “de confianza” (aunque más reducidos) ya que si un gestor público no confía en los funcionarios a su cargo, debe renunciar al puesto.
    c) El mantenimiento de los “brokers” (intermediarios) administrativos en forma de mancomunidades, diputaciones y demás parafernalia de consejos asesores, etc. que no debían jugar ningún papel en la actual organización del Estado. O tenemos CC.AA. o tenemos diputaciones pero las dos cosas son excesivas.
    d) El mantenimiento de un sistema de retribuciones de “directivos” o “cargos” que constituye un agravio comparativo con el sistema de retribuciones reglado para toda la Función Pública. Si se está en ella, es con las condiciones en que lo está el resto de funcionarios, si no, siempre hay la posibilidad de que los nombren presidentes de una multinacional por ser los mejores. ¡Ah! Que no me hablen de su vocación política….
    e) Para terminar: ¿Qué papel hacen las CC.AA. en esta reforma si los órganos reformados dependen de ellas? O se las reforma también aprovechando la ocasión o puede ser la tormenta perfecta jurídico-administrativa. Lo que nos faltaba.

  8. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Estoy de acuerdo con todo menos con un pequeño detalle. La Concentración de municipios. Más caras son las Autonomías y mucho más daño hacen.

    Por ofrecer un ángulo alternativo a una de las cosas que se están intentando hacer desde las grandes ciudades:
    Fusionar municipios pequeños.
    Lo siento, soy de pueblo y me gustaría seguir siéndolo.

    Como saben todos los vecinos de pueblos pequeños lo de los “servicios municipales” no va con nosotros. Ni los tenemos ni los queremos. Tenemos familia y vecinos. Nos Basta.
    “Semos” bastante autónomos e independientes

    Esto es, precisamente, lo que está buscando el IBEX-35. Nuestro Shadow Public Sector. Que nos hagan DEPENDIENTES.

    “A ver, póngamelos en línea, bien formados, la mano izquierda tocando el hombro del que tienen delante y en cuanto suene la campana comiencen el desfile por caja”.

    Los municipios pequeños son más baratitos que los grandes, son sitios maravillosos para vivir, nos conocemos y los alcaldes no pueden hacer cacicadas porque se les cae el pelo para varias generaciones. Muchos no cobran.

    Pues bien….., esto molesta.

    ¿Cuál es el problema? ¿Que no tenemos masa crítica para que le interese a FCC o a Aguas de Barcelona?

    Ningún problema, nos lo resolvemos nosotros como siempre hemos hecho. Y si hace falta con trabajo voluntario y sin cobrar un duro. (Como creo que todavía figura en la ley)

    No perdamos la memoria.

    Recordemos la Ley de La Chapelle.

    Entre el 1 de Julio de 1789 y el 26 de Octubre de 1795, la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa y la Convención Nacional de Francia pasaron en conjunto un total de 15,479 leyes para alcanzar libertad, igualdad y fraternidad-

    Sin embargo, en 1795 es posible argumentar que la sociedad francesa estaba más lejos de alcanzar esos ideales que antes de la Revolución.
    La libertad estaba fuertemente restringida, la fraternidad era un mito y la desigualdad de las castas había sido reemplazada por la dominación de aquellos miembros de la clase media –los notables–que se habían beneficiado del pillaje de las propiedades eclesiásticas y de la aristocracia.

    La paradoja de la Revolución Francesa fue que, en nombre de la libertad, destruyó aquellas organizaciones que habían limitado las tendencias absolutistas de la Monarquía de los Borbones.

    El 14 de Junio de 1791, la Asamblea Nacional de Francia llegó a pasar una ley que tenía el objetivo específico de destruir todas las organizaciones y asociaciones intermedias en la sociedad Francesa. Loi de la Chapelle.

    Su preámbulo decía:

    “No hay ya más corporaciones en el Estado; no hay ya nada excepto el interés de cada individuo y el interés general. No se permite a nadie inspirar intereses intermediarios entre los ciudadanos, para separarlos del interés público por medio de un espíritu corporativo”

    Dicha ley dejó al individuo desnudo frente a la todopoderosa “Voluntad General” ¿definida por quién?

    Están tan desesperados que van a destruir la memoria para salvar sus Taifas.

    Salut

  9. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    Disculpe JJ SanMartin, igual no ha leído bien mi comentario o no me he explicado del todo bien.

    – Lo primero que digo es que las Diputaciones se elijan con sufragio universal directo y secreto.

    – Lo segundo es que los servicios que deban prestar las entidades locales sean exclusivamente los “obligatorios”. Es decir que se prohíba a los entes locales la realización de competencias impropias: subvenciones para o por “crear empleo”, “políticas sociales”, “ayudas a la inmigración”, “cooperación al desarrollo” y un larguísimo etcétera. Eso no tienen por qué hacerlo las administraciones locales, que están para otras cosas, la administración de las cosas

    • JJSanMartin
      JJSanMartin Dice:

      Gracias ENNECERUS por sus comentarios
      Los ayuntamientos son el primer eslabón de proximidad y participación de los ciudadanos.
      Estoy de acuerdo con usted que para eliminar despilfarros sean competencias obligatorias báscias
      Ahora bien, por esa proximidad, los Aytos., por lo menos los mayores de 20.000 habitantes, estan capacitados de desarrollar políticas de Servicios Sociales, por ejemplo.
      Lo que yo sugiero es que esta competencia, la de SSSS, que es de las CCAA, se traspase a los Aytos. mayores de 20.000 habitantes en exclusiva, para no duplicar, y con FINANCIACIÓN INCONDICIONAL, es decir, que la CCAA durante 5 años tenga provisionado fondos en sus presupuestos por Ley para ceder esta competencia
      Y qeu los ayuntamientos tengan una partida, tb. máxima por ley, para que puedan hacer política no obligatoria. Por ejemplo, cuando los ervicios básicos obligatorios estén cubiertos y con la calidad standar exigida, puedan disponer de un 5% del presupuesto para ampliar políticas de SSSS. por ejmeplo

      en el caso de las diputaciones yo nos la veo. Creo qen un Estado con 3 administraciones. AGE, CCAA y Aytos. Nada en el intermedio Por ello en UPyD pedimos la fsuión de los aytos.
      Un saludo

  10. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    Gracias JJSanmartin por su amable contestación.

    Mi modelo de administración local es la del civil manager con contrato anual de ese condado de los USA de unos 60.000 habitantes donde vive un afamado economista de Fedea.

    Hay que proceder a una liquidación concursal ordenada de lo público antes de que todo estalle con nosotros dentro. Obviamente toda liquidación es un proceso que lleva tiempo y lo primero es poner orden en las cuentas y en los cuentos.

    Comprendo que desde la política, el arte de lo posible al fin y al cabo, la perspectiva es diferente. Pero en mi opinión toda reforma que no esté enfocada en la estrategia de devolver competencias a la sociedad y a sus individuos está condenada a la decadencia primero y al fracaso después.

    No es el motivo del post y por ello pido disculpas pero me asusta con jota pensar qué ocurrirá cuando apenas hayamos salido de la crisis de deuda y estalle la crisis de las pensiones. Eso pasará hacia el 2020.

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