Vetos en el Parlamento Regional de la Comunidad de Madrid

En un régimen democrático es esencial que en el parlamento se puedan discutir aquellos asuntos que los distintos diputados o grupos parlamentarios presenten, sin más límite que el respeto a las reglas parlamentarias. Pues bien, en la Asamblea de Madrid es práctica habitual en esta legislatura que la Mesa impida el debate sobre aquellos asuntos que al Grupo Popular le incomodan mínimamente, en la mayoría de las ocasiones bajo argumentos la mar de peregrinos. Justamente  han impedido la tramitación de dos iniciativas del Grupo de UPyD que pensamos que responden al interés de los ciudadanos.
 
La primera, una proposición no de ley en la que se planteaban medidas contra el nepotismo y el patronazgo en la administración autonómica. Y la han inadmitido porque dicen que con ella se da por hecho que existe nepotismo y su presidente ha recomendado al Grupo que tenga más cortesía parlamentaria. Debe de ser por eso de que las cosas de familia se han de tratar en casa, con educación y sin que se enteren los vecinos (en este caso los ciudadanos).
 
La segunda, una petición de comparecencia del “Consejero de Economía para que explique la evolución de las negociaciones entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Las Vegas Sands, a efectos de convocar el concurso público para la puesta en marcha de Eurovegas bajo la figura legal de centro integrado de desarrollo”. Esta comparecencia la han denegado diciendo que podía indicar que el Gobierno Regional estaba prevaricando. Ellos sabrán porque dicen que esas negociaciones pueden ser constitutivas de prevaricación. Lo cierto es que existen, y que día sí y otro también sacan pecho de sus logros y del empleo que van a generar. Su deber sería explicarlas en el parlamento para saber cómo se van a concretar en el concurso que van a sacar a instancias de esa empresa.
 
Estas denegaciones no son un hecho aislado. Cualquier tema escabroso que toque mínimamente cómo han ocupado los partidos políticos y puesto a su servicio las instituciones han procurado vetarlo: ya fuera Caja Madrid y su sresponsabilidades por su ruinosa gestión; la corrupción; o los fallos del control externo de las cuentas de los ayuntamientos y la responsabilidad de alcaldes y concejales. En concreto, al Grupo de UPyD le han impedido tramitar más de cuarenta iniciativas sobre estos asuntos.
 
El Tribunal Constitucional tiene dicho que “las Mesas de las Cámaras (…) han de limitar sus facultades de calificación y admisión a trámite al exclusivo examen de los requisitos reglamentariamente establecidos. De lo contrario, (…) estarían obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria”(F. 3 STC 78/2006, de 13 de marzo). Es evidente que a la luz de estas sentencias la Mesa de la Asamblea de Madrid está limitando el debate político. En consecuencia, la calidad de la democracia en la Comunidad de Madrid deja mucho que desear.
 
Estas decisiones son una muestra más del miedo que tienen a responder de sus actos y a que se haga luz sobre sus prácticas. No será fácil que cambien, pero si no lo hacen no saldremos del marasmo institucional en el que estamos. Mucho ha de cambiar ese parlamento regional, si quiere tener legitimidad para justificar su existencia.

4 comentarios
  1. Alberto G.
    Alberto G. Dice:

    Siguiendo los post anteriores sobre los actos políticos, cabría preguntarse sobre el exceso de considerar actos “políticos” de los parlamentos como impunes al control judicial, lo q es especialmente significativo cuando se trata de restringir el debate o calificar ciertas cosas como sagradas: de lo que no se puede hablar. Esto habla a las claras de la baja calidad de nuestra democracia o incluso del sentido de algunos parlamentos autonómicos refractarios al mínimo control de los medios, pues estas cosas no salen en la prensa ¿por qué será?

  2. Alberto G.
    Alberto G. Dice:

    Siguiendo los post anteriores sobre los actos políticos, cabría preguntarse sobre el exceso de considerar actos “políticos” de los parlamentos como impunes al control judicial, lo q es especialmente significativo cuando se trata de restringir el debate o calificar ciertas cosas como sagradas: de lo que no se puede hablar. Esto habla a las claras de la baja calidad de nuestra democracia o incluso del sentido de algunos parlamentos autonómicos refractarios al mínimo control de los medios, pues estas cosas no salen en la prensa ¿por qué será?

  3. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    La Comunidad de Madrid (por cierto sin ninguna identidad regional o cultural que la avale), es una muestra más del poder adquirido por los gobiernos autonómicos que incluso desafían al Gobierno de la Nación. Creo que ya es hora de que se decidan a revisar en profundidad el sistema autonómico y, si es preciso, reconducirlo a lo que debería ser: una simple delegación de gestión del Estado en las regiones. Y punto. Los estatutos de autonomía han provocado un verdadero caos jurídico y administrativo. La representación legislativa regional no tiene sentido ante la orientación jurisdiccional hacia las directivas europeas. La gestión de los servicios públicos se ha multiplicado para justificar el crecimiento exponencial de las estructuras administrativas, institucionales y hasta mercantiles. Y encima nos han costado (y nos cuestan) un “pastón” que ya nadie puede asumir a no ser con el incremento de la deuda. El control real del déficit pasa por hacer cirugía de hierro en las CC.AA. pero para eso hay que echarle narices…. El problema es que si no lo hace el gobierno actual con su mayoría absoluta y de acuerdo con la Constitución, puede que tengamos que lamentar situaciones de conflicto mayores y más dramáticas. Ojalá no sea así.

  4. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    La Comunidad de Madrid (por cierto sin ninguna identidad regional o cultural que la avale), es una muestra más del poder adquirido por los gobiernos autonómicos que incluso desafían al Gobierno de la Nación. Creo que ya es hora de que se decidan a revisar en profundidad el sistema autonómico y, si es preciso, reconducirlo a lo que debería ser: una simple delegación de gestión del Estado en las regiones. Y punto. Los estatutos de autonomía han provocado un verdadero caos jurídico y administrativo. La representación legislativa regional no tiene sentido ante la orientación jurisdiccional hacia las directivas europeas. La gestión de los servicios públicos se ha multiplicado para justificar el crecimiento exponencial de las estructuras administrativas, institucionales y hasta mercantiles. Y encima nos han costado (y nos cuestan) un “pastón” que ya nadie puede asumir a no ser con el incremento de la deuda. El control real del déficit pasa por hacer cirugía de hierro en las CC.AA. pero para eso hay que echarle narices…. El problema es que si no lo hace el gobierno actual con su mayoría absoluta y de acuerdo con la Constitución, puede que tengamos que lamentar situaciones de conflicto mayores y más dramáticas. Ojalá no sea así.

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