El juez Elpidio Silva y la justicia (formal)

 

Los autos del juez Silva ordenando el ingreso en prisión del Sr. Blesa, el primero con fianza (que fue inmediatamente satisfecha) y el segundo sin ella, han suscitado en los medios un aluvión de comentarios y reacciones sobre la deficiente instrucción del caso, con el consiguiente riesgo de anulación de las actuaciones y perjuicio a la investigación que todo ello puede implicar. A la vista de cómo ha gestionado el juez su recusación por parte de la defensa del Sr. Blesa (a través del socorrido expediente de las piezas separadas que ya hemos criticado en este blog) y de otras irregularidades relacionadas especialmente con la falta de motivación, hasta el fiscal se plantea interponerle una querella criminal por prevaricación.

 

Al hilo del caso nos hemos enterado también que el juez ha acumulado durante su dilatada carrera expedientes disciplinarios de todo tipo, que se iniciaron en junio de 1994 (hace casi 20 años) con una sanción por desatención de su órgano jurisdiccional. En 2009 le fue impuesta otra sanción por desatención a los requerimientos de sus superiores, pero recurrió al TS que la dejó sin efecto. En 2010 volvió a ser sancionado por lo mismo, pero de nuevo el TS la anuló por haber caducado el expediente. En la actualidad tiene abiertos en el CGPJ un expediente por dos faltas muy graves y una grave que pueden conllevar (teóricamente, es decir, si no caduca el expediente) la separación de la carrera. Los motivos son el retraso injustificado en la tramitación, la falta de motivación (la de los autos citados no destaca por su profundidad, eso hay que reconocerlo) y la desconsideración hacia los funcionarios de su juzgado. También está siendo investigado por la fiscalía de Madrid por comportamiento poco adecuado durante sus actuaciones judiciales. Nos hemos enterado también que el CGPJ trató de jubilarle por incapacidad en 2008, pero que no prosperó porque el servicio médico dictaminó en contra.

 

De todo eso nos hemos enterado ahora, gracias al Sr. Blesa. Aunque seguro que los que sufrieron sus retrasos, desatenciones, desobediencias y desconsideraciones se enteraron mucho antes, pero, vaya, no eran ex presidentes de Caja Madrid. Verdaderamente, esta circunstancia por si sola nos permitiría rechazar la alegación de que se está cometiendo una injusticia con el Sr. Blesa. Porque ya sabemos desde el tiempo de Aristóteles que uno de los componentes fundamentales de la justicia (el formal) es la igualdad, es decir, tratar de manera idéntica casos iguales, y lo cierto es que, a la vista de sus antecedentes, el juez Silva ha tratado siempre de la misma manera a los usuarios del servicio, y ello a la vista, ciencia y paciencia (mucha paciencia) del CGPJ y del TS. Otra cosa es que ese trato no haya sido muy adecuado (en el aspecto material de la justicia, ciertamente), pero por lo menos el Sr. Blesa no puede alegar que el juez le esté tratando de manera discriminatoria.

 

No, no pretendo ser gracioso, solo constato que este caso viene a confirmar, una vez más, una regla general de funcionamiento de la judicatura en España (y no sólo de la judicatura, claro) confirmada de manera estentórea por el caso Garzón, que consiste en que un juez puede hacer de su capa un sayo en perjuicio de los sufridos usuarios sin que se le aparte del servicio hasta que, con ocasión de un acontecimiento de importante repercusión mediática (es decir, comete el exceso en un caso sensible) se le propina un bajonazo lateral sin respetar en lo más mínimo las reglas de la tauromaquia para retirarlo de una vez por todas del ruedo judicial. Por ello, si el fiscal termina por presentar la querella vaticino sin ninguna duda que va a prosperar, pese a que la práctica torticera de las piezas separadas esté tan extendida que ya ni llama la atención.

 

Y sin embargo, ¿no es mucho más lógico exigir responsabilidades a los jueces en su momento? Sobre eso hemos escrito mucho en este blog (por ejemplo, aquí y aquí). Pero, claro, tienen que ser de las que no caducan y de las que suponen en caso de reiteración una separación de la carrera judicial. Porque el riesgo de no hacerlo en el momento oportuno es que ahora, como ocurrió con el caso Garzón, la opinión dominante en la calle será que a los jueces se les aparta, no por desobedientes o incompetentes, sino por haberse atrevido a investigar la memoria histórica o meter en la cárcel a un banquero. Se alegará entonces que la Justicia es corrupta, cuando en realidad lo único que pasa es que funciona de manera deficiente.

 

Como ocurre continuamente en nuestro país, la falta de un buen sistema de asignación de responsabilidades nos lleva a identificar mal los problemas, y muchas veces (claro, esto es España) de manera interesada. Ahora resulta que con ocasión de este caso se recuperan los comentarios de Napoleón sobre el poder de los jueces de instrucción, y se propone que sean los fiscales los que instruyan. No es que la idea sea en mala en sí misma (depende, como siempre, de cómo se haga, y sobre todo, de que primero se reforme profundamente el estatuto del Fiscal para garantizar su independencia), pero en cualquier caso es improcedente utilizar esta instrucción como argumento, como si los fiscales fuesen cuerpos santos inmunes a los problemas que afectan a todo nuestro sector público. Con ese mismo argumento, a la vista del caso de la infanta, se podría solicitar que los fiscales no pudiesen recurrir las imputaciones realizadas por los jueces de instrucción.

 

En definitiva, que con el actual sistema puede haber poca justicia material, pero menos aún formal. Porque gracias a la repercusión mediática de ciertos casos y al imponente equipo de abogados de las defensas (que a veces incluyen hasta los mismísimos fiscales) se adultera ese componente fundamental de que se trate a todos los ciudadanos de la misma manera (preferentemente bien, pero de la misma manera). Unos conseguirán revertir las consecuencias negativas de un mal sistema gracias a su mayor poder, mientras que otros seguirán sufriéndolas a la sombra de los medios.

 

Como decía Perelman, “pour la justice, seule la pesée compte”. Pero, como muestra nuestro logo –y no tanto por corrupción como por ineficiencia- aquí la pluma sigue pesando más que el plomo.

 

 

 

16 comentarios
  1. Próspero
    Próspero Dice:

    No deja de asombrarme la negligencia con la que el CGPJ desempeña una de sus funciones esenciales, hasta el punto de que fundamenta la existencia misma de este órgano: la potestad disciplinaria, que le asigna directamente la Constitución. Suele oirse (e incluso leerse) que el CGPJ es muy “blando” a la hora de sancionar a a los jueces, que unos se tapan a otros, “and so on”. Creo que es una percepción errónea. El CGPJ ejerce su potestad disciplinaria de manera aparentemente rigurosa, si sólo atendemos a los datos de sanciones impuestas, sobre un colectivo no muy numeroso. Lo que ocurre es que la actuación del CGPJ en esta materia es completamente imprevisible y cae a menudo en la arbitrariedad. Jueces intachables, a los que se les ha pasado un plazo, son sancionados de manera inmisericorde, mientras que auténticos orates (no es preciso poner ejemplos) se mantienen en el ejercicio de la jurisdicción. El CGPJ parece impotente para expulsar de la Carrera Judicial a personas que causan gravísimo daño a la Justicia, a su imagen ante los ciudadanos y -cada día- a personas concretas y determinadas. ¿Cómo es posible que caduque un expediente disciplinario, cuando el cambio jurisprudencial sobre sus efectos se produjo hace años, por Sentencia del Pleno de la Sala Tercera, de 27 de febrero de 2006? ¿todavía no se han enterado los más de cien “letrados” que pasan cómodamente sus días en el Consejo? ¿o es que se dejan caducar selectivamente, como si de infracciones urbanísticas se tratara?

  2. Isidro
    Isidro Dice:

    Sobre la búsqueda de responsabilidades de los jueces siempre han de exigirse, pero con mucha diferencia los jueces se tratan del cuerpo con mayor número de sanciones disciplinarias de todos los altos funcionarios del Estado. Y el resto también son opositores, de muchos años e incluso muchos más temas,, a ver si sólo los jueces se van a volver locos por opositar como algunos acusan.

    Sobre los expedientes disciplinarios de este Juez, alguien me puede decir cuál es la información correcta. Porque se le acusa de tener múltiples sanciones disciplinarias en curso e impuestas y se publica un certificado que dice que no constan antecedentes disciplinarios.

    http://s01.s3c.es/imag/doc/2013-06-07/certificado-juez-blesa.pdf

    A ver si luego va a resultar que las cosas no son cómo creíamos que eran…

  3. Francisco Herranz
    Francisco Herranz Dice:

    Le he sufrido, y mis clientes más, en varios procedimientos y la descripción del artículo se queda casi ridícula.
    Muy buen artículo.
    Saludos.

  4. Josef K.
    Josef K. Dice:

    Muchas gracias por su post; porque hay jueces que no motivan sus resoluciones y tratan con la punta del pie a los ciudadanos y nadie los denuncia, como usted bien dice, porque no son ex presidentes de Caja Madrid.
    Enhorabuena.

  5. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    Se supone que en el CGPJ hay veinte vocales con (todavía) dedicación exclusiva, más el presidente, o sea 21, y además un ingente cuerpo de letrados, facultativos, inspectores… Una infinidad de jueces sustraídos del sitio donde tendrían que estar (o sea, el ejercicio de la jurisdicción en sus juzgados, celebrando juicios y dictando sentencias)… y sin embargo no son capaces de gestionar adecuadamente sus competencias. ¿Qué está fallando aquí?

  6. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Teniendo en cuenta el corporativismo reinante, no sorprende nada lo que se cuenta en el post, y lo curioso es que solo nos enteramos efectivamente cuando afecta a algún “poderoso” por el que, por otra parte, nadie siente simpatía alguna. De los anteriores a los que sin duda “les ha tocado” nada se sabe, no serán gente importante. En fin, en todos los colectivos ocurren estas cosas, y en la mayoría de ellos efectivamente no se depuran responsabilidades disciplinarias de ningún tipo. Todos sabemos de compañeros que están en activo (me da igual si son fiscales, inspectores de hacienda, abogados del Estado, notarios, registradores o lo que sea) que no deberían estarlo por distintos motivos. Se les protege y luego nos extrañamos de que pasen estas cosas. Claro que con un juez te la juegas bastante más, pero el problema de fondo es el mismo siempre. Una pena.

  7. Juan Ciudadano
    Juan Ciudadano Dice:

    Respecto a la prisión provisional de Blesa y a una posible comisión de un delito de prevaricación.

    En nuestro sistema procesal penal la prisión provisional solo cabe en tres supestos:
    1º Riesgo de fuga; es decir, que de quedar en libertad el imputado exista un riesgo evidente de que intente eludir la acción de la Justica, bien porque la pena privativa de libertad que corresponde al delito imputado sea muy elevada (cuanto más elevada más riesgo), como ocurre en los casos de delitos de asesinato, homocidio, agresiones sexuales, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, cuando se trata de cantidad de droga importante, etc., que no es el caso; o bien por falta de arraigo en España, pensemos en un extranjero que no tiene en España familia, empleo, negocios, empresas o bienes inmuebles, que tampoco es el caso.
    Además, ocurre que para disuadirle de una posible fuga ya se le impuso una fianza de 2,5 millones de euros, que en el caso de que se fugase se adjudicaría inmediatamente a la Hacienda Pública, y que no recuperaría aunque más adelante fuese detenido en el extranjero y extraditado a España.
    2º Riesgo de reiteración delicitiva, lo que me parece más que improbable, ya actualmenteque Blesa no preside consejo de administración de Banco alguno ni por su trayectoria lo va a presidir en el futuro.
    3º Riesgo de que de permanecer en libertad destruya pruebas que le incriminen, obstaculizando de este modo la acción de la Justicia. En este caso se trataría de pruebas documentales que se encuentran en la sede de BANKIA.
    Sobre esto si cuando cesó como presidente de Caja Madrid se le pasó por la cabeza que algún día le iban a imputar algún delito por su mala o dolosa gestión, lo probable es que se llevase cualquier documento que pudiera incriminarlo o que pudiera servirle de instrumento de presión sobre terceros que tuviesen alguna capacidad de ayudarle a eludir su responsabilidad, como la experiencia demuestra que se hace (pensemos en el caso Bárcenas), y si fue tan confiado que no se los llevó pensando que nunca le iban a exigir responsabilidad alguna ya no puede hacer nada, porque el material incriminatorio está a disposición del nuevo presidente; por lo que a estas alturas es extemporáneo acordar la prisión provisional por tal motivo.
    A parte de estar incurso en alguno o algunos de estos supuestos enumerados es preciso, además, que existan indicios racionales de criminalidad (el denominado fumus delciti comissi); o, como diría la Audiencia Provincial de Baleares (caso Urdangarín), indicios vehementes de criminalidad, que en este caso, en el estado en que se encuentra la investigación, no se han puesto de manifiesto claramente.
    Una lectura del auto de don Elpidio pone de manifiesto que así es.
    A partir de aquí cada cual puede reflexionar sobre la posible comisión de un delito de prevaricación a la luz de la sentencia del TS en la que condena de Baltasar Garzón por las escuchas a los abogados en el caso Gurtel.

  8. Javier Navarro
    Javier Navarro Dice:

    Muy acertado el artículo. Es la realidad de los juzgados y tribunales de España.
    Sin embargo es curioso que dos de los de los colectivos más numerosos e importantes en el sistema judicial no tienen vela en esos entierros: abogados y procuradores. No creo que les haga ninguna gracia a muchos togados con puñetas, pero sería muy conveniente que en los expedientes disciplinarios de jueces, fiscales y secretarios (que no vean las que están armando éstos últimos con las nuevas competencias que les atribuyeron y la escasa preparación y criterio que campea en las secretarías) tuvieran intervención efectiva esos dos colectivos profesionales, que son quienes conocen y sufren de primera mano, las actuaciones de los jueces y magistrados tocados por el cielo. Pero esa breva no cae.

    • Pablo Fernández de la Vega
      Pablo Fernández de la Vega Dice:

      Don Javier, soy magistrado, y no me ha tocado el cielo.
      No me parece mal que los colegios de abogados tengan alguna intervención en la materia que usted dice, pero también, y en justa reciprocidad, admitirá que los órganos representativos de la carrera judicial tengan algo que decir en los expedientes disciplinarios de los abogados.
      En cuanto a la descalificación general que se hace de los secretarios judiciales, es injusta, y como todas las descalificaciones de esta índole, gratuita.
      En mi práctca cotidiana me encuentro, en algunas ocasiones, como me imagino que usted también, con algunos abogados incompetentes, pero no por eso generalizo, porque sería, como he dicho, gratuito.
      Creo que debemos ser más prudentes a la hora de valorar el trabajo ajeno.

  9. José Manuel Sánchez Tapia
    José Manuel Sánchez Tapia Dice:

    Los altavoces mediáticos provocan, a veces, el efecto perverso de hacer parecer generalizado lo que en realidad son excepciones. Creo que los jueces son un colectivo de miles de sufridos “currantes”, con una remuneración que me atrevo a calificar de indignante (insultante, si comparamos con otros funcionarios de la propia Administración de Justicia, cómodamente adscritos a sus horarios, reglamentos y sindicatos) y a los que progresivamente se les merma el poco control que ejercen ya sobre sus propios juzgados, de los que son finalmente responsables.
    Perdonad que con este comentario me salga del tema del post, por el que felicito a Rodrigo, pero no puedo evitar pensar que, cuando hablamos de problemas de la Justicia, el último de ellos, con flagrantes excepciones, son los propios jueces.

  10. Javier Navarro
    Javier Navarro Dice:

    S.Sª Disculpe el exceso, pero prefiero ser franco y manifestar lo que veo y leo en el día a día que ser educado (salvo en sala, eso sí) y callar.
    Coincido con usted sobre un numeroso grupo de abogados que no son solo incompetentes sino muchas veces temerarios, y también coincido con usted en que los colegios de abogados y procuradores deberían ceder una parte sustancial de sus atribuciones en la cuestión disciplinaria, aunque es verdad que los jueces disponen de la facultades que la LOPJ les otorga, si bien una sola vez lo he visto en estos 20 y tantos años.
    Sobre las secretarías, siento discrepar de usted. Con las atribuciones en las ejecuciones (una parte sustancial del sistema de justicia que tenemos), es verdad que algunas veces han mejorado las mismas, pero el día a día me sigue mostrando un mezcla desgraciadamente frecuente de cierta arbitrariedad, desconocimiento de la norma y en algunos casos prepotencia procesal, y frente a eso hay poco remedio con las tasas,las puñetas y el sistema de recursos de por medio. Supongo que lo mismo apreciarán ustedes con los abogados, pero los letrados se deben a su cliente, lo que puede excusar una gran parte de sus meteduras de pata.

  11. Le Progressier
    Le Progressier Dice:

    Lo que es deficiente es esta entrada. Se nos pretende convencer de que la Justicia ‘no es corrupta, sino deficiente’, porque la supuesta irregularidad cometida por Silva ya fue cometida antes, pero no fue castigada. Y por qué cree usted, brillante tratadista, que será castigada ahora esa irregularidad virtual? Piense sólo un poco más de lo que lo ha hecho para escribir esta entrada y dará con la solución.

  12. Federico V. Marín
    Federico V. Marín Dice:

    Excelente artículo, respecto a lo comentado por otros intervinientes, pienso que razón todos y a su vez concretamente ninguno, porque obedece a ataques y defensas en su sentido y otro. El problema de base recae solemnes señores en las malas costumbres, tópicos de nuestro país en mayor medida. Un licenciado en derecho, es un jurista que puede ser mejor o peor, sin embargo no queremos aceptar la triste realidad, como que de un grupo de 100 estudiantes, existen malos, regulares y buenos; porque de un grupo de funcionarios (secretarios, inspectores de hacienda, jueces y fiscales, no va a existir profesionales malos, regulares y buenos. Entonces el problema reside en que no hay profesionales, al menos suficientes para vigilar y apartar a los malos profesionales, posiblemente por la política instaurada en las instituciones, corporativismos y corrupciones. Estoy a veces un poco harto, soy abogado, que algunos funcionarios (jueces, fiscales y secretarios) te miren por encima del hombro como si fueras más tonto que ellos, o una cuestión de posición elitista. Juristas somos todos, y todos los gremios hay por estadística de todo tipo de valía profesional. En definitiva en este país hay mucho borreguismo, ya lo decía el refranero, “el hábito no hace al monje”. No hay ranking elitista, el licenciado puede trabajar en el sector privado (abogado) o entrar en la administración (jueces y fiscales). La persona inteligente (y no solo memorión) no generaliza y tampoco es corporativista. En este país, existe 6000 justicias, cada uno con nombre y apellidos, con sus manías, prejuicios, experiencias, etc es titular de una justicia ; por eso la justicia es un ideal y su aplicación la interpretación de una persona. Las tonterías de algunos medios de comunicación, o personas de que la justicia son unos parámetros iguales en la cabeza de miles de personas es absurdo, y por supuesto el CGPJ debe intervenir a la caza como asuntos internos de estos, y que existe en la juridicatura muchos, pero no todos y menos generalizar. Estoy de acuerdo que solo funden las bielas a sus compañeros cuando hay temas sensibles y relacionados con el poder, sin embargo, a los usuarios de a pie que “se aguanten con los abusos”. Por cierto tengo un caso familiar y paso a relatar brevemente: “Juzgado de 1ª Instancia, antes de un proceso ordinario se establece la cuantía de 75.000 € máximo, en 2 instancia hay errores, pero se mantiene, se presenta a casación, se deniega por ser una cuantía inferior 150.000 €, y a la hora de ejecutar las costas en 1ª instancia, dejan a los abogados presentar (75+75+75+83+179)= 488.000 €, 6,5 veces más de cuantía, se hacen recursos de todo tipo y nada el juzgado “la cuantía esta correcta” no motivan nada más, cuando no había entrado en el T.S. por ser la cuantía inferior a 150.000 €. Al final escrito de irregularidad al CGPJ 130 folios y contestación “res. de los jueces intocables” independientes cuando les interesa. Hay poca integridad y ética, estamos en UGANDA””

  13. Marcos
    Marcos Dice:

    Sería bueno q alguno de los afectados de todos esos intentos de sanción (q por lo visto nunca han prosperado) diese su versión para afianzar este artículo. De hecho, sería bueno haber tenido algún testimonio antes de publicarlo.

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