Puertas giratorias en el sector de la energía: ética, perversión, delito.

En los últimos días ha alcanzado cierta notoriedad un documento presentado por una plataforma de movilización ciudadana (Plataforma por un Nuevo Modelo Energético), ante la Fiscalía anticorrupción, en el que se vienen a denunciar ciertas connivencias con ex políticos de muy alta responsabilidad que forman parte en la actualidad de uno de los sectores regulados de mayor volumen de ingresos tiene en nuestro país: LA ENERGÍA.

 

En el mismo, se describe uno de los problemas que, sin género de dudas, más lastra el sistema económico español. Muchos nos preguntamos por qué se permite tan abiertamente que en los sectores regulados (obra pública, telecomunicaciones, energía, banca,…) encuentren su retiro dorado docenas de políticos nacionales y regionales de toda estirpe. ¿Cómo es posible que en aquellos sectores en los que la libre competencia es la única que decide el mercado no aparezcan la pléyade de “mercaderes de las influencias” que enturbian claramente las decisiones de nuestros poderes ejecutivos y legislativos?

 

Es sabido que la Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas establece con claridad que el personal comprendido en el ámbito de aplicación de aquélla no podrá ejercer el desempeño de actividades privadas sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público, ni la pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione la Entidad en que preste sus servicios el personal afectado (artículo 12). Pero no es menos cierto que también por todos es conocida la laxitud con la que son tenidas en cuenta estas circunstancias y la avidez en la argucia de determinadas personalidades que resuelven la aplicación de la norma con su intervención en empresas participadas. El caso más ostentoso de las últimas fechas ha sido el de la ex Ministra Elena Salgado, que tan sólo tres meses después de cesar como Ministra de Economía, pasó a ser Consejera de CHILECTRA, cuya socia mayoritaria es la mercantil ENERSIS S.A., cuyo 60,62% le corresponde a Endesa Latinoamérica S.A.

 

En cualquier caso, la verdadera enjundia de este problema no radica en que una ex Ministro en concreto decida bordear la normativa administrativa de las incompatibilidades de los supuestos servidores de la cosa pública. Donde radica la verdadera infamia de esta práctica es en la absoluta falta de moralidad de los ex administrandos o incluso de sus familiares, que asumen como perfectamente normal que puedan utilizar su cartera de negocio (o la de sus parientes) originada mientras tenían responsabilidades políticas, para conseguir según que prebendas de los entes que tienen que decidir en la actualidad.

 

Por supuesto que podríamos encontrar ejemplos de extraordinarios profesionales de alguno de los sectores regulados que, después de dos años fuera de la cosa pública regresan a la actividad privada, incluso con cierto grado de vinculación con sus actuaciones anteriores. Pero es que esa situación empíricamente es la extraordinaria. Lo habitual en nuestro sistema actual es que políticos de aquí y de allá, con independencia del negociado que haya dispuesto en su vida política, puedan acabar siendo Consejeros externos de una gran eléctrica o de una entidad financiera.

 

Si a eso le añadimos las constantes referencias de que aquellas empresas, curiosamente acostumbran a ser beneficiadas por la Administración, incluso perjudicando de forma directa a otras empresas, habitualmente de una dimensión mucho más reducida (como denuncian en la Plataforma más arriba indicada), pues se empieza a parecer demasiado esta figura a la que refiere el artículo 429 del Código Penal: “El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior”.

 

Tampoco tiene escaso interés el actuar constante de las empresas en cuestión, que alejadas de cualquier sonrojo por una actuación claramente sospechosa, no tienen apuro en propagar a los cuatro vientos los generosos sueldos que abonan a sus fichajes estrellas, eso sí, bajo el palio de la libertad de empresa.

 

¿Dónde está culpa? ¿En la laxitud de la Justicia?, ¿en la connivencia de la Administración?, ¿en el mantenimiento del legislador?, ¿en el absentismo de la ciudadanía?, ¿en la decadente moralidad de las grandes empresas?

 

Seguramente, un poco en cada uno de los anteriores. Por ello, nos congratulamos de forma sincera en que la parte de culpa de la sociedad dormida, se pretenda redimir con actuaciones como la mencionada, pues alguien tiene que empezar a cambiar las cosas.

 

6 comentarios
  1. Miguel
    Miguel Dice:

    La sociedad tiene que exigir a quien le gobierna que lo haga con rectitud, no pensando en su interés personal. Resulta insultante ver como numerosos expoliticos, sin ser siquiera expertos en un sector, acaban ocupando altos puestos en compañías privadas.

  2. rafael
    rafael Dice:

    Este país necesita una regeneración urgente, aportaciones como estas nos recuerdan que no podemos resignarnos a ser expectadores pasivos.

  3. Carlos López Huesca
    Carlos López Huesca Dice:

    Yo muchas veces me he hecho la pregunta en un momento anterior al que se plantea. La pregunta es, ¿quién debería ejercer determinados cargos políticos? En el primer comentario Miguel nos indica que cómo es posible que un político sin experiencia en el sector pueda desarrollar un cargo de importancia en una gran empresa. Lo que realmente es preocupante, es que exista personas con Altos Cargos Políticos, que no son expertos en la materia correspondiente a su cargo.

    Bajo mi punto de vista, el Ministro de Sanidad, debería ser un Licenciado en Medicina, porque es quien puede ofrecer un punto de vista práctico y teórico de la Medicina, así como identificar los posibles problemas que puedan suscitarse en la Sanidad de nuestro país.

    Cierto es que esta opción tampoco supone una garantía, puesto que el Sr. Gallardón, nuestro Ministro de Justicia, es Licenciado en Derecho, y debido a sus decisiones hay un número importante de personas que se cuestionan de si realmente nuestro Ministro ha pisado un Juzgado en su vida, puesto que parece ser que ve la Justicia de forma diferente al resto de los que nos dedicamos a la profesión.

    En resumen, a donde quiero ir a parar, es que bajo mi punto de vista se debería condicionar el acceso a determinados cargos políticos a la acreditación de unos requisitos mínimos de Formación y Experiencia.

    Finalmente, bajo mi punto de vista, el establecer unos requisitos mínimos no vulneraría el derecho constitucional de libre acceso a cargos políticos en los requisitos establecidos, puesto que los mismos estarían establecidos de antemano, y cualquier ciudadano podría acceder a la formación requerida para ello.

    • Arcimboldo
      Arcimboldo Dice:

      Estimado Sr López Huesca,
      Permítame que no esté de acuerdo con su teoría, que nos conduciría a un rancio corporativismo y a la parcelización de nuestros organismos públicos en función de los distintos lobbys: a cada grupo de interés (médicos, artistas, empresarios, banqueros, profesores, etc) su chiringuito. Y el interés general (art. 103 Constitución Española) que lo satisfagan otros.
      Lo que debe primar en la gestión pública son expertos en la misma. Para ponerle un ejemplo, y sin salir de la medicina, en Francia existe el Cuerpo Superior de Directores de establecimientos sanitarios que son quienes dirigen los hospitales, sin perjuicio de que la atención sanitaria (qué menos) esté en manos de profesionales de la medicina.
      Lo que sí es exigible a cualquier cargo público es esa capacidad de gestión y por supuesto, conocimiento de la materia y el ámbito a dirigir (energía, sanidad, educación, cultura o telecomunicaciones), lo que no implica ser un profesional de la misma, y sin privar tampoco a un médico de poder llegar a ser Ministro de Sanidad. Pero si llega tan alto, que sea por ser un buen gestor y un buen político, y no solo por ser buen médico.

  4. GLENDA
    GLENDA Dice:

    Para Carlos Lòpez Huesca:
    Y de paso, podemos establecer una altura mínima
    Saludos

  5. KC
    KC Dice:

    ¿Dónde está culpa? ¿En la laxitud de la Justicia?, ¿en la connivencia de la Administración?, ¿en el mantenimiento del legislador?, ¿en el absentismo de la ciudadanía?, ¿en la decadente moralidad de las grandes empresas?

    Cuando un país acaba siendo dirigido por ingenieros sociales que están más cerca de un teatro que de un congreso, estas cosas acaban sucediendo. Eso poco nos ha importado hace tampoco tanto. Es cuando vemos cómo funcionan los mecanismos, y cuando todo comienza a derrumbarse porque estaba construido sobre bases muy poco firmes, que nos echamos las manos a la cabeza. Como en otros ámbitos, aquí también hay una prelación, y en este caso está bastante clara.

    Has señalado varias, pero aún te quedarían otras muchas, quizás aún más complejas…

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