No es lo que se gasta sino cómo se gasta: doce déficits públicos más importantes que el económico

 

Hoy en día el debate económico nacional y europeo gira en torno a austeridad-estímulo al crecimiento, reducción del déficit-incremento de la deuda. Sin embargo en esta polémica, hay un elemento que se echa en falta: ¿cuáles han sido las causas reales del incremento del déficit? ¿Con las actuales estructuras realmente se asegura que una mayor inversión pública llegue a su destino y cumpla su función? Hace años cuando se hablaba del incremento de la ayuda al tercer mundo se cuestionaba que sin cambiar las “prácticas corruptas” de los gobiernos de turno, un incremento de la contribución económica no se trasladaría en aumento del bienestar de la población, pues a más ayudas, más dinero que se perdía por el camino. La solución estribaba en o bien dar las ayudas directamente a los afectados, o invertir en mejora del estado de derecho y prácticas saludables en los gobiernos de la zona.

 

Ciertamente España no está como esos países, ni como otros de la Eurozona (en 2009 los ciudadanos griegos pagaron 787 millones de euros en concepto de sobornos, 462 a funcionarios públicos y 325 en el sector privado) pero seríamos ciegos si negáramos que la situación actual hace que un incremento de la inversión pública no se traslade automática y mecánicamente mejora de la economía. ¿Cuánto dinero se pierde por el camino? No existen estadísticas oficiales en nuestro país sobre la extensión y el coste del fenómeno de la corrupción para las arcas públicas, pero en un reciente estudio del Departamento de Geografía de la Universidad de la Laguna se aportan algunos datos que justifican nuestra preocupación: entre 2000 y 2010, 676 municipios españoles estarían afectados por casos de corrupción urbanística, lo que supone que más de la mitad de la población española (56,1%) habría sufrido directamente de su institución más cercana, su Ayuntamiento, el coste de la corrupción.

 

No obstante, el gasto público se pierde por el camino no sólo por la corrupción sino también por actuaciones ineficaces o torpes de nuestro sector público y privado. Es decir hasta ahora el debate austeridad-crecimiento se ha fundamentado en aspectos cuantitativos (cuánto se gasta o no) en lugar de lo importante, que son los aspectos cualitativos: dónde y cómo se gasta lo que se gasta. Pongamos tres ejemplos que recientemente han aparecido en la prensa: el AVE a Lleida tuvo un sobrecoste de 150 millones de euros, se demoró nueve meses más de lo previsto y se inauguró con graves errores de señalización (Vozpópuli, 17/06/2013), el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha decidido alquilar sus tranvías al Ayuntamiento de Sidney porque es incapaz de pagar su mantenimiento (El País, 16/06/2013), o el famoso Plan E (50.000 millones) que por defectos tanto de planificación (en ocasiones se gastaba más en carteles que en obras) como de control, resultó en un fiasco.

 

Pero habría muchos más ejemplos. De hecho, el Estado al parecer carece de datos de cuánto pagan las Administraciones públicas españolas anualmente en materia de: responsabilidad patrimonial, resolución u otros sobrecostes de la contratación o intereses de demora. Bastaría probablemente reducir significativamente esos y otros conceptos (proyectos fallidos, innecesarios o mal diseñados, aprobación de suplementos de crédito por gasto ya comprometidos) para pagar muchas camas de hospital, plazas escolares o I+D+i. En todo caso, ello demostraría que sólo si cambiamos el funcionamiento del sector público (y del sector privado que contrata con éste) podría resultar procedente plantear un incremento del gasto público, porque en caso contrario lo que podemos conseguir es el efecto contrario a lo que perseguimos: aumentar el malgasto y las ocasiones para el enriquecimiento ilícito de agentes varios.

 

El mismo debate erróneo se produce cuando hablamos de financiación autonómica, también aquí todo gira en cuánto se ingresa y no en cómo se gasta. Dejando de lado la paradoja constitucional de que una carta magna moderna legitime privilegios basados en derechos históricos (aquí fueros han tenido casi todos, empezando por muchas ciudades), lo cierto es que un mayor gasto, por ejemplo en funcionamiento y personal, no deriva necesaria y automáticamente en mejora de la gestión. En 2011 las Comunidades Autónomas consumieron un total de 130.000 millones de euros sólo para gasto de funcionamiento, esto es los cuatro primeros capítulos del presupuesto (personal, bienes corrientes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes). Pero la paradoja es que si bien en gasto total las CCAA más gastadoras son las de mayor número de habitantes (Cataluña, Andalucía., C. Valencia y Galicia), hasta aquí algo lógico, en gasto por habitante los primero puestos los ocupan Navarra y País Vasco (delante de la siempre presente Cataluña), es decir las CCAA del cupo, lo que nos lleva a plantear si el principio de igualdad está adecuadamente asegurado en España en cuanto prestación de servicios públicos. Es decir, una primera (y lógica) condición para mejorar la financiación a una Comunidad autónoma, más allá de proclamas identitarias sería que ésta no aparezca como derrochadora, pues otra cosa seria caer en excusas para escapar de la propia responsabilidad transfiriéndola a un tercero y aumentar el agujero fiscal.

 

En conclusión, antes de empezar a aumentar el gasto público se requiere un cambio institucional y legal que lo haga eficaz. Y ¿cómo conseguir ese cambio? Pues aquí planteamos doce déficits estructurales:

 

a)     Déficit de auto-crítica, transparencia y rendición de cuentas

 

Seguimos asistiendo en España a la fiesta de la “irresponsabilidad”. Si hay algo más peligroso que un dirigente incompetente es sin duda un dirigente que presume de ser irresponsable. Y esto se produce también cuando se acude como “excusas” de la propia incompetencia o falta de pericia, a la dictadura de los mercados o al carácter de tal o cual dirigente extranjera.

 

b)     Déficit de medición, evaluación y comparación

 

Aunque la Administración pública no está sometida directamente a la competencia (si bien en parte puede estarlo, como cuando se compite en presión fiscal), ello no quiere decir que deba vivir al margen de cualquier comparación y evaluación con otras Administraciones públicas, potencialmente más eficaces y eficientes. Un hecho singular del Estado autonómico español es la falta de mediciones comparadas y un ranking oficial de eficacia y eficiencia, lo que contrastaba con la abundancia de datos comparados entre Estados, suministrados por organismos internacionales y la propia UE.

 

c)     Déficit de motivación, productividad e innovación

 

Aunque la baja productividad es un problema nacional (que aparentemente sólo somos capaces de paliar bajando salarios y no trabajando mejor), a pesar de ser uno de los países donde más horas se trabajan, esta cuestión se percibe de manera más acuciante en el sector público, que no está sujeto a la presión de la competencia o al peligro de quiebra (aunque algunos bancos y entidades sistémicas les acompañaran en esta consideración). No obstante, cuando se habla de que la Administración en general es poco productiva se obvia el hecho (basta mirar los premios a la excelencia que se convocan anualmente o los certificados EFQM) que, con las mismas reglas, unos organismos son más productivos y eficaces que otros. Lo que falla es el sistema de evaluación e incentivos para convertirse en excelente.

 

Del mismo modo, faltan incentivos a la innovación, la cual sigue sonando a materia subversiva, si no viene impuesto desde arriba, por la “autoridad”, que por su naturaleza suele ser conservadora. Como resultado, los procedimientos administrativos siguen siendo poco flexibles y existen dificultades estructurales para conseguir una gestión rápida y eficaz por la existencia de numerosos controles formales y pocos verdaderamente sustanciales.

 

d)     Déficit de normas eficaces, ejemplaridad y rigor en la gestión

 

La Constitución ha dejado de ser la norma de normas para convertirse en un marco que fija el ámbito de una discrecionalidad, el contenido de un amplio derecho subjetivo del cual son titulares los principales agentes de este sistema, en el ejercicio del poder. Así, cabe entender interpretaciones de la CE en todos sus artículos cambiando los verbos prescriptivos, propios de una norma, por verbos de tipo dispositivo como “podrán…” (v.gr.): “Los partidos políticos ‘podrán’ ser democráticos (si quieren)”, “Los españoles ‘podrán’ conocer el español (si así lo desean)”, “Los poderes públicos ‘podrán’ (si así lo estiman oportuno) garantizar la cohesión económica y social de la nación”, “Las CC.AA. ‘podrán’ ser eficientes (si así lo entienden), y así todo el articulado y un largo etcétera resultante.

 

Tal vez la reforma administrativa que ha emprendido el gobierno pudiera paliar alguna de estas carencias si no se acabara reduciendo a los aspectos cuantitativos (que también hay que abordar) y alcanzara aspectos más cualitativos. En todo caso,  probablemente si se resolvieran estos doce déficits (y alguno más que me he dejado por el camino), que bien podrían ser la verdadera causa del déficit público que ahora nuestra deuda y nuestra calidad de vida, se liberarían recursos para sufragar los servicios públicos y un incremento razonable de la inversión. Sólo abordándolos con coraje merecerá la pena hablar de incrementar el gasto, sino podría darse aquello de “pan para hoy, hambre para mañana”.

11 comentarios
  1. Fernando
    Fernando Dice:

    Necesitamos un gobierno de los mejores, que los talentos entren en política y parece que es complicado, por no decir, imposible.

    Con la clase dirigente que tenemos, la estructura de los partidos, medios afines, clientela, sólo podemos aspirar a mejorar levemente “al ver las orejas al lobo”, pero poco más.

    Si la sociedad civil no termina de implicarse, milagros, los justitos.

    • Isma
      Isma Dice:

      Exactamente. En mi opinión los partidos políticos tradicionales simplemente sirven para dividir, ni izquierdas, ni derechas, ni arribas, ni abajos. Españoles.

      • Jaime de Nicolás
        Jaime de Nicolás Dice:

        Dicho así es un poco fuerte Isma, ¿no? Los partidos son en sí mismos, y hasta en el nombre, divisiones, pero tienen una función que pueden desarrollar quizá muy imperfectamente pero no se ha inventado aun nada para sustituirlos.

        Lo que dice el autor sobre la falta de autocrítica es completamente cierto. Lo curioso es que la autocrítica es directamente proporcional a la credibilidad y la falta de ella, inversamente proporcional.

  2. Serafin
    Serafin Dice:

    Alberto,
    te felicito por tu artículo y valentía. Ha llegado el verano, y has abierto el melón. Y a mi modesto entender, ya tocaba hacerlo. Ahora bien, considero que se ha de distinguir, o metaforicamente, habremos de manejar dos tipos de cuchillo para cortar con precisión. Primero: una cosa son las ineficacias del sistema administrativo (un sistema de riego con posiblemente “muchas fugas”, sí, y cuanta más presión le des al agua, con mayor presión saldrá el agua también por las fisuras) y otras sus causas. Segundo: entre sus causas, creo que se debe deslindar muy bien, pero que muy bien, las provocadas por el mantenimiento de un sistema político-institucional que efectivamente, es caro, muy caro, ineficiente, muy ineficiente y de impacto muy negativo en los medios cuando se muestran sus entrañas. ¿Ha de ser tan caro agregar y dar forma a la voluntad popular de una manera operativa y políticamente manejable sin pérdida de legitimdad? ¿Tan caro es mantener un sistema de partidos políticos? ¿Tan caro y costoso es que obligue a estos a caminar continuamente por el filo de la legalidad como si se tratara de un inversor o apostante suicida? Los episodios de estos días nos lo muestran. Aeropuertos sin aviones, tranvias “de Sidney”, autopistas sin coches… y con coches que hace más de 10 años que la concesionaria habría de haber ejecutado la reversión: tácitamente se le prorroga esta por Conseller comprensivo (o su partido)¿quien ordena -sí, ordena- hacer obra pública y quien la ejecuta materialmente? ¿son el mismo? No, obviamente. ¿Exsite quizá una vinculación espuria entre uno y otro? A esta pregunta sólo responderé que confío plenamente en la labor de Jueces y Magistrados, y en el funcionamiento de la Justicia. Tercero: Obviamente existen otras fisuras en el gasto público que son debidas a un funcionamiento digamos “insano” de la Administración y sus agentes. Sobre este apartado, recomiendo vivamente el libro “Por qué mentimos (especialmente a nosotros mismos – La ciencia del engaño puesta al descubierto)” de Dan Ariely (Ed. Ariel). En el nos encontraremos con las sorprendentes conclusiones que muestra un estudio empírico del engaño: los humanos, incluso los funcionarios, somos tan esencialmente iguales unos a otros…, porque…quien compra vendas para un hospital con sobreprecio pactado…es porque previamente ha pactado con su homólogo del sector privado dicho sobreprecio…. En Conclusión: nuestro sistema político-institucional-administrativo tiene fallos. Unos debidos a lo costoso del mantenimiento de los elementos de formación y toma de decisiones, que, presuntamente, pueden acabar adulterados por los beneficiarios de estas, y otros, por una propensión natural del individuo a, digamos, “transgredir”, en cierta proporción. Lo cual nunca debe ser tolerado y también debe ser perseguido. Estos son los dos cuchillos que se necesitan para trabajar este melón, a mi modesto entender. Bravo Alberto por tu valentía.

  3. Ramón Marcos
    Ramón Marcos Dice:

    Cuanto más te adentras en la forma en la que se ha gobernado en España en los últimos años más claro está que hemos hecho las cosas muy inadecuadamente desde el poder político y las grandes empresas que viven en su entorno. Pero por otra parte, lo cierto, es que si hacemos los cambios necesarios España tiene un enorme potencial de crecimiento y mucha gente muy bien preparada. Lo que hace faltaes romper la trama de intereses viejos que impiden los cambios necesarios y reconducir nuestras políticas para solucionar esos déficits de los que hablas.

  4. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Dice un amigo que “No vale la pena analizar mucho”.

    A estas profundidades de desmadre, el análisis, –asevera–, lleva a la parálisis.

    Remata estas raras ocasiones en las que abre la boca con un sobrio: “Se fusila poco”, que deja al resto de contertulios entre curiosos y meditabundos.

    A mi me parece que está equivocado y que es necesario analizar. Pero no sólo en los importantes aspectos cuantitativos y sus consecuencias.

    Hay que entender las Causas y para eso hay que analizar Conceptos.

    Se fusila en China y su Élite gestiona eficazmente con corrupción controlada a escala global.
    El imperio soviético se repartió entre las élites del PCUS y lo mismo está sucediendo hoy en Europa.

    Entre otras cosas eso es lo que sucede cuando se pasa de 150 entidades financiares a unas poquitas que nos han levantado 8000 millones de euros en el primer trimestre de 2013.
    3000 Millones de beneficios y 5000 de provisiones que antes de serlo también son beneficios escandalosos.

    Esos beneficios son el coste del resto de la economía productiva. No es normal.

    Más corrupción deriva siempre de menos libertad. USA es un poco menos corrupto que nosotros porque el poder público apenas se percibe en el día a día.
    Cuando es necesario influenciar a poder, allí también surge la corrupción.

    Es estructural.

    Sólo hay una causa de la corrupción: El exceso de poder y su concentración –pública o privada– en pocas manos.

    El poder de alguien sobre nuestra Capacidad de Actuar libremente. El poder de alguien de sancionar o de no hacerlo. El poder de frenar, autorizar, imponer un precio o impedir nuestros actos.
    El poder de enriquecernos o de empobrecernos.

    Ya podemos poner Controles sobre Controles que terminaremos ahogados por partida doble.

    1. Por el inmenso coste de los Controles y sus tremendos e imperceptibles efectos.
    2. El encarecimiento del coste a pagar para alinearnos con el poder. El concepto de “Alineación” con los intereses del poder debiera recibir más atención.

    Aquellos que viven de la Regulación excesiva, de ejercer controles, etc. Son parte involuntaria pero objetiva de una estructura que cría corrupción.

    Saludos.

  5. Deus ex Machina
    Deus ex Machina Dice:

    Se dice en el artículo que un gran gasto no tiene que ir unido a un buen funcionamiento. Eso sí, acto seguido se dice que un gran gasto (como el del P. Vasco y Navarra) es un derroche. Ni una ni otra por favor. Si existe prejuicio y déficits a la hora de decir que más gasto supone mejor servicio existen los mismos prejuicios y déficits al decir “porque sí” lo contrario

  6. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Cuantos más invitados, más cara sale la fiesta. ¿Y nos sorprendemos?
    Por otro lado, el post hace una buena autopsia de la España Autonómica.
    A ver cuánto falta para su entierro. Que ya huele, “y no a ámbar”.

  7. Isidro Elhabi
    Isidro Elhabi Dice:

    Ciertamente ha dado en una tecla el autor con el artículo, que es difícil dar. Enhorabuena. No porque no se sepa, sino porque no se quiere. Todas las personas sensatas saben que si hay que recortar se hace en lo superfluo, o en lo prescindible, no en lo fundamental.

    Me quedo con tres cosas del post,

    No hay alternativa a cuadrar los ingresos y los gastos. No se trata de que me guste más o menos, de que pienso así o asao. No son ideologías, es economía y sentido común. No se puede discutir si se recorta deuda o no. Hay que recortarla. Y no se está haciendo. Están recortando en servicios básicos, pero la deuda cada día es mayor, pronto llegará al 100% PIB. No se puede vivir eternamente endeudado en su máximo exponente, ni una familia, ni una empresa, ni un estado. La alternativa a eso no es el crecimiento, es la quiebra. Punto. El mundo de la piruleta donde alguien aumenta su endeudamiento de forma infinita sin consecuencias no existe. Así que la única alternativa es gastar bien, de forma eficaz y útil.

    Además, la corrupción supone un gasto enorme del PIB. Ayer lo narraba Daniel Lacalle. Hay que acabar con ella.

    http://blogs.elconfidencial.com/economia/lleno-energia/2013/07/13/el-precio-de-la-corrupcion-8684

    Y tercera, el dinero que nos quede tiene que controlarse, gastarse bien y eficazmente, útilmente. Para ello hay que cambiar muchas cosas del sistema que enumera el autor.

  8. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Los presupuestos públicos siempre han sido una tarta golosa a la que hincar el diente. Sobre todo si tengo la posibilidad de eludir los escasos y organizados controles. Aquí en vez de primar la honestidad que lleva a la eficacia administrativa, prima la desvergüenza ya habitual de sortear los tímidos reparos de unas cada vez más tímidas intervenciones o controles internos. Todos los que hemos vivido el mundo de las administraciones en diferentes momentos podemos dar fe de que el responsable máximo marcaba la impronta de la gestión. Pero no podemos mirara para otro lado en la responsabilidad que todos los funcionarios individualmente hemos tenido en admitir y ser de alguna manera cómplices de tales comportamientos “para no jugarnos el puesto”. En todo caso el político malo siempre se quejará de la escasez de recursos económicos, el político de verdad no lo hará nunca y tratará de resolver con eficacia el reto de la gestión pública.

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