Artículo de Elisa de la Nuez en El Mundo: “La transparencia, un derecho oculto”

El otro día me invitaron a dar una charla en el País Vasco sobre transparencia y corrupción. Como ya he escrito mucho sobre el primer tema, me centraré un poco más en el segundo, especialmente en la importancia de la transparencia como herramienta para combatir la corrupción o, para ser más exactos, para prevenirla y sancionarla.

 

No está de más recordar que siendo la transparencia un valor fundamental en una democracia avanzada, el derecho a la información pública (más allá de que esté literalmente reconocido o no como tal en un texto constitucional) es un derecho democrático fundamental. La democracia no se reduce a un procedimiento de gobierno y menos todavía a un procedimiento electoral cada cuatro años, como parecen preferir nuestros representantes. La democracia es también y sobre todo un sistema de derechos. En particular, el derecho a la información pública permite que el ciudadano alcance una comprensión ilustrada de lo que ocurre en su país en un momento dado. Comprensión es imprescindible para entender los problemas institucionales y para intentar corregirlos. Y lo cierto es que en España las disfuncionalidades son tantas que casi puede considerarse el funcionamiento normal de las instituciones la excepción y no la regla general. El esfuerzo de la propaganda política por convencernos de lo contrario es enorme, pero no hay más que abrir los ojos y ver lo que tenemos delante de nuestras narices, aunque esto requiera, como ya advirtiera Orwell, una lucha constante. Por poner un ejemplo reciente, cabe referirse al nombramiento de un magistrado del Tribunal Constitucional propuesto por el Gobierno por su proximidad al PP gracias al voto de calidad del ex presidente saliente (nombrado a propuesta del PSOE) conocido por su complacencia con el establishment en este y en cargos anteriores.

 

Pues bien, a estas alturas ya sabemos que no podemos esperar demasiado de una Ley de Transparencia «otorgada» ya sea a nivel estatal o a nivel autonómico en un país donde la cultura reinante es la de la opacidad. Puede suceder perfectamente que terminemos con muchas leyes de transparencia sin haber avanzado nada en la práctica de la transparencia. En España es frecuente que las leyes se incumplan, o por lo menos que se incumplan por los que tienen el poder de hacerlo, que es precisamente a los que más interesaría controlar. Porque hay que tener claro que no basta con garantizar derechos democráticos por escrito, aunque sea en una ley o en un texto fundamental. Los derechos deben de ser realmente efectivos y estar realmente a disposición de los ciudadanos.

 

A mi juicio con el proyecto de Ley de Transparencia que entró en el Congreso no pasaba esto y tampoco confío mucho en que vaya a pasar tras la promesa gubernamental de modificar el proyecto. No podemos confundir declaraciones con hechos. Recordando los requisitos que un grupo de expertos considerábamos esenciales para tomarnos en serio el proyecto (reconocimiento como derecho fundamental, órgano independiente de supervisión, procedimiento sencillo y ágil para atender las demandas de los ciudadanos, extensión subjetiva del ámbito de aplicación de la ley, reducción de los límites al derecho, establecimiento de un régimen efectivo de incentivos positivos y negativos para favorecer su cumplimiento) parece que la mayoría no van a ser tenidos en cuenta. En conclusión, no es realista esperar que esta la ley suponga el giro copernicano que este país necesita para eliminar la cultura de la opacidad de los políticos, de los gestores públicos y hasta de los empleados públicos. No se aprecia la ambición de la ley antitabaco o de la ley de Seguridad Vial, leyes que sí tenían el objetivo claro de provocar un cambio cultural en los colectivos de fumadores y de conductores. Y lo han conseguido, sin duda, aunque para eso han tenido que imponer incentivos bastante «agresivos», tales como la pérdida de los puntos del carnet de conducir o la prohibición general de fumar en espacios cerrados.

 

No hay nada parecido en el proyecto de Ley de Transparencia, que por no establecer, no establece ni las sanciones por incumplimiento. Compárese, por ejemplo, con la Ley de Transparencia chilena que establece para los superiores y directivos de los organismos públicos que incumplan las obligaciones de transparencia (no para los «curritos») sanciones de reducción de sus salarios de entre el 30 y el 50%. Y es que si somos honestos tendremos que darnos cuenta de que la transparencia produce horror a nuestros políticos y gestores públicos por la sencilla razón de que ya no podrían seguir haciendo las cosas como hasta ahora, en la oscuridad y entre bambalinas, que es donde se manejan estupendamente. El problema es que probablemente no saben ya hacerlas de otra manera. Además en España hasta los funcionarios tienen miedo de la transparencia porque piensan –probablemente con razón– que es mucho más fácil que les sancionen por exceso de transparencia que por defecto. En cuanto a las responsabilidades políticas por falta de transparencia mejor no hablar. Ni están ni se las espera.

 

Por el contrario, la ciudadanía y la sociedad civil están clamando por una mayor transparencia (o sencillamente por algo de transparencia) ya que la gente percibe correctamente que su falta tiene mucho que ver con la corrupción. No solo con la corrupción más burda, tipo Bárcenas o Urdangarin (hay tantos casos que cada uno puede elegir el suyo favorito) sino también con la corrupción light, es decir, con el despilfarro y la mala gestión del dinero público, quizá menos vistosa pero no menos dañina para los intereses generales y absolutamente generalizada a todos los niveles.

 

Es importante destacar que la corrupción en España está muy conectada con el (mal) uso del dinero público, lo que es llamativo dado que su gestión, al menos formalmente, se encuentra muy regulada. No solo eso, hay muchísimas obligaciones de transparencia en la Ley de Contratos del sector público, en la normativa de subvenciones, en las normas que regulan el acceso al empleo público…

 

Y sin embargo la corrupción está muy relacionada con la contratación pública, las subvenciones y el empleo público, por no hablar de la regulación o las ventajas más generales que puede proporcionar la proximidad al Poder.

 

¿Qué ocurre entonces? Sencillamente que las leyes se incumplen sin que pase nada, o, en el mejor de los casos, se cumplen solo formalmente. Está muy extendida la idea de que cumplidos los requisitos formales ya no es exigible responsabilidad jurídica alguna a nadie por el resultado final, por desastroso o delictivo que sea. Además como sabemos, las responsabilidades políticas no se exigen nunca. Y las jurídicas son difíciles de delimitar y de exigir cuando el procedimiento es formalmente correcto. De esta forma, los requisitos formales, incluidos los relativos a la transparencia, se perciben como obstáculos a salvar para que el expediente quede presentable, especialmente si hay que presentarlo en un Juzgado.

 

El caso es que muchos de estos requisitos han sido introducidos por exigencia de la normativa comunitaria pero no parece que haya calado la idea de que responden a una finalidad: la de evitar el despilfarro, el amiguismo, las comisiones ilegales, las revolving door, las adjudicaciones amañadas, la prevaricación, el cohecho o cualquier otra forma de corrupción. De la misma forma no ha calado tampoco la idea de que la transparencia es esencial para el buen funcionamiento de los partidos, las instituciones, los «agentes sociales» y hasta las empresas por lo menos en sus relaciones con los gestores públicos, dado que la opacidad es terreno abonado para el «capitalismo castizo».

 

Pero no se nos puede olvidar que, en palabras de Victoria Camps, cuando hay corrupción existe la complicidad del grupo político y también la de toda la sociedad. Si nuestros políticos pueden permitirse ser poco transparentes, generando amplias zonas de sombra donde la corrupción campa a sus anchas es porque los ciudadanos se lo hemos consentido. Hay que tener presente que la transparencia es lo que permite garantizar o y reforzar el deber de vigilancia de las instituciones por parte de los ciudadanos para prevenir o sancionar la corrupción, dado que los controles internos han sido desmontados o no han funcionado.

 

Los ciudadanos tienen que exigir transparencia ya, con o sin ley. La exigencia activa de transparencia permite desarrollar su capacidad de crítica y de autonomía moral, liberándolos de hábitos obsoletos de dependencia y de deferencia respecto a los líderes políticos. Nos toca ya alcanzar la mayoría de edad en este ámbito como en tantos otros. Resulta que, en democracia, los Reyes Magos somos nosotros y nadie nos va a traer más derechos ni más transparencia que la que seamos capaces de obtener desde la sociedad civil mediante la exigencia de información, la crítica constante y la exigencia de responsabilidades.

 

En definitiva, no preguntes lo que la transparencia puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por la transparencia.

7 comentarios
  1. eugenio de la cuesta gutiérrez
    eugenio de la cuesta gutiérrez Dice:

    Veo tu articulo sobre el cumplimiento de las leyes. A modo de resumen:
    “Un hombre de Estado es el que se pasa la mitad de su vida haciendo leyes, y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas”.
    Noel Clarasó
    Un saludo cordial.
    E. de la Cuesta
    http://constituquerella.blogspot.com.es/

  2. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Leí el artículo de Elisa en la edición gallega de El Mundo una hora antes de volver a Madrid desde Vigo. Había asistido el día anterior a la presentación de la biografía de José Luis Bastos y algo de aquel acto tiene que ver con la transparencia y la diseminación de información.

    Lo digo porque incluso habiendo transparencia (información cierta y disponible) casi nunca se traslada más allá de su archivo físico. El traslado de la información al público no es un acto aséptico. Tiene intención.

    José Luis nació en Bouzas hace 77 años, el año de la contienda que arrancó el 18 de julio de aquel año infausto, y lleva cerca de 60 de emigrante por distintos lugares del mundo. Actualmente vive en Walvis Bay, Namibia.

    Dos cosas me llamaron la atención:
    La cantidad de público, más de 600 personas. Algo inaudito en la presentación de un libro en cualquier lugar de España.
    La ausencia de políticos en el acto. Ausencia voluntaria, por supuesto.
    José Luis es un importante mecenas y no es precisamente persona poco relacionada en el mundo actual. Al contrario, es conocido como “El rey gallego de África”, desde Shanghai hasta San Francisco.

    Al día siguiente, mientras leía el artículo de Elisa, caí en la cuenta de que en la prensa local tampoco se daba cuenta del acto lo que me llevó a pensar en los hilos del silencio y del olvido.

    Ciertamente, la transparencia en una sociedad compleja, tiene mucho más que ver con nuestra involucración y con la labor de los medios, que con la mera disponibilidad de la información (que también, naturalmente)

    Por terminar con un comentario al detalle de lo escrito por Elisa (ya pudimos ver su excelente intervención sobre este asunto en la Comisión del Congreso) me gustaría detenerme en su cuasi definición de “democrático”.

    La palabra es un icono social y todo el mundo quiere apropiarse de ella. Es como el “Ibérico” o como la “maternidad”. Bueno, buenísimo pero escasamente definido.

    Realmente las definiciones de los libros de texto se limitan a exponerlo como una “forma de elegir gobiernos, de acceder al poder… a través del sufragio universal”.
    Los calificativos adicionales son importantes pero, como estamos comprobando, también accesorios porque cuanto más se profundiza en el proceso, más impotentes e irrelevantes nos volvemos.

    Elisa añade que es “Un sistema de derechos”. Habría que profundizar en ello.

    Un sistema de derechos puede existir con mayor solidez y ser más atractivo con otras formas de acceso al poder.

    Por ejemplo: el Servicio Obligatorio que por turnos corresponde a un Presidente de Comunidad de Vecinos.
    Todos los capaces están obligados y como sistema es incomparablemente más respetuoso con los miembros de la comunidad que el estado que hemos creado a partir de la Ilustración.

    Sería cuestión de definir al “sujeto”, los fines del individuo. Una vez definidos es fácil ver que falta mucho recorrido para progresar en el gobierno social.

    Buenos días y enhorabuena a Elisa.

  3. Isidro Elhabi
    Isidro Elhabi Dice:

    Enhorabuena Elisa, certero artículo como siempre, y muy necesario el despertar de las conciencias ciudadanas.

  4. Antonia Fuentes Moreno
    Antonia Fuentes Moreno Dice:

    Excelente artículo Elisa, otra vuelta de tuerca a la tan traída y tan llevada transparencia.

    Me gusta la referencia a Victoria Camps de que cuando hay corrupción existe una complicidad entre los grupos políticos y de toda la sociedad…nuestros politicos al fin y al cabo salen de esta sociedad.

    Para muestra, un botón, hoy leo en la prensa que la candidata del partido socialista a la Junta de Andalucía ha sido elegida por elecciones primarias….UNAS ELECCIONES SIN URNAS donde el conseguir un número de avales le da el pasaporte a la fama.

    No tengo palabras, pero no me resigno a soportar esta “democracia de baja intensidad” como dicen los modernos.

  5. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Gracias a todos por los comentarios. María Antonia yo tampoco me resigno, así que habrá que seguirlo intentando…regeneración o muerte ( civil).

  6. Isaac Ibáñez García
    Isaac Ibáñez García Dice:

    Es de interés una noticia aparecida hoy, 29 de julio, en El País: “El BCE podría empezar a publicar las actas secretas de sus reuniones. Los documentos, hasta ahora confidenciales, podrían comenzar a hacerse públicos tras las reuniones pronto, como ya ocurre en la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra ya lo hacen”.

    Esta noticia pone de manifiesto lo que podríamos denominar un “concepto dinámico” de la transparencia: Un día (hoy mismo) las actas del BCE son secretas y si las pides te lo deniegan en base a una excepción prevista en el Reglamento; mañana, vigente el mismo Reglamento solicitas las actas y te las dan: ya no se aplica la excepción vigente.

    Es decir, todo depende de una decisión política: ser o no ser transparente.

    En países o regiones homologables democráticamente la transparencia se debería interpretar de la misma forma, sobre estándares. Así no tiene sentido que el BCE no publique sus actas y si lo hagan la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra (teniendo en cuenta que el Reino Unido es miembro de la UE).

    En España, cuando se publique y entre en vigor la ley de transparencia, veremos como su aplicación será de lo más restrictiva.

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