Fiscalización de los partidos políticos… caduca

En medio de una continua sucesión de noticias sobre casos de corrupción, procesos judiciales y escándalos, que generan sombras de dudas sobre la financiación de partidos políticos o la gestión de fondos públicos, y que tanto nos afligen y preocupan, el Tribunal de Cuentas ha aprobado hace unos días un Informe precisamente relativo a la fiscalización de la contabilidad de las formaciones políticas y sus fundaciones. La lectura de las 450 páginas de datos, alegaciones, concreciones, conclusiones y recomendaciones que subscribe el Tribunal de Cuentas deja un cierto regusto de amargura.

 

Quizás lo primero a advertir sea que la contabilidad analizada corresponde al año 2008. ¡Más de cuatro años de recopilación y examen! cuando en el ámbito privado sabemos que las auditorías a grandes grupos empresariales se realizan en menos tiempo. Andan sin duda escasos de medios y recursos en este indispensable órgano de control económico. De ahí que no comparta la propuesta del Gobierno de acoger en su seno la actividad que realizan los otros órganos de control de las Comunidades autónomas, ni tampoco las restricciones a la oferta de empleo público, cuando son precisos más funcionarios. Por cierto, urge escribir una defensa de las oposiciones públicas, medio que garantiza la igualdad de quienes quieren que sus conocimientos y méritos sean valorados públicamente. Pero volvamos ahora a este Informe.

 

La fiscalización ha afectado a treinta y dos partidos políticos y otras tantas fundaciones y la retahíla de incumplimientos es larga. Desalienta conocer que hay fundaciones que ni atienden ni contestan los requerimientos del Tribunal de Cuentas, que hay partidos políticos que no envían las cuentas anuales o los estados consolidados, o que remiten la información incompleta o lo hacen fuera de los plazos previstos. Actitudes desconsideradas de quienes deben encauzar la participación ciudadana en la sociedad. ¿Qué se puede esperar de formaciones que tienen tan poco respeto a las instituciones claves del edificio democrático? ¿Por qué esos incumplimientos no están recogidos entre las reglas para otorgar nuevas ayudas e impedir así que dispongan de nuevos fondos, como ocurre con los ciudadanos y empresarios que se benefician de subvenciones públicas? Los partidos políticos deberían ser los primeros en dar ejemplo de lealtad institucional.

 

Destaca el Informe que quince partidos padecían en ese año una situación de “quiebra”. Algunos, como los nacionalistas, con sonrojantes números encarnados: diez millones de euros, Convergencia; ocho, Unión, dos, el Bloque gallego… Pero más espanta la cuantiosa cifra de deuda total, superior a doscientos veinte millones de euros, que corresponde en su mayor parte sólo a los dos partidos mayoritarios. ¡Y eso que se beneficiaron de la condonación graciosa que les facilitaron cajas de ahorros y otras entidades financieras!  Si se compara esa cifra con la suma de las subvenciones públicas percibidas en ese año, a saber, alrededor de trescientos millones de euros, urge exigir una gestión económica más contenida, prudente y responsable a esos gestores de dineros públicos.

 

Hay más irregularidades en la parte que afecta a las fundaciones. Entre las que sobresale, por ejemplo, convenios ilegales entre un partido y su fundación por importes que sobrepasan en mucho los límites legales.

 

Otras decepciones deposita en el alma la lectura de ese Informe. Y es que, ante los graves incumplimientos advertidos, el Tribunal recuerda, como ya lo había hecho en el Informe del año pasado, que no puede imponer sanción alguna debido a la defectuosa regulación que contenía la redacción originaria de la Ley orgánica de financiación. Porque, entre otras consideraciones, no se precisaba el plazo de prescripción de las infracciones y sanciones, lo que, según el propio Tribunal “hace sumamente difícil e insegura” la incoación y tramitación de los expedientes. En la actualidad, tras la reforma de la Ley el pasado octubre, está fijado en cuatro años el plazo de prescripción, que se contará a partir de la comisión de la infracción. ¡Largo plazo si se sigue desatendiendo las necesidades de funcionarios que requiere este órgano constitucional para analizar con mayor presteza la contabilidad presentada!

 

Es cierto que el Tribunal de Cuentas apunta oportunas recomendaciones para incrementar el control de las fundaciones, facilitar la remisión de información por las entidades financieras, reglas a las que debería acogerse todo gestor de fondos de los partidos políticos… Confiemos en que el Parlamento las asuma y tramite con presteza. Pero habría que hacer algo más porque el asunto es bien relevante para la salud democrática.

 

En este sentido, deberían difundirse muchos datos de este Informe para que fueran conocidos por los ciudadanos. Es cierto que algunos periódicos han emitido ciertos ecos y realizado comentarios sobre los datos más llamativos. Lástima que otros hayan elevado a la condición de titular que “todos” los partidos han incumplido su obligación de presentar una auditoría interna. Lo que constituye la generalización de una imprecisión que puede sembrar más desafección entre las gentes que solo hablan de oídas.

 

Por ello suscito otra propuesta. Igual que hemos conseguido mejorar la seguridad y nuestros hábitos alimentarios, gracias a la información que recogen las etiquetas de los productos, podría resumir el Tribunal de Cuentas en un cuadro muy elemental los datos más relevantes de la fiscalización de cada partido político. Por ejemplo, cumplimiento de sus obligaciones en plazo, colaboración con el Tribunal, cuantía de las subvenciones recibidas, gastos y deudas que mantiene… Y facilitarlo en la propia página web, así como en la del partido político correspondiente, para que todo aquel que quisiere pudiera fácilmente informarse y comparar.

Es cierto que resultaría una información algo trasnochada y, por ello, caduca. De ahí la imperiosa urgencia de impulsar la transparencia en las formaciones políticas, para que los informes no resulten anacrónicos y las noticias con las que se cuenten contribuyan a vivificar el atribulado espíritu democrático.

7 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Buenos días, estimada Mercedes.

    El artículo proporciona un excelente ejemplo de por qué no se puede caer en la ingenuidad del reformismo ni vale la pena llorar por el mal funcionamiento de las instituciones.
    Nos equivocamos al pensar que la clase política es tonta o incompetente.

    No lo es y para comprobarlo basta ver “sus” obras desde “su” perspectiva y de postre ver el entusiasmo con el cual seguimos votando cada año. Incapaces de otra cosa.

    Cuando se promulga esta Constitución y se crean sus instituciones ya existía en España la Censura de Cuentas y en muchos casos comenzaba a ser obligatoria como lo es hoy (a un coste considerable) para todos nosotros si la facturación o los activos de nuestras empresas exceden de una cifra no muy alta euros.

    Por consiguiente el mantenimiento del T de C es otra decisión deliberada como los miles de ellas que permean nuestro ordenamiento jurídico. Auténtico laberinto de lagunas legales para los “insiders”.

    Así tenemos que si nuestros activos son más de 2.8 m y nuestra facturación se acerca a los 6 m, y nuestros empleados pasan de 50 –hay otros muchos factores– tenemos que meter en casa, antes de fin de año, a unos auditores que para el mes de marzo tengan nuestras cuentas Certificadas. Con IVA, claro.

    ¿Y cómo es que justamente ellos se reservan un Tribunal especial que tarda cinco años en ver siquiera las cuentas?
    ¿Y por qué no hay multas personales al Gestor y al Político Responsable?

    Es por esto que, lamento recordarlo de nuevo, nos recuerda Stafford Beer que “los Objetivos reales de un Sistema son sus Resultados”.

    Evidentísimo en cada ejemplo analizado.

    La reivindicación que les haría temblar es: “Simetría total”.
    Mismo tratamiento para lo público que para lo privado. Esto de diferenciar y privilegiar la esfera pública es otra trampa conveniente.

    De paso nos ahorramos el Tribunal de Cuentas… enterito.

    Buenos días y muchas gracias

  2. Isidro Elhabi
    Isidro Elhabi Dice:

    Muy buen artículo. La deuda es la nueva esclavitud. Si los partidos deben 200 mill., ¿cómo de esclavos serán de sus acreedores? ¿Cuántos favores tendrán que hacer para ir pagándola? Y lo mejor es que cuando un banco/caja da un prestamo se supone que tiene en cuenta los ingresos, en este caso subvenciones y aportaciones según votos/escaños, y el poder político que ostenta o puede ostentar ese partido para poder cobrarlo. Pero, ¿y si en la próximas elecciones los principales partidos se pegan un batacazo de impresión? Se les reduciría el poder político, las subvenciones, y aportaciones. Esa deuda sería incobrable y podría no interesar una refinanciación y aumento de la misma dándole una patada hacia adelante, tendrían que declararse en concurso, provocando además un agujero financiero importante. Y eso puede pasar.

  3. Huxley
    Huxley Dice:

    Es el sistema el que alienta el descontrol de partidos y de sus fundaciones al no haber consecuencias. Sin castigo se alienta el crimen. Si encima el crimen se investiga cuando no hay posibilidad de castigo porque ha prescrito, el tribunal de cuentas sólo tiene una función estética que dá una pátina de aparente control de los partidos que en realidad no existe.

    Los que pueden cambiar esto son los partidos, los investigados. Va a sser que no. Viva la impunidad.

    http://humanosono.blogspot.com.es/

  4. Fernando Rodríguez Prieto
    Fernando Rodríguez Prieto Dice:

    De nuevo parece que del cumplimiento de las leyes están demasiadas veces exentos los miembros de la clase política.
    A la vista de ello, causa verdadero rubor cuando algún partido alega para justificar la limpieza de su contabilidad, puesta en entredicho por las noticias que salen todos los días, el que haya sido analizada por el T de C.
    Nos toman por tantos. Con la complicidad de unos cuantos medios.

  5. Juan
    Juan Dice:

    Estupendo artículo. En cualquier presentar las cuentas del año 2008 debería darle verguenza al presidente del Tribunal. Creo que no solo es una cuestión de recursos. Hay mucha cuestión de voluntad. Si el Tribunal no puede presentar en estas fechas las cuentas auditadas del año anterior, como sucede con las empresas privadas, creo que simplemente el presidente debería dimitir. Si no tiene recursos que los reclame y exija, pero esto es una tomadura de pelo. Y el Presidente, presentando las cuentas del 2008 se presta a esa tomadura de pelo. Es sencillamente ridículo. Con todo el respeto que me merecen los funcionarios y las oposiciones, si no son capaces de auditar las cuentas del año anterior, debería idearse otro método. Creo que en el ámbito privado funciona razonablemente bien como para que pueda existir alguna excusa que justifica que ahora se presenten las cuentas del año 2008.
    Y sobre el contenido … si diga lo que diga el tribunal, no pasa nada, esto sigue con la tomadura de pelo. Si el tribunal ya solo encuentra y denuncia una mínima parte de las tropelías que comenten los partidos políticos, y aún así, muchos ni se molestan en enviar la información, y los que lo hacen, y le encuentran irregularidades, no pasa nada .. esto es de verguenza.
    Creo que si el Presidente del tribunal tuviera un mínimo de verguenza y pundonor dimitiría del cargo.
    Sobre el comportamiento de los partidos, poco se puede añadir. Y poco interés ahí en poner coto a estos comportamientos. Lo mínimo es que aquel que no remita la información no puede recibir más financiación. Y las irregularidades deben acarrear sanciones claras.
    Esto es una tomadura de pelo.

  6. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Enhorabuena por poner los puntos sobre las íes Mercedes leyendo nada menos que el informe del propio TCu que es una confesión de impotencia en toda regla. Resulta que los partidos toman la institución por el pito del sereno y aquí no pasa nada, entre otras cosas porque el Presidente que efectivamente si tuviera un mínimo de vergüenza torera debería dimitir, ya, pero resulta que lleva años viviendo estupendamente de las instituciones. No se sabe si tiene o no carnet del PP como el de Constitucional pero a efectos prácticos es como sí lo tuviera.

  7. Miguel López Gaspar
    Miguel López Gaspar Dice:

    Preámbulo del partido político reformista horizontal

    Estando totalmente en contra del crimen político y por ende, del secuestro de las facultades políticas de los ciudadanos, por parte de la administración central del estado o de algún poder o autoridad y rechazando la imposición política del sistema de partidos, para participar, por estar en contra de la propia esencia de la libertad y convencidos que para la paz, ésta debe ser totalmente libre y no sujeta a más limitaciones que las del propio derecho, sin condiciones ni exigencias que violen el sagrado principio de libertad, única opción válida para el ejercicio de la libertad política de todos y cada uno de los ciudadanos. Nosotros, ciudadanos, denunciamos el presente sistema de partidos por violador y corruptor y pese a ello, nos presentamos a él con nuestro más profundo rechazo e intenciones de ajustarlo a la libertad individual en la cuantía y con la premura de nuestras posibilidades.

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