Tales tiempos, tales verdades: energías renovables y arbitrariedad.

Mi madre, por herencia de mi abuelo Balbino, cuando asumía que las circunstancias de la vida no le eran demasiado propicias, siempre decía con una sonrisa amarga “tales tiempos, tales verdades”. Así, de un plumazo, pasaba página a un revés de difícil digestión, con una asunción tácita de la nueva situación. Sin embargo, este espartano método de sobrevivir, no le impedía luchar hasta la extenuación por los suyos y de una manera o de otra, salir adelante.

Pues bien, será la genética o será el callo de sufrir a tanto Ministro poco competente, me parece una buena forma de luchar con la cabeza fría contra la nueva oleada legislativa del actual gobierno, que demuestra a las claras que en Derecho, son tiempos para verdades oscuras.

Desde esta evidencia desagradable, pretendo reflejar con objetividad en estas líneas (y en otras que espero las continúen) todas y cada una de las violaciones constitucionales que encuentro en el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. La explicación de cada una de ellas será sucinta, pues el espacio es reducido, sin embargo espero sea suficientemente descriptiva de una realidad incuestionable: la reforma eléctrica es jurídicamente un atropello.

La primera de las violaciones constitucionales que abordaré se refiere  a la consideracion de nuestra Carta Magna de la interdicción de la arbitrariedad.

El artículo 9.3 de la Constitución establece con claridad que “La Constitución garantiza (entre otros) la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. El significado de esta prohibición, es de contemplación serena por nuestros tribunales. Éstos, impedirán que la Administración sostenga interpretaciones arbitrarias de las normas o resoluciones abiertamente discriminatorias. Asimismo, dice expresivamente el Tribunal Constitucional en su sentencia 151/1986, “a la luz de lo indicado ha de concluirse que … los ciudadanos han sido objeto, de un trato desigual respecto a otros en situación similar, sin que se haya razonado o justificado el por qué de esa desigualdad … no resulta admisible que la Administración elija libremente a quiénes aplicar y a quiénes no aplicar la normativa vigente”. Tratándose del enjuiciamiento de una norma con rango legal, como es el caso, según el Tribunal Constitucional, la misma será arbitraria cuando engendre una discriminación. Así, en su Auto 123/2009, de 30 de abril, el Tribunal Constitucional señala que “la calificación de “arbitraria” dada a una Ley exige una cierta prudencia, toda vez que es la “expresión de la voluntad popular”, por lo que su control de constitucionalidad debe ejercerse centrándose “en verificar si el precepto cuestionado establece una discriminación que entraña siempre una arbitrariedad, o bien, si aun no estableciéndola, carece de toda explicación racional, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad “. “El poder público habrá de justificar en cada momento su propia actuación» Tribunal Constitucional de 17 de abril de 1990).

Pues bien, a la vista de esto, nos encontramos con dos conceptos fundamentales para evaluar  si el ejecutivo legislador está siendo arbitrario: El actuar de forma distinta ante situaciones idénticas y el que sus actuaciones entrañen discriminaciones no razonadas adecuadamente.

Desde la primera perspectiva, conviene recordar que la Disposición Transitoria Sexta de la Ley del Sector Eléctrico, en el año 1997, reconoció a las empresas de generación convencional la cantidad de 1,9 billones de las antiguas pesetas por los llamados Costes de Transición a la Competencia, que suponían una compensación a aquéllas empresas por lo que se entendía un cambio de sistema regulatorio que les perjudicaba gravemente. Ya por aquel entonces aparecieron publicaciones técnico jurídicas que definían aquella situación. Me parece de interés recordar el trabajo COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA (Sector Eléctrico) de Gaspar Ariño Ortiz y otros. Entro otras cosas señalaba:

Los cambios de sistema basados en una planificación estatal vinculante … provocarán la aparición de costes varados, donde operadores tuvieron que realizar una serie inversiones realizadas en el pasado (costes hundidos), que fueron aprobadas por el estado … a través de planes sectoriales (Plan Energético Nacional, …) con objeto de satisfacer ciertas necesidades con visos de continuidad. Así, los CTC se tratan de un principio básico aceptado en el ámbito internacional, previsto en el ámbito comunitario, acordado con las empresas eléctricas y exigido por el Derecho español. En el caso español, dicha compensación de CTCs fue un elemento clave en la negociación del protocolo de 1996 para que el cambio de modelo regulatorio fuera aceptado por las empresas eléctricas integradas en UNESA. Y sobre todo, dicha compensación fue una consecuencia de las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Recordemos que el art. 139 de la LRJAP y PAC exige que la responsabilidad patrimonial del Estado legislador se precise en las Leyes que imponen un cambio regulatorio y esto es lo que la LSE vino a hacer.

Parece fácil de interpretar. El RDL 9/2013 cambia de plano el modelo retributivo de las instalaciones renovables, haciendo desparecer incluso el régimen especial. (Dice el propio preámbulo: “se habilita al Gobierno para un nuevo régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica existentes a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos”). Pues en ese caso nos habremos de encontrar en la misma situación que se encontraron las empresas generadoras de energía convencional con el anterior cambio de modelo en el año 1997. Sin embargo, lejos de actuar el Estado con las mismas pautas, ante una situación idéntica, prefiere olvidarse de que los productores del régimen especial en general y muy en particular los inversores en tecnología solar (en manos de ciudadanos con menor capacidad de influencia que sus predecesores) también tienen unos costes hundidos que debieran de ser resarcidos si se pretende modificar tan drásticamente el mecanismo retributivo. Con éstos, ni se ha negociado, ni se les ha preguntado, ni se les da otra salida diferente a la desaparición. A todas luces, ante la misma situación, el Estado actúa de forma diametralmente diferente, lo cual incide de forma radical en la interdicción de la arbitrariedad prohibida por nuestra Constitución.

En segundo lugar, como decíamos, nuestro Tribunal Constitucional reconoce la existencia de arbitrariedad en el legislador cuando sus posibles discriminaciones no son razonadas adecuadamente. Si uno se lee la Exposición de motivos del RDL 9/2013, comprende que la única cantinela que se han aprendido los últimos responsables de este negociado ministerial es que la causa del déficit de tarifa son las energías renovables. Es más, incluso se permiten manifestar: “De entre las partidas de costes que han contribuido en mayor medida a dicho incremento destacan las primas del régimen especial y las anualidades de déficits acumulados, partidas que se han multiplicado por seis y por nueve respectivamente en dicho periodo”. Cabe preguntarse cómo es posible que si desde el año 2010, las únicas medidas radicalmente severas se han tomado contra las energías renovables, hasta el punto de la prohibición de su instalación, el déficit de tarifa no ha dejado de crecer; o cómo es posible que si regímenes tarifarios existen en toda Europa, el déficit de tarifa únicamente lo encontramos en nuestro país; o cómo es posible que en ninguna de las exposiciones de motivos de las normas modificativas del sector eléctrico se haga referencia al Informe de la Comisión Europea de 30 de mayo de 2011 que asegura que aquéllas no son las responsables del déficit de tarifa, o a las continuas indicaciones de la Comisión Nacional de la Energía sobre las situaciones que provocan el déficit, o a la preexistencia de éste al boom renovable.

Decía el Profesor Tomás Ramón Fernández “la interdicción de la arbitrariedad exige que las razones justificativas aducidas por el legislador sean «susceptibles de explicar satisfactoriamente la adecuación a los objetivos pretendidos, de los medios y las técnicas puestas en juego, su potencial aptitud por lo tanto, para servir a los fines perseguidos, así como su capacidad para alcanzarlos sin imponer sacrificios innecesarios por excesivos”. Parece claro que en el caso que nos ocupa, el Ejecutivo legislador no sabe/no quiere/no puede  justificar las medidas adoptadas y pretende escurrir el bulto con un simple “corta y pega” de los argumentos fallidos de anteriores medidas, pero desde la perspectiva Constitucional, dicha actitud no es admisible en modo alguno y confío en que pronto lleguen los tiempos, en que las verdades sean otras.

11 comentarios
  1. Alfonso
    Alfonso Dice:

    Lo que debería comentarse también es la distorsión increíble a la que estamos llegando en la semántica. ¿”Competencia”? ¿De qué “competencia” están hablando exactamente? Por lo menos para el consumidor final, que es quien paga la factura, “competencia” es cuando existen en el mercado varias ofertas, y que yo sepa eso no se da.
    Es hora de hablar en serio de la cínica fachada de “mercado” y “competencia” que se le ha dado a un proceso de privatización puro y duro. Y ahora que esa privatización no ha funcionado, ¿vamos a cargar las culpas en cualquier otro menos en quienes han asumido la propiedad de esas empresas?
    Igual que hemos “rescatado” a un coste increíble unas entidades (Cajas de Ahorro reconvertidas en bancos) ahora ¿también tenemos que hablar de “rescatar” a un coste increíble a las eléctricas? También “rescatamos” radiales de peaje, y también “rescataremos” hospitales de gestión privada cuando no sean interesantes para sus gestores, porque no hay más remedio si queremos seguir teniendo esos servicios.
    Dejémonos de socializar pérdidas privatizando beneficios y hablemos de lo que de verdad habría que hacer: si una entidad privada no es económicamente viable, quiebra y punto. Si su existencia es vital para garantizar servicios esenciales, se nacionaliza y punto. Servicios fundamentales para el sostenimiento y desarrollo de un país -léase suministro eléctrico, agua, etc- tienen que estar en manos de gestores que respondan ante los intereses generales, no en manos privadas.
    Otra cosa es cómo evitar que se conviertan, como en su día las Cajas de Ahorros, en marionetas de los partidos en el poder. Pero de lo que no me cabe la menor duda es que tantas gotas han rebosado ya el vaso de la paciencia cuidadana. Ya está bien de que paguemos entre todos las irresponsabilidades y la mala gestión de unos pocos, que para más escarnio han disfrutado de los beneficios sin compartirlos con nadie.
    ¿No hay ejemplos de esto en el resto de Europa? Pregunto….

  2. Juan
    Juan Dice:

    Desde la ignorancia sobre el tema que comentas, me atrevo a introducir alguna duda de tu planteamiento. Sin duda un país tiene que garantizar una seguridad jurídica para crear un entorno en que pueda invertirse. Nadie puede poner eso en duda. Discrepo sin embargo en la equivalencia que planteas sobre los costes de transición a la competencia y esta situación.
    Creo que esta situación viene a corregir una decisión tomada por el anterior gobierno, que, al menos en mi opinión, el único calificativo que puede darse es de descabellada y aberrante. Centrándose especialmente en las primas a la energía fotovoltaica, la avalancha de “granjas”, no vistas en ningún otro país del mundo, las “peleas” por las paneles solares que se importaban de China, con subastas con los barcos en alta mar, para poder llegar a tiempo de beneficiarse de las primas, da una idea, lo admito, con poco rigor, pero creo que “suficiente”, del nivel de despropósito que suponían esas primas, no vistas en ningún otro país (la mayoría de los países para la fotovoltaica primaban el autoconsumo en el hogar, en ningún caso las “granjas”). Creo que no es difícil tener en el entorno más cercano a personas que han invertido en esas “granjas”, y sin pudor comentan que durante estos años han obtenido beneficios “de escándalo”. A eso no estaría mal darle también publicidad. Porque esos beneficios van a costa del recibo de la luz. que pagamos todos.
    Puedo darte la razón en que el déficit de tarifa no es solo renovables (pongamos carbón, nucleares, la caradura de las empresas eléctricas, y la connivencia de los gobiernos con las eléctricas y sus consejeros con unas estimación de coste de generación sorprendente y muy discutible, etc, etc, ..), pero discutir que esas primas a renovables han contribuido enormemente al problema, me parece negar lo “evidente”.
    En ese sentido, la seguridad jurídica que planteas es cierta, pero no es menos cierto que la nueva regulación viene a corregir un despropósito que incide directamente en el bolsillo de los ciudadanos.
    No discutiré la necesidad de negociar, pero también creo que esa negociación debe hacerse, como ha planteado el gobierno, sobre la base de las rentabilidades que ya han obtenido (que han sido muy importantes), y sobre la necesidad de corregir un despropósito creado por el gobierno anterior que no podía mantenerse.

    • Alfonso
      Alfonso Dice:

      Juan, gracias por tu comentario, y siento no haberme expresado mejor. No pretendía justificar ni defender el esquema de subvención a las “granjas”, porque es indefendible, a menos que alguien me pueda demostrar que esas subvenciones iban a generar indirectamente un rendimiento económico superior a su coste.

      No debería haberse hecho como se hizo, como dices generó un falso crecimiento de la energía renovable a base de subvencionar sus costes.

      Pero el punto del artículo es, si se compensó en su momento a las eléctricas con los CTC ¿por qué ahora no se hace con los productores de renovables? Lo cierto es que es injusto, aunque no conozco los detalles del compromiso de subvenciones que tenían los que se acogieron a los beneficios plantando “granjas” como si fueran huertos de lechugas, con lo que no puedo decir cómo de grande es esa injusticia.

      Lo que me irrita en general es que se habla de “competencia” y “mercado” en contextos donde ni hay mercado, ni hay competencia. Desde luego en la distribución de energía ni hay “mercado” ni “competencia” posible en la práctica. Y yendo más allá, ni siquiera creo que sea buena idea que haya “mercado” y “competencia” en otros segmentos, sobre todo si las consecuencias de esa “competencia” (habría que decir mejor “incompetencia”) la pagamos todos. La teoría económica dice que los mercados evolucionan de forma natural hacia la eficiencia, y este claramente no es el caso. Así que esto no es un mercado.

  3. Luis
    Luis Dice:

    Estimado Alfonso:

    Dice…” La teoría económica dice que los mercados evolucionan de forma natural hacia la eficiencia, y este claramente no es el caso. Así que esto no es un mercado.”

    No es por negarle la mayor, pero desde la implosión de Lehman, todo lo contrario: La práctica niega la mayor, es decir, los mercados de fomra natural NO convergen en la eficiencia. Todo lo contrario, la información asimétrica, la capacidad de lobby, las prácticas espúreas etc hacen necesario una REGULACION de los mercados. Sobre todo, de los inputs tales como el dinero, la energía, el agua.

    No existe una teoría económica universal plena de certezas. Existen múltiples tendencias y análisis y prueba de ello es lo que está pasando.

    El mercado energético, en España, requiere una auditoría y unas decisiones duras como, por ejemplo, cerrar plantas, achatarrar lo viejo, y, entre otras, dejar de subsidiar a las hidráulicas y nucleares….

  4. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Lo más triste de este triste caso es que es posible estar a la vez de acuerdo con el post del autor y con el comentario de Juan porque todo es un despropósito en el sector eléctrico, el origen, el desenlace y el fin, la factura de la luz más cara de Europa. Lo que es incomprensible es que todavía el contribuyente español se deje tomar tanto el pelo.

  5. JUAN CASTRO-GIL
    JUAN CASTRO-GIL Dice:

    Queridos amigos:
    En primer lugar agradeceros vuestros comentarios.
    Sin ánimo de polemizar, me gustaría hacer alguna apreciación, prestándome si es de vuestro interés a objetivar cada uno de los puntos que desarrollaré.
    En primer lugar, (ya que este foro es estrictamente jurídico, creo que debemos de mantener criterios desde esa misma perspectiva), las instalaciones fotovoltaicas de las que habláis NO COBRAN SUBVENCIONES, sino una tarifa regulada. Quizás, alguien pueda pensar que es una situación baladí, pero nada más lejos de la realidad (y menos para Juristas). En los años 2001 y 2003, la UE dictó varias directivas de obligado cumplimiento para los estados miembros, que compelían a España a cumplir unos compromisos de generación renovable. Sucede que el Estado (en 2004 el Gobierno Popular y en el 2007 el Gobierno Socialista), no tenía dinero para cumplir directamente esos compromisos, por lo que solicitó al sector privado la financiación de aquellos compromisos.A cambio, fijó un PRECIO (TARIFA REGULADA) al que retribuiría ese esfuerzo del sector privado. Ese CONTRATO que firmó vía BOE con los ciudadanos inversores, es el que ahora se pasa por el arco del triunfo.
    Esa misma circunstancia aconteció años atrás con las empresas de energía convencional, cuando se les obligó a soportar unos costes de instalaciones enormes que les fueron retribuidos muy generosamente vía CTC con la Ley de 1997.
    En segundo lugar, un análisis un poco más detallado del tema, le hará comprender a cualquier persona que se quiera interesar por esto, que en la práctica totalidad de los paises de la UE se han desarrollado técnicas de Tarifa regulada (Feed-in tariffS),con precios incluso superiores a los españoles. Si eso no es suficientemente indicativo, conviene fijarse que Alemania tiene el doble de potencia fotovoltaica a la de España (pese a tener algunas horas menos de sol), Francia e Italia también superan la potencia española, o para que hablar de USA, China o la nuclear Japón.
    En tercer lugar y para terminar, es posible que alguno de los lectores conozcan a algún “vecino” acaudalado que en su día pudo afrontar una inversión de este tipo sin financiación, obteniendo así pingües beneficios (¿era un negocio, no?).Pero miren, éste que escribe les asegura que conoce a CIENTOS DE FAMILIAS que por apostar sus ahorros en un proyecto que diseñó el Instituto para la Diversificación del Ahorro Energético del Ministerio de Industria español, el próximo año estarán en la más absoluta ruina, y sin embargo, por su reducida dimensión mediática, su cara no sale en los periódicos.
    En este artículo podría haber hablado de seguridad jurídica, pues parecería lo más evidente. Sin embargo, a la vista está que en España, ese término está vedado para determinadas empresas a las que las huestes patrias defienden cuando son pisoteadas fuera del terruño (sic Argentina o Bolivia). Por eso, el texto orbita sobre la ARBITRARIEDAD, madre de todos los bastardos de este país.
    Un abrazo. Juan Castro-Gil

    • Juan
      Juan Dice:

      Juan, si la arbitrariedad es la madre, sin duda la mala regulación debe ser el padre.

      No he podido encontrar los datos sobre el modelo alemán y español (especialmente en lo que se refiere a autoconsumo vs conexión a la red), pero sí sobre la relación huertos / tejados, lo cual da una idea del “modelo” español vs alemán (e indirectamente de lo que es autoconsumo).

      “Alemania tiene no obstante una clara diferencia en el modelo de generación. Mientras en España lo que más abunda son los grandes huertos solares (más del 60% de la titularidad de las instalaciones se encuentran en manos de inversores), en Alemania, gracias a la iniciativa 100.000 tejados que se desplegó en 1999, ya son más de 716.000 los tejados alemanes que tienen alguna instalación solar (45% de instalaciones con titularidad doméstica y sólo 27% de inversores). Esto explica el enorme tejido laboral alemán en el sector renovable, que ronda los 370.000 puestos de trabajo.”

      Sobre la rentabilidad. Creo que el TIR en el modelo anterior era de un 11%, y en el nuevo es un 7%. Entiendo los problemas de refinanciación de la deuda de esas instalaciones, que puede llevar a la quiebra a muchas de estas inversiones, si no consiguen la refinanciación adecuada. … Este producto lo anunciaban las empresas como algo seguro, rentable, más rentable que cualquier fondo de inversión, y con rentabilidad asegurada a 20 años. Interesante modelo.

      La pregunta que debería plantearse es si la alternativa es que todos los españoles siguiéramos pagando una tarifa regulada desproporcionada durante 25 años, porque algún Ministro de Industria perdió la cabeza.

      Negociar es adecuado, pero mantener la tomadura de pelo 25 años parece un poco excesivo.

  6. JUAN CASTRO-GIL
    JUAN CASTRO-GIL Dice:

    Buenas de nuevo.
    Yo creo que la arbitrariedad no tiene padre. La nefasta regulación no es más que uno de los hijos de aquélla.
    Sucede que esos “inversores” que habitualmente (no tú) muchos consideran terribles especuladores que van a destrozar el país, están formados por dos grupos de personas: unos pocos, grandes fondos de inversión de aquí y de allá, que tras el varapalo retroactivo han decidido que Spain no es un buen destino para seguir dejando sus ahorros, y otros muchos, (funcionarios, empleados, maestros, abogados, fontaneros, agricultores de Murcia y Navarra, ganaderos de Galicia, …) que vieron en un proyecto que se diseñó por VARIOS gobiernos del país, una fuente de ingresos a muy largo plazo que les daba cierta seguridad. Esa gente ha sido robada. ¿Qué diferencia hay con el pobre abuelete que un día se fió del empleado de su caja y le dijo que metiera los ahorros de su vida en preferentes? Pues la hay, aquí el empleado de la banca fue el Estado.
    Es preciso para mí, asegurarte hasta el límite de lo que tu confianza en un desconocido pueda aceptar, que tres cuartas partes de parque fotovoltaico español en el próximo ejercicio tendrán rentabilidades negativas. Solo se salvarán, aquéllos que no necesitaron financiación para emprender estos proyectos.
    Lo último que me gustaría poner sobre la mesa es el hecho de si mantener los compromisos del estado con sus ciudadanos debe de ser considerada una tomadura de pelo.
    Bueno, hace unos meses se me hicieron llagas al escuchar al Secretario de Estado decir que había sido funesto para España convertirse en pionera en el desarrollo de la energía fotovoltaica, que habíamos pagado el pato de soportar el auge de unos proyectos que gracias a nosotros se habían abaratado para el resto del mundo. Quizás parafraseaba aquella poco afortunada expresión de Unamuno del “que inventen ellos”.
    Pues mira, gracias a haber inventado nosotros, hoy en día se podría instalar una planta fotovoltaica enorme sin tarifa en muchos sitios de España, con un precio inferior a cualquier otra tecnología (opción desarrollada por infinidad de países en la actualidad).
    Lo que está sucediendo aquí no es otra cosa que la dicotomía entre dos modelos: uno de democratización real de la energía, donde cualquiera pueda ser productor (en su techo, en su jardín, o en una huerta solar) y otro, en manos de media docena de operadores, para los cuales nadie pone en duda que mantener sus compromisos sea una tomadura de pelo.
    Un abrazo.

  7. Juan
    Juan Dice:

    Debatir con personas que han perdido dinero siempre es difícil. Pero si la solución siempre es que se pague con los impuestos de todos los españoles, lo tenemos que pensar. En efecto me gusta más el símil de esta situación con las preferentes, que con los costes de transición a la competencia, que sinceramente creo que poco tiene que ver.

    Lo que entiendo que pides es que el estado tiene que seguir asegurando una rentabilidad del 11 por ciento a 20 años, con el dinero de todos los españoles. Eso es pedir un bono alemán al 11. La renta fija esta al 2, el bono alemán al 0,5, los bonos de grandes empresas al 6, y el bono de nueva rumasa lo,pagaban al 10. A mi me parece una petición que merece una reflexión. Negociar si. Buscar una salida razonable, claro. Mantener despropósitos no.

    Y sin que sirva de precedente, creo que el ministro tenía toda la razón en su afirmación. Invertir de forma tan masiva en una tecnología inmadura que se amortiza a 20 años es un despropósito desde cualquier punto de vista. Poco tiene que ver con la innovación. Lo lógico es invertir con calma, para acomodar las mejoras de eficiencia de la tecnología.

    Y el modelo sigue siendo válido. La gente sigue invirtiendo en auto consumo, como lo hacía antes de esa absurdas primas. Y cuando sepamos que hacer con la capacidad de generación sobrante que tenemos en este país, será un fantástico momento para incorporar esas tecnologías tan eficientes.

    Y mantener los compromisos del estado, con el dinero de todos los ciudadanos es algo que los ciudadanos deben pensar. Y en este caso mi opinión es que no debe mantenerse un despropósito de este tipo.

  8. JUAN CASTRO-GIL
    JUAN CASTRO-GIL Dice:

    Opinión respetable, aunque evidentemente no compartida.
    Desde luego si piensas que mi posición tiene que ver con haber ganado o perdido dinero es que no entiendes por qué escribo esto en un foro jurídico.
    He compartido docenas de proyectos de plantas por España, donde emprendedores arriesgaron sus ahorros en un negocio nuevo, no en un bono del tesoro. Conozco empresarios a los que le murieron trabajadores en accidentes cuando hacían la obra, gente que fue engañada por proveedores, gente que dimensionó mal sus operaciones, gente que no acabó a tiempo y perdió un dineral…, y no digo nada porque ése es el riesgo de los negocios (no de la deuda pública). Lo que resulta hilarante es que el mayor riesgo que tienen los PEQUEÑOS productores de energía de este país sea el regulatorio.
    La ley del sector eléctrico hablaba de un cambio de modelo como fundamentó de los CTC para salvaguardar los costes hundidos de las grandes eléctricas.
    Después, la UE en las Directivas comunitarias de 2001,2003 y 2009 hablaron del cambio de modelo convencional al de las renovables.
    Ahora, el RDL 9/2013 (y el proyecto de Ley) afirma que se vuelve a cambiar el modelo. Si ahora el cambio no supone defender los costes hundidos de los pequeños productores, pues permíteme que cuestione tu opinión.
    Y si a eso le añadimos, que al mismo tiempo que se rompen los compromisos con los “mindundis ciudadanos”‘ se prorrogan concesiones hidráulicas hiperamortizadas y se prorrogan hasta le extenuación centrales nucleares, cabría empezar a cuestionarse qué es realmente lo que estamos pagando los españoles.
    Y en cuanto a la generación sobrante, un pequeño análisis sobre el por qué de tantos ciclos combinados de gas, unido al INAMOVIBLE sistema de fijación de precios marginales, creo que te permitirá comprender por qué un mecanismo (el de tarifas reguladas como incentivo a la inversión de renovables) que ha funcionado en medio mundo, genera en España algo tan sorprendente para los extranjeros como la tortilla de patata:el déficit de tarifa.

  9. Perico
    Perico Dice:

    “Y el modelo sigue siendo válido. La gente sigue invirtiendo en auto consumo, como lo hacía antes de esa absurdas primas. Y cuando sepamos que hacer con la capacidad de generación sobrante que tenemos en este país, será un fantástico momento para incorporar esas tecnologías tan eficientes.
    Y mantener los compromisos del estado, con el dinero de todos los ciudadanos es algo que los ciudadanos deben pensar. Y en este caso mi opinión es que no debe mantenerse un despropósito de este tipo.”

    No hay por donde agarrar este párrafo, y no te digo el “la gente sigue invirtiendo en autocosumo”.

    Vamos, que cuando ZP y Raxoi se firmaron el cambio de la constitución, para que los bonistas e inversores en deuda soberana, cobren antes que los pensionistas, médicos y maestros, tu aplaudías a palmada limpia, veraz?

    Olvidémosnos del déficit tarifario y que las eléctricas lloren, que no pasaría de ahí, y si quiebran, que lo dudo, se nacionalizan y listo. Al menos no habría que hacer leyes a medida, y nos saldría más barato.

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