El CGPJ, el TS y la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, o quién defiende qué.

Recientemente, la Sección Séptima de la Sala III del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en donde reconoce expresamente que el CGPJ ha vulnerado dos de mis  derechos fundamentales (asociación e igualdad), tras denegarme la compatibilidad para ejercer el cargo de Fedatario-Administrador en la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.Para situar al lector, efectuaré una breve referencia a qué es y por qué se crea la citada asociación, y la evolución de la misma.
La Plataforma, con solo tres años de vida, nació como consecuencia de la inquietud de un grupo de juristas concienciados y preocupados por la politización de la Justicia. Son socios fundadores de la misma, entre otros, catedráticos ilustres como D. Enrique Gimbernat o D. Andrés de la Oliva, así como hasta catorce magistrados repartidos entre toda la geografía española, y otros doce juristas no jueces, entre los cuales por cierto, se encuentra D. Fernando Gomá, uno de los editores de este blog “¿Hay Derecho?”.  Este colectivo, alarmado por la situación que atravesaba la Justicia en España, constituyó la Plataforma con la finalidad de “ mejorar el estado de la Administración de Justicia y garantizar su plena independencia eliminando cualquier atisbo de politización dentro del Poder Judicial”, tal y como se explica en su página web.
Pues bien, como he señalado al inicio del artículo, el CGPJ consideró que, dada mi condición de juez, no podía formar parte de la Junta Directiva de la Plataforma, por las razones que expondré a continuación.
Estos son los hechos: tras la promulgación del Reglamento de la Carrera Judicial 2/2011 de 28 de abril se introdujo en el artículo 326.1 i) el deber de que los jueces que quisieran ser directivos en asociaciones no estrictamente judiciales, debían obtener la previa declaración de compatibilidad por parte del CGPJ. Este órgano concedió la compatibilidad a los miembros judiciales que integraron la primera Junta Directiva dela Plataforma, tras su constitución en fecha 14/05/11.
Como puede imaginar el lector, las actuaciones y pronunciamientos emitidos por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial desde su constitución se han caracterizado por ser bastante críticos con la situación actual, siendo especialmente insistente en la necesidad de que, conforme al espíritu dela Constitución, 12 de los 20 Vocales del CGPJ sean elegidos por y entre jueces y magistrados.
Pues bien, tras renovarse la Junta Directiva de la Plataforma un año después de su creación, fuimos designados para integrarnos en la Directiva tres nuevos jueces, que tuvimos que solicitar la declaración de compatibilidad al CGPJ, ya con D. Gonzalo Moliner en la Presidencia. El CGPJ, primero mediante acuerdo de la Comisión Permanente, y después tras interponer recurso de reposición, mediante Acuerdo del Pleno, denegó la concesión de compatibilidad que solicité para ejercer mi cargo como Fedatario-Administrador. La misma suerte corrió la compañera de Valencia, que fue designada para ejercer el cargo de Vocal.
Nobleza obliga, y es justo destacar que cuatro Vocales del CGPJ se desmarcaron de la decisión de la mayoría y emitieron Voto Particular. Fueron Dª. Margarita Robles, D. Manuel Almenar, D. Félix Azón y Dª. Inmaculada Montalbán.
Pese a que las competencias del Fedatario-Administrador son escasamente relevantes (artículo 21 de los Estatutos), no nos pareció ajustado a Derecho el Acuerdo del Pleno, y decidí interponer ante la Sala III del Tribunal Supremo recurso por el procedimiento especial para la protección de Derechos Fundamentales, al entender que se habían vulnerado mis derechos de asociación, igualdad y libertad de expresión. Este último derecho fundamental, aludido expresamente en el Voto Particular por los vocales discrepantes.
Pues bien, la Sala III del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 06/11/13 ha estimado la demanda interpuesta declarando expresamente que el CGPJ vulneró con su acuerdo dos derechos fundamentales: el de asociación y el de igualdad.
Que los jueces en España tengamos que acudir al Tribunal Supremo para que este órgano declare que el CGPJ  ha vulnerado nuestros derechos fundamentales como jueces integrados en asociaciones críticas con la politización de la Justicia, no deja de resultar ciertamente triste.
El propio Tribunal Supremo razona en su sentencia que el CGPJ cambia de criterio al denegar la concesión que antes concedía, sin aportar justificación alguna que fundamente el cambio de criterio.La Plataforma, como el lector habrá ya deducido, no es una asociación complaciente con la situación actual, y sus comunicados y actuaciones están orientados a concienciar a la sociedad de las carencias de que, en nuestra opinión, adolece el Poder Judicial en España.
Cuando el CGPJ, un año después de la constitución de la Plataforma, cambió su criterio y denegó la compatibilidad a quienes debíamos ejercer cargos directivos en la misma, entendimos que no estaba actuando conforme a Derecho. Lo cual, tratándose del órgano de gobierno de jueces y magistrados, nos pareció grave. Así incluso se manifestaron los cuatro Vocales que emitieron Voto Particular. Parece que también ellos vieron un deseo de silenciar a la Plataforma. En concreto, en su Voto Particular se recogía “que la compatibilidad debiera de haberse concedido, y que la decisión adoptada por la mayoría, comporta una clara restricción al derecho a la libertad de expresión y crítica de jueces y magistrados. Se deniega la compatibilidad con un fin preventivo sobre la base de la posibilidad de que se lleguen a realizar determinadas manifestaciones.”
Hoy, el Tribunal Supremo nos ha dado la razón con esta sentencia, lo cual es motivo de alegría por una parte, y seamos sinceros, de preocupación por otra. Que el lector saque sus conclusiones.
Agradezco a los editores del blog “¿Hay Derecho?” el interés por el caso, y aprovecho para compartir con sus lectores la siguiente reflexión: No dudéis que una inmensa mayoría de los jueces que formamos parte de la Carrera Judicial no sólo  lamentamos el descrédito del que adolece el Poder Judicial, sino que antes bien, nos duele más aún comprobar que algunos de nuestros compañeros se prestan a un juego del que nos avergonzamos a diario.

Juan Montero García-Andrade

DATOS CV

Nacido en Madrid en el año 1.976. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó en la Carrera Judicial por oposición libre en el año 2007.

Actualmente, ocupando su plaza en el Juzgado Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Hellín (Albacete.) Miembro de la Directiva de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, en donde es el encargado de coordinar las comunicaciones con los jueces y magistrados de la Plataforma.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Patrono de la Fundación Matilde Izquierdo.

Distinción de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, a propuesta de la Comisaría General de Policía Judicial. Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Brigada de Delitos contra las Personas. Grupo de Homicidios.

Al finalizar sus estudios universitarios, completó un Curso de Práctica Jurídica en el Centro de Estudios Ignacio de Loyola en Madrid.