Una reforma tributaria anunciada (entre el compromiso y el augurio)

El actual Gobierno y el partido que lo sustenta, no tanto por decisión propia, sino a requerimiento de diversas instancias europeas y ante un cierto “clamor social”, ha asumido el doble compromiso de reformar el sistema tributario español (año 2014) y de revisar el actual sistema de financiación de las CC.AA. (año 2015) lo que en todo caso había que hacer al transcurrir 5 años.

Como consecuencia de lo anterior –de modo similar a lo hecho para la reforma de las pensiones- el Gobierno ha encomendado a una comisión de “sabios” el estudio y la formulación de propuestas sobre el contenido y alcance de la reforma del sistema tributario español y su encaje en el sistema de financiación de las CCAA pendiente de revisión .

Ello implica que, desde la perspectiva tributaria, la citada comisión ha de  pronunciarse sobre una nueva estructura del sistema tributario en su conjunto, acerca del reparto de la carga fiscal resultante entre las distintas manifestaciones de capacidad contributiva y sobre la asignación de competencias tributarias a los diferentes niveles de gobierno y todo ello en el contexto de un proceso de revisión o eventual reforma del actual sistema de financiación (vía subvenciones ) de las CCAA.

Se trata en principio de una tarea no desdeñable, que posiblemente resulte excesiva  teniendo en cuenta las solas capacidades de la citada comisión, compuesta de personas en cuya procedencia y experiencia prima el aspecto puramente académico y  además dado e corto plazo que se les ha concedido para el desarrollo de dicha tarea que expira en Marzo de 2014. Ello me lleva a concluir que en realidad  el encargo encomendado pretende fundamentalmente servir de simple cobertura y legitimación intelectual a unas medidas que en su mayor parte ya han sido adoptadas o proyectadas con anterioridad y ello con vistas al bienio electoral que se avecina marcado por repetidas citas a nivel europeo, nacional, regional y municipal.

Esta opinión mía resulta confirmada por la actuación del Gobierno. De una parte desde el inicio de la legislatura, por razones y en ocasiones de todos conocidas,  ha venido adoptando medidas de ajuste fiscal (con importantes incrementos) referidas a la mayor parte de los tributos, algunas de ellas con vocación de permanencia y otras con carácter  transitorio aunque prorrogadas ulteriormente. Por otra parte, en el ecuador de la legislatura y al socaire de una pretendida recuperación económica, tanto el Ministro de Hacienda como el Presidente del Gobierno vienen anunciando repetidamente estrategias fiscales de futuro llegando incluso a concretar cuales serán los impuestos susceptibles de ser reducidos o incrementados e incluso las fechas en que ello habrá de producirse.

Pues bien dadas tales actuaciones resulta difícil creer que la citada comisión de expertos vaya a alterar sustancialmente las decisiones tributarias ya adoptadas en la actualidad o las ya previstas y anunciadas para el futuro por el Ministro de Hacienda o el propio Presidente del Gobierno.

Por último y en cuanto a la revisión o reforma del régimen de financiación de las CCAA y su alcance es previsible que la pauta vendrá dada por las negociaciones en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a su vez influenciada por la solución (?) que se pretenda o logre alcanzar en el contencioso catalán y por las exigencias de consolidación fiscal esgrimidas porla UE.Aello habrán de acomodarse las previsiones y augurios de la comisión de expertos y del Gobierno

A mi juicio todo este proceso va a desarrollarse a la vista, pero sin posibilidades reales de implicación en el mismo, de la sociedad civil, de los contribuyentes y de la ciudadanía , al no existir adecuados y suficientes canales de acceso y participación efectiva para ello.

Modesto Ogea

Abogado. Inspector de Hacienda. Consejero Financiero en la Delegación de España ante la OCDE. Director en el Departamento Fiscal de Price Waterhouse. Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid.