Asalto a la independencia del Poder Judicial

Asistimos en estos días a la perversión de nuestro sistema democrático, ante una operación política de singular magnitud en la que los actuales responsables políticos en aras de controlar al Poder Judicial no han tenido reparo alguno en conculcar su pacto de legislatura con la ciudadanía.

Cuando un responsable político no respeta la Independencia Judicial, pretende influir en los nombramientos judiciales, incumple su propia promesa electoral y quebranta los derechos y garantías esenciales de la ciudadanía, reviste el ejercicio de su poder de una absoluta indignidad.

La calidad de un sistema democrático se mide por un pilar fundamental, la independencia plena de Jueces y Tribunales. Cualquier influencia directa o indirecta del poder político en el ámbito de la administración de justicia, erosiona el núcleo de una democracia y pone en grave riesgo los derechos y garantías de la ciudadanía frente a un ejercicio arbitrario del poder, que no estaría sujeto a método de control alguno.

En nuestro sistema constitucional el Consejo General del Poder Judicial en atención a las competencias que ejerce y a la facultad relativa a nombramientos judiciales, asume atribuciones que resultan sumamente sensibles para el ejercicio independiente de la jurisdicción y que deben estar a salvo de cualquier influencia política, so pena de afectar gravemente a la existencia de un Poder Judicial verdaderamente independiente.

El Partido Popular en su programa a las elecciones generales de 2011 prometía que en aras de despolitizar el órgano de gobierno de la Judicatura, promovería una modificación del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial que pasarían a ser elegidos por y entre los jueces y magistrados de todo el territorio nacional.

Se abría así una esperanza para el Estado de Derecho y para la carrera judicial, que terminaría con la politización de la Justicia y garantizaría por fin la plena separación de poderes y la autonomía del Consejo General del Poder Judicial, a salvo de las indeseadas injerencias políticas desarrolladas a partir de la Ley Orgánica 6/1985.

A partir de dicha Ley Orgánica, el PSOE modificaba el sistema de elección del órgano de gobierno de la judicatura sustituyendo la elección de los vocales judiciales por los jueces, por un sistema de elección parlamentaria. Se pretendía así controlar el órgano de gobierno de la judicatura, los nombramientos judiciales y las competencias relativas a la responsabilidad disciplinaria y estatuto profesional de Jueces y Magistrados. El poder político podría así interferir de lleno en el Poder Judicial, mediante la designación de los vocales que pudiesen resultar afines.

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 108/1986 consideró que si bien el sistema de elección parlamentaria de los vocales judiciales del CGPJ no era el más acorde con el espíritu constitucional, el mismo no quebrantaba el artículo 122 de nuestra Carta Magna. Resaltaba el Tribunal no obstante, que sólo se garantizaba plenamente la Independencia Judicial mediante el sistema de elección judicial de los vocales del Poder Judicial. Así mismo disponía la meritada sentencia una premisa esencial, de forma que el sistema de elección parlamentaria no podía suponer un intercambio de cuotas partidistas y reparto de vocalías judiciales entre los distintos partidos políticos.

Pues bien la composición de los sucesivos Consejos del Poder Judicial, evidencia que la designación política se ha basado en un intercambio de cuotas partidistas en clara contravención del precepto 122 de la Constitución, al dejar en una mera entelequia las salvaguardas especificadas por el Tribunal Constitucional respecto al sistema de elección parlamentaria de vocales del CGPJ.

En concordancia con la promesa electoral efectuada en su día, ratificada por el Ministro de Justicia en su toma de posesión, el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de Marzo de 2012 constituyó una comisión institucional para la elaboración de un texto articulado de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El acuerdo del Consejo de Ministros expresamente indicaba que para garantizar la Independencia Judicial debía procederse a modificar el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, garantizando que fuesen elegidos por y entre los Jueces y Magistrados de todo el territorio nacional.

Dicha comisión institucional estaba integrada por siete miembros, entre los cuales se encontraba el actual Presidente del Tribunal Supremo Don Carlos Lesmes Serrano, por aquel entonces Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

El Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón presentó un primer informe de dicha comisión en el que se establecía la modificación del sistema de elección de vocales judiciales del CGPJ, que pasarían a ser designados por los Jueces.

Tras el caso Dívar suscitado a causa de la dudosa justificación de diversos gastos cargados al CGPJ por el entonces Presidente, después de las presiones ejercidas por el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón sobre los vocales judiciales para lograr que apoyasen la continuidad de Carlos Dívar como Presidente del Tribunal Supremo, y ante la desobediencia de los vocales judiciales en un evidente ejercicio de responsabilidad y autonomía propia de su condición de jueces e integrantes del órgano de gobierno de la judicatura ; El Gobierno de la Nación a través del Ministro de Justicia decidió dar un giro copernicano en cuanto a la propuesta de modificación del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial.

En un contexto político en el que afloraban escándalos de corrupción que afectan de manera generalizada a los distintos partidos políticos, el Gobierno de la Nación sin justificación alguna, con traición a la palabra, dada decidió mantener el sistema de elección parlamentaria, reforzando la discrecionalidad en cuanto a la elección de vocales judiciales. La designación pasaba a ser una decisión exclusivamente política y partidista, que no se vería sometida siquiera al filtro relativo a la terna presentada por las distintas asociaciones judiciales. Bastaría con que un Juez o Magistrado presentase el exiguo número de 25 avales para que pudiese ser elegido por el poder político.

Correlativamente a lo anterior, la Comisión Institucional compuesta por 7 integrantes, el 3 de Noviembre de 2012 procedió a modificar su informe y a emitir otro proponiendo que la designación de los vocales judiciales sería por las Cortes Generales. Resulta evidente que el cambio de criterio de la Comisión Institucional nombrada mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de Marzo, obedecía a las instrucciones políticas del Ministro de Justicia y del Gobierno de la Nación.

Las anteriores consideraciones reflejan una evidente carencia de valores democráticos y un rechazo a uno de los pilares del Estado de Derecho. La actual clase política no concibe un Poder Judicial independiente. Es por ello que rechazan ,incluso traicionando su propia palabra, la elección de vocales judiciales por los jueces y magistrados. De éste modo perderían el control.

El Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón vino a justificar el cambio de criterio en la necesidad de buscar un gran consenso. Argumento que se reveló finalmente como una mera excusa falaz dado que la Ley Orgánica 4/2013 se aprobó exclusivamente con los votos del grupo parlamentario popular.

Incluso se llegó a suspender el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, para cambiar las reglas del juego una vez empezado el partido. ¿Se imaginan que en mitad de unas elecciones generales se alterasen las reglas del voto y como consecuencia se lograse una composición distinta y predeterminada de nuestro arco parlamentario o del signo del gobierno?. ¿No es lo anterior, más propio de regímenes totalitarios que no respetan las instituciones democráticas?.

En la Ley Orgánica 4/2013 de 28 de Junio, al margen del sistema de elección, se reducían de manera significativa las competencias del CGPJ, mermando la importancia del mismo y su capacidad de preservar la Independencia Judicial, y se instituían mecanismos que posibilitaban represalias por vías disciplinarias respecto a Jueces y Magistrados y disminuían de manera significativa las garantías de Jueces y Magistrados respecto a su estatuto profesional. El Gobierno de la Nación consagraba así un evidente ataque a la Independencia Judicial.

El dudoso talante democrático de la clase política no se circunscribió al Gobierno de la Nación, sino que se extendió a la oposición y en particular al Partido Socialista Obrero Español, el cual pese a recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley 4/2013, no impugnó los preceptos relativos al nombramiento de vocales judiciales por las Cortes. Como se demostraría posteriormente, también quería su parte en el pastel del Consejo General del Poder Judicial. Gobierno y oposición actuaban así como cómplices en un atentado continuo a la Independencia Judicial desde 1985, que alcanzaba su cénit en 2013.

Iniciado el proceso de renovación del CGPJ, conforme a la nueva Ley 4/2013, se presentaron 53 candidatos que obtuvieron un número de avales irrisorios. Paralelamente a ello se inició un proceso de elecciones alternativas en la carrera judicial, bajo fé notarial y con carácter simbólico, en el que los candidatos triplicaron los avales de los candidatos oficialistas.

La designación parlamentaria se fraguó como un mero intercambio de cuotas partidistas, donde ni tan siquiera se explicó a la opinión pública el motivo de la designación de los 12 vocales judiciales, quienes ni tan siquiera pasaron ante la comisión de nombramiento de las Cortes. No se informó en modo alguno por el motivo de la preterición de otros candidatos, que incluso habían conseguido más avales que los seleccionados o cuyas trayectorias profesionales en base a superación de pruebas de especialización en órdenes jurisdiccionales, contaban con una mayor prestigio profesional.

La designación se circunscribió a un mero reparto de cuotas partidistas. Cómplices de la ignonimia fueron PP, PSOE, IU, PNV y CIU. Constituía por otro lado un evidente ejercicio de nepotismo, dado que al margen de la cualificación profesional de los seleccionados (algo que este autor en modo alguno pretende poner en duda), algunos de los nuevos vocales tenían especiales vínculos personales incluso familiares con quienes ejercían o habían ejercido altos cargos del Estado.

Con carácter previo a la designación de los 12 vocales judiciales, se filtró en prensa que los principales partidos políticos habían acordado que Don Carlos Lesmes Serrano sería el próximo Presidente del Tribunal Supremo. Debe recordarse que la designación del mismo corresponde en exclusividad al Consejo General del Poder Judicial conforme al artículo 123 de la Constitución y al propio artículo 586.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El nuevo Pleno del Consejo General del Poder Judicial propone sólo como candidatos a Presidente del Tribunal Supremo a Don Carlos Lesmes y Doña Pilar Teso. Hecho éste que no puede sino causar perplejidad por el exiguo número de candidatos propuestos, desconociéndose los motivos por los que ninguno de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial consideraron idóneo a otros Magistrados del Tribunal Supremo. No resulta creíble que ningún otro Magistrado del Tribunal Supremo no se considerase capacitado para ejercer el más alto cargo de la magistratura.

Lo anterior suscita serias dudas sobre la autonomía de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para proponer nombramientos judiciales y ejercer de forma autónoma sus funciones. Más si tenemos en cuenta que uno de los candidatos propuestos, finalmente el elegido, había sido el designado por el poder político con carácter previo a la elección de los propios vocales judiciales como nuevo Presidente del Tribunal Supremo.

Analizados los antecedentes a este autor se le suscitan dudas que no acierta a despejar :

¿Qué intervención tuvo Don Carlos Lesmes Serrano en la Comisión Institucional creada para proponer un texto para la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial?

¿Cuál fue su posición, teniendo en cuenta que dicha comisión varió radicalmente su informe en dicho extremo siguiendo una perfecta coordinación con el cambio de criterio del Gobierno de la Nación?.

¿Cuál fue el momento temporal exacto en el que se produjo la designación de los vocales judiciales y la del Presidente del Tribunal Supremo? ¿Finales de 2012? ¿2013? ¿Antes?.

Perdone el lector, la susceptibilidad de este autor pero teniendo en cuenta los antecedentes relatados, no puede quien subscribe albergar serias dudas sobre un proceso de reforma de nuestro órgano de gobierno, construido en base a una farsa y a la traición a la palabra dada, cimentado en definitiva sobre una mentira originaria.

No dudo en modo alguno de la excelente trayectoria y cualificación profesional del nuevo Presidente del Tribunal Supremo, pero sí resalto las serias incertidumbres que la sucesión de hechos relatados hacen surgir en torno al proceso de designación. Resaltar única y exclusivamente las cualidades profesionales del nuevo Presidente es decir la verdad, pero supondría también ocultar de forma interesada las circunstancias que han precedido a la designación.

Los actuales miembros del Consejo General del Poder Judicial,mediante el ejercicio independiente de su función tienen la ocasión de despejar estas dudas. Eso sí no se arroguen ninguna representación en nuestro nombre, no tienen derecho, no les hemos elegido.

Como verá el lector, estas líneas en modo alguno son fruto de la ira ni suponen un ejercicio de la libertad de expresión impropio de quien tiene la condición de Magistrado. Tampoco afectan al supremo valor de imparcialidad al que como Jueces y Magistrados nos debemos. En el ejercicio de mi jurisdicción en modo alguno veo apellidos de partes y ninguna vinculación tienen mis resoluciones, con el ejercicio de un derecho fundamental que ostento como ciudadano y mediante el cual me manifiesto. No puedo permanecer impasible ante reformas que merman de lleno la calidad de nuestro sistema democrático.

Las reflexiones precedentes son fruto de una honda preocupación por unas reformas que ponen en peligro los derechos de la ciudadanía. Cuando un juez se opone a reformas que ponen en peligro el ejercicio independiente de su jurisdicción cubre de prestigio y honor su toga.

Dignificar el ejercicio de nuestra profesión supone defender sin miedo la Independencia Judicial, aún a costa de frustrar la propia trayectoria profesional o arriesgar intereses personales. No obstante lo cual, la preservación de una justicia independiente para servir al ciudadano constituyen para mí un valor supremo, que en ningún modo merma ni mi responsabilidad ni mi imparcialidad como Magistrado.

Para mí los derechos y el futuro de ciudadanos de a pie, de jóvenes soñadores como Irene, Berta, Fernando, Marta, Oscar, Julián,Miriam,José Luis y otros tantos valen más que cualquier riesgo que con estas palabras puede que esté asumiendo. A esos principios, a esos sueños me debo. Y si un día eso me pasase factura, siempre ostentaré el orgullo de haber sido libre y fiel al juramento que presté en su día.

A veces sólo depende de una persona que las cosas cambien, a veces como en la más hermosa historia de amor todo empieza y todo acaba en ti.

15 comentarios
  1. Fernando Gomá Lanzón
    Fernando Gomá Lanzón Dice:

    Gracias Manuel y bienvenido al blog. Para nosotros es una gran satisfacción comprobar cómo los jueces ya no callan ni tampoco se escudan en sus asociaciones corporativas para evitar denunciar lo que es uno de los mayores problemas que tenemos en España. La corrupción, la degradación, el “yo he venido a la política para enriquecerme” que dijo un siniestro personaje, necesitan como una de sus patas fundamentales que la justicia esté bajo control. Si es un poder independiente es una amenaza, y para ello desacreditarán esa idea con todos los medios posibles, tachándola de corporativa y antidemocrática.

    Ahora bien, como ya escribí en este artículo http://hayderecho.com/2011/02/28/por-que-no-hay-en-espana-una-justicia-eficaz-ii-la-necesaria-despolitizacion-del-cgpj/ en el blog hace tiempo, los jueces, o mejor, la judicatura como tal, no son totalmente ajenos a esta degradación:

    “Ahora bien, la judicatura no está en absoluto exenta de culpa en esta situación y debería hacer una severa autocrítica. Si los partidos han manipulado el Consejo ha sido porque ha habido jueces que han querido estar a las órdenes de aquéllos votando lo que le interesaba al partido de su cuerda, y porque las asociaciones profesionales han elegido candidatos de este corte, politizados, obedientes a las necesidades partidistas y preocupados de su carrera personal en vez de hacer lo que necesitaba la Justicia aún a costa de no progresar. No han sido tampoco ejemplares. Los jueces, como colectivo, han sido parte del problema y deben ser los primeros en ser parte de la solución, si es que quieren recuperar una credibilidad ante la sociedad civil de la que ahora me temo que carecen en gran medida”

    Denunciar no es clamar en el desierto, aunque lo parezca, tiene efectos: Hace unos años, no muchos, el escandaloso reparto partitocrático y probablemente inconstitucional del poder judicial era un no-tema. Nadie sabía nada, los periodistas lo trataban como algo bastante complejo, y básicamente trasladaban las quejas del partido que no tenía la mayoría, pero como algo más dentro de los diarios avatares de la política. Solamente con ese clima era posible que un ministro socialista de justicia pudiera con toda paz decir que el, claro, el PP se quejaba de la composició del CGPJ, ¡porque no tenía mayoría!, en una desarmante confesión de control político del poder judicial.
    Ahora se sabe mucho más, se controla mucho más también, es un tema, los políticos se saben más vigilados y la prensa lo sigue. Hay plataformas que organizan elecciones alternativas, etc. Es cierto que falta mucho, pero no estamos igual que antes. Uno de los efectos de escribir, denunciar y tener repercusión es que se van eliminando los “no-temas”. Gracias por ello.

  2. Isidro Elhabi
    Isidro Elhabi Dice:

    Aunque el post no expone nada que desconozcamos, es digno de elogio la valentía de este juez. Como dice Fernando, hay cosas que están cambiando y pasos como los de este magistrado hacen que las cosas cambien. Está claro que recuperar la independencia judicial no va a ser fácil. Pero la justicia emana del pueblo y es con él y por él donde hay que estar para defender sus derechos y libertades. La comunicación de las deficiencias, injerencias, menoscabos y problemas de la Justicia hacen que la ciudadanía tome conciencia y los asuma como propios, y valore su importancia de cara a las elecciones como un factor más.

    El romanticismo, vocación y dedicación de este juez que se refleja en su última frase nos aproxima a una profesionalidad y honestidad que creo que se da en la gran mayoría de los jueces. Que tenga por seguro que cada grano sirve.

    “Para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada.”
    “La valentía es contagiosa. Cuando un hombre adopta una posición firme, las columnas vertebrales de los demás se enderezan también”

  3. Panóptico
    Panóptico Dice:

    El Magistrado que nos escribe, al igual que varios de los promotores de este blog, se esfuerzan en tildar de que los Vocales del CGPJ, no son independientes, que estan afectados de ideologia politica, que su nombramiento no es democratico, que se vulnera el Estado de Derecho, que no se respeta la division de poderes, etc.,…

    Dejemos claro una cosa, los Vocales del CGPJ, al igual que el Presidente del TS, en ningún caso son JUECES, ni tampoco son ABOGADOS, o Secretarios Judiciales o Fiscales, aunque antes de su nombramiento, si lo fueran,

    Confundir un organo constitucional, de GOBIERNO, con el Poder Judicial, mezclando la division de poderes, no es forma de llegar a un buen proyecto politico, los juristas sabemos que ni son jueces, ni administran justicia, que solo “gobiernan” a los jueces y eso es precisamente lo que no les gusta.

    Opciones posibles “politicamente” hablando:

    A) La “antigua” que los gobiernen desde el Ministerio de Justicia.
    B) Que formen un nuevo Colegio Profesional de Jueces y elijan a un Decano, como una Asociación mas.
    C) Que los representantes del pueblo (politicos) del Congreso y Senado, lo decidan.

    La opcion del Magistrado que nos escribe, es que “lo democratico” es que los Vocales sean elegidos solo por los Jueces, cuando nuestra Constitucion, no dice eso (ver art. 122) sino que regula una composicion de “juristas” de todas las profesiones que conforman la administracion de justicia.

    Dada su enorme influencia, de redactarse hoy este articulo constitucional, casi lo mejor seria incluir por lo menos 2 plazas para periodistas de información jurídica acreditada, 10 Jueces, 5 Abogados, 1 Secretario Judicial, 1 Fiscal y 1 Jurista, como un reparto equitativo de las profesiones afectadas, con objeto de conseguir una Comision donde tengan cabida y voz todos los actores de la justicia.

    Los nombramientos para la Sala Penal del Supremo tanto de Magistrados como de Fiscales y para el Tribunal Constitucional, que son las materias mas sensibles a tratar, son asuntos que deberían de ser propuestos y nombrados por otro órgano constitucional y entonces desaparecería el ansia de poder gobernar en el CGPJ y se fomentaría su verdadera función de control disciplinario-organizativo en la administración de justicia.

    • Alberto Lafuente
      Alberto Lafuente Dice:

      Sr. Panóptico: me parece entre trágico y cómico el empeño que muestran muchos (empezando por el Ministro de Justicia y terminando en ciudadanos como Vd.) en separar netamente el gobierno del Poder Judicial y el ejercicio de la potestad jurisdiccional, como si fueran compartimentos estancos e incomunicados y lo uno no pudiera afectar a lo otro. A ver, hablemos claro: gobernar el Poder Judicial significa, entre otras cosas, designar discrecionalmente a los miembros de la denominada “alta magistratura” (que conocerán de las causas contra aforados), inspeccionar los juzgados y tribunales y sancionar a los jueces que pudieran incurrir en alguna infracción disciplinaria. Son todas ellas cuestiones muy delicadas, que pueden afectar muy seriamente a la independencia de los jueces, y por ello no se pueden dejar en manos de vocales designados a dedo por los partidos políticos. Me permito recordarle las sanciones ejemplares impuestas a algunos jueces cuya cabeza reclamaban los medios de comunicación (pensemos en el caso Tirado o las multas impuestas a algunos jueces que han osado criticar la delirante legislación sobre violencia de género). Me permito también recordarle los abracadabrantes sobreseimientos, las sorprendentes absoluciones y la asombrosa levedad de las penas impuestas a algunos altos cargos políticos, de lo cual se ha hecho glosa minuciosa en este blog. Lo que le digo no es paranoia: es una realidad. Otra cosa es que ciudadanos como Vd. se obstinen en no quitarse la venda de los ojos.

      Mire, yo tampoco creo que haya que excluir al Parlamento de la elección de los vocales. Por eso, con buen criterio, el art. 122 CE atribuye la designación de 8 vocales al Congreso y al Senado. Con lo que no estoy de acuerdo es que, como sucede ahora, el Parlamento acabe nombrado a TODOS Y CADA UNO de los 20 vocales. Y no me venga con el cuento de la legitimación democrática: esos vocales lo único que tienen es una legitimación partitocrática. No es el pueblo español el que respalda sus nombramientos, sino el aparato de los partidos. Aquí el pueblo español no elige nada y su voluntad importa un pimiento. Si el pueblo pudiera elegir por sí mismo a los vocales, seguramente elegiría a aquellos jueces que se han distinguido en su lucha contra la corrupción política y económica. Eche un vistazo a la actual composición del Consejo y dígame a cuantos de esos jueces ve entre sus miembros.

      Por cierto, muy interesante su propuesta de que formen parte del Consejo un par de periodistas. Si le parece, podríamos meter también a 3 ó 4 ujieres y algún representante de los servicios de limpieza, para que ningún “actor de la Administración de Justicia” se sienta excluido.

      Un saludo,

      Alberto Lafuente

  4. jurista
    jurista Dice:

    Sr. Panóptico : eso que cuenta era antes. Ahora la inmensa mayoría claro que seguirán siendo jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales. Son compatibles. Seguirán en sus puestos de trabajo y profesiones respectivas. Los vocales que sean jueces serán gobernantes y gobernados por sí mismos, los secretarios serán gobernanates de los jueces donde presten servicios, los vocales abogados pueden informar y llevar asuntos ante sus jueces gobernados, en fin.. se avecina un enorma galimatías. No le hace falta esto a la Justicia, de verdad, que no.
    Me parece bien que miembros de la Magistratura se expresen y cuenten lo que les pasa, fuera de sus estructuras oficiales.

  5. Teilhard
    Teilhard Dice:

    Han coincidido en mi Ipad, su valientisimo artículo y el reciente libro del alumno de Retamar José María Zabala ” La Pasión de Pilar Primo de RIvera”. Tras leer algunos de sus delirantes pasajes, aún pienso que es usted más valiente y que todo hombre de bien debería darle su apoyo. Los que son como usted son nuestro último baluarte ante la barbarie. Me recuerda el pasaje de aquel que en la Holanda del siglo XVII, tras el público linchamiento de los hermanos De Witt, quiso salir antes las multitudes con un cartel diciendo “Ultimi bárbarum” Afortunadamente sus amigos se lo impidieron, porque hubiera acabado de la misma manera. Gracias a ello, si usted visita Amsterdam, podrá ver en la fachada lateral de un edificio de viviendas una enorme inscripción de una cita suya en inglés que dice: ” Men under the guidance of reason…desire nothing for themselves which they do not also desire for the rest of the humanking”.  

    Cuán diferente es una sociedad guiada por la razón de otra que lo es por la pasión.

    • Jesús Díaz Formoso
      Jesús Díaz Formoso Dice:

      Estimado Teilhard, no puedo dejar pasar la ocasión de saludarle en este mundo virtual que parece haber sustituido a nuestra antigua sociedad. No ya a la de nuestro admirado pulidor, sino a la que el Padre Pierre imaginó; esa sociedad que, pasado el ecuador de la acaparación de la riqueza global material, lucha por cada fracción de unos recursos cada vez más escasos, más deseados. Y cada vez con mayor crudeza. Más escasez; más dolor.

      Muchos olvidan que la Independencia Judicial no es un fin en si mismo; que su finalidad no es sino intentar de garantizar la Imparcialidad del tercero dirimente en los conflictos.

      Y es esa Imparcialidad la que nos permite, como ciudadanos y como justiciables, aceptar Resoluciones Judiciales que nos afectan en lo que nos es propio, y cuya razón no compartimos; como fruto del error -humano- y no de la arbitrariedad -delictiva.

      La solución parece sencilla, al margen de la elección del Gobierno de los Jueces: Y además de sencilla, constitucional: Sujetar a los Jueces -Efectivamente- a responsabilidad por sus actos jurisdiccionales. Acabar con la “Impunidad enmascarada de la judicatura” (Fassone dixit).

      Y el instrumento no puede ser otro que el Juicio del Tribunal del Jurado. Cierto que existen riesgos; pero no no son desconocidos; es más, esos riesgos, traducidos en peligros concretos, y finalmente en daños de difícil reparación a la credibilidad del sistema, se han adherido fatalmente al sistema.

      Me complace desearle un nuevo año en el que comencemos a salir del negro tunel en que nuestra convivencia social, nuestro “antiguo” mundo, deambula sin ilusión ni destino conocido.

  6. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial informa (http://pcij.es/intervencion-de-las-naciones-unidas-en-la-justicia-espanola/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pcij-espana+%28Plataforma+C%C3%ADvica+por+la+Independencia+Judicial%2C+Granada%2C+Espa%C3%B1a%29 ) de que ha presentado una queja a la Relatora de Naciones Unidas para la independencia judicial. Debería presentarse otra en el Consejo de Europa que tiene competencias en esta materia (http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp ), creo.

  7. Ernesto Manzano
    Ernesto Manzano Dice:

    Efectivamente compañero Manuel Ruiz de Lara: has descrito con admirable valentía y detalle la crónica de una farsa, de una traición, de una auténtica vergüenza. La historia del mayor atentado perpetrado desde la restauración democrática contra las bases mismas de nuestro Estado de derecho. Un atentado, especialmente repudiable por haberse perpetrado desde las propias estructuras internas del sistema democrático, que si bien es posible que a corto plazo pueda pasar desapercibido para la mayoría de los ciudadanos, sólo a medio plazo los sufriremos TODOS SIN EXCEPCIÓN, incluidos todos esos políticos que por motivos tan espurios como extremadamente miopes lo han impulsado y aprobado pensando sólo mezquinamente en lo más inmediato para sus intereses. Porque los derechos fundamentales que consagra nuestra constitución quedarán en pura letra muerta (también para ellos) si dejan de existir tribunales verdaderamente independientes e imparciales capaces de tutelarlos.
    Ernesto Manzano. Magistrado y, sobre todo, ciudadano

    • Jesús Díaz Formoso
      Jesús Díaz Formoso Dice:

      Don Ernesto, Don Manuel, y tantos otros de nuestros Jueces que, de manera anónima vienen resistiendose a la barbarie legislativa de esta nuestra neodictadura, sumisa al Dios Mercado, señalado con “G” de Gold en la punta del piramidón.

      MUCHAS GRACIAS POR SU CORAJE, QUE ES EL NUESTRO. Más en estos días en que la vieja “lucha por el Derecho” se ha sustituído por la Lucha por la Dignidad.

      No estamos solos. Saberlo no quita que, al comprobarlo, nos reconfortemos.

      Muchas gracias, estimados Ilustrísimos señores.

  8. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Manuel, enhorabuena por tu valiente post, bienvenido al blog y desde aquí todo nuestro ánimo y nuestro apoyo en esta lucha contra el asalto al Poder Judicial. Creo que podéis tener la convicción de que no estáis solos y de que todo jurista y ciudadano de bien os apoyan.

  9. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Compartiendo lo que dice el artículo me gustaría, además de agradecerlo, complementarlo.

    La operación de refuerzo del control sobre decisiones de la judicatura se inscribe en un contexto: el colapso de un modelo de estado que hace tiempo que ha asumido que va a ser incapaz de evitarlo y va a tener que gobernar con Horizontes Oscuros y Decrecientes a generaciones criadas mirando a Capua.

    Un poder cuyas cúpulas locales (en cada estado particular) están implantando diversos programas para garantizar el orden físico –y que el sistema dure– mientras se espera a ver si algo acontece que permita un escenario distinto.
    Mientras tanto nos enseñan las fotos de Kiev pero no aparecen –en la prensa de Europa– las de Turín, Génova y otras ciudades italianas. (Ver Corriere dela Sera del 10 de Diciembre).

    Del mismo modo que hemos colocado en una sala del TS a ilustres padres jurídicos de derivados financieros, hoy se nos hace imprescindible apretar las tuercas a jueces de otras instancias, ayer mismo, que muestran reticencias a aceptar un sistema de multas de tráfico recaudatorio. No sea que se les vaya la mano en su celo justiciero mirando donde, en ningún caso debieran.

    En este contexto se inscriben tanto las operaciones hoy criticadas como las de integrar en el poder extractivo a grupos potencialmente desestabilizadores como acaba de suceder en el País Vasco. Todas tratan de reducir el riesgo sistémico en momentos muy delicados.

    Este es el sentido en el cual Michael Mann y John Hall dicen aquello de….”Buy them off and lets make friends with them”. (Power in the 21st century)

    Cada uno de los incidentes comentado aisladamente es una cosa. El conjunto muestra otra y por tanto también debiera recibir respuestas de similar topología.

    Este fenómeno –en diversos grados según sea el nivel de riesgo local concreto– ocurre en todo occidente.
    España constituye un caso de riesgo sistémico muy especial porque puede desestabilizar todo el castillo de naipes financiero y por eso recibimos un tratamiento más perceptible.

    En estas condiciones, cuando la UE proclama que el sistema crediticio es un bien público, hemos de alterar Códigos Penales y Constituciones para protegerlo. Si se nos estropea el neumotórax el daño es letal.

    No olvidemos que, de momento, no disponemos de alternativa conceptual que se discuta públicamente ni de una forma de transitar razonablemente entre hoy y mañana y por lo tanto resulta prioritario, por lo menos, controlar el ritmo de la caída.

    Buenos días

  10. Pilar Piquer
    Pilar Piquer Dice:

    Me ha encantado el post. Pienso que la gran esperanza de la democracia en España es el Poder Judicial. Y yo me hago una pregunta, ¿La UE sólo actúa en temas económicos? ¿No actúa cuando en un país miembro no está garantizada la separación de poderes o se limitan en exceso un derecho fundamental?.

  11. Ana
    Ana Dice:

    La justicia humana no es la última ley. Dicho de otro modo, no es la Ley, con mayúsculas. Pero hasta que la Humanidad no de el siguiente salto evolutivo, y está escrito que lo dará, es el único y el mejor instrumento que tenemos para limitar, impedir y sancionar la tiranía de los corrompidos por el poder, además de otros muchos actos intolerables, tengamos o no un estado democrático. Como ciudadana a la que le encantaría ver presos y desprestigiados a todos estos criminales de la injusticia organizada y planificada, que se unen para delinquir en la complicidad más deleznable, suscribo la preocupación del autor del artículo y le apoyo sin reservas. Y además, los dos últimos párrafos son preciosos. La libertad no tiene precio, y los sueños tampoco, por eso es mentira que no sean realizables. Si no lo fuesen, la especie humana ya se habría autodestruido hace millones de años (según un amigo que tengo que sabe mucho, al menos llevamos aquí ochenta y siete).

    Un dia lo conseguiremos, señor Ruiz de Lara, no tenga usted ninguna duda. Quizá no lleguemos a verlo con nuestros ojos físicos, pero sí con los del alma. Claro que sí.

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