¡Ay, Derecho! La necesaria recuperación de la independencia de los interventores municipales

Fernando Urruticoechea es interventor municipal. Esta profesión se crea en el siglo XIX para luchar contra el poder de los caciques locales y se constituye como un funcionario del Estado cuya misión es controlar y fiscalizar todo lo relativo a la gestión económica del ayuntamiento. Un revisor externo de sus cuentas y de lo que el consistorio hace con los presupuestos públicos.

En la Transición su figura se torna extremadamente “molesta” para muchos de los nuevos dirigentes municipales surgidos de las urnas. Consideran intolerable e incluso antidemocrático que un alcalde elegido por el pueblo no  pueda desarrollar sus políticas simplemente porque un funcionario se lo impida. O, dicho de otra manera, y más realista, no quieren que nadie les controle para poder manejar a su entera libertad el cada vez más importante presupuesto municipal.

Antonio Muñoz Molina, en su recomendable libro “Todo lo que era sólido”,  hace un retrato de la situación en esos años, comentada en este blog por Ignacio Gomá: “…el relato de sus primeros pasos laborales como administrativo del Ayuntamiento de Granada, donde experimenta, en plena adscripción comunista,  los últimos años del franquismo y la llegada de la democracia, y puede contemplar en primera fila la llegada a mitad de los ochenta de un nuevo fenómeno, el “pelotazo”, que convirtió a España “en el país donde uno puede hacerse rico más rápidamente” (Solchaga dixit).

 Pero lo grave no fue sólo el pelotazo individual, sino el desahogo institucional: el dinero empezó también manar desde Europa hacia las administraciones públicas, entre ellas la local,  y  pronto los políticos empiezan a considerar molestas las “trabas burocráticas”, la subordinación de sus decisiones y ocurrencias a procedimientos que venían del pasado. Tales “trabas” no eran sino las exigidas, para mantener la legalidad de las decisiones políticas, por funcionarios nacionales como el secretario de ayuntamiento, el interventor  y el depositario, que hasta entonces no eran nombrados ni destituidos por el alcalde: el secretario general –nos recuerda-  certificaba la legalidad de los acuerdos municipales. El interventor tenía que aprobar cada propuesta de gasto, asegurándose previamente de que no se salía de los presupuestos. El depositario controlaba el dinero ingresado en la caja del ayuntamiento y autorizaba los pagos. 

Así que se cambiaron las cosas: había que construir una nueva legalidad democrática, creada por los representantes del pueblo, en la que pudieran asegurarse de promulgar leyes que les permitieran  actuar al margen de ellas. “La ruina en que nos ahogamos hoy –dice- empezó entonces: cuando la potestad de disponer del dinero público pudo ejercerse sin los mecanismos previos de control de las leyes; y cuando las leyes se hicieron tan elásticas como para no entorpecer el abuso, la fantasía insensata, la codicia, el delirio –o simplemente para no ser cumplidas” (pág. 48).”

Fernando Urruticoechea, decíamos, es interventor, cree en su profesión y la ejerce como tal. Eso le ha causado los previsibles problemas con políticos profesionales muy poco acostumbrados a controles y responsabilidades, y sí a una plácida impunidad. En el ayuntamiento de Castro-Urdiales, donde trabajaba, ocurrió lo que relató a Jordi Évole en “Salvados”:

 

Por cierto, el alcalde de Castro-Urdiales está imputado en estos momentos por delitos de malversación y falsedad en documento público, resultado en el que el trabajo como interventor de Urruticoechea ha tenido parte de causa.

Le hemos pedido a Fernando Urruticoechea un artículo sobre la situación de los interventores municipales y nos lo ha prometido. Mientras tanto, nos ha remitido su extenso e interesante trabajo, coescrito con una profesora de Derecho Administrativo,  “La racionalización y sostenibilidad de la Administración Local mediante el fomento de su control interno a través de la recuperación de la independencia de los interventores municipales”, cuyo título no deja lugar a dudas sobre el contenido.

En él se refiere a un proyecto de ley entonces en marcha promovido por el PP de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el que se anunciaba precisamente el aumento del control municipal, el rigor, la mayor independencia de los interventores, etc. Acaba de aprobarse como ley, publicada en el BOE el día 31 de diciembre. No creo que sorprenda a nadie saber que, una vez más, para este Gobierno, lo que dice que va a hacer y lo que hace pueden ser dos cosas completamente diferentes (es un Gobierno muy fiable, como diría Rajoy, pero en el sentido de que sabes que nunca te puedes fiar de lo que diga), o en palabras del propio Fernando Urruticoechea: “aunque uno de los objetivos de la ley era precisamente el de reforzar el papel de los interventores locales, una vez más ha quedado demostrada la nula voluntad de nuestros dirigentes políticos en implementar un sistema de control interno efectivo en las Administraciones Locales.”

 

5 comentarios
  1. J.Domingo
    J.Domingo Dice:

    B.dias.

    Soy de la opinión que mientras la dependencia no sea plena del Estado,incluyendo a efectos retributivos,no existirá autonomía real.En la actualidad el cuerpo ha perdida su identidad tras las sucesivas reformas,que pasaron de una selección por el Estado a un híbrido con temario mínimo aprobado por el Estado, y traspaso de competencias a CCAA,lo que en mi opinion ha sido un error por muchos motivos que darían para escribir un artículo.(a título de ejemplo falta de homogeneidad en los procesos selectivos entre distintas Comunidades,o muchas que no han convocado si quiera plazas, con efecto llamada a las otras que si lo han hecho).

    No obstante no tiene sentido que la retribución dependa de la autoridad de turno de la entidad local en la que se presta servicios!debe necesariamente modificarse la normativa para que la dependencia también sea en este sentido del Estado,así como el régimen disciplinario en su integridad, inclusive infracciones leves.

    En fin,el tema abordado se presta a muchas opiniones,y he querido contribuir modestamente con mi opinion a un posible y siempre enriquecedor debate.

    Agradecido por la atención.

  2. Páradox
    Páradox Dice:

    Otra reforma, la de dar autonomía y poder a los interventores municipales para evitar la tan arraigada corrupción municipal, que Rajoy ha preferido no hacer. Y van…
    En realidad sería ingénuo pensar que, habiendo incumplido tanto su programa electoral, iba a cumplirlo en este punto. A la partitocracia le espantan los controles, los quiere desactivados para campar a sus anchas. Y Rajoy es la pura encarnación del partitócrata.

  3. Fernando Gomá Lanzón
    Fernando Gomá Lanzón Dice:

    Hace unos días comentamos en el blog un proyecto de documental sobre la corrupción en España que nos pareció muy interesante http://hayderecho.com/2013/12/19/flash-derecho-micro-mecenazgo-para-el-documental-corrupcion-el-organismo-nocivo/

    Pues bien, una de las personas que aparece en el video promocional es Maite Carol, interventora municipal en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (2006-2010). Suyos son los informes que alertaban de las inversiones ilegales del Ayuntamiento de Santa Coloma “Caso Pretória”.

    Y ella es precisamente la que dice que “no cruzará la raya”, pase lo que pase. Todo mi reconocimiento para ella, y es un caso que pone en evidencia el valor real que pueden tener unos interventores con los instrumentos legales y materiales suficientes para hacer verdaderamente su labor.

Los comentarios están desactivados.