Nostalgia navideña, salto temporal y corrupción

La Navidad, que -como decía  Café Quijano- “es tiempo de duda, de nostalgia…” invita a recuperar viejos libros adormilados en las estanterías y desvanes. En mi caso el azar me llevó este fin de año a una colección de eventos ocurridos que una conocida Editorial recopilaba año a año (no sé si lo sigue haciendo en la era de internet) y que mis padres en algún momento debieron decidir que almacenarían. Sin pensarlo, agarré el del 1992, como año que, a bote pronto, entreví lejano y que al mismo tiempo tiene para mí un cierto valor de referente. Después de dos años de oposiciones, en enero de ese año empecé a trabajar…

La verdad es que esperaba encontrar hechos trasnochados en los que pudiera ver como estábamos y cómo estamos, buscar un efecto contraste parecido al que despiertan las fotos que en esas fechas se envían por whatsup sobre los juguetes de nuestra niñez y las consolas de videojuegos de ahora… el madelman o los Juegos Reunidos, frente a la Xbox; la simplicidad frente a la sofisticación técnica reciente; todo ello quizá bajo un oculto deseo navideño de proyectar sobre la sociedad y las noticias de ese año esa evolución que el paso del tiempo había generado en otras áreas.

Lo cierto es que en menos de diez minutos ojeando sus páginas, maquetadas y escritas en el atractivo estilo periodístico del momento, me di cuenta de lo mucho, de lo muchísimo, que se parecía lo que preocupaba ese año y lo que ahora preocupa. Mi atención se posó –no se bien por qué- en dos sugerentes titulares de ese año.

El primero era El “caso Ollero”. Al calor del julio andaluz, sorprenden al hermano de Manuel Ollero, director general de carreteras de la Junta de Andalucía, con un maletín con 26 millones de pesetas (156.200 € de ahora, que parece -y seguramente es- menos), con tan mala fortuna para éste que acaba sabiéndose que le fue entregado por un asesor de OCISA, empresa constructora que había obtenido poco antes un contrato de la Junta de casi 3.000 millones de pesetas. Pese a mantener inicialmente que la imputación de su hermano no era la suya, Manuel Ollero acaba dimitiendo antes de su imputación. Eso mismo hizo el presidente de OCISA respecto de su cargo como presidente de Confederación Nacional de la Construcción.

El Ministro pierde el tren era el segundo titular, en referencia a Julián García Valverde, Ministro de Sanidad y Consumo en ese momento. El relato me hizo recordar cómo un Ministro recién nombrado presenta su dimisión por la adquisición por Renfe de unos terrenos sobrevalorados en San Sebastián de los Reyes a través de intermediarios, ocurrida años antes, cuando era presidente de ese organismo. El Ministro compareció ante la Comisión de Industria del Congreso, ante la que al parecer no pudo explicar los detalles de compras que ciertamente resultaban, en el mejor de los casos, irregulares. El Ministro había dimitido unos meses antes de que el Juez entendiera que no existía responsabilidad penal sobre sus actuaciones como Presidente de Renfe. Ni era ya presidente de Renfe, Julián García Valverde, cuando dimitió, ni su actividad resultó ser constitutiva de ningún tipo de delito. Sin estar en la presidencia de Renfe, su dimisión se produjo por la mera sospecha de que pudiera haber existido responsabilidad un tiempo antes.

Un salto temporal de veinte años nos sitúa en un contexto de hechos bien parecidos. La conexión entre política y corrupción en sus diversas manifestaciones puede que sea numéricamente mayor ahora, pero la naturaleza de los hechos es esencialmente análoga. No falta quien resta importancia al número progresivamente creciente de casos de corrupción sobre la base (intuitiva) de la mayor capacidad de información y de investigación de la que ahora se dispone, lo que vendría a suponer (intuitivamente, de nuevo) que tampoco los casos han crecido tanto, siendo la capacidad para descubrir escándalos lo que realmente ha aumentado. Si esto es así, la similitud entre lo que pasaba hace veinte años y lo que ocurre ahora aún es mayor.

Donde la diferencia es más ostensible es en la respuesta política, o mejor, del político frente a las sospechas. Ni antes eran ángeles ni ahora son demonio, aunque algo parece que ha debido de ocurrir para que veinte años después el desenlace de casos similares no sea exactamente el mismo, para que el tiempo haya ido creando una horripilante capa de resistencia al escándalo en una parte de la clase política española actual. El grafiti Dimitir no es un nombre ruso en la valla de un céntrico solar de Madrid daba una imagen plástica inmejorable del cambio de actitud y de esa latente tolerancia y falta de reacción social que domina la escena reciente. Los hechos que siguen poblando las páginas escritas de cada día reparten escándalos entre partidos políticos, sindicatos o instituciones de forma sistemática. Parece ingenuo a estas alturas emplear tinta y tiempo del lector en valorar la naturaleza y el grado con el que los casos de corrupción salpican a un partido y a otro; es, incontestablemente, un hecho trasversal.

La falta de conclusiones colectivas muestra inequívocamente que se trata de un problema complejo que, como muchos otros, no puede explicarse por un único motivo. Los más dados a las explicaciones personalistas achacan el cambio a que antes mandaba alguien en la alta política, en tanto que ahora el ejercicio del poder aparece atomizado entre muchos dentro de los partidos, en general. Siendo posiblemente cierto, no es el único factor que contribuye al resultado final. Una parte relevante del problema es causado por la actitud de las estructuras de los partidos, que no son entes inanimados sino grupos de personas que forman parte de la sociedad. Resulta fácil constatar que esas personas, las que forman las estructuras de dirección de los partidos, adoptan con frecuencia comportamientos reprobables y no demasiado éticos cuando se enfrentan a los hechos que involucran a compañeros del partido.

Incapaz de exigir responsabilidad inmediata a quien específicamente aparece afectado en un hecho con sospecha de corrupción, la estructura directiva de los partidos ha generado un tipo de respuesta que se orienta a residenciar en los órganos judiciales cualquier decisión sobre estas personas. Se conforman con el silencio intolerable o con explicaciones poco verosímiles de un Ministro de Fomento pillado en comportamientos extraños, desviando al estándar probatorio penal toda respuesta a la sospecha. Todos se complacen al final por la declaración judicial que entiende que no había responsabilidad penal en esos hechos, llegando a señalar que menos mal que no dimitieron… para bochorno de Manuel Ollero que no fue condenado por corrupción o de Julián García Valverde, que ni siquiera fue imputado.

Como recordaba Erich Fromm, la respuesta del grupo social es en buena medida el ejercicio de la libertad individual, de decisiones individuales ancladas en la negativa a pedir explicaciones, en declinar del tienes que convencerme a mi antes que al Juez, como se hace en la gran mayoría de las democracias asentadas y como se llegó a pensar y quizá a hacer aquí en algún momento. Si no convences, no puedes contar con la complacencia del partido y estás fuera del juego… Frente a esta opción, éticamente más sólida, que llevaría a actuar de forma inmediata y contundente, la respuesta del partido es la ausencia de respuesta; es el dejar que sea el órgano judicial el que a través de procesos decimonónicos y a veces esperpénticos haga algo.

Ante esta práctica que desangra y erosiona la confianza política, un buen amigo me señala acertadamente que no todo puede descansar en la respuesta ética del directivo del partido, que el elemento estructural es el relevante, que en países con listas electorales abiertas el representante tiene que volver a su distrito y explicar a sus votantes la decisión, de forma inmediata o en el siguiente proceso electoral. El parlamentario de Surrey que quiere seguirlo siendo debe explicar a una pluralidad de personas en su distrito por qué no ha exigido responsabilidad ante hechos bochornosos.  En sistemas con listas cerradas no es al votante al que el representante ha de rendir cuentas, sino a quien le ha incluido en la lista, a quien está en la cúspide del propio partido, en una suerte de enredo que cierra el proceso e invita a la inacción.

En fin, concluida la nostalgia navideña, valgan estas líneas como modesto descargo de quienes hace veinte años y también con listas cerradas decidieron dimitir o decidieron que algún compañero de partido debía hacerlo.

6 comentarios
  1. Teilhard
    Teilhard Dice:

    El problema de los partidos es, como dice el TC, que no son democráticos. Que no hay división de poderes. Que ni con listas abiertas hay representación, las elaboran otros, que son a los que representan. Que se vulnera la prohibición constitucional del mandado imperativo. Quienes no ignore todo esto y mucho más, deberían denunciarlo y no colaborar. Por ello las dimisiones, atendiendo a un mero criterio ético, deberían ser, no de uno o dos, si no masivas. Gracias

  2. jesus
    jesus Dice:

    La diferencia no está en las listas abiertas. Todas las listas, abiertas o cerradas, son listas que se deben a la cúpula del partido que las confecciona. La diferencia está en que el diputado lo sea único por distrito…. y a doble vuelta

    • Juan Antonio Aliaga
      Juan Antonio Aliaga Dice:

      Jesús, tienes razón esencialmente; las listas electorales, abiertas o cerradas, no son el único problema. El problema, como das a entender, es la actitud del partido que las confecciona. Siendo ésto así, me parece que un pequeño granito de decisión corresponde ciertamente al votante, que puede decidir, por ejemplo, en una lista abierta quitar, pongamos por caso, a un “imputado” y votar a los demás del partido que considera afín a su ideología o intereses. Ni siquiera esto (que coincido contigo que no cambia el mundo) resulta posible en la Cámara Baja con la actual normativa electoral…

  3. Ignacio Gomá Lanzón
    Ignacio Gomá Lanzón Dice:

    Creo que lo que Juan Antonio plantea es algo que muchas veces hemos tratado en el blog. Es evidente que la buena marcha de la cosa pública puede depender en parte y en última instancia de la represión penal. Pero el problema es que ahora se ha conseguido que esa sea la única instancia que cuenta. Y como es una instancia muy rígida y excepcional, al final muchas conductas quedan impunes. Y es que una sociedad bien organizada y equilibrada debe potenciar los demás órdenes de control y responsabilidad: el de las instituciones, que deben tener los mecanismos de control anteriores para evitar que personas con pocas barreras morales puedan aprovecharse del sistema; y también el propio conjunto de valores éticos, que hay que impulsar como razón última de la conducta humana.

  4. Anquises
    Anquises Dice:

    El sistema cerrado de partidos que se suceden recíprocamente en los órganos del poder nos recuerda nuestra historia del último cuarto del XIX, y la connivencia implícita a la que llegan todos los privilegiados a los que el partido respectivo coopta. Así, la batalla más dura se libra dentro de las propias filas, es la guerra interna, los codazos al correligionario para ocupar plaza con derecho a moqueta; la lucha contra el partido contrario vendrá después, y es menos cainita, en la confianza de que más pronto o más tarde siempre hay alternancia.
    Las listas abiertas -más propiamente, listas cerradas pero no bloqueadas, o sea, los candidatos pueden elegirse dentro de la lista que propone el partido, pero sin sujeción a un orden de preferencia fijado por éste- no resuelven todos los males, pero son una “ayudita” al ciudadano, puesto que le otorgan un mayor margen de decisión en la elección de sus representantes, dentro de la limitación evidente de las listas cerradas.
    Una vez más, falta que la sociedad civil desarrolle musculatura propia, y se emancipe de la partitocracia que alumbra una legión de lacayos sumisos.

  5. Josep Prats
    Josep Prats Dice:

    Excelente artículo Juan Antonio. Estoy de acuerdo contigo en que las listas electorales abiertas ayudarían a aumentar el nivel de autoexigencia ética de los políticos. Una gran diferencia entre 1992 y 2014 es que hace veintidos años, cualquier político que tuviera más de 40 años de edad había tenido una ocupación profesional previa y distinta a la política. Hoy, la mayoría de los políticos con una edad inferior a 55 años pueden haber estado ganándose la vida perfectamente, desde su primer sueldo, con la política. Puestos a poner cuotas, como la femenina, entre los representantes políticos, deberíamos proponer que, por lo menos, la mitad de los candidatos de las listas electorales, puedan demostrar que durante más de la mitad de su vida profesional se han ganado la vida en algo ajeno a la política. Quizás avanzáramos algo.

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