El hilo de Ariadna del fracaso de la privatización de la gestión sanitaria en la CAM

No se dejen engañar. La anulación del proceso de privatización sanitaria por el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid no se debe a que tengan que cumplir la resolución de un Tribunal en la que se haya declarado que los procesos de privatización de la gestión sanitaria son ilegales per se. No. Es una decisión política, ya que el auto del Tribunal Superior de Justicia suspendía las privatizaciones, pero no las anulaba, y lo hacía no por ser ilegal privatizar, sino por las aparentes graves irregularidades existentes en la tramitación del concurso de adjudicación de esos hospitales a empresas privadas. Tiremos del hilo para ver el porqué de esas graves irregularidades y cómo están directamente relacionadas con una mala forma de gestión pública durante años en esa Comunidad.

Empecemos por la decisión del Tribunal. Éste, en una medida harto excepcional —en los más de 13 años que he defendido a la Administración, en rarísimas ocasiones la he visto—, ha decidido de forma definitiva suspender cautelarmente la ejecución de un contrato administrativo. La razón: la aparente existencia de una cambio sustancial en las condiciones del contrato administrativo, cuatro días antes de que finalizara el plazo de presentación de ofertas de las empresas para hacerse con los hospitales a privatizar. Esa modificación consistió en variar la cuantía de la garantía que tenían que pagar las empresas adjudicatarias, que pasaba de un 5 por ciento sobre el precio de todo el contrato a un 5 por ciento sobre el precio anual. Un cambio muy relevante, ya que por él las  empresas adjudicatarias, en lugar de tener que constituir entre todas ellas una garantía del 5 por ciento de casi 5.000 millones de euros (unos 250 millones), tenían que hacerlo de sólo 500 millones (unos 25 millones).

Este cambio fue muy notable, ya que al hacerse con el concurso iniciado, afectaba a un principio básico de la contratación administrativa: la igualdad de cualquier empresa para poder participar en un contrato administrativo (aquí se puede leer la demanda que presentó UPyD por esta irregularidad). Lo que hay que preguntarse es por qué el Gobierno de Madrid lo hizo. No podemos decirlo a ciencia cierta, pero sí que sabemos una cosa: cuando se hizo el cambio, sólo habían concurrido dos empresas al concurso para adjudicarse tres hospitales y había otros tres sin oferta alguna; después del cambio, el último día de plazo de presentación de ofertas, el grupo sanitario puertorriqueño HIMA San Pablo presentó ofertas por los tres hospitales restantes.

Si hubo o no acuerdos por debajo de la mesa para que esa empresa participara en la privatización y que la condición fuera la rebaja de la garantía del contrato, para así rebajar los costes financieros de la operación, todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta empresa participó en un concurso cuyas reglas se cambiaron al final del partido y que esto pudo afectar al principio de igualdad ya que otras empresas -de haber conocido con tiempo esas condiciones- podrían, quizás, haber hecho una oferta que desestimaron, sin embargo, por el alto coste de la garantía inicial.  También sabemos que si esa empresa no hubiera ofertado por tres hospitales ya casi fuera de juego, el proceso de privatización habría sido un pequeño fiasco, porque sólo habría habido ofertas para tres de los seis hospitales a privatizar.

Esto nos conduce al siguiente nudo del hilo: por qué sólo hubo tres empresas que participaran en el concurso y qué curioso —dado de que las probabilidades de que así sea sin acuerdo previo son prácticamente cero—: las tres hicieran ofertas por hospitales diferentes y no hubiera competencia entre ellas. Una ausencia de competencia que se refleja en que hicieron una oferta económica prácticamente igual al precio de partida fijado por la Administración autonómica en el pliego de los contratos. Como si supieran que no iban a tener que competir para quedarse los hospitales, porque hubieran pactado por detrás el hospital por el que debía ofertar cada una de ellas. Esta ausencia de ofertas indica que el mercado que había para la privatización sanitaria en Madrid era muy escaso. Y si no había mercado, es razonable pensar que era porque las privatizaciones no eran tan maravillosas ni estaban tan bien calculadas como nos han querido vender. La Comisión Nacional de la Competencia -a instancias de UPyD- ya avisó sobre ello el año pasado.

Las privatizaciones no eran tan maravillosas, porque se había tomado la decisión de privatizar sin un mero análisis riguroso de las ventajas que esta medida podía tener frente a otras para lograr mejorar la gestión hospitalaria y ahorrar costes. ¿Qué empresa sólida participaría en un concurso para adjudicarse la gestión compleja de unos hospitales, cuando en la memoria económica del contrato administrativo como informes para la determinación del precio del contrato —o sea, lo que las empresas recibirían cada año por gestionar los hospitales— se citaba un artículo en El País y no había un solo estudio hecho por los técnicos de la propia Consejería de Sanidad? Pocas. Y algunas es probable que, pensando que si algo va mal, ya se encargará el Gobierno de reacondicionar los términos del contrato o de rescatarlas, como a las autopistas  radiales de Madrid. Esa falta de rigor estuvo presente desde el inicio y por ella, el Grupo de UPyD llevó en amparo ante el Tribunal Constitucional la Ley que habilitó la privatización, a la que ni siquiera adjuntaron ese artículo en El País.

Una falta de rigor y una necesidad imperiosa de ahorrar que está directamente relacionada con la burbuja hospitalaria generada por los gobiernos de Esperanza Aguirre, que dispararon el gasto sanitario sin una adecuada planificación. Se construyeron múltiples hospitales en muchos municipios de Madrid, más por razones de clientelismo electoral que atendiendo a una adecuada planificación sanitaria, cuyo coste ahora es difícil de afrontar.

Así que, en este relato, podemos ver cómo las electoralistas decisiones de Aguirre para inaugurar hospitales antes de cada nueva elección autonómica terminan en la modificación de las reglas de un contrato administrativo; seguramente, para lograr que no quedara medio vacío el proyecto estrella de la privatización sanitaria. Un contrato cuya ejecución suspendió un Tribunal y cuya anulación ha decido el Gobierno; seguramente también, para evitar tener que dar cuentas de todas esas irregularidades y de su gestión. Ahora bien, la dimisión de Lasquetty no es suficiente —aunque se agradece—; el Gobierno debe dar cuentas de sus decisiones políticas y cambiar radicalmente una forma de actuar que sólo ha conducido a fracaso tras fracaso.

11 comentarios
  1. Perico
    Perico Dice:

    Recomendaría al autor releer al artículo por la mañana, y editarlo, con un café doble.

    Las cifras del final del segundo párrafo me han dejado fuera de juego, etc…

    Ánimo!

    • Perico
      Perico Dice:

      Retiro lo dicho. Era yo el que necesitaba el café. Aunque la redacción no sea gloriosa, discúlpeme.
      Por lo demás muy interesante.

    • Caton The Old
      Caton The Old Dice:

      Las cifras son correctas.
      Si un contrato tiene un valor estimado de 5000 millones de euros, pedir un aval del 5% es pedir 250 millones;
      si el valor estimado es de 500 millones, si se pide un aval del 5%, se está pidiendo 25 millones.
      Así de sencillo.
      El truco consistió en rectificar en el último momento y pedir un aval sobre para el primer año de contración.

      O sea que el autor lo ha expresado correctamente.

  2. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    El problema de hacer las cosas mal es que hacen creer que sólo pueden hacerse así: mal. Por ejemplo, Gallardón ha implantado mal las tasas judiciales, de forma que ahora se piensa que las tasas son malas “per se”. Pero no es así. Es sólo que se implantaron mal.

    Pues lo mismo cabe decir de la externalización mediante contrata de la gestión sanitaria a empresas que vienen actuando en este ámbito y prestan servicios a gran parte de la población (compañías médicas). La idea no es intrínsecamente mala, pero se ha ejecutado desastrosamente. Y sobre todo se ha intentado implantarla en hospitales públicos que están históricamente servidos (y bien servidos) por personal sanitario que accedió a sus puestos por procesos selectivos y tienen plaza “en propiedad”, de modo que la externalización conculcaba muchos derechos adquiridos. Por eso la protesta del personal sanitario.

    Distinto habría sido probablemente si se hubiera hecho con hospitales de nueva creación, al modo como se ha efectuado en la Comunidad Valenciana.

    Pues ya digo: la idea no es intrínsecamente mala, pero su ejecución sí ha sido desastrosa.

  3. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    Lo que tenía que haber hecho la comunidad de Madrid es subir los impuestos, como le recomienda Montoro.

  4. Juan Montero García-Andrade
    Juan Montero García-Andrade Dice:

    Me ha parecido muy didáctico. Muy bien explicado. Hace poco en este blog escribían sobre la modificación de los contratos públicos. Mejor ejemplo que éste para ilustrar el problema, imposible.

    Un saludo

  5. Jaime de Nicolás
    Jaime de Nicolás Dice:

    Es escalofriante pensar en manos de quién estamos. Un informe económico que es un artículo de El País, cambiar reglas a mitad porque no puja nadie, chapuzas que seguramente eocubren negocios multimillonarios… Son algo mucho peor que ineptos prepotentes, aunque también. Esta gente debe ser considerada enemigo de todo ciudadano de bien, sea de la ideología que sea.

  6. RC
    RC Dice:

    En resumen, que se ha retirado el proyecto porque la investigación judicial de las irregularidades podría haber acabado poniendo en evidencia muchas vergüenzas. Afortunadamente tenemos a un “Cuarto Poder” incorruptible e imparcial que con seguridad va a seguir investigando con conocimiento y tenacidad este caso, unos medios de comunicación que jamás de los jamases se dejarían influenciar por, digamos, amenazas de retirar la muy lucrativa publicidad institucional…

  7. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    El post es clarificador sobre algunos puntos del proceso de adjudicación y de algunos de los motivos de la anulación del concurso para la adjudicación de la gestión de algunos hospitales. Ahora bien, no es clarificador, como no lo es casi nada de lo que he podido leer, sobre la situación de fondo. Tengo dos amigos médicos en la misma tertulia, ambos especialistas de prestigio y profesores, gentes ilustradas como corresponde a una profesión de la pocas con una formación rigurosa y amplia, al menos hasta ahora. Uno de ellos participó en la “marea blanca”, otro estaba en contra de la misma y, sin estar a favor ni en contra de la “privatización” o “externalización”, narra una retahila de casos que demuestran abuso de un sistema elefantiásico por parte de los profesionales, empezando por los médicos, y acabando por los usuarios. Por tanto, no puedo formarme un juicio, pero sí una impresión: la impresión de que por un lado tenemos al Gobierno Autonómico de turno haciendo lo que suelen hacer los políticos con muchos contratos públicos, ya sean de obra o de servicio, por otro lado a una oposición haciendo política con cosas con las que no se debería hacer y, finalmente, un coste enorme dado eso que se llama “derecho a la sanidad pública y gratuita” que me suena directamente a abuso de los impuestos que pagamos todos, o sea, de los días de vida que tenemos que invertir para pagarlos. Algo habrá que hacer para evitar todos est, porque las cosas no creo que estén bien. Mientras, yo sigo pagando al menos tres veces la “sanidad”, con mis impuestos, con mi seguro del Colegio de Abogados (mejor ni hablemos) y “por lo particular cuendo procede” (incluyendo operaciones de ancianos no efectuadas por la sanidad pública (no externalizada) de otra Comunidad gobernada por el mismo partido político desde hace décadas. Y contento, sobre todo, de que “Dios me dé salud” ya que no me toca la lotería porque no juego.

  8. martia
    martia Dice:

    Asombroso que sea cierto lo que dice el artículo, muy bien explicado!
    Pregunto si también tiene algo que ver la imputación de dos antiguos consejeros de la Comunidad de Madrid por otras privatizaciones (Güemes y Lamela)

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