Estrategias equivocadas. Tribuna en El Mundo de la coeditora Elisa de la Nuez

Esta vez parece que los abogados de la Infanta Cristina se han dado cuenta de que recurrir el manual de Derecho procesal que, según sus propias palabras, ha escrito el juez Castro a instancias de la Audiencia Provincial de Palma para conseguir imputarla no es una buena estrategia. Efectivamente, ahora es bastante más complicado repetir que la imputación no está suficientemente fundada jurídicamente o que el juez de Instrucción le tiene tirria a la Infanta por ser ella quien es, aunque no dejará de haber voces que así lo sostengan. Lamentablemente –al menos mientras se les puedan pagar los servicios prestados– nunca faltarán los corifeos de turno dispuestos a recurrir a los argumentos ad hominem (algunos tan mezquinos como los relativos a la apariencia física o a la forma de vestir) para desacreditar a esos jueces valientes que están dispuestos a cumplir con su deber. Deber que en este caso y en tantos otros que afectan a personas muy relevantes de la sociedad española, políticos y ex banqueros incluidos, es el de aplicar la Ley. Ley que es exactamente igual para todos y que no admite excepciones ni privilegios, aunque conviene no desconocer las ventajas que tiene en la práctica contar en una instrucción penal con el asesoramiento de los más importantes bufetes, abogados y lobbyistas. En todo caso, la igualdad ante la Ley es una de las conquistas fundamentales del Estado de Derecho, de la misma forma que la igualdad política de los ciudadanos es un pilar fundamental de las democracias modernas.

Ahora la nueva estrategia pasa por convencer a la opinión pública –más que al juez– de que la Infanta va a ir a declarar «voluntariamente» después de dos imputaciones «por vocación de servicio» y, en paralelo, por intentar alegar una nueva eximente desconocida hasta ahora en nuestro Derecho penal, que sería algo así como una eximente por amor, a no confundir con la tradicional de la enajenación mental transitoria. En esta línea cabe incluir las últimas declaraciones públicas del presidente Rajoy que está convencido de que la Infanta es inocente y de que «le irá bien». Sus razones o más bien sus fiscales e inspectores de Hacienda tendrá para creerlo así.

La estrategia también incluye las consabidas invocaciones al «calvario procesal», al «juicio mediático», a la «pena de banquillo» que suelen utilizar nuestros políticos cuando les imputan y no tienen más remedio que comparecer, normalmente en los Tribunales Superiores de justicia o en el Tribunal Supremo si tienen la suerte de estar aforados por ostentar cargos electos, a diferencia de la Infanta que tendrá que hacerlo ante un simple juzgado de Instrucción. Lo que está claro es que si eres un personaje público es más que probable que tus peripecias procesales adquieran también trascendencia pública, publicidad que no suele molestar, por cierto, cuando reporta aplausos, votos o beneficios. Como los que le reportó a Iñaki Urdangarin que consiguió enormes cantidades de dinero público a cambio de humo de unas Administraciones Públicas –y empresas privadas– que no se lo podían negar «por ser quien era» (Jaume Matas dixit).

En todo caso, estos calvarios tan largos podrían acortarse sensiblemente recurriendo al sencillo expediente de colaborar con la Justicia y de no recurrir cada paso que da el juez instructor. Recursos, además, que aquí se han multiplicado por tres, dado que no sólo la Infanta dispone de los servicios de un prestigioso bufete de abogados privado, sino que también ha dispuesto hasta el momento (con cargo a los contribuyentes) del bufete del Estado –a alguien se le ha debido olvidar que la abogacía del Estado está personada para defender los intereses del Estado y la Hacienda pública– y, ya puestos, de los servicios de la propia Fiscalía del Estado, que ejerce la acusación en este tipo de procesos. De hecho, me comentan que no se conoce ningún otro caso –salvo el reciente de la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid, qué casualidad– en que la Fiscalía haya recurrido un auto de imputación. Circunstancias que han motivado que el juez de Instrucción haya tenido que escribir un auto de una longitud inverosímil y cuya lectura revela un comportamiento muy poco ejemplar por parte de la Infanta.

Al parecer, la siguiente estrategia procesal consistiría en esperar que no se abra juicio oral contra la Infanta, en base a la denominada doctrina Botín (el nombre ya es muy revelador) que no permite a la acusación popular –la única que por ahora está haciendo de acusación en el caso de la Infanta– pedirlo. Más allá de las disquisiciones técnicas sobre si sería aplicable o no en este caso, o si sería aplicable a todos los delitos que se le imputan a la Infanta la pregunta del millón es ¿por qué no va a pedir la Fiscalía o/y la Abogacía del Estado la apertura de juicio oral contra una persona si realmente hay motivos suficientes para hacerlo? Porque si la contestación es porque es Infanta de España, esta contestación no sirve desde un punto de vista jurídico, dado que la Ley no diferencia entre infantes y ciudadanos de a pie.

Pero incluso si la contestación –que tendría que darse de instancias políticas y no jurídicas– es que se han dado instrucciones a Fiscalía y a Abogacía del Estado para no pedir la apertura del juicio oral contra la Infanta para no dañar más a la institución monárquica, resulta que esta contestación tampoco resulta razonable desde un punto de vista político. Para demostrarlo ahí están las encuestas que reflejan lo desacertado de la estrategia seguida hasta ahora por la Casa Real y el Gobierno en la que la utilización de las instituciones (incluso la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria) para evitar que la Justicia sea igual para todos, en contra de lo manifestado por el Rey en su ya famoso discurso de Nochebuena, que se ha vuelto como un búmeran contra los estrategas. Y es que si la Justicia no es igual para todos, no es Justicia, y si la Ley no es igual para todos y las instituciones que deberían garantizarlo no lo hacen, no hay Estado de Derecho.

¿ Cuál es entonces la estrategia razonable? Sinceramente creo que si se quiere salvar la institución monárquica al menos ante la opinión pública –y parece difícil que una institución tan peculiar y tan anacrónica pueda sobrevivir con la opinión pública en contra, por mucho que la sostengan los viejos partidos– convendría retomar el tema de la renuncia de la Infanta a sus derechos dinásticos, cuanto antes mejor. Sería sorprendente el saludable efecto que esta decisión produciría dado lo poco acostumbrados que estamos los españoles a que alguien tan relevante asuma sus responsabilidades. A continuación, habría que proceder de manera inmediata a regular la institución monárquica, desarrollando el escueto título II de la Constitución, y el status jurídico de los familiares del Rey –por consanguineidad y por afinidad– evitando la situación actual de limbo jurídico en el que es posible confundir los intereses privados de las personas con los de la institución de una manera que no resulta nada aconsejable ni para las personas ni para la institución. No pretendo con esto sugerir que los miembros de la Casa Real deban de ostentar privilegios o estar por encima de la Ley; lo que quiero decir es que su posición jurídica debe de estar prevista y regulada, de manera que quienes ya formen parte de ella o entren a hacerlo tengan claros sus derechos y obligaciones.

Y para concluir hay que regular de una forma ordenada la posibilidad de la abdicación del Rey en su sucesor, un asunto que se ha considerado hasta ahora tabú –como tantos otros que rodeaban a la Monarquía– pero que convendría abordar cuanto antes, aprovechando no sólo la existencia de una mayoría parlamentaria favorable al mantenimiento de la institución sino lo que es más relevante, de una opinión pública que valora todavía positivamente la figura del Príncipe de Asturias. Probablemente esta decisión, por sí sola, produciría una revitalización y adaptación de la institución a los nuevos tiempos que corren que resulta imprescindible y que por múltiples razones, entre ellas las biológicas, ya no es posible que pueda realizar el Rey por mucho que se empeñe él y sus asesores. Retirarse a tiempo y pasar el testigo a la siguiente generación nunca resulta fácil, incluso aunque se trate de los propios hijos, pero cuando hacerlo puede ser imprescindible para la supervivencia de la institución es un deber para quien pretende ser su servidor. No vayan a seguir también en este asunto la estrategia equivocada y a los muchos problemas institucionales que tiene España, tengamos que añadir el de la forma del Estado, cuando es el propio Estado y su organización territorial lo que se está poniendo en cuestión.

12 comentarios
  1. Juan Ciudadano
    Juan Ciudadano Dice:

    Si el Rey abdica pierde la inmunidad, y si pierde la inmunidad pasa a ser un ciudadano más, quedando la puerta abierta para investigar de donde ha salido la fortuna mil millonaria que dicen que tiene.
    Hay muchas personas con un cuchillo afilado esperando la oportunidad.

  2. Cvm Privilegio
    Cvm Privilegio Dice:

    Roca Junyent no es Gorgias ni Cristina es Elena (de hecho, es su hermana), pero a veces parecen imitar al viejo sofista:

    Así pues, ¿por qué se ha de considerar justa la infamia de Helena, quien, si hizo lo que hizo, ya estando enamorada, ya persuadida por un discurso, ya raptada con violencia, ya forzada por una divina fuerza, en los cuatro casos escapa a la acusación?

    (Gorgias, Encomio de Helena)

  3. Isidro Elhabi
    Isidro Elhabi Dice:

    SM D. Juan Carlos es Rey, es padre y es persona. ¿Qué ocurre si alguna de esos caracteres se contraponen entre sí?

    Mateo 6:24-34
    »Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro.

    • JJGF
      JJGF Dice:

      AMOR…de la mujer al hombre, para justificar estas cosas, como hace Jesús Silva. Pero no al revés.

      Nos cuesta mucho más admitir lo contrario: eximir a un hombre de responsabilidad porque estaba enamorado de su mujer.

      Y es que todavía en nuestro país subsiste en la conciencia colectiva una cierta infravaloración de la mujer, a la que por cierto, contribuyen parte de las mujeres, esas que disculpan situaciones como la infanta.

      Ayer me contaban que en los tiempos de la II República, Quintiliano Saldaña, Catedrático de Derecho de Penal de la Universidad de Madrid, considerado un hombre avanzado y progresista, y uno de los principales redactores del Código Penal de 1932, se manfiestaba renuente a que las mujeres pudieran formar parte de los jurados en las mismas condiciones que los hombres pues nadie podía asegurar que estuvieran plenamente en sus cabales cuando hubieran de actuar como jurados, puesto que mensualmente se les nublaba el juicio.

      Hoy hemos avanzado algo. Pero seguimos admitiendo que hay “mujeres tontitas”, que por amor devienen irresponsables.

      A los “hombres tontitos”, aunque sabemos que los hay, nos cuesta más eximirles de responsabilidad. Ellos sí tienen que apechugar…

  4. Ramón García
    Ramón García Dice:

    Es un artículo razonable y bien intencionado. Sería bueno para España que la Monarquía asuma responsabilidades cuando hace algo que no debe, pero al mismo tiempo se mantenga para evitar una deriva hacia el caos. Pero soy pesimista. La monarquía tiene demasiados intereses comunes con unos partidos con una rendición de cuentas bastante pobre.

    Pero en España hay dos riesgos políticos muy elevados. Por un lado, la independencia de Cataluña, por otro, la deriva hacia un populismo chavista. Los sabios y prudentes consejos de Elisa ayudarían a evitar una deriva hacia el caos. Es mejor para la monarquía apartar a la infanta Cristina que acabar como en Francia, que líderes extremistas dispuestos a medidas extremas no faltan.

  5. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Sin embargo, estamos en un caso patente en el que una persona es condenada sin juicio por la opinión publica en virtud de su condición, en este caso ser una Infanta de España y no creo que de una causa penal en la que una Infanta está imputada, es decir, en la que el Juez Instructor entiendo que hay indicios racionales de que pudiera haber participado en la comisión de un delito, figura procesal que, a pesar de la connotación actual se establece para la mejor defensa del imputado, no para su público escarnio, se siga que el titular de la Corona debe abdicar. Es más, mantengo que no debe abdicar, porque los servicios prestados exceden con mucho los errores cometidos, no por una Princesa o el Duque con el que está casada, sino por el propio Rey de España. La Corona es una institución constitucional y el comportamiento de tales o cuales miembros de la misma no debe hacernos tirar piedras contra nuestro propio tejado. Es posible que la Monarquía sea una institución anacrónica, incluso probable, y más cuando ya cualquiera de nosotros puede acceder matrimonialmente al trono (una abogada australiana, una periodista española, etc.), sin embargo en Estepaís puede y deber ser un mecanismo de estabilización constitucional a largo plazo. Aquí hay quien se frota las manos de agradecimiento a que los titulares temporales de las instituciones constitucionales no actúen ejemplarmante, como deben, para disparar contra la propia institucionalidad y pedir una nueva que les favorezca. Los españoles no saben lo que quieren. Ahora ni siquiera tenemos ni un Ortega para que acabe diciendo “no era esto, no era esto”. Pero, ya digo, avisadme con tiempo para que me exilie si el proyecto es volver a la nefanda tricolor,que además de todo, es fea. Opino que la Infanta Cristina es inocente hasta que una sentencia firme indique lo contrario y estoy en contra de la mediatización de cualquier proceso judicial.

    • Patricia
      Patricia Dice:

      Me parece bien la defensa de la presunción de inocencia. Y que debería deslindarse el caso de la presunta inocente del problema qué hacemos, si es que hay algo que hacer, con la Monarquía.
      Lo que sí debe movernos a reflexión es su propia versión de los hechos. Si la presunta inocente, que al menos según se lee en los periódicos, firma lo que le pida su marido, sin pararse a leer o a pensar si es correcto o no, y si se corresponde o no con la realidad, conviene que esté en la línea de sucesión a la corona.

  6. Panóptico
    Panóptico Dice:

    Desconocemo y en nada importa lo que haya podido declarar la Infanta hoy, frente a los hechos documentalmente probados hasta la fecha, de los que se deduce -sin lugar a dudas- que no solo era propietaria de la mitad de las participaciones de la Sociedad Limitada, sino que actuaba ADMINISTRANDO LOS BIENES de la Sociedad, bien mediente el uso de una Tarjeta de Credito Visa Oro con la que pagaba “gastos personales” muy ajenos de los fines y objeto de la Sociedad Aizoon SL, por lo que era sin duda una ADMINISTRADORA DE HECHO de la Sociedad.
    Recordemos el entonces vigente: art. 133 LSA-:” 2. El que actúe como administrador de hecho de la sociedad responderá personalmente frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del daño que cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes que esta ley impone a quienes formalmente ostenten con arreglo a ésta la condición de administrador”.

    Por tanto, cualquiera que sea la persona figurante como Administrador (su esposo, casados ambos en Régimen de Separación de Bienes en Catalunya) en la inscripción registral, el sujeto que, por contar la confianza de los otros socios, venía administrando la sociedad (realizando cobros y pagos, por cuenta de la sociedad con
    disponibilidad de sus cuentas bancarias) y de ello se deriva que pueda ser calificado como Administradora de hecho, con lo cual su Responsabilidades (civiles, penales, mercantiles y tributarias) son evidentes.

    Si el Ministerio Fiscal representado en este caso, la Abogacía del Estado y de la Administración de Hacienda en este caso, dejan de aplicar lo anterior, deberán fundamentarlo.

  7. Inés de la Cruz
    Inés de la Cruz Dice:

    Pues a mí me ha llamado la atención que hubiera un grupo de personas esperando para abuchear a la infanta, cuando en otros casos de corrupción y evasión de impuestos hay un grupo esperando al imputado para aplaudirle (Messi, los ERE. etc.).

  8. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Tengo la sensación de que, al margen del Derecho y de los Procedimientos, esto va de Legitimidades Otorgadas, de valores vividos y reconocidos y de con qué seriedad cada uno asume sus responsabilidades personales y………………. las de la Institución que representa.

    De momento creo que el Juez Instructor es el único que parece tomarse ambas en serio.

    El resto, por el motivo que fuere, ha dado gravísimas muestras de carecer….. hasta de criterio presentable.

    No sólo personalmente sino que las instituciones a las cuales pertenecen tampoco se han enterado ni han actuado para proteger los Muy Importantes bienes de Estado que están obligados a proteger.

    Lo cual, dado lo que representan institucionalmente, es bastante definitivo.

    Lamentablemente y, como apunta Jesús Casas, esto no puede alegrar a nadie con dos dedos de frente.

    Imaginemos como Presidentes de la República a los personajes que hasta ahora hemos conocido al frente de los partidos. ¿Debemos prepararnos mentalmente para ir de Guatemala a….. Guatepeor?

    Hubo un tiempo –y no hace tanto– en el cual se valoraba la nobleza personal independientemente de la cuna.

    Hoy ya no es posible porque los filósofos del sistema, a sueldo razonable del Poder, hace mucho que han decidido que no hay valores ni principios.

    Es decir, todo el monte es orégano y a cada uno sus pulsiones.
    El castillo de naipes no resiste ni las miradas.

    Bunas noches y enhorabuena por el artículo y los comentarios.

  9. jesus
    jesus Dice:

    A lo mejor el PP y el PSOE son mucho más inteligentes de lo que la opinión pública supone. En consecuencia conseguirían dar fin a la monarquía de forma simulada y en diferido.

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