Escrache y educación (a propósito del escrache en el domicilio de la vicepresidente del Gobierno)

La semana pasada se conoció el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 29 de enero de 2014, por el que se desestima el recurso de apelación de la Fiscalía contra un Auto previo del Juez de Instrucción nº 4 de Madrid, de 10 de mayo de 2013, por el que se archivó la denuncia por el escrache realizado en abril de 2013 frente al domicilio particular de la Vicepresidente del Gobierno.

Sobre el carácter delictivo o no de los escraches se han suscitado opiniones jurídicas y políticas opuestas. En este mismo blog, se publicó hace poco menos de un año un vibrante post cuya lectura -y comentarios- recomiendo porque nos permite recordar los antecedentes del problema y el lenguaje amenazante de la plataforma que organizó el mencionado escrache y que, entre otras cosas, se proponía que políticos como la Vicepresidente del Gobierno “no puedan vivir de forma impune y sientan la incomodidad en sus actos cotidianos”.

Lo cierto es que tanto el Juez de Instrucción nº 4 de Madrid como posteriormente la Audiencia Provincial consideran que los hechos enjuiciados no tienen carácter delictivo. No constituyen delito o falta de amenazas, ni de coacciones, ni de desórdenes públicos, ni de desobediencia a la autoridad, como tampoco delito de reunión o manifestación ilícita.

El Juez de Instrucción entendió que no existen coacciones porque “no se ejerció directa ni indirectamente sobre el denunciante ni violencia física ni fuerza en las cosas”. La Audiencia, invocando lo dicho por el Juez, arguye que tampoco puede considerarse delito de coacciones “el efecto persuasivo que pueda provocar una protesta en las personas a quien va dirigida puesto que no se exterioriza que la finalidad perseguida fuera la de quebrantar la voluntad política de la Vicepresidente, salvo que todo legítimo intento o deseo de influir en la voluntad de otro sea calificado como tal”, sin que “las intervenciones verbales de los intervinientes” (que “no portaban armas”) fueran un “medio violento apto y dirigido a conseguirlo”.

En definitiva –entiende la Audiencia- que “las manifestaciones y concentraciones que cotidianamente se llevan a cabo por toda la geografía española -y particularmente en Madrid (…)- se producen como medio de protesta por las decisiones tomadas o que se va a tomar por los responsables políticos o económicos -y en ocasiones también por los jueces y tribunales-, constituyendo un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos. Y lo mismo puede decirse del presente caso, sin que la particularidad de haberse producido frente al domicilio de la vicepresidente del Gobierno le confiera otro carácter”.

Esta afirmación que subrayo se vierte en el Auto de manera gratuita y sin esgrimir razón alguna que la fundamente. Me parece especialmente desafortunada porque precisamente el hecho de que un grupo de personas se presenten y griten en la puerta de tu domicilio particular contiene ya en sí mismo un componente de violencia (no física, pero sí verbal y ambiental) y de intimidación para la persona que lo padece. “The right to be left alone” a que se refería un famoso artículo de Warren y Brandeis (“The right to privacy”) forma parte del derecho a la intimidad domiciliaria, reconocido en el artículo 18 de la Constitución.

El Auto, sin embargo, viene a asimilar de forma indistinta cualquier concentración de protesta como un mecanismo “ordinario” de participación democrática, sea cual sea el lugar donde se celebre. Resulta sorprendente que el Auto no se detenga ni una línea a motivar por qué es irrelevante el lugar donde se celebra la concentración, como si fuera lo mismo la sede de un ministerio o del partido en la calle Génova o Ferraz que la puerta del domicilio particular de un político. Por el contrario, considero que el lugar de la concentración será uno de los datos decisivos para poder diferenciar lo que es un mecanismo “ordinario” de participación democrática de lo que puede ser un atentando a los derechos y libertades de los demás, también dignos de respeto.

Se da la circunstancia de que la ponente del citado Auto no es magistrada de carrera (ni por oposición ni por el llamado “cuarto turno”) sino que ejerce funciones jurisdiccionales de manera interina, como suplente, tras haber pasado muchos años como asesora de varios ministros socialistas (años en los cuales se manifestó, paradójicamente, en contra del escrache que sufrió la ministra Aído ante su domicilio familiar, calificándolo de “acoso antidemocrático”) y del grupo parlamentario socialista en el Congreso. A pesar de ello, no parece que nadie la recusara. Pero es evidente que si ella se hubiera abstenido de conocer el asunto habría prestado un gran servicio a la independencia judicial. Habría preservado la apariencia de alienità, de desinterés objetivo y subjetivo sobre el asunto. Absteniéndose, el contenido del Auto podría haber sido idéntico (probablemente), pero con ello se habría evitado que buena parte de la opinión pública lo atribuyera a un sesgo ideológico pro socialista o antigubernamental en la magistrada ponente. Y en ello habría ganado la imagen de la justicia, que una vez más ha vuelto a salir maltrecha.

Dicho esto, hay que señalar que otros juristas coinciden con el criterio de que los hechos no constituyen una conducta delictiva. En primer lugar, el Juez de Instrucción nº 4 de Madrid, así como los otros dos magistrados que suscriben el Auto de la Audiencia de Madrid. También el Juez de Instrucción nº 2 de Teruel respecto al escrache a otro diputado del PP en abril de 2013.

En la misma línea, un colaborador de este blog, el Prof. Presno ha publicado un artículo doctrinal (cuya lectura recomiendo) defendiendo la legalidad de los escraches. Entiende que son una manifestación colectiva de la libertad de expresión frente a un cargo público representativo, y que para mantenerse en el ámbito de la protección constitucional deben tener una duración limitada (20 minutos, como en el caso de la Vicepresidente, sería aceptable; 3 horas no, según la sentencia 219/2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ PVasco, con la que parece estar de acuerdo); el objeto de la concentración debe ser lícito, sin ambiente de presión o acoso, y cuidando de no sobrepasar los niveles de ruido permitidos por la ley.

El punto más endeble de la argumentación de Presno vuelve a ser, como en el Auto de la Audiencia, el referido al lugar de la celebración de la concentración, con la diferencia de que él sí trata de razonar su postura. Reconoce Presno que el aspecto más característico de los escraches” es hacerlos en “las inmediaciones del domicilio de los políticos”. A este respecto, cita, por una parte, la STJPVasco 219/2013, según la cual en todo caso se vulnera la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal por la realización de un escrache ante un domicilio particular, puesto que existen lugares alternativos y de igual repercusión en la opinión pública, tratándose por tanto de una intromisión que no se revela ni necesaria ni proporcionada para alcanzar el fin legítimo de la concentración”.

Por otra, entiende Presno que “el ejercicio del derecho de reunión (escrache) puede vincularse a su realización en un lugar determinado como condición necesaria para que las reivindicaciones lleguen a sus destinatarios principales”. Siguiendo ese razonamiento, como la concentración ante la casa de la Vicepresidente estaba motivada por el problema de la vivienda “tiene sentido que la reivindicación de quienes han perdido su casa (…) pueda manifestarse, de manera transitoria y pacífica, ante la vivienda de personas con capacidad para decidir sobre las leyes y políticas en dicho ámbito”. A sensu contrario, y con el mismo razonamiento, podríamos entender que no habría tenido justificación un escrache ante la casa de la Vicepresidente si las reivindicaciones, en vez de por la política de vivienda, hubieran estado motivadas por la política exterior o por la política sanitaria o por la política pesquera del Gobierno. Con todo el respeto al Prof. Presno, me parece un argumento poco consistente.

No creo que pueda afirmarse, a priori, el carácter delictivo de todos los escraches: dependerá de las circunstancias del caso concreto, y la casuística nos llevará a más decisiones judiciales controvertidas. Pero lo que me parece importante rechazar es la idea de que constituya un “mecanismo ordinario de participación democrática”.

Conviene además desterrar la idea de que lo que no es delito se puede hacer alegremente, o es incluso digno de imitación. En absoluto es así. Por eso se impone hacer un esfuerzo de pedagogía tanto a los políticos como a quienes realizan escraches. A los primeros, para que piensen que su escasa representatividad en un sistema partitocrático dominado por las cúpulas de los partidos impide que funcionen debidamente los cauces ordinarios de participación ciudadana en la toma de decisiones. Y hay que tener voluntad política para corregir ese fallo del sistema. Y a los ciudadanos que se manifiestan, para que lo hagan con sentido de la responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales de los demás.

Cada vez se tolera más en este país la protesta que se extralimita, la protesta no cívica, la que pisa o traspasa  la raya de la ley. Vemos gente asaltando plenos municipales, mujeres desnudas pintadas con sangre increpando a un cardenal a la puerta de una iglesia, ciudadanos asaltando supermercados sin que ello tenga consecuencia legal alguna. Y eso es, como dice Aurelio Arteta, una “patología de la tolerancia” que también debe corregirse.

Sobran leyes, sobran sentencias contradictorias o sesgadas por intereses diversos, y falta responsabilidad individual y buenas reglas de Derecho, como aquella de Ulpiano: vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada uno lo suyo. Un ciudadano responsable, sea político o manifestante, debería tener suficiente criterio y conciencia cívica para saber discernir lo que debe hacer  o no en la vida social, aunque no sea delito ni un juez se lo prohíba.  Porque unos y otros contribuyen, con su ejemplo, al nivel del debate político. O a la pobreza de ese nivel.

 

 

24 comentarios
  1. Juan Ciudadano
    Juan Ciudadano Dice:

    Lo que dice es desacertado.
    Por ejemplo, que la ponente del auto tenía que haberse abstenido por sus antecedentes políticos socialistas. Pues muy muy bien, diga usted en que causa de abstención de las contempladas en el artículo 219 de la LOPJ estaba incursa. Y ya sabe que las causas de abstención no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica.
    O en lo de la afectación de la inviolabilidad del domicilio o la intimidad familiar del político escrachado, que si bien es cierto que lo ha afirmado algún tribunal del orden contencioso adminsitrativo, no es menos cierto que no ha sabido argumentarlo.
    Lo cierto es que los escraches se hacen en la calle, y que la calle en la que vive un político es un lugar tan público como cualquier otro, por lo que ningún reproche cabe hacer a quien ejercita sus derechos constitucionales mientras no se extralimite, como ha sido el caso del escrache a la vicepresidenta, puesto que no hubo ningún tipo de violencia física, ni insultos ni amenazas.
    Por otro lado, como muy bien dice el auto que dictó el Juzgado de instrucción nº 1 de Torrelavega sobre el escrache que le hicieron al alcalde de esa localidad es «servidumbre» del cargo soportar pacientemente las molestias derivadas de este tipo de actos, ya que también se aprovechan de las «indudables ventajas» de ser cargo público, y porque «la persona que acepta su carácter público, también acepta los riesgos que ello conlleva», incluso la posible merma de su intimidad, entre otros; y ello en consonancia con lo que dicen sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europero de derechos humanos.
    Que a uno le parezcan ciertas manifestaciones de mal gusto, incluso muy zafias y groseras, y en eso puedo estar de acuerdo con usted, no justifica que se hagan recortes a los derechos fundamentales y de paso se refuerce el régimen privilegiado del que ya disfrutan los políticos españoles.

    • Avogadro
      Avogadro Dice:

      Estoy de acuerdo con Juan Ciudadano, pues mientras no se produzcan con violencia o intimidación, y tratándose del uso de la vía pública, no veo inconveniente en ejercer libremente el derecho de manifestación. Lógicamente, esta manifestación se deberá realizar en algún lugar relacionado con la decisión contra la que se protesta, o bien del organismo en cuestión, o bien de sus representantes.
      Cualquier otra solución supone dejar derogado “de facto” el derecho de manifestación, pues la protesta para que sea tal, habrá de realizarse donde y cuando puedan ser oídas por sus destinatarios. Cualquier otra configuración, supondría dejar vacío de contenido dicho derecho constitucional, p. ej.: una autorización alejada del lugar o del tiempo donde se vaya a tomar o se haya tomado la decisión, será en realidad una autorización en fraude de ley, pues burla el derecho fundamental.

  2. jurista
    jurista Dice:

    Buen apunte el de Juan Ciudadano sobre las causas de abstención, porque es cierto que están tasadas y el juez incurre en responsabilidad si se abstiene fuera de esos cauces. Quizás se apunta en el post a la causa de “interés directo o indirecto” derivada de su vinculación a un determinado partido por haber sido asesor durante muchos años y el asunto en cuestión afectaba a un miembro destacado del gobierno de un partido contrario. A los jueces se les aplica lo que a la mujer del César, no sólo han de ser honrados sino parecerlos. Lo que no se explica en el auto es por qué fue cambiado el ponente designado previamente a dos días vistas de la resolución, y quien designó al que finalmente fue. No se entiende tampoco por qué entraron en el fondo si dicen tan claramente que el recurso estaba fuera de plazo, y muchos tribunales cuando eso ocurre inadmiten sin más. Vienen a decir que entran al fondo por su interés, pero para quién, si tampoco se trataba de una sentencia ni la Audiencia Provincial es órgano llamado a unificar doctrina, eso le corresponde al T. Supremo.
    Finalmente, indicar que estudios psicológicos ilustran sobre las distancias de aproximación que el individuo percibe como amenazantes, quizás sería necesario tener en cuenta esos parámetros para valorar las conductas como las comentadas en el post.

  3. KC
    KC Dice:

    Estaba usted yendo bastante bien -sobre todo en cuanto a la abstención de la señora Juez suplente, que debería haberse dado- hasta que se le ha aparecido la vena churrimerinesca:

    Cada vez se tolera más en este país la protesta que se extralimita, la protesta no cívica, la que pisa o traspasa la raya de la ley. Vemos gente asaltando plenos municipales, mujeres desnudas pintadas con sangre increpando a un cardenal a la puerta de una iglesia, ciudadanos asaltando supermercados sin que ello tenga consecuencia legal alguna. Y eso es, como dice Aurelio Arteta, una “patología de la tolerancia” que también debe corregirse.

    Mire, algunos empezamos a estar hasta las gónadas de tanta pantomima. Pantomima sería, por ejemplo, que unos estafadores directamente involucrados en manipulaciones financieras sean condenados a penas que no superan X. También sería ver cómo se gestiona la competencia empresarial en España, así como comprobar en qué ha consistido determinadas actividades económicas.

    Mire, el otro día salía un “presunto” ladró/estafador del Juzgado, que a su vez es diputado en una cámara. Esté “presunto” ladrón/estafador, al que los testimonios probatorios comienzan a incriminarles claramente con la desviación de un buen dinero que tenía como destino una ONG, fue a la salida de este Juzgado recriminado por un ciudadano que pasaba por allí. El ciudadano le llamó ladrón y estafador, mientras el presunto salía en busca de un taxi mucho más solo que cuando todo iba bien. Pues he aquí lo curioso que el ¨”presunto” delincuente se quejaba ante los periodistas de “la mala educación ” que tenía el ciudadano que le increpaba.

    Lo que quiero que entienda usted es la relatividad de esa “mala educación” y la “tolerancia” que tenemos que empezar a pliacar con alguien que tiene tan poca vergüenza de llamar maleducado cuando está imputado por desvio de fondos públicos, malversación y estafa.

    ¿Qué le parece a usted, señor González? ¿Quién tendría, según su lógica y criterio, peor educación? ¿Dónde está la pobreza exactamente según su parecer? ¿O equivalen jurídicamente la reacción secundaria a una acción previamente llena de desfachatez? ¿No le parece a usted que lo trascendental de todo este tema es que hay unas causas previas que generan reacciones esperables?

    Coméntenos sobre la relatividad de su concepto de “mala educación”, que personalmente soy todo oídos -en este caso, ojos-

    Saludos.

  4. JJGF
    JJGF Dice:

    (perdón, mi anterior comentario salió incompleto, sustitúyanlo, si puede ser)

    KC, ni me doy por aludido con su primera línea de aparente aprobación, ni tampoco con sus críticas posteriores.

    Sí tengo que agradecerle el que sus palabras me hayan traído a la memoria, seguro que sin intención por parte suya, un divertido artículo de mi amigo MANUEL VICENT, sobre educación y delitos o fraudes financieros.

    http://elpais.com/diario/2003/08/24/domingo/1061697154_850215.html

    “Cuando uno termina de comer, hay que dejar el tenedor y el cuchillo en el plato en la posición de las agujas de un reloj marcando las tres y cuarto. Quizá Esperanza Aguirre podría comprender un desfalco, una recalificación fraudulenta o una estafa financiera como propio de la condición humana, pero nunca perdonaría que un responsable de estos delitos, sentado a su mesa, en lugar de dejar el cubierto como Dios manda, lo depositara sobre el mantel pringado de salsa o de crema para que lo retire el camarero….”.

    Ignoro en qué consistirá para usted la educación, pero el hecho de que a uno no le parezcan bien métodos como el escrache no significa que, por contraposición, le parezcan bien las conductas de las personas objeto del escrache, o que apruebe o disculpe la ejecutoria de los responsables de las cajas de ahorro, o de los corruptos que hay en los partidos políticos.

    Yo cuando habla de educación, hablo de respeto a todos y de talante liberal. Eso de que el fin no justifica los medios, sino que por el contrario son los medios utilizados los que justifican (o no) el objetivo que se pretende.

    En este blog se calificaron los escraches por Valdelomar como “totalitarios”, por Rodrigo Tena como “coacción” y “fascismo” y por otros se ha dicho lo contrario. El hecho de que no se haya reputado delito el escrache en la casa de la Vicepresidente no debería convertirse en una invitación al escrache como forma “ordinaria” de protesta democrática en el futuro. Y, además, si se mide por los resultados ¿qué consiguieron los que se congregaron en casa de la Vicepresidente? Apenas nada. Y desde luego no que la iniciativa legislativa que querían fuera aprobada por las Cortes. Y me alegro porque, si no, si el método les hubiera funcionado, al día siguiente habría escraches para todo ante la casa de cada alcalde, de cada presidente autonómico….

  5. Panóptico
    Panóptico Dice:

    Si sus argumentos jurídicos “son que la Magistrada Ponente es interina-suplente y procedente de una adscripción política previa” se auto-descalifica como Abogado, argumentando incluso que tuvo que abstenerse…. en fin.

    Considerar que en un órgano judicial colegiado, es solo la decisión de su Ponente la que prevalece, supone que no conoce como funciona por dentro las decisiones en una Audiencia y sinceramente, el resto de los Magistrados no estan de convidados de piedra, al igual que el Juez Instructor previo.

    No conozco, a la Magistrada Ponente, pero su curriculum es mucho mas extenso que el de unos 3.000 Magistrados por poner un numero “mínimo” que seguro que son mas los que solo han alcanzado “una oposicion” y mantienen solo la necesaria Licenciatura en Derecho. Pese a todo, los estudios jurídicos “mínimos” son suficientes para resolver un caso como el cuestionado, que no tiene mayor complejidad que la derivada de ser de un partido o en su caso un defensor del poder establecido o en concreto de la Vicepresidenta que no admite critica de sus ciudadanos demostrados como dicen las resoluciones judiciales -que estudiaron el caso- sin violencia.

  6. KC
    KC Dice:

    Le agradezco que mis palabras le hayan traído a la memoria a Vicent, quien tiene un criterio que ya quisiéramos muchos. Imagino que se ha acordado por la contradicción que puede suponer lo absurdo, lo dogmático y el no tener, hablando en plata, ni pajolera idea. Porque aunque usted crea que el artículo de Vicent es “divertido”, realmente deja de serlo cuando uno comprueba que es tal cual escribe. No voy a explicarle a usted a qué pueda ser esto debido, para ello ya habrá otros foros, otros medios, y otros momentos, pero déjeme explicarle una cosa: los escraches, al igual que el tema aquel de los supermercados, no tienen como finalidad el generar un mecanismo independiente repetitivo en el tiempo. Enumere a ver cuántas veces se han repetido desde que la la cosa “se enfrió”. En el tema de los supermercados, por ejemplo, algunos “juristas” -leguleyos, que diría Vicent- creyeron ver “asaltos”, “robos con violencia” y demás deformaciones jurídico-mentales cuando es bien claro que la finalidad no era el lucro, sino la subsistencia (nadie se llevó un televisor, como sí ha sucedido en Venezuela, por ejemplo, que vendría a ser otro supuesto de hecho totalmente execrable). No, en España la gente se llevó comida y utensilios para el aseo personal. ¿Por qué? Pues sencillamente porque están gobernados por una panda de borregos que no sabe atajar el paro o generar empleo, entre otras cosas porque viene haciendo años que eso les importa bastante poco. Ojo, que yo no soy de los que sólo culpa a los políticos. Además es bien claro que los españoles somos muy italianos, muy griegos y muy portugueses. No sé, tal vez sea el clima…
    Pero una cosa es que se genere una acción y otra bien diferente una reacción. Yo ladrones, estafadores, malversadores y demás delincuentes llamando a otros lo que son ellos mismos he visto a puñados. La Psiología explica perfectamente este asunto, sobre el cual el Derecho ni tiene la menor idea ni le interesa lo más mínimo. Yo no estoy diciendo que por contraposición usted piense o deje de pensar de una forma, lo que le digo es que están dándole importancia a un asunto secundario, “reaccionario” -entienda la etimología-, que hay que sopesar entendiendo primero por qué sucede. Y le digo más, a mí tampoco me parece el medio perfecto, ahora bien, ¿se le ocurre alguno por el que los ciudadanos puedan protestar directamente sin tener que pedir permiso a las mismas autoridades que “posible y presuntamente” estén siendo colaboradoras, directa o indirectamente, de todo lo que diariamente estamos viendo? ¿Es lo mismo un escrache, dos o incluso tres, que veinticinco? Yo lo que creo es que si los ciudadanos se sienten cada vez más desprotegidos por lo que van viendo/escuchando/leyendo -informándose-, es moral y jurídicamente lícito que se manifiesten de alguna forma, obviamente sin violencia física -pero tampoco callados porque entonces no sería un escrache- ni repetición en el tiempo.

  7. KC
    KC Dice:

    Si a usted esto le parece maleducado, puedo presentarle a unos señores muy educados, de gestos muy elegante, que actualmente están durmiendo en la cárcel. También a otros de educación exquisita que deberían estarlo -en la cárcel-, pero de momento no lo están por diversos motivos.
    La educación es igual de relativa que el tiempo, aunque usted la tenga como absoluta. Es más, lo primero que hace un estafador es dárselas de educado y elegante. En el reino animal también se usa mucho la mímesis de parecer lo que realmente no se es, curiosamente. Le podría poner cientos de ejemplos. Pero nada como el uso torticero del verbo, que puede noquear mentalmente hasta al mejor preparado.

    Saludos.

  8. JJGF
    JJGF Dice:

    Comparto lo que acaba de afirmar recientemente José Álvarez Junco, un historiador e intelectual muy respetable, y no precisamente cercano al PP ni a la Vicepresidente:

    El problema más grave de nuestra democracia es la falta de una educación cívica adecuada.

    A cambiar eso deberían contribuir políticos y ciudadanos. Si éstos por muchos escraches y manifestaciones que hagan siguen votando mayoritariamente lo mismo, que no esperen consecuencias muy diferentes a las que llevan padeciendo desde hace años.

    Seguiremos con esta partitoctacia que no canaliza adecuadamente las inquietudes ciudadanas en los procesos de toma de decisión sobre los asuntos públicos.

  9. histleg.com
    histleg.com Dice:

    Comparto la opinión de Juan Ciudadano y añado algunas otras consideraciones que he publicado en una entrada en

    Nos felicitamos por esta resolución, que como , dada la legislación vigente, no puede resolverse en otro sentido sin ir claramente contra la misma. Son un par de artículos ¿tan difícil es leerlos e interpretarlos literalmente? Parece que si.

    No volveremos sobre lo dicho, pero si algunas consideraciones nuevas:

    Nos ha sorprendido el recurso. Llama la atención la temeridad jurídica de la vicepresidenta sobre un asunto que, como decimos, no deja mucho margen a la interpretación —si queremos analizarlo desde un punto de vista puramente jurídico, claro está—. Y llama la atención que un cargo público insista en limitar un derecho fundamental y más aún si se cuenta con una formación jurídica que permite conocer las posibilidades o no de que pueda prosperar tal pretensión.

    Insistir en limitar el lugar donde se celebra la manifestación —como se pide en numerosos foros— iría en contra del propio derecho, de su eficacia. Por eso la legislación limita a la autoridad esta facultad.

    La sociedad está en deuda con los jueces que han actuado en defensa de la ley y el derecho fundamental de manifestación en numerosas resoluciones sobre las pretensiones de otros muchos políticos. Que los tribunales se hubieran decantado a su favor hubiera sido dramático para la sociedad en su conjunto.

    Sin embargo, los mensajes mediáticos lanzados nos hacen presagiar una modificación de la ley por parte del legislador, ante la cual el poder judicial no podrá actuar, ya que es un mero aplicador de la ley. Ante esta circunstancia —en caso de producirse—, la sociedad debería movilizarse para defender un Estado en el que se respeten sus derecho fundamentales, base irrenunciable de cualquier sociedad avanzada y respetuosa con los individuos que la forman. Traspasar esa línea supondría colocarnos en una nueva situación, y se llama dictadura.

  10. CARLOS
    CARLOS Dice:

    Antes de nada, he he decir que soy absolutamente lego en materia jurídica aunque sigo con mucho interés este blog. Después de reconocer que no tengo ni pajolera idea creo que el artículo es magnífico y sinceramente estoy asustado ante algunas de las críticas, viniendo de gente que se considere democrática claro, y no de antisistemas que me imagino que por aquí no abundan.

    Huelga decir que estoy asqueado de esta oligarquía bipartidista que me horroriza la forma en que se nos gobierna y que me indigna el paro el problema de la vivienda y muchos otros problemas tanto o más que a KC, Juan Ciudadano u otros. Yo entiendo los escraches pero no los justifico. Para eso se creó este artificio llamado democracia para que la violencia que se genera por situaciones injustas tenga un cauce civilizado de resolución. Si yo cometo una barbaridad quiero que se me juzqgue de forma civlizada y justa, no que se permita dar rienda suelta a la violencia, porque hay que ser muy cínico para no considerar un escrache como violento.

    Precisamente los ciudadanos con nuestro ejemplo debemos regenerar esta democracia, que tan bajo está cayendo por culpa de los políticos, creyendo en las instituciones, creyendo en otra forma de hacer política y defendiendo los cauces pacíficos y cívicos de protesta.

    Defender el escrache como democrático es otra forma de degenerar la democracia.

    Un saludo

  11. KC
    KC Dice:

    Para eso se creó este artificio llamado democracia para que la violencia que se genera por situaciones injustas tenga un cauce civilizado de resolución.

    Usted mismo está llamando “artificio” al sistema democrático, por tato pierde toda la licitud posterior en un intento de justificación argumental. Aquí lo que sucede es que lo que era la democracia ha derivado en el chiringuito de varios, y entonces cualquier medio de los que usted comenta es muy posible que ya esté “infectado”. Claro que lo deseable sería que las situaciones injustas tuvieran un cauce civilizado de resolución, el problema se da cuando esos cauces forman parte de esa trama manipuladora que hace de un sistema colectivo uno oligárquico o parcial. Entonces pierde toda su razón de ser y de alguna forma existe una justificación lícita -aunque no sea de “corte” legal- a mecanismos alternativos, tal y cómo los actores del conflicto han usado con la generalidad del resto. Porque muchas veces la licitud es algo más objetivo que la legalidad -esto no es tan difícil de comprender-. Porque, verá, la ley positiva, humana, es totalmente manipulable y puede basarse en todo tipo de aspectos no lícitos. La licitud es algo natural, que sigue una lógica que el 95% entendería de no ser condicionado.
    Permítame decirle que su comparación entre un juicio legal/juicio sumarísimo y un escrache es bastante desafortunada, desde el mismo momento en que ni tienen la misma finalidad, ni los mismos mecanismos ni por tanto son comparables. Nadie aquí está diciendo que los juicios deban ser sumarísimos porque un escrache, dentro de unos requisitos, pueda ser algo aceptable desde un punto de vista sociopolitico. Un escrache puede ser perfectamente no violento y servir únicamente como forma alternativa de expresión sin caer en ningún cinismo. Cinismo es decir que alguien es un vago para buscar trabajo cuando por detrás esa misma persona está robando a manos llenas de muy distintas formas, o usar parte de un presupuesto público destinado a una ONG para invertir en bienes inmuebles. Eso sí es cinismo, caradurismo y me atrevería a decir que hijoputismo. Y del grande. Y perdone si le ha sonado mal, yo también soy muy maleducado… Pero maleducadamente honesto, eso sí.
    Saludos.

  12. Juan Ciudadano
    Juan Ciudadano Dice:

    Estimado don Carlos, fíjese bien en lo que dice, porque si los escraches son siempre actos de violencia como usted dice resulta que todos los jueces que los han enjuiciado hasta ahora, que han sido unos cuantos y han resuelto siempre en el mismo sentido, además de unos cínicos son unos prevaricadores.
    ¿Cree usted que eso es asÍ?
    Mire, no se trata de justificar de si están justificados o no, simplemente se trata de si se ajustan a la legalidad o no, y resulta que si se ajustan.
    Que a los políticos afectados no les gusten, se comprende; que el aparato de propaganda del PP intente satanizar a quienes participan en este tipo de actos, también se comprende; pero una persona inteligente no debe dejarse manipular por la propaganda.
    Por lo demás debo insistir que meterse en política conlleva ese tipo de riesgos, como dice el auto que cito en mi anterior comentario, y añado que tampoco es para tanto si se compara, por ejemplo, con los riesgos que asume quien se alista en las Fuerzas Armadas, que por un sueldo mucho menor del que cobra cualquier asesor del Ayuntamiento de Madrid puede terminar en Afganistán sufriendo el fuego de los talibanes.

  13. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    JJGF, enhorabuena pos su post, pero no le dé más vueltas. Primero, la palabra escrache no existe, es un eufemismo tendencioso; segundo, cualquiera de los que aquí lo defiende lo consideraría, como los jueces y magistrados que dictan esta curiosa jurisprudencia, delictivo, sin paliativo alguno, al igual que lo consideraríamos todos, si un grupo de personas se apostasen bajo la vivienda particular de cualquiera de los políticos, juristas o legos en Derecho (con o sin título) que mantienen que estas conductas son legítimas. Mire Ud., ninguna de estas coacciones se han realizado de forma pacífica y silenciosa, pero incluso si así hubiera sido, apostarse en la casa particular de un ciudadano, aunque sea un político, es contrario al civismo y, si el Derecho no tiene remedio, pues mal va el Derecho. Con todo, lo peor no es la tolerancia a la coacción grupal contra el individuo y su familia, lo peor es la falta absoluta de independencia judicial que, como Ud. ve aquí, parace carecer de importancia. No se preocupe, tiempo al tiempo, cuando esto pase ante quien lo defiende verá como deja de defenderlo, sólo que para entonces ya habrá j”jurisprudencia menor” (pero que muy menor!) que quienes se concentren podrán usar en su favor. Claro que no importa porque aquí se carece de la más mínima objetividad e imparcialidad de criterio. Ponga Ud. a unos tipos gritando una cosa con unas banderas y a otros gritando otras con otras y verá Ud. como unos “luchadores” y otros “fascistas”, sólo depende de la óptica del que juzga. Para quqe luego digan que la teoría de la relatividad es obra de un funcionario de la oficina de patentes de Basilea…

  14. CARLOS
    CARLOS Dice:

    Me siguen asombrando vuestras reacciones y vuestra lógica argumental. Curioso que se fije en lo anecdótico de emplear la palabra artificio que significa artefacto en una de sus acepciones, es decir, un instrumento creado para cierto fin. Quizás no sea muy acertado el uso pero en nada invalida mi argumentación. Pero a la cuestión, lo de ir a gritar e insultar a la puñetera (lástima no decir otra palabra) casa del político de turno por mucho que me caiga mal, por muy felón, chorizo, y golfo que sea, y por muy cabreado y maleducado que sea yo, me sigue pareciendo un acto de violencia inapropiado y no me parece lícito, que no legal, bajo ningún concepto.

    Y sí, es cínico porque si os lo hicieran a vosotros o al juez de turno lo consideraría violento. Yo lo lo considero así, pero que no esté de acuerdo con algunas resoluciones no significa que esté diciendo que sean prevaricadores, faltaría más!, pensaba que hilabais más fino, y no hago ningún juicio sumario.

    En cualquier caso no me dejo llevar por ninguna estúpida propaganda de partido, me siguen pareciendo unos sinvergüenzas, y los de los escraches exaltados y antidemocráticos (por favor no confundir antidemocrático con ilegales o cosas por el estilo).

    Saludos cívicos.

  15. Fernando Sánchez-Cerezo
    Fernando Sánchez-Cerezo Dice:

    El escrache, como algunos cantes flamencos, es institución de ida y vuelta -aunque la palabra y algún elemento adicional nos haya venido de América del Sur- y ha existido siempre en España con el nombre de cencerrada, que es palabra menos sofisticada. Fue famosa la cencerrada o escrache que se le hizo al general Mola, en su casa de Madrid, en la calle Zurbano, el 14 de abril de 1931.

  16. Juan Ciudadano
    Juan Ciudadano Dice:

    Contesto a don Jesús Casas y a don Carlos.
    En primer lugar que no se trata de Jurisprudencia muy menor la que da cabida a los escraches.
    La Sala de lo civil del TS, que no es sospechosa de estar politizada, en la STS de 14 de Junio de 2010, Nº Recurso: 2071/2007, dice: “Segundo, por razón del sujeto pasivo, persona que se siente agraviada, que es de proyección pública. El demandante, como alcalde de la población, se ha sentido ofendido, no ya como sujeto particular, sino como alcalde, ya que las manifestaciones se han referido a la cuestión política de las próximas elecciones a alcalde. La jurisprudencia de esta Sala, con insistente reiteración, ha dicho que el personaje público, que aprovecha las indudables ventajas de serlo, pecha también con los inconvenientes y, así, ha dicho en sentencias de 28 de octubre 2009 y 20 de abril de 2010, entre otras muchas anteriores, que la protección del honor disminuye (la persona que acepta su carácter público, acepta también los riesgos que ello conlleva), la de la intimidad se diluye (no totalmente, pero su círculo íntimo debe estar en parte al alcance del conocimiento público) y la de la imagen se excluye (en los casos que prevé la ley, cuando se halla en lugar público)”.
    Está muy claro que un político, por el mero hecho de meterse en política, queda expuesto a que le hagan un escrache y tiene que aguantarse, y no puede ser de otra manera, pues ¿en que profesión se admite a cualquier indocumentado?, y en la que en el ejercicio de la misma se puede mentir descaradamente o demostrar fehacientemente la mayor incompetencia, y no pasa nada, y a esto añádase el cobro de sueldos muy superiores a los que se cobrarían en la vida privada, gastos de protocolo y representación, vehículo oficial con chófer, e incluso la posibilidad de rodearse de un séquito de clientes (cargos de libre designación) pagados por los contribuyentes.
    Todo eso tiene que tener sus contrapartidas, entre otras que un grupo de ciudadanos cabreados, que también pagan impuestos, esperen al político a la puerta de su casa y se desahogen un poco.
    En segundo lugar, que en el caso de que me hiciesen un escrache, o que se lo hiciesen a los jueces que se han pronunciado sobre este asunto, que cambiariámos de opinión; pues les digo que tal afirmación es gratuita, puesto que ustedes no nos conocen y no tienen ni la más remota posibilidad de saber como reaccionaríamos.
    Por lo que a mí me toca les diré que son admirador de aquellos políticos de la República Romana que al término de su mandato convocaban al pueblo en la plaza pública y contestaban a todo el que quisiera preguntarles.
    Valgo como ejemplo el caso de Sila al término de su dictadura, que abdicó de todos sus poderes ante la asamblea popular, manifestándose dispuesto a rendir cuentas de su gestión ante la opinión pública, y al no planteársele ninguna pregunta, despidió a los lictores y regresó a su casa como simple privatus.
    ¿Cuantos políticos españoles se atreverían a hacer los mismo?

  17. KC
    KC Dice:

    Me pregunto si los campos de fútbol están llenos de escrachistas y coaccionadores. Y no entiendo por qué no detiene la Policia a todos los que insultan a jugadores. Supongo que tiene que ver porque se dedican a algo para lo que saben perfectamente que, directa o indirectamente, se ajusta a esas posibilidades. Porque cobran un sueldo bastante interesante como para aguantar eso y mucho más. Es más, no creo que haya jugador de fútbol que esté dispuesto a cobrar menos con tal de no recibir insultos (exceptuando cosas graves cono el tema racial, claro, que entonces sería otra cosa, porque el mundo está lleno de diferente casuística). Lo sé, la comparación no es perfecta porque el forofo del fútbol no va a casa del jugador, pero sí es perfectamente plausible en cuanto a lo de que el político se dedica a algo público que va a ser objeto de todo tipo de críticas. Entonces aquí responderá el “típico educado”: “claro, pero eso no significa que tengan que insultar”. Y lo curioso es que en el fútbol sí se insulta gratuitamente, pero en los escraches es posible que más que insultar se esté describiendo. Es más, lo realmente curioso es que lo del tema de los insultos aquí sería lo que menos importa, pero curiosamente algunos más trascendencia le dan.

    Porque si Pepito le roba a Pepita el bocadillo del almuerzo, y ésta espera a aquél a la salida del colegio y le llama ladrón, está en su perfecto derecho a hacerlo; sería una legítima defensa total y absoluta, porque la realidad es que Pepito es un ladrón. Lo curioso sería que Pepito llamara “maleducada” o ·”reaccionaria” a Pepita, a la que ha robado. E igual de cínico e hipócrita sería que otro niño escribiera en el diario del colegio que lo preocupante es que haya Pepitas que se dediquen a insultar… Si se traslada al chapucero sistema financiero-político español, en el que con tres millones y medio de casas vacías se están produciendo desahucios, y además ha quedado demostrado que directivos bancarios han estado conchavados con diferentes políticos y demás, algunos de los cuales “presuntamente” han podido sacar de España determinadas cantidades de dinero sin pasar por el fisco, lo cual le supone que no sea a él/ella quien tengan que desahuciar, pues entonces sigue siendo todo muy relativo, por mucho que algunos sólo vean “asaltos”, “coacciones” y casi “secuestros”.

    Eso sí que sería relatividad jurídica.

  18. El juez Eloy Velasco sostiene que asediar parlamentarios en grupo puede ser delito grave
    El juez Eloy Velasco sostiene que asediar parlamentarios en grupo puede ser delito grave Dice:

    http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/03/barcelona/1365002759.html

    Velasco reconoce el derecho de reunión “pacífica”, sin necesidad de autorización previa, “como uno de los cauces de expresión de las demandas ciudadanas, máxime a sus dirigentes políticos y obviamente en momentos de crisis en que se exigen sacrificios a algunos colectivos que no se ven generalizados a todos, ni especialmente a los que los han generado”.

    Sin embargo ese derecho tiene sus límites en la acción de la violencia intimidatoria sobre terceros y, en este caso, el sujeto pasivo de la acción podría ser el parlamentario, pero el sujeto pasivo del delito como titular del bien jurídico es la misma Asamblea legislativa y por ello los hechos son calificados de un delito genérico de atentado contra altas instituciones del Estado.

    EL PROBLEMA, AL FINAL, ES A QUÉ LLAMAMOS PACÍFICO, A QUÉ LLAMAMOS VIOLENCIA (Y SI EN ESTE CONCEPTO CABE SOLO LA VIOLENCIA FÍSICA EN FORMA DE AGRESIÓN, U OTRAS VARIANTES MÁS SUTILES).
    El derecho de crítica a los políticos es, como dice Juan Ciudadano, amplísimo , mucho mayor que a un ciudadano particular. Eso no creo que ni el autor del post ni ninguno de los comentaristas lo discuta. Ya pasaron aquellos tiempos en que a un alcalde por decir que “la justicia es un cachondeo” lo procesaron por un delito de desacato. Cómo han cambiado los jueces, ahora paladines de la libertad de expresión.

    Lo que es más discutible es que acorralar a un político en la puerta de su casa sea lo mismo que montarle una manifestación en la puerta del ministerio. Quizá no sea delito, si se constata que no hay violencia, pero que sea un “mecanismo ordinario de participación democrática”. Hombre, algo menos ordinario es. Y según dicen los medios en algunos países se establecen distancias para poder manifestarse. A menos de ¿200 m? (no sé el dato exacto) de un tribunal no se puede manifestar un grupo… Esas restricciones no parecen antidemocráticas, ¿o sí?

  19. Juez Velasco en contra de la violencia moral de alcance intimidatorio que puede haber en los escraches
    Juez Velasco en contra de la violencia moral de alcance intimidatorio que puede haber en los escraches Dice:

    El juez Velasco asegura que el artículo 21 de la Carta Magna consagra el derecho de reunión, pero matiza citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional que “ni la libertad de pensamiento ni el derecho de reunión y manifestación comprenden la posibilidad de ejercer sobre terceros una violencia moral de alcance intimidatorio, porque ello es contrario a bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral”.

    Más detalles de su argumentación en

    http://www.elconfidencial.com/espana/2013/04/04/la-audiencia-avisa-el-escrache-puede-acarrear-hasta-cinco-anos-de-carcel-118139

  20. Josef K
    Josef K Dice:

    Qué curioso ”La Audiencia avisa: el escrache puede acarrear hasta cinco años de cárcel”. El escrache a toda una sociedad por corruptos y sinvergüenzas que han saqueado el sistema financiero, de momento, jueces expedientados. En fin…

  21. Juan Ciudadano
    Juan Ciudadano Dice:

    La opinión del juez Eloy Velasco es muy respetable, pero está en manifiesta minoría dentro de la carrera judicial, como lo han puesto de manifiesto los representantes de las distintas asociaciones profesionales.
    El portavoz de Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha mostrado su “respeto absoluto a las resoluciones de los jueces. Además, en el caso de los escraches las resoluciones están siendo casi unánimes. Prevalece siempre el legítimo derecho de manifestación ciudadana y la gran mayoría de los casos este tipo de procesos, al igual que el de Soraya Sáenz de Santamaría finalizan con el sobreseimiento”
    Dolado también incidió en el hecho de que “hay que analizar caso por caso, de manera concreta, pero lo cierto es que los jueces están entendiendo que no son constitutivos de delito hasta ahora y nosotros mostramos el respeto a las decisiones judiciales y al derecho de participación ciudadana”.
    Además, señala Dolado “estoy de acuerdo con la interpretación que se viene haciendo de los escraches… y no estoy a favor de ponerle coto con la ley de seguridad ciudadana. De momento no ha habido consecuencias graves que la justifiquen”, concluye.
    Pablo Llanera, presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura no ha querido referirse al asunto del escrache a Soraya Sáenz de Santamaría y su famila en concreto “porque como asociación no vamos a realizar declaraciones sobre una resolución judicial”, la postura sobre los escraches ya se hizo oficial el pasado mes de abril.
    En una entrevista a la Agencia EFE, Pablo Llarena, dejó claro que el escrache “no está previsto como una infracción penal, salvo que, en algún caso concreto, se puedan apreciar coacciones, lesiones, daños o agresiones”.
    Llarena explicó que esta forma de protesta ciudadana “límite” no está prohibida en su configuración normal, aunque se ha mostrado partidario de ver el contenido concreto de la actuación para ver si, además de la protesta, ha habido coacciones, lesiones, daños o agresiones.
    Para el portavoz de la APM, el escrache se puede configurar como un delito o una falta de coacciones cuando la protesta “determina el comportamiento de la persona contra la que se dirige”.
    “El escrache en sí mismo no está previsto como una infracción penal, salvo que en su ejercicio se produzca una extralimitación que haga llegar a coacciones, lesiones, daños o agresiones”, indicó Llarena.
    Según el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, “desde el PP se están lanzando numerosas descalificaciones contra la magistrada Isabel Valdecabres por haber formado parte del tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que ha considerado que no concurrió ninguna infracción penal en el escrache a Soraya Sáenz de Santamaría. Entre otras acusaciones, varios dirigentes del PP han asegurado que la magistrada legitima la violencia y que ha actuado con parcialidad.
    Hay que recordar que de forma reiterada nuestra jurisprudencia ha decretado que los escraches pacíficos no constituyen delito alguno y que forman parte de la libertad de expresión y del derecho de manifestación. No pueden constituir infracción penal si ni existe violencia ni amenazas ni injurias, por lo que se trata de una forma de protesta enmarcada en el legítimo derecho de crítica, como ha ocurrido en este caso. Debe añadirse que este supuesto ha sido examinado por cuatro jueces, uno en primera instancia y tres en la segunda, y todos ellos han considerado que los hechos no constituían ningún delito.
    El anterior presidente del TS y CGPJ, Gonzalo Moliner, en su momento dijo “Los ‘escraches’ son un ejemplo de libertad de expresión”

  22. Juan Ciudadano
    Juan Ciudadano Dice:

    En cuanto a lo que dice la Doctrina penalista sobre esta materia trascribiré lo que dice el catedrático de Derecho Penal José Manuel Paredes Castañón.

    “Escrache”: ¿es delito?
    Creo que, a estas alturas, la respuesta a esta cuestión debería resultar obvia para cualquiera que sepa dos palabras de Derecho Penal. No obstante, a la vista de la interesada manipulación política y mediática que estamos viendo estos días (al hilo de la estrategia de movilización de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en torno a la Iniciativa Legislativa Popular de la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social), conviene detenerse a recordarlo:
    Desde el punto de vista del Derecho Penal español, la conducta de realizar cualquier actividad reivindicativa delante del domicilio, o de la persona, de alguien (ahora mismo, de representantes polític@s hablamos, pero lo dicho podría valer para cualquiera), tan sólo puede tener trascendencia penal en tres supuestos:
    1º) Por tratarse de un delito contra el orden público: Se trataría en este caso de un delito contra un interés supraindividual, de naturaleza política, relativo al uso indebido del espacio público por parte de l@s manifestantes. Como en otro lugar he estudiado con detenimiento, esto no quiere decir (como reza la inaceptable y autoritaria doctrina que las autoridades gubernativas y las fuerzas policiales suelen invocar) que cualquier manifestación no comunicada a la subdelegación del gobierno incurra en tal delito, sino que ello podrá ocurrir únicamente cuando el uso del espacio público sea, en un caso concreto, de tal índole que impida el ejercicio de la libertad por parte de terceros. No suele ser el caso, si estamos hablando de un “escrache” ordinario (y no de un caso de acoso), como a continuación señalaré.
    De cualquier modo, el eventual delito contra el orden público -que, como digo, rara vez existirá- nada tendría que ver con la libertad del político “escrachado”, sino con intereses generales, en que la plaza o calle que se constituyan en lugar de la acción permanezcan libremente disponibles para el uso de tod@s. No es, pues, ésta la relevancia jurídico-penal que nos interesa aquí, pues no es acerca de la que se está discutiendo ahora mismo.
    2º) Por el empleo de la violencia: Por el empleo de la violencia física: tal es el sentido, restrictivo, del término en el Código Penal español. De esta manera, es claro que un “escrache” que consistiese en -por ejemplo- encerrar a la persona “escrachada” en su casa, impidiéndola salir, constituiría un delito de coacciones o de detención ilegal (dependiendo de la intensidad y duración de la privación de libertad ambulatoria). Que un “escrache” que consistiese en zarandear o golpear (o herir, o matar) a la persona “escrachada” daría lugar a los correspondientes delitos de malos tratos, lesiones u homicidio.
    3º) Por el contenido amenazante: Sobre todo lo dicho hasta aquí (en particular, acerca de las consecuencias jurídico-penales del uso de la violencia física) no puede caber duda. Sin embargo, no es de ello de lo que se está hablando ahora mismo en España. Por el contrario, lo que estamos pudiendo escuchar es un interesado y manipulador discurso que equipara “escrache” a acoso y a violencia. Y que, con ello, pretende presentar estas acciones como dañinas para bienes jurídico-penalmente protegidos; y, por ende, como delictivas.
    En este sentido, conviene recordar, en primer lugar, que, como ya he señalado, en el Código Penal español “violencia” quiere decir violencia física: vale decir, actuaciones, mediante la fuerza, sobre el cuerpo de la víctima. Dicho a lo claro: si a la víctima no “se la pone la mano encima” (directamente o a través de instrumentos), no hay violencia, en el sentido legal del término.
    Conviene destacar también, en segundo lugar, que, en ausencia de violencia (física), la conducta de “escrache” es una conducta de naturaleza meramente comunicativa: se trata, en efecto, de lanzar mensajes y avisos acerca de que una determinada persona que vive o se encuentra en el lugar o en sus cercanías ha realizado o realiza -según los promotores de la iniciativa- ciertas conductas que deben ser valoradas de forma negativa y en virtud de las cuales les debería ser exigida alguna suerte de responsabilidad. (El término responsabilidad resulta fundamental: la esencia del “escrache” consiste en apuntar directamente los mensajes acusadores contra la persona, levantando los velos que la institución, la organización, el cargo, etc. interponen habitualmente al discurso de la responsabilidad.)
    Y conviene apuntar, finalmente, que todo lo anterior (que, sin duda, puede resultar a veces muy incómodo para quien soporta el “escrache”… y, desde luego, siempre muy poco confortable en términos políticos) no puede ser delito, en Derecho español, más que en un caso: si los mensajes lanzados fuesen amenazantes: “o haces X, o…” (te causaremos un mal). Porque en tal supuesto no estaríamos ya ante un mero “escrache”, sino ante una auténtica conducta de amenazas, atentatoria contra la libertad de acción de la víctima.
    Pero, por supuesto, “mal”, en el sentido aquí pertinente, tiene que ver, de nuevo, ante todo con el aviso de una violencia inminente: te mataremos, te lesionaremos, te secuestraremos,…, a ti o a tus allegad@s, porque sabemos dónde vives, si no haces lo que nosotr@s te pedimos. Es decir, en cualquier de sus modalidades, los delitos de amenazas precisan de dicho mensaje, intimidatorio, que promete la inminencia de un acto de violencia. Si no existe tal mensaje, no hay amenaza, ni hay delito de amenazas.
    (Es aquí, desde luego, donde la propaganda “antiterrorista” que, en una burda manipulación, pretende equiparar “escrache” a “lucha callejera”, naufraga sin remedio: aquellas conductas de grupos afines al movimiento abertzale vasco que podían parecerse algo, en sus formas, a los “escraches” de los que ahora estamos hablando venían acompañadas muchas veces, al menos de forma implícita, por la posibilidad de que se llegase hasta la violencia, bien por parte de los mismos “escrachadores” o bien por parte de acciones armadas de ETA. Nada que ver, pues.)
    Resumiendo: “escrachar” no es amenazar (no tiene por qué serlo, cuando menos). Y, por consiguiente, tampoco es acosar, en tanto que no se recurra a la violencia, se amenace con emplearla o se coarte la libertad de movimientos de la persona “escrachada”. Y, por todo ello, “escrachar” (a secas, sin aderezos) no es generalmente, en Derecho español, delito.

  23. Guille
    Guille Dice:

    Mi felicitación al autor. En mi opinión, la intolerancia que rezuma por algunos comentarios que se han hecho, y la dificultad de sus autores para digerir opiniones distintas de las suyas sin caer en el insulto o enzarzarse, es otra muestra de la falta de educación cívica que el propio artículo lamenta.

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