Algunas reflexiones sobre la responsabilidad que corresponde asumir individualmente a los profesionales del sector legal ante la sociedad

En los últimos años la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha convertido en un tema recurrente en los foros de gestión y dirección. También el sector legal la tiene en su agenda. Instituciones como el CGAE, alguna que otra institución colegial y privada como por ejemplo la Fundación Aranzadi Lexnova, Scevola, Civio y la Fundación Pombo, vienen promoviendo iniciativas de distinta índole dirigidas a que el sector asuma responsabilidades ante la sociedad. Está claro que las corporaciones (C) deben revisar sus estrategias y rehacer sus políticas para lograr además de los objetivos financieros, otros igual de importantes como la satisfacción de sus empleados, el retorno a la sociedad en el contexto en el que desarrollan su actividad o la sostenibilidad medio ambiental.

Sin embargo, poco se habla de otro concepto, también clave, al que he bautizado como Responsabilidad Social Individual (RSI), es decir la que nos corresponde asumir como individuos que formamos parte de una sociedad, y que en el caso de quienes hemos obtenido la licenciatura de Derecho, se me antoja aún más exigible en tanto en cuanto se nos debe presuponer una mejor compresión del sistema legal y en general, del entorno institucional, político y económico en el que vivimos.

Recuerdo aún como en primero de carrera nos explicaban esa idea de que el Derecho estaba en todo. Con el tiempo no he podido más que comprobar la verdad casi absoluta de esa afirmación. Y si a través de las lentes del Derecho se puede entender casi todo, ahora que los datos que arrojan las encuestas sobre el estado de confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en el sistema en general es tan demoledor, ¿no debería la responsabilidad de todos nosotros ante esta compleja situación, con un sistema tan cuestionado y debilitado, resultar  aún más exigible?

A continuación profundizo sobre esta idea de la RSI y lo que entiendo que debería conllevar asumirla y llevarla a la práctica:

1.- Los profesionales del Derecho debemos ser soldados de nuestras  obligaciones de claridad, lealtad, buena fe y transparencia.

Los profesionales del Derecho tenemos que aprender a escribir y a informar respetando esos principios. No debería volver a ocurrir lo que describe este párrafo de un sentencia, dictada hace sólo unos días por la sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, en relación con un contrato de una entidad bancaria de primer orden: “se trata de conceptos y términos descriptivos de los que no es fácil, por no decir imposible, saber a qué ha de atenerse el cliente a partir de la firma del swap. Es un contrato complejo, excesivamente técnico, de mala  y peor sintaxis, y en alguna de sus partes ininteligible. Por lo que del examen del documento no cabe inferir ni se puede afirmar que la información dada al cliente sea ni mucho menos adecuada a la naturaleza y riesgo (que luego cristalizarían) propios del swap en la fecha en que fue suscrito.” Además, del problema de la imposibilidad de comprender el contrato, para el juzgador, la información suministrada al cliente fue juzgada como escasa e insuficiente.

Sería realmente triste pensar que tengamos que esperar a que en nuestro país nazca una persona capaz de asumir el rol que jugó ya en el año 1971 en el Reino Unido, Chrissie Maher como ideóloga y promotora del movimiento “Plain English” (que marcó un antes y un después en el Reino Unido al ser capaz de movilizar a los profesionales con responsabilidades en la redacción de documentos jurídicos a sumarse a su campaña) para asumir nuestro rol de “ser soldados de las obligaciones de claridad, lealtad, buena fe y transparencia que exige nuestro ordenamiento jurídico”.

2.- Los profesionales del Derecho debemos ser guardianes de los mecanismos de los que está dotado el sistema y utilizarlos siempre de forma modélica, con el fin de que devenga aún más sólidos y funcionen

Es nuestro deber ser un ejemplo para el resto de la ciudadanía en el cumplimiento y respeto del marco legal y de las decisiones de los jueces y magistrados. Nuestro colectivo no puede permitirse situaciones como la presuntamente protagonizada por el abogado defensor de uno de los imputados en el caso Nóos, que a pesar de la prohibición expresa de entrar en la sala con dispositivos electrónicos, aparentemente decidió grabar el interrogatorio de la Infanta y difundirlo con posterioridad y que acaba de ser imputado por revelación de secreto.

Otro ejemplo, disponemos de un mecanismo que podría ser extraordinariamente útil para prevenir focos de conflictos como el registro de condiciones generales de contratación en el que se inscriben las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes (es decir, la mayoría de las incorporadas a los contratos bancarios) y  cuya versión on-line está ya a disposición de todos los ciudadanos 365 días al año y 24 horas al día”. ¿Y estando dotados de una herramienta tan útil para la prevención del conflicto no podríamos nosotros profesionales que entendemos de leyes y contratos desarrollar, a través de las asociaciones profesionales o incluso de nuestros propios colegios profesionales,  una actividad que permita ejercer acciones de cesación para que se eliminen a través de Sentencia aquellas condiciones que sean nulas?

3.- Los profesionales del Derecho debemos convertirnos en arquitectos e incluso activos promotores del cambio cuando sea necesario someter el ordenamiento o el sistema a debate o realizar alguna reforma.

Es un hecho probado que en los países más desarrollados, el nivel de implicación de la sociedad civil es mayor.  La participación en asociaciones y organizaciones diversas fomenta las relaciones de reciprocidad, facilita la comunicación y colaboración entre  individuos y constituye un pilar de la sociedad civil y la democracia pluralista. La fundación BBVA realizó hace unos años un interesante estudio sobre el capital social del que se concluía que “en todos los países estudiados las asociaciones que trabajan en lo que posiblemente serán algunos de los grandes desafíos de los próximos años ―la preservación del medio ambiente, la salud, la ciencia, los derechos civiles― son las que muestran tasas relativamente bajas de miembros participantes”.  Éstas últimas si alguien tiene que promoverlas somos nosotros,  ¿a qué esperamos? Asumamos nuestra RSI, hay mucho trabajo esperándonos. Debemos participar en aquellas iniciativas en las que creamos podemos aportar valor.

 

La solución

¿Puede hacerse algo para que un colectivo dotado de soldados, guardianes, arquitectos y promotores tan capaces como el que conforma el sector legal de nuestro país se movilice en pro de la lucha contra la corrupción y en defensa de la imagen de marca país, confiable y seguro que tenemos? Seguro que sí. Se me ocurren al menos tres acciones:

  1. Más formación adicional, obligatoria y continua de los profesionales del Derecho en materias como la ética y la dialéctica, la comunicación oral y escrita, la negociación y la mediación.  Y la inclusión entre los servicios ofertados por los Colegios Profesionales de sistemas de certificación  y acreditación de los conocimientos y experiencia de los profesionales.
  2. La mayor involucración de todo el que pueda en aquellas asociaciones y foros  en los que se traten las cuestiones clave para el futuro del país y se luche por la mejora del sistema y la defensa de los derechos civiles.
  1. La creación de un observatorio que haga las veces de Think Tank y lugar de encuentro sobre ética y responsabilidad.
  1. Dar visibilidad y premiar no sólo a las empresas y corporaciones, no sólo a los que más facturan, sino a aquellos individuos del sector legal que más aportan a la sociedad, entendiendo dicha aportación en un sentido amplio y moderno, como ejercicio exitoso de la responsabilidad individual.

Licenciados en Derecho, tomemos consciencia de nuestro deber para con la sociedad y trabajemos para que sea realmente predicable de todos nosotros la visión que José Juan Toharía afirma tiene el ciudadano de los abogados, “una figura auxiliadora clave, por su pericia profesional, para todos los que tengan que transitar (y ocurre que ahora tenemos que hacerlo prácticamente todos) por este nuevo e inmenso mundo de normas, regulaciones y procedimientos, en permanente ensanchamiento y cambio”. Seamos útiles, pero sobre todo asumamos nuestro rol de soldados, guardianes, arquitectos y promotores de un sistema jurídico mejor, en suma de agentes de un cambio que hoy es más necesario que nunca.

 

 

4 comentarios
  1. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Me parecen excelentes las propuestas del autor. El mundo de la abogacía ha sufrido también y sigue sufriendo la desconfianza de los ciudadanos que ven en este sector profesional muchas veces más intereses que principios éticos, cuando no marrullerías jurídicas que tratan de justificar actuaciones poco claras e incluso desleales hacia el cliente. Como en todas las profesiones existen percepciones de quienes utilizan sus servicios de abuso y hasta una cierta prepotencia y superioridad hacia el ciudadano de a pie. Si queremos cambiar las cosas hagámoslo desde y sobre nuestro entorno inmediato.

  2. Javier Ramirez Iglesias
    Javier Ramirez Iglesias Dice:

    Querida Chusa, muchas gracias por tus ideas, que como siempre son magníficas. Me ha hecho gracia la primera de ellas, porque hace un mes me compre un libro titulado “Escribir bien es de Justicia. Técnicas de expresión escrita para juristas” ya que comparto plenamente lo que dices y cuando lo ví no pude resistirme porque desde hacía tiempo, a la vista del problema que identificas, me venía preguntando si corría yo también el peligro con el paso del tiempo de convertirme en “uno de ellos“.

    Pero lo más importante de tus ideas es que los juristas tenemos que sentir la necesidad de ayudar a las comunidades en las que vivimos, y que podemos hacerlo en especial como mejor sabemos, poniendo nuestro “saber-hacer” jurídico en favor de quienes lo necesitan y no cuentan con los recursos necesarios. No se trata de hacer competencia al turno de oficio, sino de integrarse en las múltiples iniciativas de prestación de servicios legales pro-bono que se están desarrollando actualmente en España por la iniciativa de diversos actores, en especial los Colegios de Abogados (por ejemplo el ICAM tiene un Centro de Responsabilidad Social de la Abogacia muy activo y eficiente), o de afrontar esta obligación ética a nivel individual. Y para ello no es necesario que seamos capaces de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a defender un caso estrella, sino que contribuciones tan modestas como explicar a una persona sin formación lo que quiere decir una notificación legal que ha recibido y ante la que se encuentra aterrado resultan, simplemente, gratificantes. Probadlo.

    • María Jesús González-Espejo
      María Jesús González-Espejo Dice:

      Muchas gracias Javier por tus amables palabras. Me alegra tu visión y ojalá cada vez seamos más los que creamos que el cambio no depende de otros: políticos, periodistas, etc., sino que nosotros mismos podemos ser protagonistas activos de ese cambio. Nuestro país nos necesita ahora. Un abrazo y feliz fin de semana.

  3. Fernando Gomá Lanzón
    Fernando Gomá Lanzón Dice:

    Gracias María Jesús, en relación con la cuestión de la claridad en la expresión, que es algo que me interesa sobremanera, aplicada al mundo del Derecho y el ciudadano particular, en especial sobre productos complejos financieros, propuse en su momento la creación de una Fundación para la Claridad Jurídica y Financiera, que en mi opinión podría dar mucho juego: http://hayderecho.com/2013/12/17/una-fundacion-para-la-claridad-juridica-y-financiera/

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