¿Nepotismo en el Tribunal Supremo? La importancia de tener buenos contactos en España

Uno ya está curado de espanto, pero quizás un posible caso de nepotismo en el Tribunal Supremo todavía es susceptible de llamar la atención incluso en un país tan acostumbrado a los enchufes como el nuestro. Hace unos meses El Confidencial publicó una noticia (aquí) según la cual la hija (Carmen Fernandez-Montalvo García) y el yerno (de apellido Aparicio de Lázaro) del Presidente de la Sección II de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de lo contencioso-administrativo, el Magistrado Rafael Fernández-Montalvo, fueron designados letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. ¿Casualidad?

Cuando saltó la noticia los evaluadores y el coordinador general del proceso de selección (Ramón Castillo) se apresuraron a negar cualquier trato de favor a estos candidatos a consecuencia de sus conexiones familiares que, siempre según su versión, desconocían hasta que  superaron con éxito el proceso. Dado que el nepotismo ha sido -y parece que continúa siendo- un mal nacional, me ha parecido oportuno investigar si esta excusa es creíble; en definitiva, si contamos con procedimientos objetivos de selección para que cuando se produzcan acontecimientos de este tipo quede descartada cualquier duda al respecto. Y el que este caso afecte nada menos que al Tribunal Supremo, se supone que el sancta sanctorum de la objetividad impersonal y del respeto a las reglas, nos puede dar una pista bastante significativa de lo que puede estar pasando en otros sitios.

En primer lugar, que los evaluadores no supieran que se trataba de la hija del Magistrado no parece creíble, máxime cuando unió sus apellidos paterno y materno para hacerlos coincidir con los de su padre y, además, aportó como mérito un artículo jurídico escrito con él al alimón (aquí). Por otra parte, tampoco hay tanta gente en el Tribunal Supremo: en la Sala Tercera sólo seis magistrados son presidentes de sección. Negar ese conocimiento ya resulta extraño, pero no sería determinante si los procedimientos de selección fuesen a prueba de bomba. Vamos a comprobarlo.

Aclaremos antes que el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, creado por Real Decreto 489/1985, de 2 de abril, se encuentra bajo la dependencia directa del Presidente del Tribunal Supremo (artículo 163 LOPJ) y  tiene como funciones la asistencia al mismo, a la Sala de Gobierno y a los Presidentes de Sala en el ámbito de sus respectivas competencias y en materia de relaciones institucionales, la asistencia técnico-jurídica a las diferentes Salas del Tribunal y a la Sala de Gobierno, la información pública de la actividad jurisdiccional o gubernativa del Tribunal, y aquellas otras que sean precisas para el buen funcionamiento del Tribunal Supremo, así como la realización de las tareas necesarias para posibilitar la elaboración de bases de datos de jurisprudencia.

La plantilla está integrada por el Magistrado Jefe y cinco Magistrados, nombrados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo. Asimismo, forman parte de la plantilla del Gabinete un Secretario Judicial y 35 Letrados (también nombrados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por un período de tres años, prorrogables por otros tres) junto con el correspondiente personal funcionario y laboral. El trabajo de los letrados consiste en prestar apoyo a la Sala en las labores de admisión y decisión y sus retribuciones equivalen a las de un Secretario de Sala del TS, es decir, unos 50.000 euros al año. Por cierto, que en la propuesta de reforma de LOPJ se prevé aumentar las retribuciones para equipararlas a las de un Magistrado del TSJ. No está pero que nada mal. Conviene destacar además que, pese a los recortes y a las tasas, se amplió la plantilla originaria de 35 letrados a través de los planes de refuerzo aprobados por el Ministerio de Justicia. Curioso también que el yerno entrara dentro de esta “plantilla de refuerzo”.

Pues bien, en cuanto a la elección de los letrados, son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial mediante convocatoria pública de concurso de méritos entre funcionarios de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia pertenecientes a Cuerpos en los que hubieren ingresado en razón de su titulación como Licenciados en Derecho, resuelto a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Es decir, el requisito es ser funcionario del grupo A1 y licenciado en Derecho, y el procedimiento de selección es un concurso de méritos.

Al parecer,  la hija y el yerno no eran los que tenían ni más experiencia ni mejor cv. El Confidencial nos dice (aquí) que al puesto aspiraban más de un centenar de personas, según la relación definitiva de solicitantes admitidos que participó en el concurso. Entre los aspirantes había decenas de doctores, profesores de universidad, expertos juristas… Fernández-Montalvo García y su esposo son técnicos de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, lo más relevante y lo que facilita enormemente la opacidad del proceso de selección  es que -si bien las plazas se publican en el BOE (aquí)- los requisitos son siempre los mismos, y nunca se especifica (i) ni la valoración de cada mérito, (ii) ni los criterios de evaluación, (iii) ni se convocan plazas por especialidades; es decir, nunca se busca la idoneidad concreta de un candidato para un puesto. La opacidad es total. A la vista de ello podemos concluir que el TS no cumple su propia doctrina sobre la discrecionalidad técnica en la provisión de puestos de trabajo que impone a otros organismos.

En concreto, los méritos exigibles son los relativos a los servicios prestados en los Cuerpos de origen a los que pertenezcan los funcionarios, los títulos académicos, la superación de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales (o en otros Cuerpos funcionariales para cuyo ingreso se exija el título de licenciado en Derecho) la experiencia en tareas de investigación, organización y gestión administrativa, la experiencia en Informática general y especialmente en la aplicada a la gestión judicial, los conocimientos y experiencia en materias contencioso-administrativo y social, las publicaciones y los idiomas.

La gracia es que los candidatos no  saben cuántos puntos supone cada mérito, que sería lo mínimo necesario para poder participar en el proceso con ciertas garantías o incluso – de no reunirlos- para formarse y adquirirlos de cara a una convocatoria futura. En fin, falta transparencia, falta objetividad, y todo ello nos hace legítimamente preguntarnos si, además, falta honradez. Y si no falta, con estos incentivos tan perversos hay que concluir que sería un verdadero milagro.

Otro tema vinculado y muy interesante es la duración del nombramiento. Según las normas son 3 años prorrogables por otros tres. Pero ocurre que hay letrados que lleven más de veinte años en sus puestos, y que  siempre vuelvan a sacar la misma plaza, una y otra vez. Ejemplos hay para aburrir. Por elegir uno (aquí), el más reciente acuerdo de nombramiento de letrados al servicio del Tribunal Supremo, de 11 de julio de 2013, nombró siete letrados, seis de los cuales ya habían sido nombrados seis años atrás, por acuerdo de 13 de septiembre de 2007. Es decir, que lo se presentó públicamente como un proceso selectivo no era tal, pues para seis de las siete plazas ofertadas había otros tantos“tapados”.

Esta forma de funcionar tiene unos beneficiarios directos y unos perjudicados clarísimos: los ciudadanos y contribuyentes españoles.  Este tipo de conductas, además de recordar al artículo “Uno de los nuestros” de nuestra coeditora Elisa de la Nuez (mejor rodearse de gente “técnica” de confianza que te deba todo y que sepa mirar para otro lado cuando interese) suponen pura y simplemente una patrimonialización de la institución, aunque sea por los Magistrados del Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo no es de sus Señorías: sus Señorías sirven en el Tribunal Supremo, que es de los españoles, que lo pagan con sus impuestos y que, si les dejaran opinar, optarían sin dudarlo por los candidatos más brillantes y con mejor currículum. Pero, por supuesto, nadie va a preguntar a los españoles qué es lo que prefieren, ni siquiera parece que quien tiene que hacerlo vaya a  buscar la manera de que se hagan bien las cosas con el fin de evitar riesgos futuros.

En este sentido resulta muy reveladora la respuesta dada por el Gobierno a la pregunta sobre este tema formulada por un partido político de la oposición (el de siempre). Se limita a decir que el asunto no va con ellos, que el concurso de méritos lo resuelve la Sala de Gobierno del TS y que “no tienen  constancia de que se haya producido ninguna impugnación” con respecto a estos nombramientos. ¿Se imaginan ustedes alguien lo suficientemente cerril como para con este procedimiento de selección arriesgarse a poner su nombre en un escrito de impugnación? Tan cerril que, si lo hiciera, por solo ese motivo demostraría su completa incapacidad para desempeñar en el futuro cualquier cometido inteligente….

No se confundan, no afirmo que el Magistrado haya movido un dedo por su hija y su yerno. No es necesario. A estas alturas todo el mundo sabe a quién interesa hacer favores y a quién no, y qué nombramientos pueden resultar más convenientes. El problema es que cuenten con tantas facilidades procedimentales para hacerlo. Quienes pueden servirse de las instituciones con tanta comodidad también suelen encontrar fácilmente aliados circunstanciales, dispuestos a dar un empujoncito al yerno o a la hija, si hace falta. Y si en el inevitable proceso de convocatoria pública aparecieran mejores candidatos, pues qué se le va a hacer. Afortunadamente para ellos, los cvs y las puntuaciones no se hacen públicas.

Quizá la tolerancia de este tipo de prácticas tan arraigadas y extendidas en la sociedad española explique por qué al Tribunal Supremo le cuesta tanto condenar a alguien, aunque sea un político, por delito de tráfico de influencias, como ya comenté aquí con relación al caso Banco. Si el enchufismo, el amiguismo y las conexiones son una inveterada costumbre española para conseguir un trabajo, incluso en el sector público donde se supone que rigen los principios de mérito y capacidad, el que al final el ex ministro que quedaba en las gasolineras haga una gestión para solucionar el problema a un amigo no parece tan grave.

En cualquier caso y como conclusión de esta investigación, parece claro que dado el elevadísimo nivel de opacidad y discrecionalidad en el nombramiento de los letrados no es de recibo que se nombren como tales a la hija y al yerno de un Presidente de Sala. Sencillamente, porque frente a la acusación de nepotismo no cabe defensa sólida alguna, y el Tribunal Supremo sería el primero que debería mirar por su propio prestigio y reputación.

Pero no nos confundamos. No somos más corruptos que nuestros vecinos del Norte, simplemente no nos preocupamos por exigir procedimientos objetivos y transparentes sujetos a normas claras y verificables. Tampoco un riguroso régimen de sanciones para quien no los respeta. Y recordemos finalmente –parafraseando a Ortega- algo muy elemental que constituye la filosofía última de este blog: si no hay Derecho, no hay derecho.

33 comentarios
  1. Paloma
    Paloma Dice:

    Frente a la limpieza del escalafón, ahora hay quienes pretenden llevar a la judicatura el sistema clientelar y nepotista que rige en las universidades, a base de currículos hinchados por participación en cursillos (¡como si los jueces que realmente trabajan tuvieran tiempo de eso!), y también ha surgido el medallismo judicial, práctica consistente en que te den medalla de San Raimundo o similar y usar esto como pseudomérito para trepar. Obviamente esto no es serio.

  2. hutopyko
    hutopyko Dice:

    Conozco una persona que se presentó hace 2 o 3 años, me dijo que iban por grupos cada día y allí te hacían pasar de uno en uno a una entrevista en la que te preguntaban cosas del curriculum, por qué querías trabajar allí, etc. y que tendrías noticias. Mientras tanto, el resto del grupo charlaba fuera y me dijo que toda la impresión es que esas plazas estaban dadas, que iba gente con “recomendación”, vamos, que no hacía falta ser muy listo para ver que alguno de los allí presentes hablaba con el desparpajo y la naturalidad de alguien que va “de sobrado”, que conoce el tinglado y a “gente”… finalmente le llamaron POR TELÉFONO para decirle que no había pasado…como se ve todo muy público…y esto es en el SUPREMO, qué no habrá en otro sitio con menos pedigree… LAMENTABLE! por cierto, esta persona no volvió a presentarse, obviamente.

  3. JM
    JM Dice:

    Yo sé que el yerno no hizo entrevista, a diferencia de los demás letrados que sí pasaron un proceso, fuera el que fuera. Se le admitió “por ser vos quien sois”.

  4. Pilar
    Pilar Dice:

    En cuanto al medallismo como mérito para trepar en la carrera judicial y saltarse el escalafón, es fácil suponer que a quien le da un empujoncito a la hija o yerno del mandarín correspondiente, el agradecido padre le premie a su vez con alguna Raimunda. Y hasta es posible que a más de uno eso le sirva para ascender.

  5. Arcimboldo
    Arcimboldo Dice:

    Cuestiones morales aparte, son unos auténticos chapuzas. ¿¿a quién se le ocurre enchufar también al marido?? ¿No hay más sitios donde colocarlo para que cante menos? Creo que eso da idea de la sensación de impunidad con que viven algunos…

    • JM
      JM Dice:

      Claro, viven aislados en su torre de marfil, pierden la perspectiva, empiezan a pensar que aquello es suyo, cuando es de todos los españoles y, además, cometen la torpeza de olvidar de que es el órgano jurisdiccional superior de España y que, por tanto, es muy fácil que cosas como estas trasciendan.

      En fin, que toca sacudirse la caspa y entrar en la modernidad. A ver si entre todos conseguimos que España deje de ser un gran cortijo.

  6. Jaime de Nicolás
    Jaime de Nicolás Dice:

    Esta noticia podría perfectamente se una reseña periodística de la épocaq de Larra. Y es que de lo que se trata es de irse quitando la caspa del siglo XIX, para lo cual lo primero es denunciar y sacar a la luz, como en este post, casos y cosas que hasta ahora parecen no solamente normales, sino inevitables. Solamente dar a conocer ya produce un efecto positivo: que se tomen más precauciones, o que se hagan las cosas con más cuidado, porque puede que salgas en alguna información y tengas que dar explicaciones. Poco a poco, pero sin parar.

  7. Rocio
    Rocio Dice:

    Dentro de estos extraños nombramientos del Supremo, hay un caso también muy peculiar: el del magistrado de la Sala 1ª Rafael Gimeno Bayon-Cobos, magistrado en excedencia y abogado en ejercicio, que le eligieron por el turno de juristas de reconocido prestigio con preferencia a otros candidatos (entre los que se encontraba el Catedrático de Mercantl Beltrán q.e.p.d.). Los que se consideraron perjudicados sí que se atrevieron a impugnar el acuerdo, y el TS declaró nulo el nombramiento.
    Ahora ya no está en el Supremo. De hecho, la “revisión” de su sentencia sobre la cláusula suelo la hizo un nuevo magistrado (Sarazá).

    • elena
      elena Dice:

      Sobre Gimeno Bayón precisamente creo que se comete una injusticia al hablar así. Sus méritos eran sobrados (probablemente el que más meritos reúnía de los últimos 10 o 15 nombramientos para la Sala Civil del Tribunal Supremo) y se cargaron su nombramiento no por falta de méritos sino porque el Supremo, a diferencia del Consejo, entendió que en los años requeridos como experiencia de jurista para entrar por el turno por el que entró (llevaba años ejerciendo la abogacía como Magistrado excedente) no podían computarse los años que fue magistrado y entendió también (en lo que creo que fue un exceso) que los años en que fue al mismo tiempo profesor asociado universitario y magistrado tampoco podían computarse (sólo con ésto estaba sobrado en los años necesarios y sin embargo el Supremo concluyó que si hubiera sido sólo profesor asociado y no magistrado a la vez sí hubiera reunido los requisitos -es decir, que se hubiera preferido al sólo profesor asociado, excluyendo al que además lo compatibilizó con la magistratura). Si no hubiera sido por tan peregrino (a mi humilde entender) razonamiento no habría duda de que era y seguía siendo el que más méritos tenía de entre los candidatos (y el Supremo en la sentencia esto no lo ponía en duda). La consecuencia de tan desafortunada sentencia es que el que a mi entender ha sido el mejor magistrado que ha tenido en muchos años el Tribunal Supremo, el que más experiencia en Derecho tenía desde todas las perspectivas, el más cercano a la realidad social, el más cercano al cumplimiento de las normas según su espíritu y la realidad social del tiempo en que se aplicaron, fue cesado (pero sólo nominalmente, se le mantuvo en el Supremo en Comisión de Servicios como Magistrado reincorporado que era, en una situación absolutamente ignominosa por cuestionada por comentarios como el que contesto).

      Tras todos estos avatares, y pese a ser juez antes que jurista, y de los más independientes frente a los poderes que se han conocido, ha acabado pidiendo la excedencia y ha vuelto a la abogacía constituyendo una pérdida enorme para el Tribunal Supremo y para la Justicia de este país, porque magistrados de su conocimiento, sentido común y experiencia de verdad que no abundan. Nos ha dejado magníficas sentencias, especialmente en materia societaria y de protección de consumidores, o en materia de responsabilidad de administradores y acciones de reintegración concursal, y como juez y como ciudadana no puedo más que mostrar mi agradecimiento a la labor que ha realizado. Soy la primera en rechazar el nepotismo, el amiguismo y los criterios de selección de Magistrados que generalmente maneja el Consejo para el Supremo, pero precisamente si un nombramiento era merecido a pesar de seleccionarse por el Consejo era éste. Es la prueba de que incluso con los peores procedimientos de designación en ocasiones casualmente se acaba nombrando a los mejores. Y no nos equivoquemos: los recurrentes no eran los mejores. De hecho el nombrado en su lugar creo recordar que no fue ninguno de los que recurrieron ni de los que había propuesto la Comisión de Calificación en su proceso selectivo.

    • Rocio
      Rocio Dice:

      Elena, sobre el asunto del Sr Gimeno, me gustaría indicar lo siguiente:
      ¿Cuál es la finalidad o espíritu de la configuración de un turno especial para acceso al Supremo de juristas de reconocido prestigio? entre otras, permitir o abrir un canal o carretera para que importantes juristas que no pertenezcan (en activo) a la carrera judicial puedan también tener un puesto en el Supremo. ¿Qué hace el Sr Gimeno? una parte de su vida la recorre por la carretera de los magistrados en activo , y la otra parte, cambia de carretera y sigue su carrera en la de los juristas no magistrados. Su situación como profesor asociado, a mi entender, se justifica que no se tenga en cuenta porque ejerció al mismo tiempo como magistrado (profesión principal), y además, hay un número muy elevado de magistrados que también han ejercido toda su vida como profesores asociados, y que publican libros, y que preparan a alumnos, de manera que con ese argumento todos los magistrados que sean profesores asociados o que se encuentren en esos supuestos podrían también solicitar el acceso al Supremo en el turno de juristas no-magistrados. Si la norma se interpretar así, tampoco me parecería mal, aunque en mi opinión se interpretaría en contra de su espíritu y finalidad, y ofrecería un “malus odor iuris” que haría sospechar la preferencia de los compañeros a la de los extraños.
      En el caso señalado, dado que el cómputo de los años de la “carretera” de los juristas no magistrados era menor que el exigido, el Ts anuló el nombramiento.
      No discuto la capacidad del nombrado (aunque dicho sea de paso no estoy de acuerdo en varias de sus sentencias, y en alguna de ellas parece que se leyó sólo el borrador compartido con algún compañero, no la sentencia definitiva, por lo que tuvo que subsanarla en algunos puntos ). El TS tampoco discutió la valía personal del nombrado. Era una cuestión de sujeción al Derecho.
      En cuanto al argumento relativo a que no se nombró después magistrado a ninguno de los que impugnaron el acto, he de decir que hubo un catedrático que falleció antes de la nueva selección, por lo que nunca se podrá saber si habría sido nombrado o no lo habría sido.
      No entro en la idoneidad de la norma en virtud de la cual se convocaba la plaza, ni en la capacidad intrínseca del candidato, ni en la capacidad o valía de quienes impugnaron el acto: simplemente expongo el argumento del TS, y lo que yo considero que es aplicación del Derecho.

  8. izaskun
    izaskun Dice:

    Tal vez es uno de los efectos perversos de la concentración del poder en un único lugar: se crean redes de intereses en la capital, estrechamente relacionadas y profusamente surtidas, que prácticamente hacen imposible que alguien de la periferia acceda a ese tipo de trabajos. Por ello en algunos Estados cada poder público tiene su sede en distintas ciudades. Es evidente que con ello no se soluciona el problema, pero si lo alivia.

    • elena
      elena Dice:

      Rocío, con independencia de que no comparto tu conclusión porque para mí es evidente que hay discriminación si se puede elegir a un profesor asociado de Derecho de más de 10 años de experiencia que sólo es y ha sido profesor asociado y no se puede elegir a quien además de eso ha sido abogado 6 años y más de 15 juez o magistrado, lo cierto es que el comentario sobre Gimeno-Bayón se inserta en el seno -y como ejemplo, además- de una noticia sobre nepotismo en el Tribunal Supremo. Pues bien, se esté o no de acuerdo con sus sentencias, cualquiera que haya leído muchas de ellas necesariamente tendrá claro que es un magistrado no precisamente “amable” y “fácil” para los que tienen el poder en España y están acabando con la independencia judicial. Desde luego no creo que sea persona grata para los actores del poder económico en el país, por ejemplo. Lo que es realmente extraordinario es que a nuestra Sala Primera del Tribunal Supremo hayan seguido llegando magistrados como Gimeno-Bayón, siendo el procedimiento de designación el que es. Y creo que eso ha sucedido sólo porque los políticos pensaban sólo en las salas que juzgan aforados como de especial interés… hasta que en fechas recientes el Derecho de consumo y la normativa reguladora de responsabilidad de administradores está empezando a “molestar” a sus amigos y precisamente por eso Gallardón ya está hablando de crear una Sala en la Audiencia Nacional para que conozca de las demandas sobre condiciones generales, sabiendo que le resulta mucho más fácil influir en los miembros de una Sala que en la mayoría de los Jueces de España. O también por eso se pretende ahora imponer la vinculación por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (todos sus miembros elegidos de aquella manera) a todos los jueces civiles de España.

      Como dado el sistema de nombramiento se suele elegir a gente dócil con el poder y con interpretaciones del Derecho conservadoras y no intervencionistas en la realidad social, me parece particularmente injusto que al magistrado de la Sala Civil que se ha caracterizado por no ser en absoluto dócil a otras consideraciones que su recto entender de lo jurídicamente correcto se le cite como ejemplo del nepotismo, del que hay muchísimos ejemplos mucho más relevantes y clarísimos entre los nombrados para las Salas Penal, Militar y/o Contencioso-Administrativa (de estos últimos Gallardón también ha “sugerido” que sólo una sección conozca de los recursos contra acuerdos del Consejo, por ejemplo, y tampoco me parece que la intención de la norma sea “inocente” en lo que a la independencia judicial se refiere.

      Y en todo caso insisto en que aquí se ha mencionado el caso de Gimeno-Bayón como de nepotismo cuando en la sentencia del Supremo no se hace mención alguna a que haya existido ese tipo de “motivación” y cuando sus hechos y sentencias han demostrado claramente que no es magistrado que pueda ser considerado sirviente de amo alguno.

  9. d29582
    d29582 Dice:

    Muy buen artículo nuevamente. la conclusión es q el pobre supremo no tiene medios ni para fiscalizarse a sí mismos, pobres. Y la eterna pregunta, quien vigila a los que vigilan? El congreso no puede, es distinta institución, por dios, separación de poderes dirá alguno. Siempre nos quedará este blog, aire fresco que viene bien de vez en cuando.

  10. J. Alonso
    J. Alonso Dice:

    En su primera rueda de prensa, el flamante recién nombrado presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, insistió machaconamente en una idea: nombraremos a los mejores y nada más que a los mejores.

    Dicho y hecho.

    • Pilar
      Pilar Dice:

      En defensa de Lesmes debe decirse que los nombramientos de la hija y del yerno son anteriores a su llegada. Habrá que darle una oportunidad de que resuelva los nuevos con criterios acordes con su discurso.

  11. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Sr. Tena, Ud. sabe que hemos comentado en privado mi preocupación por qué letrados intervienen en los recursos ante el Tribunal Supremo. Considero que deben figurar en las notificaciones procesales, junto con los Magistrados que componen la Sección, Secretario y Ponente, porque el Real Decreto no regula régimen de recusación y abstención, pero sin duda son personajes influyentes y no tienen prohibido almorzar con abogados recurrentes o tomarse con ellos una Cerveza ( ), pero no parecen estar para revisar admisibilidades (si Ud. mira en CENDOJ (por cierto, gracias por el CENDOJ al CGPJ, ya era hora) lo que hacen algunos Magistrados verá que una parte importante de su tiempo se dedica a inadmitir, además de presidir consejos de revistas editoriales, algo que no debería permitirse a un Magistrado, pues lo que deberían tener es sueldos de Magistrado de verdad, a la altura de sus pesadas responsabilidades. Y no se me diga que al apartado 2.G) del Real Decreto contiene estas tareas: “G) LAS DE INFORMACION Y CUALESQUIERA OTRAS FUNCIONES QUE LE ENCOMIENDEN LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, O CON APROBACION DE ESTA, CUALQUIERA DE SUS SALAS” y que ahí cabe todo. Miren, si recurrimos al Supremo es que la situación es muy grave, dado el coste de la tasa judicial, procurador, abogado, depósitos para recurrir, etc. y lo cierto y verdad es que NO SABEMOS QUIÉN ESCRIBE LO QUE LEEMOS, sabemos quién lo firma y “creemos” en su objetividad e imparcialidad, pero a base de creer y ver algunos nos hemos vuelto escépticos. Porque, y podría dar casos concretos de Magistrados del Supremo, Sala Primera, pero no están en vida y no puedo probar lo que escriba, pero a quien me crea le digo que he visto cosas que, de tener pruebas, hubiera llevado al Juzgado de Guardia, sin más, y en recurso de casación que no he perdido, no sea que alguien vaya a pensar que es despecho. Cuando comentamos este tema, creo recordar que el Sr. Tena y nuestro otro contertulio se quedaron con los ojos abiertos y me dijeron que no era posible. Los colegas extranjeros me dicen que sus Magistrados superiores tienen letrados a su servicio y creen a pies juntillas en su imparcialidad y en que no aceptarían un informe ténicamente infundado. Ya, pues léanse los numerosísimos Autos de inadmisión. ES URGENTÍSIMO QUE RECUPEREMOS LA DIVISIÓN DE PODERES Y LA HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA ABSOLUTA DE LOS SERVIDORES. Para empezar hay que cuelguen de Internet todos los Magistrados y Jueces todos sus contactos, con nombre y apellidos, aunque no digan lugar ni hora, los consejos de revistas a los que pertenecen, etc. Un Juez o Magistrado es el depositario, con los Maestros Nacionales y los Médicos de Familia y de Urgencias (escribo a propósito con mayúsculas), de las cuestiones más importantes de la vida y hacienda de las personas y las sociedades en que tratamos de vivir. Se les debe honor máximo, e infamia absoluta debe caer sobre ellos si no cumplen su sacrosanto cometido.

  12. Luisa
    Luisa Dice:

    Parece que la reforma de la LOPJ que se avecina va a cambiar el sistema de escalafón por antigüedad, en perjuicio de los jueces que se centran en su labor profesional y hacen las mejores sentencias. Y en lugar de eso va a primar a “cursillistas” y “medallistas” que, en vez de trabajar bien en sus juzgados y llevar al día las sentencias, emplean su tiempo en pasillear y promocionarse yendo a cursos y conferencias. Otra salida de pata de banco del actual equipo del MJU y Consejo, que parece que tienen a gala estropear todo cuanto tocan.

  13. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Lo que queda claro de la lectura de este post y sus comentarios es que es necesaria mucha más transparencia y otra forma de hacer las cosas para que los candidatos y de paso los ciudadanos sepamos a quienes se nombran, cuales son sus méritos, cuales eran los otros candidatos y qué van a hacer exactamente. Lo de decir que no se ha recurrido el concurso no parece razonable habida cuenta de que no solo quien recurra lo va a tener pero que muy fastidiado para presentarse a otro concurso similar, sino también por el tema de las tasas. Ya hemos comentado alguna vez que existen funcionarios heroicos que recurren a su costa pero no podemos pedir que todos lo sean. Hay que cambiar la forma de hacer las cosas y evitar la patrimonialización de las instituciones ya sea por los partidos, por los colectivos de funcionarios a los que se deja más o menos mano libre o por quien sea. Lo que comenta Jesús Casas sobre la necesaria transparencia sobre las actividades “extrajudiciales” de los Magistrados también me parece fundamental.

  14. jurista
    jurista Dice:

    Está claro que todo sistema que no establezca unos criterios objetivos y predeterminados dará lugar a este tipo de cosas: enchufismo, nepotismo, etc… Y, por cierto, todo esto no afecta sólo a estos letrados sino a los propios magistrados del Tribunal Supremo, aquí las bases : http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2951; más de lo mismo. Cuestión distinta es que para esos letrados quizás sería configurarlos más bien como de personal de confianza, dada la labor que desempeñan, si son ellos los que ayudan a los magistrados en la búsqueda de resoluciones, documentación, para que se formen su convicción y resuelvan conforme a ello, entiendo que deban ser de su confianza. Y, desde luego, no puede ser lo que dice el Sr. Casas que son esos letrados los que se encargan de las inadmisiones; si tienen mucho trabajo y ha de salir sí o sí, tendrá que haber más magistrados.

    • Pilar
      Pilar Dice:

      No estoy en absoluto de acuerdo.
      Lo que algunos españoles (ya de cierta edad, afortunadamente) entienden por gente “de confianza” no es exactamente lo que necesita el interés general. Se trata con frecuencia de un concepto muy socorrido para enmascarar verdaderas arbitrariedades en la selección, que se rige por criterios distintos del mérito y la capacidad y generalmente por el amiguismo o el nepotismo. Seguramente la hija y el yerno sean de la “confianza” de los magistrados de la Sala, en ese sentido hispánico tradicional. Pero cabe insistir en la idea de que el TS no es el cortijo de los magistrados sino que está al servicio de todos los españoles que lo pagan con sus impuestos y, por tanto, solo los mejores juristas deben prestar servicio en él.

      Un letrado debe ganarse la “confianza” de un magistrado para el que trabaja por su buen hacer y su formación jurídica. Y para acreditar la formación es imprescindible un proceso de selección transparente y objetivo.

  15. Miguel
    Miguel Dice:

    Ha llovido mucho desde que Guerra dijo lo de Montesquieu ha muerto en el 85.
    Creo que la división de poderes no es suficiente, nos hemos quedado en algo superficial. Lo que debemos implantar es un sistema de checks and balances, los poderes se deben vigilar mutuamente.

    La verdad que en el libro que recomiendo a todo el mundo de Garicano “El dilema de España” se critica bastante el sistema de oposiciones, pero desde luego es el único que garantiza la igualdad de los candidatos.

    En éste caso el poder legislativo debería constreñir al judicial para que cumpla con unos mínimos de transparencia. Ahora sí que podemos hablar de SUPREMA INJUSTICIA.

    Y como no del SUPREMO ENCHUFE que necesitan algunos mediocres para llegar a algo en la vida.

    • Pilar
      Pilar Dice:

      No lo dudes, los enchufados son capaces de hacer mucho daño con su ignorancia: suelen desarrollar su trabajo con el mismo rigor con que fueron seleccionados.
      Y además, si se equivocan, no pasa nada. A ver quién se atreve a echarles un rapapolvo en un momento dado. Es otro de los inconvenientes del enchufismo.

  16. Martia
    Martia Dice:

    Ahora comprendo que me asombren tantas sentencias simplistas que se aferran a cualquier argumento para despachar el asunto. Si detrás está un tac, no un magistrado, pasa lo mismo que en mis tiempos en las universidades cuando la clase la daba el enchufado y no el catedrático

  17. Luisa
    Luisa Dice:

    Martia, es lo que pasa: que algunos quieren extrapolar el sistema de cooptación / clientelismo / endogamia / arbitrariedad que rige en la Universidad española (donde los criterios de selección del profesorado son menos serios que los que rigen para ser profesor de Primaria en colegio público), algunos -como digo- quieren aplicar ese perverso sistema a la provisión y nombramiento de magistrados. O sea, el acabóse.

  18. MARÍA RODRÍGUEZ
    MARÍA RODRÍGUEZ Dice:

    Yo creo que estamos cerca de que la familia dé puntos para acceder a la función pública. Perdón, no estamos cerca, ya hemos llegado. ¿Creen que exagero? Pues vean el artículo 60.2 de la nueva Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado. Qué alguien, por favor, me explique como conjugar esto con el artículo 103.3 de nuestra querida constitución…

  19. MARÍA RODRÍGUEZ
    MARÍA RODRÍGUEZ Dice:

    Para no hacerles ir al artículo, se lo copio aquí: art. 60.2 Ley 2/2014 de Acción y Servicio Exterior del Estado:

    El cónyuge o pareja de hecho del personal funcionario o laboral al servicio de la Administración General del Estado o de sus organismos dependientes que con motivo del destino de estos últimos en el exterior traslade su residencia al extranjero y tenga la condición de funcionario o personal laboral de la Administración General del Estado o sus organismos y entidades públicas dependientes, tendrá preferencia, en el caso de concurrencia con otros aspirantes y siempre que exista igualdad de méritos entre ellos, para la cobertura de puestos de trabajo ya existentes en la Administración General del Estado y sus organismos dependientes en el exterior. En el caso de puestos de trabajo cubiertos mediante contrato laboral, la duración de este contrato quedará supeditada a la permanencia del cónyuge o pareja de hecho en su destino en el exterior

  20. Jose Luis
    Jose Luis Dice:

    El problema puedes ser aún mayor por los requisitos de acceso; para ser Letrado del Tribunal Supremo se exige ser Funcionario de Grupo A1 en cuerpo e escala para cuyo acceso se exija ser Licenciado en Derecho, justamente esa titulación y no otra, pero los aludidos Letrados son funcionarios del Cuerpo de Técnicos de Administración General de la Comunidad de Madrid, cuerpo para cuyo acceso se requiere tan solo estar en posesión de la titulación de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

    Por cierto, situación en la que me encuentro, hasta ahora tenía entendido que por no ser requisito necesario para el acceso la licenciatura en Derecho no cabía concursar a dichas plazas, y creo que no se admitían candidatos por dicha razón.

    Lo seguiré ionvestigando

  21. KC
    KC Dice:

    Observar a juristas actuando como cualquier tipo de simio haría da un toque muy naturalista y hasta cierto punto cómico a la cuestión. Qué daño ha hecho en los Portugal, Grecia, España, Italia y algunos otros el concepto familiar mal entendido. Y qué daño hace cuando juntas a unos listillos con unos perfectos ignorantes.

    Pero qué daño.

    Saludos.

  22. Luisa
    Luisa Dice:

    Y este Tribunal de Cuentas es el órgano que controla el rigor y la pulcritud de las cuentas públicas: el manejo del dinero en todo el sector público. Pues de rigor y pulcritud en la contratación saben mucho. Se ve que predican con el ejemplo. ¡¡¡¡ Dios nos asista !!!!

    Por lo demás, congratula que El País empiece a practicar periodismo de investigación, pues hasta ahora siempre ha nadado y guardado la ropa, para no enfadar a los poderes de que dependía la viabilidad económica de su grupo multimedia. En todos los asuntos de corrupción siempre ha ido a remolque. Si este periódico (el más leído de España) hubiera cumplido su deber investigador, se habrían evitado en buena parte los escándalos de corrupción que han asolado a España.

  23. Paloma
    Paloma Dice:

    ¡Y pensar que éste es el país donde más tribunales de cuentas existen! (uno en cada comunidad autónoma). Y casualmente también el país europeo donde menos control hay de las cuentas públicas. Claro que esto lo explica todo. Pues, si esto pasa en el T. de Cuentas ( máximo fiscalizador de la contabilidad pública), ¿qué pasará en los demás organismos públicos? (Como dice el refrán: “Si el prior juega a los naipes, ¿qué no harán los frailes”).

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