¿Qué ha dicho realmente el Tribunal Constitucional sobre el derecho a decidir en Cataluña?

La semana pasada tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el debate del Pleno sobre la toma en consideración de una proposición de Ley Orgánica del Parlamento de Cataluña, de delegación en la Generalitat de Cataluña de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña.

La toma en consideración de dicha propuesta de ley fue rechazada por 297 Diputados, de los 347 que emitieron su voto, y este amplio rechazo constituye el último episodio del independentismo catalán, si bien el Presidente Mas ya se ha apresurado a declarar que el proceso soberanista seguirá adelante, a pesar del rechazo del Congreso.

Esa Declaración del Presidente Mas no puede sorprender a nadie porque, como ha dicho el “Consell Assessor per a la Transició Nacional”, presidido por el ex Vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver i Pi-Sunyer, “un plebiscito sobre la independencia, dejando a un lado su resultado, sitúa a Cataluña delante de los actores internacionales como un sujeto político con capacidad para tomar decisiones propias y diferenciadas. El proceso de consulta, por tanto, independientemente de su resultado, tiene para Cataluña una externalización positiva en términos de política exterior. Además, delante de una negativa por parte del gobierno central del Estado a una solución pactada a la cuestión del acomodo o encaje político de Cataluña, este contencioso queda visualizado a nivel internacional. La organización de la consulta es una muy buena oportunidad para dar a conocer las demandas de Cataluña y las respuestas que ha ido recibiendo por parte del Estado español a lo largo de la Historia y en el período reciente. Empujar para la celebración de la consulta significa trabajar para presentar a nuestro país al mundo, con sus demandas de reconocimiento nacional y de acomodo político dentro de la esfera internacional de los Estados y, al final, le da un status de sujeto político diferenciado”.

Por tanto, la celebración de la consulta es una prioridad del actual gobierno catalán pero su convocatoria choca con aspectos jurídicos insalvables y una muestra de ello es la Sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 25 de marzo de 2014.

El proceso político-jurídico hacia la celebración de la consulta se inicia con la Declaración del Parlamento catalán de 23 de enero de 2013, la cual ha sido objeto de examen por el Alto Tribunal.

Son tres las cuestiones fundamentales que se plantean en esa sentencia: a) Si la misma es una mera Declaración política o, por el contrario, va más allá y tiene la capacidad de innovar el ordenamiento y producir “efectos jurídicos”; b) si el carácter de sujeto político y jurídico soberano que la Declaración predica del pueblo de Cataluña, se cohonesta con los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española; y c) si el pueblo de Cataluña tiene o no tiene “derecho a decidir”.

La Declaración tiene dos destinatarios, fundamentalmente. Por un lado, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, al que pretende “orientar” en el ejercicio de su acción política y, por otro, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, respecto de los que se pretende abrir un proceso de deliberación y diálogo para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir su futuro político colectivo..

El Tribunal Constitucional, no obstante afirmar que la Declaración es un acto político, adoptado por un poder público en el ejercicio de sus atribuciones, entra en el examen de si, además, tiene capacidad para producir efectos jurídicos.

Para el Alto Tribunal, “lo jurídico no se agota en lo vinculante” de forma que la Declaración, en cuanto declara la soberanía del pueblo de Cataluña, es susceptible de producir efectos jurídicos puesto que, insertada en un proceso de diálogo y negociación con los poderes públicos encaminado a “hacer efectivo” el ejercicio del derecho de los catalanes a decidir su futuro político colectivo, puede entenderse como el reconocimiento en favor de aquéllos de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía.

Además, en la medida en que acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el derecho a decidir, no permite entender limitados sus efectos al ámbito parlamentario sino que reclama el cumplimiento de unas actuaciones concretas, como lo son (añadimos nosotros), el Decret 113/2013, de 12 de febrero, de creación del Consell Assessor per a la Transició Nacional.

Por todo ello, el Tribunal Constitucional afirma que la Declaración tiene carácter jurídico y produce efectos de esta naturaleza, por lo que considera apropiado hacer el contraste de la misma con la Constitución.

Entrando en dicho análisis, para el Alto Tribunal el reconocimiento de un sujeto dotado de soberanía y distinto del pueblo español, como pudiera serlo el catalán, resulta contrario a las previsiones de los artículos 1.2 y 2 de la Constitución. El Estado autonómico se asienta en el principio fundamental de que nuestra Constitución hace residir la soberanía nacional en el pueblo español, de manera que “aquélla no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella”, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante a todos.

El Tribunal Constitucional afirma que una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España y cita al Tribunal Supremo de Canadá que, en su pronunciamiento de 20 de agosto de 1998, llegó a la misma conclusión.

Termina declarando inconstitucional y nula la declaración de soberanía del pueblo catalán.

Por último, en relación con el “derecho a decidir”, el Alto Tribunal empieza aludiendo al principio de “interpretación conforme” y, en esa medida, le busca acomodo en la Constitución.

Entre las manifestaciones más relevantes del principio de “legitimidad democrática”, se encuentran la que reclama la mayor identidad posible entre gobernantes y gobernados y la que impone que la formación de la voluntad se articule a través de un procedimiento en el que opera el principio mayoritario, sin perjuicio del derecho de las minorías a hacer propuestas.

Desde ese punto de vista y teniendo en cuenta que la primacía de la Constitución no puede confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la misma, es decir, de “militancia democrática”, se reconoce que en nuestro sistema tienen cabida cuantas ideas quieran defenderse y que no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional.

Así pues, el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que se realicen en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución. Por tanto, la “lealtad constitucional” exige que si Cataluña quiere decidir unilateralmente su futuro político, tiene que proponer una reforma de la Constitución y el Parlamento Español entrar a considerarla.

Sólo mediante una reforma constitucional, la aspiración política de los catalanes “de decidir” unilateralmente su futuro político podría ser defendida en el marco de la Constitución.

De hecho, la reforma constitucional es una de las cinco vías que el Consell Assessor ha identificado para la celebración de la consulta, aunque las posibilidades de su rechazo por parte del Estado son elevadas.

6 comentarios
  1. Francis Martínez Segovia
    Francis Martínez Segovia Dice:

    Expresó mi parecer “En Favor de la Consulta catalana” en mi blog personal: http://francismartinezsegovia.com

    “Han pasado algunos días sobre el debate en el Parlamento relativo a la legalidad y constitucionalidad de la denominada ‘Consulta Catalana’ sobre si Cataluña/Catalunya quiere ser una nación independiente y escindirse de España, en cuyo seno, pese a quien pese, aún se alberga….”

    Cordialmente,

    Francis Martínez Segovia
    @fjmsegovia

  2. Los Editores
    Los Editores Dice:

    En el día de hoy, miércoles, hemos tenido una nueva caída del blog. Los editores tenemos que decir que es está una situación que nos incomoda enormemente por dos motivos: las molestias que generan a nuestros lectores y el perjuicio que crea a los sufridos y altruistas colaboradores que sólo esperan de la publicación la satisfacción de que sus ideas sean conocidas y contrastadas con los comentarios de los lectores.

    Pedimos a Joaquin Vives perdón por la pérdida de comentarios que nos consta se han producido, y además sabemos que interesantes. Si algún esforzado comentarista se anima a repetirlo, tendrá nuestro agradecimiento.

    Al resto de lectores, algunos de los cuales nos han advertido de esta situación, les informamos de que estamos sobre el asunto, barajando las soluciones técnicas que hay para evitar que las puntas de entradas colapsen el blog. Parece que la que tenemos ahora no es suficiente. Les tendremos informados.

  3. miguel
    miguel Dice:

    Lo que olvida decir Carles Viver i Pi-Sunyer es que la independencia genera un escenario de incertidumbre en el plano internacional y por ello los inversores internacionales huyen a aguas más pacíficas.
    Déjenme que dude que la presidencia de Roberto Maroni de Lombardía le de algún tipo de reconocimiento internacional.

  4. pere busquets poll
    pere busquets poll Dice:

    Acabo de integrarme el el Blog e inmediatameente tengo que manifestaros mita felicitacion por su contenido y nivel . Felicidades.

    Al respecto del tema Cataluña y en concreto al aspecto al que se refiere la presente colaboración, desearia expresar que como independista activo que soy, la problematica catalana no tendra solución hasta que el Modelo Politico de España, noo reconozca a esta como una nacion de naciones, es decir su caracter plurinacional y todo lo que ello conlleva. Es obvio que la falta de vision politica y la cultura centralista imperante , hace que estemos muy lejos de ésta realidad.

    Hasta que la antes citada realidad, no sea aceptada, no habra resolucion del caso catalan, al contrario, el distanciamento se irá haciendo mas y mas profundo y por tanto el encuentro de una solucion politica satisfactoria para ambas partes, cada vez será mas dificil.

    El caso catalan no es un tema de legalidad constitucional , es un tema politico y exige soluciones politicas

    Saludos, Pere

    • Manu Oquendo
      Manu Oquendo Dice:

      Hombre, Pere, en todo caso lo que usted plantea será un tema “Prepolitico”, no “Político”.

      Salvo que estemos en un proceso agudo de regresión histórica –cosa que quizás no debiéramos excluir–. El nacionalismo no dispone de Polis, de “Ciudadanía”. Dispone de “Pueblo”, un concepto que ha dado mucho juego para que un grupo de Pastores se instale, pero que a estas alturas del campeonato no es lógico que pueda pretender carta de naturaleza.

      No es muy lógico resucitar lo de las “Unidades de Destino en lo Universal”

      Todo lo que nos desvíe del principio de Libres e Iguales apunta hoy hacia el Regreso al Pasado.

      Es comprensible que las ideologías del Volks, buenos pensadores estratégicos, al darse cuenta de que los tiempos del siglo XXI no van a poder ser los del siglo XIX –ni en España ni en Europa– estén planteando una huida hacia adelante.

      Pero a poco que los destinados a ser Pastoreados puedan defenderse y aspirar legítimamente a lo básico, Ser Libres e Iguales, va a resultar que no estamos por la labor. Ni de que nos dividan en Etnias según el tono del balido ni a que nos agrupen en rebaños a la fuerza.

      Saludos

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