Flash Derecho: las propuestas de regeneración democrática de Transparencia Internacional

En estos días, como sabrán muchos de los lectores, se están celebrando en el Congreso de los Diputados comparecencias de expertos para opinar sobre las medidas de regeneración democrática que se articulan en un par de proyectos de Ley, el Proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y el Proyecto de ley que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado.

Curiosamente, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil algunas tan acreditadas como Transparencia Internacional no han sido convocados como expertos. Por esa razón, su Presidente Jesús Lizcano nos ha hecho llegar una carta el texto con las medidas que ellos propondrían y que van a enviar al Congreso.

Se lo dejamos aquí, ya que nos tememos que no son precisamente estas medidas de las que van a hablar muchos de los expertos convocados tales como el Fiscal General del Estado, Director General del CEPC, Presidente del Tribunal de Cuentas, etc. Por lo que sabemos, las comparecencias que se están celebrando por ahora más bien están planteando medidas como la subida de sueldos de los políticos que, adoptadas aisladamente y sin modificar el actual régimen electoral, de partidos políticos y de selección de cargos no haría, en nuestro opinión, sino ahondar el problema y distanciar aún más a la clase política de los ciudadanos. De la misma forma, el Fiscal General del Estado ha defendido la tesis del Ministro de Justicia de que solo se prohiba ir en las listas a los que tengan abierto juicio oral. Sin perjuicio de hablar de estas cuestiones más detenidamente en posteriores posts, creemos sinceramente que  este tipo de propuestas están muy alejadas de lo que los ciudadanos entendemos por regeneración democrática.

Aquí les dejamos la carta y las medidas de TI.

Estimad@ amig@:

        Hemos conocido que van a abordar estos días en la Comisión Constitucional del Congreso el tema de la corrupción y las posibles medidas para combatirla, y que han convocado a un conjunto de comparecientes para ello. Aunque Transparencia Internacional España no haya sido convocada a comparecer en estas sesiones parlamentarias (con lo cual no podemos lógicamente estar de acuerdo, dado que somos una de las organizaciones de la sociedad civil española que lleva muchos años tratando de combatir la corrupción), nos permitimos en todo caso enviarle en un documento adjunto, en su calidad de integrante de la citada Comisión Constitucional, la lista de Medidas contra la corrupción que proponemos desde TI-España. Estas propuestas son fruto de tres Seminarios-debates contra la corrupción que organizamos el pasado año, y que contaron con la participación de un total de dieciocho ponentes, pertenecientes a instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, Agencia Tributaria, Tribunal Supremo, Fuerzas de seguridad, Tribunal de Cuentas, Oficina Antifraude de Cataluña, Cosital, así como varias Universidades, Empresas y Medios de comunicación. A estos seminarios acudieron por otra parte  más de doscientas cincuenta personas que pudieron participar igualmente en los debates.
        La gran experiencia e importante pluralidad institucional de los citados ponentes (que pudieron hacer libremente sus propuestas a nivel personal), proporciona a nuestro juicio un claro nivel de rigor y fundamentación a estas medidas, y que puedan así ser al menos consideradas como posibles opciones por los responsables políticos y parlamentarios para combatir el importante problema de la corrupción en este país. Es por ello por lo que nos permitimos hacérselas llegar, con la petición de que pudieran tenerlas en cuenta en los debates y sesiones que van a celebrar estos días en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso.
        Quedando en todo caso a su disposición para cualquier consulta, comentario o sugerencia que desee/n hacernos llegar al respecto, aprovecho la ocasión para enviarle un muy cordial saludo.

PROPUESTAS DE TI-ESPAÑA CONTRA LA CORRUPCIÓN
(Surgidas en los tres Seminarios-debates contra la corrupción,
celebrados los días 7 y 22 de Mayo y 4 de Junio 2013)

1. TRANSPARENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

– Publicación en internet de las Cuentas anuales de los Partidos políticos (individuales y
consolidadas), con el debido desglose orgánico y geográfico de sus gastos e ingresos, así como de
sus bienes patrimoniales.

– Publicación en internet de las fechas en las que los Partidos han remitido sus cuentas al Tribunal
de Cuentas.

– Publicación en internet por el Tribunal de Cuentas, del Informe de auditoría sobre los Partidos
políticos (en el plazo máximo de un año desde el cierre de cada ejercicio contable).

– Establecer la publicidad obligatoria de los préstamos otorgados a los Partidos políticos, y la
prohibición legal de su condonación por las entidades financieras.

– Prohibición de las donaciones a los Partidos o sus fundaciones procedentes de las empresas
sometidas a licencias, regulación o subvenciones públicas.

– Prohibir a las Fundaciones de los Partidos recibir ayudas o donaciones de aquellas personas
jurídicas que no pueden donar a los Partidos políticos.

– Establecer jurídicamente el delito de Financiación ilegal de los Partidos políticos.

– Establecer y publicar un procedimiento normalizado de Auditoría interna anual en los Partidos
políticos

– Obligatoriedad de hacer pública la situación de quiebra económica que en su caso puedan tener
algunos Partidos políticos, y de un debate parlamentario anual sobre estos supuestos.

– Cumplir estrictamente las recomendaciones sobre transparencia financiera del Consejo de Europa
(GRECO).

2. TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA ELECTORAL:

– Modificar la legislación y el sistema electoral, estableciendo listas desbloqueadas o abiertas, en las
que se pueda tachar o excluir algunos de los candidatos incluidos en las mismas.

– No admitir la inclusión de procesados o investigados por corrupción en las listas electorales, o en
todo caso establecer la obligación de hacer pública esta circunstancia al publicar las listas.

– Publicar obligatoriamente el currículum o datos biográficos (al menos seis líneas) de todos los
candidatos incluidos en las listas electorales.

– Controlar estrictamente el cumplimiento de los límites en los gastos electorales y sancionar (no se
ha hecho hasta ahora) el incumplimiento de dichos límites por parte de los Partidos políticos.
– Pasar el control de los gastos electorales del Tribunal de Cuentas a la Junta Electoral central.

3. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN:

– Establecer un tope o límite máximo de mandatos en los cargos políticos (evitando que la política
sea un modus vivendi).

– Cualquier condena por delitos asociados a la corrupción debe llevar aparejada la inhabilitación
perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

– Necesidad de una Ley de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos denunciantes de posibles
casos de corrupción (tal como existe en otros países).

– Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, para: a) Despolitizar el Tribunal,
designando sus consejeros en lugar de por acuerdo de los Partidos políticos, por criterios técnicos
y de profesionalidad. b) Reducir el número de consejeros del Tribunal (a un máximo de cinco).

– Limitar y hacer más estricta la concesión de indultos por los gobiernos, excluyendo en todo caso
los delitos por corrupción.

– Cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados, para los
que hay un verdadero espacio de impunidad, existiendo grandes trabas para las actuaciones de los
jueces en estos supuestos.

– Reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial y del nombramiento de jueces de
los puestos superiores, reforzando su independencia e imparcialidad, y estableciendo límites a su
designación por los Partidos políticos.

– Introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y
contra la corrupción.

 

2 comentarios
  1. Isaac Ibáñez García
    Isaac Ibáñez García Dice:

    Creo que, sin embargo, deberíamos acoger gratamente las últimas intervenciones del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en su comparecencia de ayer, 23 de abril, ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados:

    http://www.fiscal.es/Noticias/Detalle.html?c=FG_Actualidad_FA&cid=1247142124606&pageid=1240559967365&pagename=PFiscal%2FFG_Actualidad_FA%2FFGE_pintarActualidad&site=PFiscal

    Y sus declaraciones recogidas en el diario Expansión del 20 de marzo en las que dijo claramente que “No hay un verdadero interés por reformar la justicia”. Es urgente e inaplazable una reforma de la justicia, aunque haya discrepancias sobre los modelos”, afirmó el fiscal general del Estado. “Vamos con mucho retraso y la sociedad demanda una reforma de la justicia pero como fiscal general soy bastante escéptico en que haya un verdadero interés en reformarla”..

  2. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Creo que se marea demasiado la perdiz con propuestas de nuevas normas para la transparencia. Si las normas las establecen los que pueden incumplirlas estarán llenas de “interpretaciones” interesadas cuando convenga. El sistema público por definición debe ser transparente en su gestión y su accesibilidad para cualquier ciudadano. Sería suficiente con recuperar el marco institucional del que se han desgajado tantas ramas mercantiles y los controles públicos independientes, así como las responsabilidades personales en la gestión pública. El aumento de leyes y normas contribuyen al caldo de cultivo de la confusión y de la inseguridad jurídica que tanto nos viene preocupando. Lo dicho: más voluntad de transparencia y servicio real a los intereses públicos y simple aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de las AA.PP. ¿O es que ya no existe?

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