El cese de Magdalena Alvarez en el BEI o la selección de nuestros representantes en las instituciones europeas

Como es sabido, Magdalena Alvarez, vicepresidenta del BEI en representación del Reino de España, está imputada en el caso ERE de Andalucía, ya no solo por la Juez Alaya sino también por la Audiencia Provincial de Sevilla. Incluso le han sido le han sido embargadas cuentas e inmuebles para responder de la fianza que le ha sido impuesta. Desafortunadamente (para ella) Magdalena Alvarez no es aforada, lo que probablemente explica la contundencia de estas medidas, sobre todo si se las compara con el guante blanco con el que los Tribunales competentes suelen tratar a los aforados. Recordemos por ejemplo lo comprensivo que ha sido el Tribunal Supremo en los casos de José Blanco, Jaume Matas o Yolanda Barcina. En su día  dedicamos una serie entera de 4 posts al análisis jurídico de tanta benevolencia.

Como es sabido, Magdalena Alvarez no tiene la menor intención de dimitir, como cabría esperar. No hace falta que recordemos que en otros países, más serios, los políticos dimiten por escándalos infinitamente menos graves. El Gobierno, aunque le ha llevado su tiempo, ha decidido forzar su cese, con el desprestigio consiguiente para España, dado que es fácil imaginar que tampoco es habitual pedir un informe jurídico al BEI para saber cómo se cesa a un vicepresidente, inmerso en un escándalo de corrupción, que se aferra a su sillón.

Puedo imaginar que los servicios jurídicos del BEI no deben salir de su asombro.  Pero sobre lo que quiero reflexionar aquí es sobre las causas que han llevado a que el Reino de España tenga estos problemas con sus representantes en las instituciones europeas porque, aunque no nos guste oírlo,  esto no pasa en todos los países de la Unión Europea.

Lo primero que hay que recordar es que las instituciones europeas suelen reservar puestos en sus órganos de gobierno a los distintos países miembros, pero no todos los países eligen a sus representantes por estricta cuota partitocrática y con independencia de sus méritos y competencia, como ocurre en España casi sistemáticamente, incluso en  instituciones “especializadas”, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas europeo o el propio Banco Europeo de Inversiones. En otros Estados se considera más importante enviar a estas instituciones  personas con prestigio profesional reconocido, con criterio y con capacidad de representar con dignidad y eficacia a su país. Personas que, además, tienen experiencia internacional y suelen hablar idiomas. La ventaja de este tipo de selección es que con un representante de estas características es mucho más fácil influir en las decisiones importantes de la institución, o incluso orientar su estrategia de futuro. Hablando en plata, es mucho más fácil que una persona seleccionada con rigor se haga, aunque sea por la vía de la “auctoritas” y no de la “potestas”- con el control de la institución, incluso aunque no proceda de uno de los países más grandes. Otra ventaja adicional es que este tipo de personas es poco probable que acaben imputadas en casos de corrupción generalizada, relacionados con las redes clientelares o/y la financiación irregular de un partido político.

En el caso concreto del BEI -según datos tomados de su página web y de su Estatuto sus accionistas son todos los países de la Unión Europea, aunque no todos tienen el mismo porcentaje de participación dado que ésta depende del PIB. El BEI está dirigido por el Consejo de Gobernadores formado por los Ministros (normalmente de Economía) de los Estados miembros, por los 28 administradores (uno por Estado más el de la Comisión) del Consejo de Administración y por el Comité de Dirección compuesto por un Presidente y ocho Vicepresidentes que son nombrados para un período de seis años por el Consejo de Gobernadores, a propuesta del Consejo de Administración.Por lo que se refiere a los perfiles,  la designación debe de recaer en personalidades que ofrezcan garantías plenas de independencia y competencia.

Hasta ahí la regulación. Lo que ocurre es que en España tendemos a enviar a las instituciones europeas a políticos “amortizados”. La famosa “patada para arriba”tan característica de los usos y costumbres locales. Además los elegidos se van encantados, dado que los sueldos son muy elevados, los beneficios materiales e inmateriales cuantiosos, y el trabajo, para que nos vamos a engañar, no es particularmente estresante. Así que todos contentos. Todos menos los empleados de las instituciones -los que más sufren son los españoles, dicho sea de paso- sus colegas de otros y, por supuesto, nosotros. Porque somos los ciudadanos españoles los que tenemos que pasar la vergüenza, no ya de que nuestros representantes en las instituciones europeas hagan el ridículo de vez en cuando porque no saben inglés o no se enteran de qué va la cosa, sino de que estando imputados en un escándalo de corrupción institucional se aferren a la poltrona sin el menor rubor. Pero claro, es que esto es exactamente lo que hacen en España sin que nadie se sorprenda.

Y esta es la segunda reflexión: en España los casos de corrupción no se depuran, y menos cuando se ha trabajado “en beneficio del partido” como sin duda considera que ha hecho Magdalena Alvarez. Los partidos –gracias también a la inapreciable ayuda que le prestan todas y cada una de las instituciones que han ocupado- protegen muy bien a los suyos. Para rizar el rizo, el “establishment” nacional ha conseguido acabar con la responsabilidad política por el sencillo expediente de identificarla con la responsabilidad jurídica penal. Esto quiere decir que para que un político dimita –no me refiero a que cambie de destino, que esta es la práctica más habitual para aparentar que se asumen responsabilidades- hay que conseguir poco menos que encarcelarle. Lo que no es fácil porque se requiere una sentencia penal firme  que puede tardar muchos años, si es que llega.. Total, que nuestro político profesional aplica las mismas reglas que en casa, ante el asombro europeo y el bochorno de sus conciudadanos. Porque en las democracias normales los políticos dimiten por responsabilidad política, y eso no tiene nada que ver con haber cometido o no un delito. Basta muchas veces con la falta de competencia, de ejemplaridad o la simple conducta incorrecta,

Eso sí el Gobierno puede estar contento. Ha conseguido que en un club tan selecto como el BEI nadie se llame a engaño sobre nuestra forma de hacer las cosas al solicitar por escrito que cojan por las solapas al  representante español y le enseñen la puerta.

2 comentarios
  1. aldelgadog
    aldelgadog Dice:

    Sin tener que leer más allá del título, si yo fuera Magdalena Álvarez tampoco dimitía porque voy a quedar totalmente libre de la investigación judicial.
    ¿Por qué? Porque cuando es tan chapucera que se pretende investigar judicialmente -e insistiendo en ello- la actividad la actividad parlamentaria (¿Montesquieu?) es que no va a haber fundamento para condenas en juicio.
    Ya lo veremos.
    Todo lo demás es paja y politiqueo.

    • Dan Evans
      Dan Evans Dice:

      En el período de Magdalena Álvarez como Consejera en la Junta de Andalucía se malversaron millones de euros con una trama organizada para ello. Independientemente de que Magdalena Álvarez sea culpable o no creo que suficiente para considerar que no lo ha hecho demasiado bien, además de que esta comprometiendo el prestigio de su país (no sólo hay que pensar en uno mismo cuando se tienen esas responsabilidades).

      Sinceramente el politiqueo es no reconocer este hecho hasta que lo diga una sentencia, tal y como apunta el post por otro lado.

      Saludos

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