Tribunales de Instancia ¿el fin de la justicia decimonónica?

El señor Ministro desea pasar a la historia. Y así será, desde luego, si logra imponerse a los que rechazan su futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, dicho sea de paso, son casi todos los sectores jurídicos, desde abogados a jueces. Aun así, la propaganda gubernamental ha atinado a presentar este empeño personal de su Excelencia, don Alberto, como una épica lucha contra las inercias conservadoras que lastran su audaz proyecto progresista. ¿Un nuevo Alonso Martínez?

La respuesta no es sencilla. Y es que algunos aspectos del anteproyecto son escandalosos, sin paliativos, como la laminación de la democracia judicial o los ataques contra la libertad de expresión de los magistrados. Tan groseramente anticonstitucionales que hay que hacer un gran esfuerzo para creerse que vayan en serio. Más bien diriáse que obedecen a una clásica técnica de regateo: tras una negociación, serán retirados; eso sí, a cambio de conservar lo que en el fondo importa.

Y lo que importa es la supresión de los juzgados actuales para ser reemplazados por unos nuevos órganos llamados “tribunales de instancia”. Serían estructuras colegiadas que agruparían a los magistrados según un modelo muy próximo al de la Fiscalía. Aquí está la clave “progresista” del proyecto, pues convierte a Su Señorías (hasta ahora “jefes” en sus oficinas) en algo muy próximo a meros empleados, pues su carga de trabajo vendrá determinada por el Presidente del Tribunal, que se convertirá así en su superior estatutario. Entre pasillos, se justifica la medida en la necesidad de aumentar la productividad de los jueces, a los que se les imputa el atasco procesal. No es de extrañar, pues, que la reacción togada se revuelva con uñas y dientes.

Pues bien, y he aquí lo fascinante de esta historia, la mayoría de los colectivos judiciales (decanos y asociaciones judiciales inclusive) han aceptado el modelo de “Tribunales de Instancia”. Sus críticas no inciden sobre el sistema en sí, sino sólo sobre el modo de ponerlo en práctica. Y ello pese a constituir un ataque frontal contra los intereses profesionales (¿o acaso “corporativos”?) de los jueces, pues perderían estos, entre otros derechos adquiridos, su plaza, destino y capacidad de autoorganización laboral. En realidad, pese a las apariencias, el Ministerio y la jerarquía judicial se hallan muy próximos, aun escenificando, bien jaleados por la prensa, un ruidoso ritual de enfrentamiento.

Entonces, quizás el ciudadano debiera estar orgulloso de sus magistrados, los cuáles, a diferencia de otros trabajadores, estarían dispuestos a renunciar a sus derechos laborales. Un ejemplo de sacrificio patriótico. Pero tampoco. Y es que ninguno de los colectivos judiciales tan gozosamente adheridos a la empresa gallardonil ha consultado previamente a sus bases. Simplemente, se reúnen entre ellos, negocian y luego publican sus conclusiones como si correspondieran al sentir mayoritario de la magistratura. Pocos saben que en el Poder Judicial español no hay democracia interna. Sus integrantes son gobernados por un órgano, el CGPJ, que ha sido escogido por los políticos. Carece de cauces para expresar su voluntad unitaria.

Pero, ¿qué más da? si, a la postre, la casta judicial va a ser desposeída de sus medievales privilegios. Mejor para los ciudadanos. Tampoco son tan simples las cosas, empero. Nuestro país está dotado de un número de jueces proporcionalmente muy inferior a la media europea e, incluso así, su productividad es mayor. Por eso la acusación de pereza judicial sólo se hace en voz baja. Igualmente, la inmensa mayoría de nuestros magistrados son ajenos a la podredumbre de la corrupción, lo que no cabe decir de algunos otros. Por otro lado, la distribución de los asuntos entre los órganos jurisdiccionales se efectúa en la actualidad mediante criterios objetivos, según aleatorias normas de reparto. Si mire por donde se mire, no se comprende por qué se convierte a los jueces en culpables.

Es necesario hilar más fino. Los partidos judiciales, con sus juzgados, al frente, representan una conquista de los movimientos progresistas decimonónicos que anhelaban una justicia independiente frente al poder político. Por eso instituyeron dichos órganos, auténticos refugios amurallados frente al nepotismo, el pucherazo y otras plagas que entonces fustigaban a una nación atrasada, pero no por ellos menos impaciente por subir al tren de la modernidad. La desaparición de los juzgados supone echar las manecillas del reloj hacia atrás, retornando a una época de nefando concubinato entre justicia y política. A la postre, los que más han de temer no son los jueces (al fin y al cabo funcionarios que cobran al final de mes la misma paga) sino los justiciables, al relajarse los controles sobre el reparto de asuntos y, por ende, quedar a merced de los poderosos. Se avecinan tiempos en que será muy conveniente contar con buenos amigos entre los que mandan. Por lo menos para aquellos infortunados que no tengan más remedio que vérselas ante un tribunal.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (asociación ajena al poder político y económico que agrupa a toda clase de profesionales, no sólo jueces o abogados) advierte a la ciudadanía de que los miembros del Poder Judicial español están mudos. Otros hablan por ellos. No nos traguemos, pues, el falaz mensaje de que los jueces españoles están a favor de la desaparición de los tradicionales partidos. Eso lo dicen otros, que no se representan más que a sí mismos. Las bases no han sido consultadas.

Bien pensado, Alonso Martínez regresa de su tumba. Pero no cuál el intelectual progresista que fue en vida, sino como un agusanado cadáver reanimado por las artes mágicas de los hechiceros políticos al servicio del poder oligárquico. Los Tribunales de Instancia serán la mortaja de la Justicia independiente. Su Excelencia mediante, claro está.

22 comentarios
  1. aldelgadog
    aldelgadog Dice:

    Oigan, vuelvan a escribir el post y esta vez intenten hacerlo un poquito más técnico-jurídico. Que ahora está muy bien para echar pestes del ministro, de la casta de las asociaciones judiciales y tal, pero yo no encuentro enjundia para valorar el sistema actualmente vigente y contraponerlo al sistema propuesto, y esto último lo digo totalmente muy en serio. Releean, sin mirar los planes del ministerio y abstrayéndose de lo que conozcan de lo actual, y piensen si este post les ha explicado algo. Y esta vez lo digo sin acritud, que de verdad que me interesa un análisis serio.

    • Próspero
      Próspero Dice:

      Sin criticar el fondo, oportuno y espléndido, como de Jesús Villegas, coincido en que algún lector puede no entender el verdadero alcance de la reforma. Lo que interesa se puede resumir así: 1) la organización unipersonal o colegiada de los tribunales no afecta “per se” a la independencia judicial, cada magistrado sigue siendo inamovible y los asuntos se le asignan mediante normas predeterminadas. Por eso no existe una oposición de principio a la creación de los tribunales de instancia; 2) lo que diseña el proyecto no es un verdadero órgano colegiado, sino una especie de “pool” de jueces, en el que desaparece cualquier atisbo de independencia y de seguridad en la predeterminación legal del juez; 3) el reparto de asuntos queda en manos del presidente del tribunal de instancia, nombrado libérrimamente por el CGPJ; 4) el presidente, tal como lo configura el proyecto, es un puro comisario político, ya que puede ser destituido por “pérdida de confianza”; 5) en esas condiciones, unidas a la jurisprudencia vinculante, ya no será posible hablar de jurisdicción ni de órgano judicial, de acuerdo con los estándares internacionales; 6) si el proyecto llega a ser ley, en España dejará de haber jueces y tendremos unos órganos administrativos de resolución de conflictos, como algunos que ya existen (TTEEA, TACRECO, etc). Puede que estén pasando cosas muy graves, pero pocas lo son tanto como esta.

  2. Momus
    Momus Dice:

    Empiezo a estar un poco harto de Montesquieu y de sus teorías, que nos han llevado a esta verdadera dictadura del poder Legislativo, que es tanto como decir la dictadura del partido mayoritario y, al final y en última instancia, a la dictadura ministerial en la que vivimos.

    Yo me fío más de los Jueces que de los Parlamentarios, y no tengo empacho en decirlo. Mi propuesta es que determinadas decisiones políticas que son verdaderamente estructurales para la Justicia, estas decisiones no deberían ser aprobadas por las Cortes si no cuentan con el respaldo del Poder Judicial. En la práctica: cuestiones como suprimir los partidos judiciales, o como atribuir la instrucción al MF, o en general cuestiones de gran calado, deberían someterse a referéndum vinculante de todos los Jueces españoles, mediante voto personal y secreto de los Jueces, no de sus asociaciones.

    Y si la mayoría de los miles de Jueces piensan que no es buena idea tal o cual iniciativa del Ministro, pues que el Sr. Ministro la guarde en el cajón de su despacho. Y si alguien me dice que eso sería democracia corporativa y tal y cual, pues yo le diría que cierto empoderamiento del Poder Judicial, más allá de poner sentencias, es imprescindible para poner contrapesos a esta democracia corrupta que nos gobierna.

    • KC
      KC Dice:

      El caso, Momus, es que Montesquieu hiló una teoría dónde las cosas funcionaban como ahora. El caso, también, es que el Ordenamiento Jurídico español haya permitido tal intromisión del Legislativo en el Judicial de forma tan chapucera… Muy curioso, cuanto menos. Imagino que es por aquella preocupación populista de “porque el pueblo también debe de estar presente”, tal y como sucede con aberraciones jurídicas tales como el Tribunal del Jurado en según qué procesos.

      Antes, “cuando España iba bien” nos a soplaba de canto este tipo de cosas. Parece ser que la realidad fáctica también influye en la trascendencia subjetiva que le da cada uno a las cosas. En general, uno de los problemas que tiene España, tanto jurídico como económico es que es incapaz de llevar las buenas teorías a la práctica, porque la práctica conlleva esa parte de la “traditio” cultural que está más cerca de cómo se maneja un grupo de simios que de algo medianamente objetivo y de criterio medianamente reflexivo.

  3. Gonzalo García Abad
    Gonzalo García Abad Dice:

    Muy interesante su artículo. Me parece que los tribunales de instancia pueden traer mayor homogeneidad en la forma de trabajar y en las resoluciones judiciales. Creo que la diversidad enriquece a la judicatura. La ley es la misma para todos, pero la averiguación de los supuestos de hecho que realmente se dan y la aplicación de las normas jurídicas distan mucho de ser labores sencillas. Si la labor fuese enormemente simple y no necesitase la valoración de un ser humano los jueces serían máquinas, Por poner un ejemplo, el artículo 3 del Código Civil establece que las nomas se interpretarán según “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, realidad que exige una valoración que puede diferir entre diferentes seres humanos. Otro tanto se puede decir de la forma de trabajar, cada juez tiene su concepción personal de lo que es mejor para su oficina. Que esa diversidad se manifieste en la judicatura me parece enriquecedor y una garantía para la independencia judicial.
    Reciba un cordial saludo.

  4. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    Es verdad que el panorama actual de “un juez = un juzgado = un secretario judicial = una plantilla” tiene disfunciones. Así, cada juzgado es una especie de “reino de taifas” con sus propias reglas, sus propios “usi fori”, etc. Así, en unos juzgados los secretarios siguen pasando a sala para dar fe, y en otros no; etc. Además, se dificulta el óptimo aprovechamiento de los recursos, pues varios jueces podrían trabajar con una misma estructura funcionarial de apoyo, mientras que actualmente la creación de cada nueva plaza judicial implica un nuevo local, una plantilla funcionarial, etc, con el consiguiente gasto.

    En el lado negativo, la supresión de órganos judiciales en ciudades (las actuales “cabezas de partido”) privará a estas localidades de servicio judicial. Es ilógico que se hayan creado plazas (incluso de juzgados de lo social) en ciudades que no son capitales de provincia (Vigo, Gijón, Ponferrada, Móstoles, Jerez, Reus, Talavera de la Reina, etc) y ahora sin embargo se quiera situar toda la estructura judicial (incluso los juzgados civiles -de primera instancia- y penales -de instrucción-) en la capital de provincia.

    Lo que parece claro es que todo está muy verde y hay que repensarlo con calma. Las prisas no son buenas consejeras, y aunque Gallardón parece querer dejar su (mala) estela en algún sitio, la aprobación aprisa y corriendo de una Ley de tanta enjundia no es buena idea.

    El proyecto debe repensarse y quedar para la próxima legislatura, a la espera de perfeccionamientos y consensos políticos y sociales. Tampoco creo que el aforamiento del Rey abdicante justifique la aprobación motorizada del proyecto de Ley (tan criticado por todos los sectores jurídicos sin excepción), pues ese aforamiento real puede hacerse mediante una Ley específica.

  5. Alfonso
    Alfonso Dice:

    Como dice un comentario anterior, yo tampoco entiendo leyendo el artículo qué va a cambiar Gallardón con esta reforma. Si sigue la trayectoria que lleva hasta ahora, casi seguro que los cambios son para peor.
    No obstante, me gustaría que alguien fuera al fondo de dos problemas de la justicia. El primero lo tengo muy, pero que muy claro: el poder judicial debe ser elegido por votación popular igual que el legislativo. Por lo menos en sus bases, luego podrán crearse órganos directores en instancias más altas, pero siempre usando el poder otorgado en las urnas. Lo que no se es cómo casarlo con la preparación que se necesita para ejercer, lógicamente necesitamos que quienes deciden cómo se interpreta y aplica la ley estén lo mejor preparados posible.
    Y el segundo lo tengo mucho más claro: el atasco de la justicia. Vamos a ser realistas, el atasco judicial que vivimos no puede ser culpa de los jueces ni de los juzgados. Si lo fuera, habría algunos que no estuvieran atascados, y la realidad es que lo están todos. La culpa del atasco judicial tampoco es de los políticos, por mucho que se empeñen en usar la justicia como un instrumento más de su poder.
    No, mi impresión es que la culpa del atasco judicial la tienen…. las leyes. Demasiado complicadas. Demasiado llenas de excepciones y casos particulares creados para contemplar excepciones. Demasiado numerosas. Demasiado garantitas en algunos casos (cuando conviene al legislador), y en otros demasiado estrictas (cuando tienen que pagar los platos rotos los de siempre).
    Necesitamos MENOS LEYES Y MAS SENTIDO COMUN. Y por supuesto, personas -Jueces- que sepan aplicar ambas cosas de forma sensible. Y sin esto jamás se saldrá del atasco judicial, por mucho que consigamos dejar atrás los legajos o pongamos más medios técnicos y humanos. Es imposible.
    Seguro que hay profesionales que van a poder contestar esto y voy a aprender algo. Gracias.

    • Pablo
      Pablo Dice:

      La culpa es de las leyes y no de los políticos, ¿y quien crea las leyes?
      Es como si la culpa de que un mueble esté mal fabricado se la echo al propio mueble. Se la tendré que echar al carpintero que lo hizo.
      Claro que la culpa del exceso de leyes y su escasa técnica la tienen los políticos! Para superchapuza la Ley de Tasas, hija de Gallardón.

  6. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    De tanto mirar al árbol es posible que nos estemos perdiendo por dónde va creciendo el bosque.

    Los profesionales de ciencia política dicen que vivimos en estados Oligárquicos parte de un Imperio en los albores de su ocaso por hipertrofia del modelo.

    Y la deriva, añaden en privado, es hacia formas de estado autoritarias.
    En esto de reconocer hacia dónde sopla el viento el Sr. Gallardón imparte títulos académicos y no da puntada sin hilo. Hasta cuando de noche desteje lo tejido durante el día..

    Podría ser peor y en vez de formas autoritarias iríamos directamente al modelo fetén, el totalitario que algunos predicen. La Sra. Botella nos acaba de poner parquímetros para decirnos que los pobres tienen que cambiar de coche no sea que el PIB se resienta.

    Por si esto fuera poco en las últimas semanas la prensa global, la que suele estar en el ajo, nos va preparando el ánimo combativo.

    http://www.washingtonpost.com/opinions/in-the-long-run-wars-make-us-safer-and-richer/2014/04/25/a4207660-c965-11e3-a75e-463587891b57_story.html

    Washington Post: “A largo plazo, las guerras nos hacen más seguros y más ricos”

    http://www.nytimes.com/2014/06/14/upshot/the-lack-of-major-wars-may-be-hurting-economic-growth.html

    New York Times: “La ausencia de guerras relevantes puede estar perjudicando el crecimiento económico”

    Saludos

  7. Marcos
    Marcos Dice:

    A mí me parece un artículo muy bueno y muy bien escrito, y estoy de acuerdo en que los jueces no pueden equipararse a otros funcionarios, como los fiscales o los funcionarios de hacienda, porque los primeros buscan la aplicación equitativa del Derecho y los segundos el beneficio máximo de la Administración para la que trabajan.

  8. Alfonso
    Alfonso Dice:

    Pablo, no me he expresado bien. Por supuesto que la culpa de que haya tantas leyes, con tantas capas y excepciones, excepciones a las excepciones, casos particulares, exenciones, y demás es de los políticos.
    Lo que quería decir es que los políticos no pueden decidir cómo se administra la justicia. Tienen que ser los ciudadanos.
    No se cuál es la formulación para hacer esto. Lo que tengo claro es que no podemos tener 100.000 o 150.000 artículos en nuestras leyes (¿alguien sabe cuántos tenemos?), porque nadie en su sano juicio (incluyendo jueces y abogados) puede manejar semejante complejidad. Cuando existen tantas reglas la justicia se pervierte de su función original y pasa a convertirse en un tablero más de juego para los intereses económicos y políticos que la utilizan a su antojo a sabiendas de que sus vericuetos y sus detalles son imposibles de comprender (incluso para ellos) y mucho menos desafiar por nadie.
    Porque en ese momento, cuando se ha perdido la noción del sentido común, todo es posible: es posible vender preferentes a analfabetos y que sea legal. Es posible apartar a un juez de la carrera judicial porque investiga a quien no debe o encarcela a quien no puede. Es posible que tirar un bote de pintura a una piscina tenga mayor castigo que robar millones de euros. Es posible que matar a una persona con un coche bajo los efectos del alcohol salga casi gratis. Es posible que violar a una menor cueste lo mismo que robar un coche. Todo es posible si perdemos el sentido común y nos zambullimos en cientos, miles de normas.
    Si dejamos que los políticos lo “arreglen” no obtendremos más que… más leyes. Otra capa encima de las otras capas, con más excepciones, casos particulares, exenciones. Los políticos son muy propensos a legislar reactivamente, y a los seis meses tendrán preparada otra ley para reformar la anterior. Y así nunca se arreglará el problema.
    No entiendo por qué hablamos sin tapujos de reformar la forma de estado, la composición del país y muchas otras cosas y sin embargo no nos damos cuenta de que sin un poder judicial que lo garantice, la democracia es imposible.
    Aunque ninguno creo que tenemos ninguna esperanza de que Gallardón y cía vayan a ser capaces de hacer nada.

    • veedor
      veedor Dice:

      Tampoco es nada nuevo, Tácito ya decía que cuanto más corrupto es el Estado más leyes tiene, si nos atenemos a nuestra actualidad… blanco y en botella como coloquialmente se dice.

  9. de Lege Ferenda
    de Lege Ferenda Dice:

    El Derecho práctico ha de adaptarse a los cambiantes tiempos. Nuestro Derecho patrio, en realidad tiene poco de nuestro y mucho de Roma.Es decir, tiene poco de democrático y mucho de Imperial. Gayo nació cuando la Roma Imperial había cumplido 150 años. De la República, entonces, solo quedaban los restos que el Imperio consideró de interés para sus propios fines imperiales.
    Ahora el Imperio se rige por nuevas directrices. Los Estados tiene un único objetivo en el actual mundo globalizado: El Control Social de los residentes dentro de sus fronteras.
    EL Derecho Imperial se actualiza al nuevo paradigma de la Guerra del Estado contra el Pueblo, en la que la División de Poderes significa en realidad la absoluta preponderancia de un único Poder que, como la Santísima Trinidad, en realidad son tres. La fundamentación solo puede ser bíblica; no jurídica. En consonancia con el nuevo paradigma, la definición de “Estado de Derecho” ha de ser actualizada. Es el Poder Único y trino el que ha de definir y aplicar el “Nuevo Derecho”; fundado en la opresión, la Injusticia y la desigualdad.
    Parecería que estamos ante una innovación, cuando la realidad demuestra que el nuevo paradigma lleva entre nosotros décadas: Así es, hasta el punto de que hace mucho ya que nos hemos acostumbrado a cerrar los ojos ante interpretaciones de las Normas Constitucionales en sentidojustamente contrario a sus propios términos. El ejemplo más evidente está en la interpretación que del clarísimo contenido del artículo 24, 1 in fine de la Constitución ¿vigente? se ha realizado SIEMPRE por la jurisprudencia: Cuando dicho precepto consigna “… sin que en ningún caso pueda producirse Indefensión”, la interpretación jurisprudencial, constitucional y doctrinal entiende unánimemente que, en realidad si se puede producir Indefensión en los procedimientos judiciales respecto a los que el Legislador -poder legislativo no constituyente, sino constituído- decida nominar como “Sumarios”, en aplicación del “Principio de Oportunidad”; los Derechos dejan de ser tales, al convertirse en meras expectativas. Estamos ante el drama de los desahucios; que computan numéricamente, en abstracto, como si no hubiese personas detrás de cada uno de ellos. Estamos ante la Reforma alevosa y nocturna del artículo 135 de la Constitución; que pese a suponer la base de la clásusula de Estado Social, pues apunta directa e inmediatamente a la efectividad de los Derechos Fundamentales susceptibles de Amparo Constitucional, se vino a reformar como si la efectividad de los Derechos Fundamentales que dicha Reforma -verdadero Golpe de Estado- destruye de hecho, fuese una mera cuestión procedimental.
    Si, estamos ante el nacimiento y codificación del NUEVO DERECHO IMPERIAL: El ciudadano es el enemigo.

  10. Luisa
    Luisa Dice:

    La reforma que se propone es de tanto calado

    (-supresión de los juzgados de primera instancia e instrucción en todas las poblaciones que no son capital de provincia -¿qué va a pasar con los actuales funcionarios de justicia?, ¿tendrán que viajar todos los días -ida y vuelta- desde su pueblo a la capital?-,

    -supresión de las Audiencias Provinciales,

    -doble instancia penal,

    -supresión de la figura del Juez decano elegido democráticamente por un presidente nombrado “dedocráticamente” por el CGPJ,

    -sustitución del escalafón de la carrera judicial por la asistencia a cursillos, etc),

    que no puede concebirse que una reforma tan profunda se haga apresuradamente y sin un consenso político-social básico de partidos políticos mayoritarios, asociaciones judiciales y colegios de abogados.

    En estas condiciones, coincido con anteriores comentaristas en que lo mejor sería dejarlo para la próxima legislatura, cuando además haya otro ministro más capacitado para abordarla.

    • Momus
      Momus Dice:

      Dejarlo para la próxima Legislatura y, además, someterlo a consulta de los propios Jueces. Yo no me fío de Gallardón cuando me dice que es mejor que instruya el MF. No me fío nada. Ni me fío de los Diputados que votan lo que les manda votar su jefe de filas.

      Yo quiero que los Jueces y Fiscales españoles, en voto secreto, digan si les parece buena o mala idea que el MF instruya. Y si una amplia mayoría de ellos opina que es mejor dejar las cosas como están, pues que el Sr. Gallardón se olvide del tema.

    • de Lege Ferenda
      de Lege Ferenda Dice:

      Con eso, estimado maestro, creo que solo podría acabar la Justicia que sea acreedora de tal denominación. Mientras sean los Jueces que están en Política (o los políticos que están en los órganos judiciales superiores) quienes deciden si el Tribunal del Jurado juzgará o no a los de Su “casta”, la Justicia seguirá estando secuestrada por los corruptos. Y nosotros,los siervos del imperio, condenados ad eternum a pagar “rescates” para que los corruptos puedan seguir delinquiendo, con la seguridad de que, de ser condenados en el show judicial con que nos obsequian los medios al servicio del imperio, serán indultados por sus señoritos; o por los “contra-señoritos” del partido partidario travestido de rival político.
      Los Parlamentos aprueban las Leyes que van al BOE, y luego si las ignoras, no tendrás excusa (recuerdo la feliz expresión de un cátedro que sucumbió tempranamente al poder del dinero colocado dentro de un maletín: “Legislación Motorizada”; que entonces se refería al Derecho Administrativo; hoy a cualquier parcela del derecho). Así comenzamos a esconder leyes al pueblo (que no tiene excusa para su desconocimiento de la Ley) con aquéllas Leyes de acompañamiento presupuestario, hoy institucionalizadas; para acabar donde estamos, en un lugar donde a nadie le extraña ya que la Ley reguladora del cultivo de tomates en la huerta murciana contenga una Disposición Adicional en la que se modifique la Ley de Telecomunicaciones.
      ¿Seguridad Jurídica? De ningún modo. El pueblo HA de tener MIEDO.
      En la Grecia Preclásica, la aristocracia tenía una máxima, que ha sobrevivido durante milenios -hasta hoy-, según la cual es necesario causar al pueblo todo el daño que sea posible causarle; no por sadismo, sino por ser el medio de mantener débiles y enfrentados entre sí a los muchos, para que así puedan ser dominados por los pocos (aristócratas).

  11. Izaskun
    Izaskun Dice:

    Como esto siga para adelante, que se preparen los jueces para asistir a cursillos y a rellenar formularios de constantes actividades sobre las que tendrán que dar cuentas al superior para conseguir pluses y acreditaciones y méritos y demás; es decir, más burocracia añadida a la que ya tienen.

    • Luisa
      Luisa Dice:

      No sólo eso, Izaskun, sino que además los jueces tendrán que detraer mucho tiempo a su ya desbordado trabajo, de modo que reducirán señalamientos y sentencias para poder dedicar tiempo a cursillos, congresos y a vestir o engordar su currículum (Se ve que haber superado una oposición y llevar años de actividad jurisdiccional sin reproche, no es suficiente). En definitiva, los jueces celebrarán muchos menos vistas y resolverán menos casos. ¿Y todo gracias a quién? Gracias a ese señor que todos sabemos.

  12. María Martínez
    María Martínez Dice:

    No acabo de entender esta campaña de “El Confidencial” contra los Jueces de lo Mercantil. Profesionales de todo tipo (médicos, abogados, inspectores de hacienda, protésicos dentales, fisioterapeutas o arquitectos) asisten habitualmente a congresos, dan conferencias y charlas sobre las materias propias de su profesión. Esto será bueno, malo o regular, pero ocurre a diario y nada tiene de extraño ni de ilegal. Los gastos suele pagarlos la organizacion (entidades privadas, en este caso) y, salvo excepciones, nadie acostumbra a dar clases o conferencias gratis. Para asistir a un congreso, esos jueces han solicitado y obtenido permiso del CGPJ, utilizando días de vacaciones o de asuntos propios, todo ello minuciosamente regulado en la LOPJ. Es falso que estén en “días laborables”. Mientras no se cambie la Ley (por ejemplo, prohibiendo a los Jueces de lo Mercantil salir de su casa, salvo para ir al Juzgado), la participación en estas actividades, comunicándolo previamente al CGPJ, nada tiene de reprobable, e incluso se fomenta desde el servicio de formación continuada del CGPJ. En cuanto a la designación de administradores concursales, “vexata quaestio” en este blog, ya que “El Confidencial” da nombre y apellidos de una serie de jueces de lo mercantil, a los que poco menos que imputa delitos de cohecho y prevaricación, junto con infracciones disciplinarias de abandono del servicio y desatención, no estaría de más que aportara alguna prueba, aunque fuera pequeñita, porque, de lo contrario, tendremos que empezar a creer que quien de verdad tiene intereses espurios en este asunto es “El Confidencial” y el autor de los reiterados y calumniosos artículos, siempre con la misma foto del mismo hotel, por cierto.

  13. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    Y a todo esto, con o sin Tribunales de instancia la situación de la Justicia española sigue siendo calamitosa, sin que desde el Ministerio ni el CGPJ se tomen decisiones eficaces en relación con los juzgados colapsados, máxime cuando hay, por otro lado, órganos judiciales con escaso trabajo.

    (leído en

    http://www.cadenaser.com/espana/articulo/mitad-juzgados-espanoles-estan-completamente-colapsados/csrcsrpor/20140926csrcsrnac_12/Tes

    Casi la mitad de los juzgados españoles están completamente colapsados
    Un informe del Consejo General del Poder Judicial demuestra que en 2013 un 43,5% de los juzgados de España estan al 150% de su capacidad

    Un informe del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial demuestra que en 2013 el 43,5% de los juzgados españoles estaba en un estado de saturación superior al 150% de su capacidad de trabajo. La asociación progresista Jueces para la Democracia solicita la creación de 815 plazas en la judicatura en los próximos cinco años para poder solventar esta situación.

    Casi la mitad de los juzgados españoles terminaron el curso pasado absolutamente saturados. Un informe del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial demuestra que el 43,5% de los juzgados de nuestro país acabaron el año 2013 con un 150% de su carga de trabajo,

    Dentro de este informe del Poder Judicial, hay tres instancias que tienen casi la totalidad de sus juzgados al 150% de su capacidad: especialmente altos son los datos de los juzgados de primera instancia (95,65%), los mercantiles (93,75%) y los de lo social sin ejecuciones (97,83%). Por comunidades autónomas, la peor para es la Comunidad Valenciana con un 54,43% de sus juzgados en este estado de saturación (sus 73 juzgados de primera instancia), mientras que Asturias, con un 27,03% se sitúa al final del ránking.

    La justicia cercana al ciudadano, “absolutamente desbordada”

    La asociación judicial progresista Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado a raíz de este informe, achacando esta situación a los sucesivos Ministerios de Justicia, focalizando sus críticas en Alberto Ruiz-Gallardón, por entender que han mantenido una “política judicial errática”. Para el portavoz de esta asociación, Joaquim Bosch, es necesaria la creación de 815 plazas de juez en los próximos cinco años para poder hacer frente a esta saturación de los juzgados españoles, por entender que es la justicia cercana al ciudadano está “absolutamente desbordada”.

Los comentarios están desactivados.