El anteproyecto de nueva LOPJ: se intensifica el control del Poder político sobre la Justicia

Hace unas semanas tuvimos una Junta de Fiscales en el Tribunal Supremo para estudiar el anteproyecto de nueva LOPJ.   Salvo de la de un compañero que veía ciertas ventajas en la eliminación de los partidos judiciales, las opiniones fueron todas contrarias. Contrarias en casi todos los aspectos que discutimos y que se abordan en la ley. Y contrarias con un deje ya de hastío, de impotencia, de ver como las cosas no mejoran, no van en la buena dirección. Por el contrario, la dirección es siempre la misma: el control de la Justicia por el poder político, aunque en este caso es evidente que el ahorro en la Administración de Justicia es un factor que se menciona varias veces en el articulado.

No veo las ventajas que algunos ven en la eliminación de los partidos judiciales por más vueltas que le doy.  Puede que resulte más barato a corto plazo, porque permitirá la venta o disposición de inmuebles que ahora se ocupan por órganos judiciales en muchos pueblos.   Pero alejará la Justicia del ciudadano, y le obligará -por más que se endulce el tema manteniendo oficinas de tramitación en las localidades afectadas o manteniendo algunas “sedes desplazadas”, art. 84 de la ley- a desplazamientos hoy innecesarios igual que a la curia radicada en las poblaciones. Y ya veremos si los problemas que se generarán harán los cálculos de la vieja que inspiran el proyecto más caros de lo esperado: pensemos que una vuelta atrás tras empezar en ese camino sería una catástrofe.  Pienso en la operación inmobiliaria de la Ciudad de la Justicia de Madrid que terminó siendo ruinosa para los caudales públicos.

Pero hay otros aspectos del Proyecto que no parecen tener otra finalidad que el control político de la Justicia.   Por ejemplo, la supresión de los únicos órganos de administración judicial elegidos directamente por los jueces, los Jueces Decanos, que han sido la voz en muchas ocasiones de los jueces frente a reformas muy discutibles, o de protesta ante el estado lamentable de la Justicia en algunos lugares. Desaparecen y sus funciones parece que se desempeñarán por los Presidentes de las Audiencias Provinciales, elegidos por el CGPJ y renovables periódicamente. También parece que va en la línea de reforzar el poder del ejecutivo sobre el poder judicial la cuestión de la instrucción colegiada. Es decir, en lugar de un juez de instrucción, se eligen hasta tres.  Eso será posible cuando lo pida el Juez de Instrucción competente o de oficio -ahí está la clave- por la Sala de Asuntos Generales, nuevo órgano de gobierno judicial compuesta en su práctica totalidad por magistrados elegidos por el CGPJ en los Tribunales de aforados. Esa Sala de Asuntos Generales se constituye también en el Tribunal Supremo, con las mismas facultades de añadir dos jueces más al Instructor designado.

En el artículo 113 del Proyecto no se quiere dejar nada al azar, así que se mencionan expresamente entre los delitos que pueden dar lugar a estas instrucciones colegiadas: entre otros, los delitos típicos de corrupción, incluidos de manera expresa los de financiación de los partidos políticos.  La posibilidad de que se quiera utilizar esta instrucción colegiada para neutralizar investigaciones incómodas es muy previsible.  Pero es que conceptualmente una instrucción colegiada es una fuente de problemas que todo el mundo puede aventurar, sin que yo conozca ningún precedente en derecho comparado sobre este particular. La mera posibilidad de colocar dos “secantes” a un Juez que investiga casos de corrupción es algo que me preocupa.  Cuando uno creía que tras la reforma del CGPJ y el incremento de su vinculación a los partidos políticos estábamos ya en el final del recorrido,  aparece un nuevo texto que muestra que en esta materia el legislador no se sacia fácilmente.

Hay más cosas, claro: la limitación en la libertad de expresión de jueces y magistrados (y fiscales) y de sus asociaciones, o el aumento de aforados: soy un firme partidario no de aumentar, sino de eliminar todos los aforados, o reducirlos a las dos o tres personalidades cabezas de los tres poderes del Estado.  Pero es que todo este entramado no puede sostenerse sin los aforamientos, que permite que ciertas personas serán juzgadas por aquellos cuya elección han podido favorecer. También preocupa la jurisprudencia vinculante -rechazada por el propio Tribunal Supremo-, que constituye al Tribunal Supremo en fuente del derecho y obliga a los jueces a seguir sus directrices, sin que uno puede olvidarse en este punto del sistema de elección de esos Magistrados del más alto Tribunal. O la regulación de la justicia universal que prácticamente elimina cualquier opción de investigaciones en materia de crímenes de guerra, genocidio o de lesa humanidad: en primer lugar, porque es precisa querella del Fiscal o del agraviado; pero después porque para ello es preciso que el procedimiento se dirija contra un español o contra un extranjero que resida habitualmente en España o que esté en nuestro país y se hubiere denegado su extradición (lo que implica que otra jurisdicción ya estaría conociendo del asunto).  No se incluye el caso de que la víctima sea española.

Hay varios otros aspectos a través de los cuales se intensifica el control sobre la Justicia: en la Fiscalía, la supresión de la categoría primera determinará -para que se comprenda claramente- que si se cambia (en la Carrera Fiscal los cargos se revisan cada 5 años, por decisión del FGE nombrado por el Gobierno) al Fiscal Jefe Anticorrupción, o al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, o al Fiscal Jefe del Tribunal Supremo, no solo perderán el puesto sino también una parte muy importante de sus retribuciones. El mensaje que se lanza desde la ley se recibirá con toda claridad.

Un magistrado del Tribunal Supremo me comentaba el otro día que se sentía optimista sobre la reforma procesal penal del Ministerio de Justicia: creía que no iba a dar tiempo para que entrara en vigor. Ojala aquí haya también motivos para el optimismo.

11 comentarios
  1. Gonzalo García Abad
    Gonzalo García Abad Dice:

    Es muy de agradecer que en las carreras fiscal y judicial haya un estado de alerta permanente sobre la situación de la justicia, un debate muy enriquecedor. En este sentido, me parece muy interesante su artículo. Parece evidente que todas las medidas que se comentan en el artículo van en la dirección indicada en el título: incrementar el control político de la Justicia. Puede que ese mayor control político dé mayor previsibilidad y certeza a la Justicia, quizá contribuya a una mayor seguridad jurídica, como asegura la exposición de motivos, pero el riesgo de lesionar la independencia judicial parece muy grande.
    Me preocupa particularmente que nuestra judicatura pueda aportar menos a la innovación jurídica. Creo que, ante un mundo muy cambiante, ante una realidad social en permanente y acelerada transformación, mucho más de lo que lo hace el texto de la ley, la aportación de los jueces es insustituible. Los jueces son una de las fuentes de la innovación jurídica. Y lo son por varios motivos: porque tienen que resolver todos los asuntos de que conozcan, por su cercanía a esa realidad social de su tiempo, por su indiscutible formación jurídica, por el carácter enormemente práctico de su labor que complementa perfectamente la labor de otros profesionales jurídicos más teóricos… También son el cauce para que se conozcan las aportaciones de otros profesionales jurídicos como abogados y fiscales, para muchos de los cuales las sentencias judiciales son el principal cauce para que se conozca su particular aportación a cómo se puede aplicar el Derecho conforme a la nueva realidad social. Me pregunto si la prejudicialidad es un buen sistema para proponer una visión distinta, para afrontar los retos de la realidad social del tiempo en que las leyes han de ser aplicadas. Me pregunto si es un sistema suficientemente ágil.
    Reciba un cordial saludo.

  2. aldelgadog
    aldelgadog Dice:

    A pesar de que estoy en contra del gobierno corporativo de la Administración de Justicia por falta de legitimación democrática, aún más estoy en contra de situaciones contrarias a la independencia y sobre todo imparcialidad de la Justicia. En un Estado de Derecho que debe basarse en el principio del imperio de la Ley y donde el orden jurisdiccional debe velar por su aplicación, por lo menos en el ámbito penal la instrucción de las causas en el sentido de investigación de los delitos debe recaer necesariamente en una fiscalía realmente independiente de los gobiernos, sometida al control judicial del proceso que debe ser el garante del respeto a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos.

  3. Luisa
    Luisa Dice:

    La supresión de los juzgados “de pueblo” (partidos judiciales) es una medida de inmenso calado que supondría cambiar la vida de muchas personas (funcionarios de Justicia, abogados, procuradores) y además necesita medidas arquitectónicas, pues a la supresión de las sedes locales se acompañaría la necesidad de habilitar nuevos edificios en las capitales, para albergar a todos los jueces de la provincia. Sin un previo estudio pormenorizado de la cuestión esto no puede hacerse.

    Por otro lado, la instrucción colegiada no es operativa. Mucho más razonable es que la prisión provisional tenga que acordarse por órgano colegiado, o agilizar al máximo la tramitación del recurso ante el órgano colegiado en relación con decisiones de prisión preventiva. Por otro lado, para evitar casos de estrellato o garzonismo lo más operativo es limitar en el tiempo la permanencia de jueces en la Audiencia Nacional, dada la singularidad de este órgano por los casos de que conoce.

    Lo que está muy claro es que el proyecto está verdísimo, no tiene consenso ni aceptación generalizada, sino rechazo unánime, y en estas condiciones no vale la pena aprobarlo en esta legislatura.

  4. Juan Ciudadano
    Juan Ciudadano Dice:

    Ayer me encontré con una juez de la última promoción cuyo primer destino tenía que haber sido un juzgado mixto, que es para lo que opositó e hizo las correspondientes prácticas, pero hete aquí que ha ido directamente de la Escuela Judicial a un juzgado de lo contencioso-administrativo, a resolver centenares de juicios sobre una materia para la que no ha sido preparada.
    Un gran dislate, sin duda.
    Si se quieren hacer reformas en la dirección de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia estaría bien, para empezar, reformar el acceso a la Carrera Judicial, de modo que se hiciese por órdenes jurisdiccionales, mediante oposiciones con programas para cada orden.
    Como esta reforma se podrían hacer otra muchas que se nos ocurren a quienes llevamos años soportando la incompetencia y el afan de controlar cada vez más al llamado Poder Judicial.
    Estoy plenamente de acuerdo con el autor del post.

  5. Fernando Portillo Rodrigo
    Fernando Portillo Rodrigo Dice:

    Estoy con el autor del post: al final se trata de lo mismo, esto es, el poder ejecutivo-legislativo tratando de arrinconar al único poder que les incomoda y que no pueden controlar más que parcialmente y en sus cúpulas, pero no en sus bases, el poder judicial.

    Solución: colegio a todos esos jueces díscolos que me pueden en meter problemas, les pongo unos jefes elegidos por muá, les prohibo expresarse, les quito los pocos órganos de participación democráctica que tenían y la posibilidad de reunirse con eficacia, les obligo a seguir los dictados de los órganos superiores, dificulto la investigación de los casos complicados (léase entramados de corrupción) y les animo a perder el tiempo en funciones no jurisdiccionales (pelotear o vovler a estudiar unas oposiciones) si quieren promocionar algo.

    Resultado: Una justicia menos incómoda con el poder y, por tanto, más alejada de los ciudadanos y sus demandas.

    Ojalá, como se dice y se comenta, no dé tiempo a que el anteproyecto que vea la luz en esta legislatura.

    PD. Para aquéllos que, como he leído, piensan que es corporativista y antidemocrático que los jueces elijan democráticamente a 12 de los 20 vocales que conforman SU órgano de gobierno (CGPJ), unos apuntes: a) desde la Grecia clásica, democracia es que los gobernados elijan a sus gobernantes; b) sólo eligirían parte de los miembros del CGPJ, pues los 8 restantes vocales seguirían eligiéndolos las cámaras legislativas (es decir, los partidos políticos); c) defender lo contrario es defender que los políticos sigan metiendo la cuchara en la cúpula judicial, tan claro es que es el único órgano de gobierno en el que se saca a los gobernados de su formación para poder controlar todo (no pasa ni con el consejo fiscal, ni con el de los secretarios judiciales, etc); d) si la única legitimidad democrática es la emana del Parlamento por haber sido los ciudadanos quiénes los han votado, a parte de una inocencia que ralla en la psicosis pensar que los diputados y senadores representan nuesta voluntad (pues es claro que representan los intereses de partido), ello supone confundir Parlamento con Órgano-que-puede-hacer-todo-incluso-lo-que-no-le-corresponde, así que para el próximo mundial propongo que sea el Parlamento, es decir, todos los españoles quienes elijan a los 23 futbolistas seleccionados: éso sería lo verdaderamente democrático en un asunto de interés nacional como es ése.

  6. Fernando Portillo Rodrigo
    Fernando Portillo Rodrigo Dice:

    Perdon por los errores tipográficos y de sintaxsis: las prisas por comentar y volver a la rutina no justifica no releer lo escrito en una web tan prestigiosa. Lo siento.

  7. de Lege Ferenda
    de Lege Ferenda Dice:

    Hay otra posibilidad; convenido que la Justicia española es un desastre absoluto, una verdadera catástrofe, también cabría unasolución mucho más justa, o al menos con garantía de imparcialidad: una mesa con una moneda y dos sillas, en sustitución de cada Juzgado. La suerte, y no el apaño, será quien dé o quite la razón. A jugaaaar!

    Que tiempos aquéllos en que la Justicia era un cachondeo. El futuro no es gris; es negro como el carbón.

    Gracias por el artículo. Ojalá sea cierto que no de tiempo; aunque lo que venga en la próxima legislatura, mucho me temo nos hará añorar el actual Proyecto: Quien diría en los tiempos del “Cachondeo” que aquéllas lluvias traerían estos lodos. Ahora ya sabemos que por mal que vaya todo, siempre es susceptible de empeorar.

  8. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    Es sabido que a los políticos finalmente los juzgan jueces nombrados por ellos para tribunales de aforados. O sea, personas que no accedieron por oposición a la carrera judicial, sino por ser juristas de reconocida competencia (o sea: de reconocida complacencia). Así va a ocurrir finalmente con la trama Gürtel, tal como se recoge en esta noticia:

    El juicio de Gürtel toca por reparto a una juez aupada por el PP al Poder Judicial

    Concepción Espejel será según las normas de reparto de la Audiencia y fuentes de ese tribunal, la presidenta de la sala que juzgará las sucesivas piezas del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que afecta al partido de Mariano Rajoy y del que Cospedal es secretaria general. Espejel ocupó hasta diciembre un despacho de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo para el que fue propuesta por el PP. Dentro del gobierno de los jueces fue también la vocal territorial para Castilla-La Mancha, por lo que su relación con el ejecutivo de la dirigente popular fue estrecha durante los cinco años que ocupó ese puesto.

    (Seguir leyendo en

    http://politica.elpais.com/politica/2014/09/12/actualidad/1410544848_524508.html

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